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LA PRESENCIALIDAD DEL PROTOCOLO

 Publicado:  04/11/2020

Ya está


Por  Andrés Vartabedian


Cuando muchos docentes de la educación pública estatal volvimos a la tan manida y, a la vez, tan necesaria presencialidad -esa presencialidad reducida, acotada y, para los alumnos, voluntaria- desconocíamos, en general, la situación particular de cada estudiante: su situación de salud, la de su familia; si esta se encontraba afectada por las consecuencias laborales provocadas por las medidas adoptadas en relación a la “emergencia sanitaria” decretada a raíz de la pandemia; el grado de conectividad a internet que existía en sus hogares; si poseían equipos para afrontar la nueva situación -computadores personales, laptops, netbooks, equipos entregados por el Plan Ceibal, celulares propios o de sus familiares...-; podríamos continuar la enumeración. Todo había sucedido tan inesperadamente... En ningún caso habían existido previsiones al respecto. Las clases habían sido suspendidas y lo que debimos realizar los docentes durante esos meses de encuentro interrumpido fue sostener el vínculo. En muchos casos, generarlo. Fue la hora de las plataformas virtuales o plataformas digitales. (Para muchos, intereses de por medio, el momento tan esperado).

La conexión con nuestros y nuestras estudiantes había afrontado diversos problemas -en muchos grupos había sido escasísima- y, más allá de algunos acercamientos telefónicos que, desde las instituciones, se habían comenzado a procesar con quienes no presentaban contacto alguno o lo mostraban de forma esporádica, la percepción que muchos teníamos era que la conectividad era insuficiente, que trabajar desde los datos móviles personales no permitía el mejor contacto, que los equipos entregados por Plan Ceibal se encontraban posiblemente averiados -al 13 de marzo, fecha de la suspensión de clases, tampoco había existido tiempo para el recambio de máquinas que suele darse en Primer año liceal, por ejemplo-, que muchos de nuestros estudiantes podían estar afectados por problemas mucho más acuciantes, como el desempleo en sus hogares, los malabares para parar la olla, la depresión que esto puede generar, la depresión que trajo consigo la propia pandemia y el miedo que se nos había inoculado, la violencia doméstica...

Sin embargo, si bien parte de lo anteriormente anotado fue un hecho -y lejos estoy de pretender restarle importancia a esos graves problemas-, en nuestro retorno a las aulas comenzamos a descubrir-entender-asumir-procesar que buena parte de las dificultades de esos muchachos y muchachas no residía en aquello inferido, o no residía únicamente en aquello inferido -para intentar abarcar y ser justo con todas las situaciones-. Buena parte de los “desconectados” o escasamente conectados con los cursos y la tan mentada e “imprescindible” virtualidad (algunas de las definiciones de este término -como la que lo sitúa en oposición a lo real- darían para un artículo particular al respecto) poseían equipos, poseían conectividad en línea, ya sea a través de telefonía fija o móvil -con los datos suficientes y necesarios-, poseían las condiciones materiales mínimas para trabajar desde sus domicilios, sus familiares no habían perdido sus trabajos, etcétera. Lo que no poseían eran las ganas, la motivación, el deseo, la voluntad... Lo que no poseían era la convicción: la convicción de la importancia del estudio, la convicción de la importancia del conocimiento, la convicción acerca de la relevancia de la cultura o, aunque más no fuera, la convicción de que aún no era un “año perdido”, el no darlo como tal... En tiempos en los que tanto hemos pensado la muerte, no existía siquiera la convicción acerca de la importancia del tiempo -aun para “perderlo”- en seres finitos.

Por supuesto que suena a despropósito este planteo pensando en adolescentes. Absolutamente. Su propia condición de tales los aleja de muchas de esas ideas. Ni siquiera las conciben. Afortunadamente para ciertos aspectos de su vida. Sin embargo, justamente por ello, por tratarse de adolescentes, es que este planteo se vincula a sus familias. Esa falta de convicciones en cuestiones tan relevantes para muchos de nosotros, es la falta de convicciones que muestran muchos de los adultos que los rodean. Esa falta de convicciones es la que, un día sí y otro también, abordamos los docentes como parte de nuestra tarea cotidiana, con o sin pandemia. Forma parte del encuentro, forma parte del proceso por el que transitan esos jóvenes al ser parte de las instituciones educativas. Al menos en la educación que trasciende al mercado y al pensarse como generadora de su mano de obra; esa educación que intenta resistir o que sobrevive en los intersticios del sistema. La que nos hace pensarnos como sujetos, pero no solo como individuos, sino como sujetos en el mundo, como sujetos con otros, capaces de transformación, tanto individual como colectiva. Sujetos sin sujeción o, al menos, concebidos como capaces de intentarlo.

Para muchos fue un descubrimiento. Otros quizá lo intuíamos, o lo sabíamos sin darle la suficiente carnadura. Pero esta constatación rompía los ojos.  La brecha educativa es mucho más que la brecha digital. Y no habrá superación de la brecha digital, y mucho menos de la brecha educativa, sin superación de la brecha socio-económica; esa que nos aleja del sentido de la cultura y del sentido del tiempo y nos sumerge en el tiempo sin sentido; ya sea sumidos en la inmediatez de la solución a la cotidianidad apremiante, ya sea en la inmediatez del consumo.

Más acá y más allá de la tecnología

Con el énfasis puesto en la brecha digital (casualmente -ya que causalmente no figura en el diccionario-, un concepto acuñado por el Departamento de Comercio de los EE.UU. en los años 90; mismo país y misma década en la que comenzaron a esbozarse las reformas educativas a las que buena parte del mundo se ha visto compelido), con el discurso centrado en la brecha digital,[1] se han sustentado buena parte de las decisiones político-educativas vinculadas al fomento del acceso “universal” a la tecnología. La consecución del falaz objetivo de “igualar las oportunidades” pareciera reducirse a la instrumentación de un mayor acceso a internet y a equipos que vehiculicen su uso. Sin embargo, la idea de acceso a la tecnología = mejores resultados académicos = mayores logros laborales = reducción de la brecha socioeconómica viene siendo desechada, incluso por quienes asumen esta idea meramente mercantilista de la educación y la sociedad.

Es así que la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), institución mentora del informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), actor relevante en buena parte de las políticas educativas llevadas adelante en nuestro país en las últimas décadas, ha concluido que el aumento en la inversión en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (las recurrentes TIC, para quienes trabajamos en la educación) no es sinónimo de mejoras en los resultados en lectura, matemáticas o ciencias.[2]

Algunos de los estudios más recientes en materia de acceso y utilización de recursos tecnológicos establecen que, si bien es un hecho que existe un menor acceso en propiedad a los dispositivos por parte de las familias económicamente desfavorecidas -los pobres, para hablar sin eufemismos-, también es un dato de la realidad que el uso abusivo de la tecnología se da bastante más dentro de dichas familias, en los jóvenes usuarios que las integran, que dentro de las familias de mayor poder adquisitivo. Algo que también comprobamos a diario en nuestras aulas y ha quedado aún más expuesto en estos tiempos de pandemia, confinamiento, vinculación virtual y semipresencialidad.

Por lo tanto, el acceso a la tecnología en la infancia y la adolescencia no reduciría, sino al contrario, podría contribuir a aumentar la brecha socioeconómica. Mala noticia para los gobiernos, las empresas, los colegios y las oenegés que están buscando dar una imagen de progreso social invirtiendo en el acceso temprano universal a la conectividad temprana. Medidas quizás populares [populistas, podríamos agregar], pero no efectivas. En realidad, lo que amplía la brecha socioeconómica no es la mal llamada brecha digital, sino el abismo que existe entre las familias que entienden la importancia de limitar el uso de la tecnología y las que acríticamente han comprado el tecnomito de que el acceso a la tecnología es sinónimo de oportunidades educativas, de progreso y de modernidad. Esa es la verdadera brecha educativa. A esas últimas familias, se les ha vendido un discurso esencialmente capitalista, disfrazado de progresismo [...]”.[3]

En nuestro país, esa apuesta, fallida desde el punto de vista estructural, aunque importante en algunos casos a la hora de afrontar estas circunstancias históricas, se denomina Plan Ceibal.

Incluso para una educación en línea de calidad haría falta sortear los condicionamientos que se dan en otros ámbitos de nuestro diario acontecer y que asoman lejos de superarse: condicionamientos de clase social, de género, de etnia, de ubicación geográfica, de institución educativa a la que se asiste... Mientras estos aspectos estructurales continúen sin modificación alguna, poco podrá hacer la tecnología para acortar distancias. Similar fenómeno acontece cuando se intenta reformular la currícula en el entendido de que ello provocará cambios sociales o económicos o resolverá los problemas que en esas áreas existen: será menos probable "que esos problemas sean tratados en sus orígenes, que no se encuentran en la escuela". [4]

Lejos de un análisis cabal, he aquí uno más de los factores por los que la educación humanista e integradora, capaz de generar hombres y mujeres facultados de pensarse a sí mismos -conscientes de su ser-en-el-mundo-, vehiculizadora de la cultura universal que el hombre en su evolución ha forjado, despierta ante sus limitaciones pero también ante sus posibilidades, continúa siendo tan necesaria. Para sostenerla, el encuentro se torna imprescindible. A todo el terreno cedido durante décadas, ya, no podemos sumarle el de la pérdida del contacto, la voz, el gesto y la mirada. Debemos acudir a él sin mediaciones. Debemos, incluso, ir a contrapelo de discursos y políticas que promueven el repliegue en relación al otro; ese otro nuevamente transformado en vector de pestes de diversa índole.

Las brechas son mucho más que digitales. Y mucho más trascendentes.

La ciencia políticamente protocolizada

Una de las características que ha presentado el desarrollo de la enfermedad Covid-19, ha sido que su evolución ha ido en paralelo al avance científico en torno a su conocimiento. Por lo tanto, mucho saber académico sobre ella se ha desarrollado a posteriori de que ciertas decisiones políticas fueran tomadas. El caso de los niños es sintomático respecto a esto. Pasaron de ser considerados agentes super-transmisores de este coronavirus particular, a tornarse, de acuerdo a los estudios que avanzaban, en los menos propensos al contagio y a su transmisión. Perdieron aquel carácter de “sumamente peligrosos” con el que tristemente se los señalaba.

Al comienzo, se consideró que este virus se comportaría como sus similares respiratorios y, por tanto, que los niños serían grandes propagadores, que serían una población de riesgo, que el propio invierno agravaría la situación, como lo hace en otros casos... Sin embargo, el virus no presenta la misma biología que aquellos, y la población particularmente afectada quedó restringida a las personas mayores, en la tercera edad, y a las que presentan enfermedades previas: tal el caso de patologías cardiovasculares, diabetes, obesidad, etcétera.[5]

En nuestro país, el factor distancia respecto al lugar de origen de la enfermedad, y a las regiones primariamente afectadas, colaboró en la posibilidad de evaluar las medidas a implementar tomando en cuenta las ya instrumentadas en otros países, y su efecto. De todos modos, desde el 13 de marzo, casi tres meses debieron pasar para la reapertura de los centros educativos. Y ella estuvo signada por las muchas restricciones y las pautas protocolizadas. Aunque voluntario para las y los estudiantes, autoridades de la educación y sindicatos, avalados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), acordaron los documentos que permitieron el reencuentro presencial.

Al día 28 de octubre de 2020, los casos confirmados en menores de 15 años han sido poco más de 200 (219, para ser exactos, según el MSP), requiriendo internación únicamente 2: un bebé de meses y un adolescente de 14 años que presentaba comorbilidad.[6] En Uruguay, alrededor de 700.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); a ellos habría que sumarles los que asisten a la educación privada. Aun si solo el 50% de ellos -sabemos que ha sido más- hubiera retomado la presencialidad de alguna forma (hace menos de un mes, aunque en forma un tanto sui generis, se volvió a la obligatoriedad), esos datos indican claramente que las escuelas y liceos no son un foco de propagación. Agreguemos que ninguno de los infectados ha sido un caso índice -aquel que inicia el brote-; todos han sido contagiados en sus domicilios, producto de eventos sociales o de la actividad laboral de sus padres.

Por otra parte, en las instituciones educativas, los niños y niñas se relacionan con niños y niñas, o sea, no se vinculan con población de riesgo, más allá de que ellos mismos presentan una baja transmisibilidad. En el caso de los adolescentes, si bien estas características se mantienen, en general, las posibilidades de contagio son mayores -sostienen los especialistas-, particularmente en mayores de 15 años. Entre ellos, el comportamiento de la enfermedad tiende a asemejarse al correspondiente a la población adulta, por lo que los cuidados deben ser más importantes. No obstante ello, los datos antes citados no dejan lugar a dudas sobre la necesidad, basada en la posibilidad concreta, de modificar los protocolos aprobados.

Estos protocolos, útiles en un primer momento, sobre todo para otorgar tranquilidad a la población amedrentada (durante meses desde los medios de comunicación y el “compartir” casi irracional de las redes sociales, y por políticos solicitando no salir y extremar cuidados, en “cadena de televisión” casi constante), estaban hechos para ser incumplidos. Hoy, directamente, han perdido razón de ser.

Al comienzo, fuimos muchos los que creímos, junto a la opinión mayoritaria, basada en las decisiones políticas, la catarata informativa unidireccionada y -como dijimos- las pocas certezas provenientes de las ciencias, que era necesario parar. La suspensión de los cursos sonaba atinada. Al minúsculo grupo de personas que entendía que las medidas adoptadas eran exageradas, se lo tildaba poco menos que de "suicida"; y a quienes consideraban que los docentes nos encontrábamos en la primera línea de contención, luego del personal de la salud, muchos oponíamos que no teníamos las condiciones materiales para serlo. Sonaba algo contradictorio pretender ser “línea de contención” cuando, potencialmente, solo podíamos ser foco de propagación: sin jabones en los baños, siquiera, sin alcohol, con cinco minutos entre turnos para ventilar y desinfectar, sin personal de limpieza suficiente, con clases de 30 o 40 estudiantes... y cuando lo importante era que los sistemas de salud no colapsaran -sigue siéndolo- y, ante la facilidad de propagación del virus, tender a la "cuarentena" voluntaria de las personas.

Para quienes defendían la idea de la "contención",  sostener los centros educativos abiertos significaba no paralizar todas las actividades del país. En aquel primer momento, el contacto entre niños y abuelos no era aconsejable, por tanto, muchos padres y madres -sobre todo los de menos recursos- no tendrían donde dejar a sus hijos e hijas (mal que nos pese a quienes entendemos la escuela como mucho más que una simple “guardería”, el funcionamiento de la economía tal y como se concibe hoy día, hace lamentablemente insoslayable ver que también cumple esa función). Que ANEP no suele ocuparse de la salud de sus docentes, y que, menos aún, la cuestión trascendental fuera sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje en niñas, niños y adolescentes, todos lo sabíamos. No necesitábamos pandemia para pensar en ello.

Sin embargo, llegó el momento: la mayor parte de las actividades se detuvieron momentáneamente; entre ellas, la actividad escolar presencial. Esto dio paso al contacto virtual ya referido.

Afortunadamente, la ciencia avanzó en sus investigaciones y los políticos escucharon recomendaciones; entonces, con recaudos, pudimos retornar al encuentro cara a cara (o tapabocas a tapabocas). A pesar del discurso de las autoridades sobre lo positivo del contacto digital y los pasos adelante que se encontraba el Uruguay en la materia, en relación a muchos otros países, los datos que se comenzaron a recoger no eran del todo alentadores; sin duda, menos auspiciosos de lo esperado. Las brechas se hacían sentir por todos lados, y tendían a acrecentarse. Hubo que acordar los protocolos que garantizaran la salud, ahuyentaran los miedos, y permitieran continuar trabajando desde sus hogares a la población de riesgo.

Los protocolos y sus sombras

Entonces, aparecieron el “Protocolo de protección a los funcionarios de la ANEP debido a la propagación de COVID-19”,[7] «de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas, oficinas y dependencias en todo el territorio nacional»; el “Protocolo de aplicación para el reintegro de estudiantes a centros educativos de la Administración Nacional de Educación Pública y a centros educativos habilitados o autorizados, en el marco de la pandemia COVID-19”,[8] el que «en el caso de los establecimientos de la educación pública, debe aplicarse en sintonía con el protocolo aprobado en el marco de la Comisión de Salud Ocupacional ANEP-CSEU» (Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay) -el anteriormente mencionado-; también el “Manual de Procedimiento para el cumplimiento del Protocolo en el CES”;[9] a lo que habría que incorporar la serie de actas y resoluciones posteriores que modificaron aspectos de los mismos (como el tiempo de permanencia en los centros educativos para los y las estudiantes[10]). En el marco de estos acuerdos, para el caso de Secundaria, se crearon los Grupos de Trabajo Liceal. El punto 6 del “Manual de Procedimiento...” establece: «En cada centro educativo se conformará un grupo de Trabajo integrado por la Dirección o quien esta designe, representantes de los docentes y de los funcionarios de gestión. Los mismos estarán vinculados a la Comisión Bipartita de Salud Laboral del CES, a la cual informará sobre el efectivo cumplimiento del Protocolo, así como también elevará aquellos temas no previstos para su análisis y resolución por parte de dicha Comisión (Punto 14 del Protocolo de protección a los funcionarios de la ANEP debido a la propagación del COVID-19)».

Fue así que volvimos con disminución de la carga horaria en la que los y las estudiantes podían permanecer en los centros (no así los docentes, que parecen presentar una inmunidad especial, aún no estudiada), uso de tapabocas, aumento de la limpieza y desinfección de todos los espacios utilizados (el cómo instrumentarlo devino en un aumento del tiempo entre turnos, por ejemplo), utilización de alfombras sanitarias, distanciamiento de metro y medio entre los alumnos (lo que derivó en división de los grupos en subgrupos), escalonamiento de ingresos a la institución, fomento de las medidas de higiene personal, imposibilidad de realización de juegos o prácticas deportivas “que faciliten el contacto interpersonal” en Educación Física (lo que se trasladó, directamente, al contacto durante los recreos), etcétera, etcétera.

Sin incremento presupuestario alguno, muchas de estas medidas impidieron una presencialidad máxima dentro de los límites estipulados. Sin creación de cargos ni contratación de personal auxiliar extra, los trabajadores del área de limpieza existentes no podían cubrir todos los espacios con los que cuenta una institución de enseñanza. Algunas de las “soluciones” encontradas, como las de trasladar circunstancialmente funcionarios de distintas intendencias a escuelas, liceos y locales de UTU, dan cuenta de lo desprovistos que estamos en la materia, y del grado de improvisación y parche que podemos alcanzar. Como era de esperarse, esto determinó que numerosas instituciones funcionaran únicamente con los salones que el personal del que se disponía pudiera abarcar. ¡Que nadie osara enfermarse, por favor! Los tiempos estaban hasta cronometrados, y una ausencia podía generar el retorno a sus hogares de subgrupos enteros por falta de desinfección, o la suspensión de un turno, en casos extremos o ante la adopción de medidas sindicales (¿o es que acaso se contaba con que suspendieran el ejercicio de su derecho?). Panorama delicado. Grave, si tomamos en cuenta que, para muchos, la presencialidad era la única posibilidad de contacto con docentes, compañeros y conocimientos.

Estas carencias han llevado a que, en algún caso, ya avanzada la nueva etapa de presencialidad, el Grupo de Trabajo Liceal logrará impedir la ejecución de acuerdos de Sala docente que permitían (dado cierto rediseño de la distribución del mobiliario en los salones, y habiendo vuelto a medir las distancias entre bancos, logrando respetar las estipuladas) que ciertas clases que se encuentran divididas en tres subgrupos pudieran pasar a estar divididas en dos, debido a la mayor cantidad de alumnos por turno que aquello representaría y al aumento de la superficie a limpiar que conllevaría el que todas las hileras de bancos de los salones fueran ocupadas. Lo que esto representaba en cuanto al aumento de sus posibilidades de asistencia y, por ende, los beneficios que de ello resultara, fue desechado sin más ni más.

Frente a esto, algunos otros aspectos de los protocolos resultan irrisorios: “Se fomentará el lavado de las manos con agua y jabón líquido y secado con toallas de papel descartables (Anexo 3), en particular antes de ingerir alimentos y después de ir al baño, posteriormente durante el día se propiciará el uso de alcohol en gel”; “Antes de comenzar la jornada escolar, por parte del docente se realizarán algunas preguntas sobre la existencia de eventuales síntomas por parte de los estudiantes” (las que se detallan en el Anexo 6: “¿Te sientes bien? ¿Estás resfriado? ¿Estás con tos? ¿Has tenido fiebre? ¿Estás con algún dolor?”); ya en el Anexo 4 (“Uso correcto del tapabocas”): “Tiempo máximo de uso [del tapabocas] 4 horas siempre que no se humedezca, en ese caso debe ser cambiado y lavado con agua caliente y jabón luego que este seco, colocarlo en una bolsa. [...] Lavarse las manos en forma previa a la colocación del tapabocas. [...] Antes de retirarlo colóquese alcohol en gel o lávese las manos”. ¿Cómo no humedecerlo utilizándolo permanentemente para dar clases? ¿Cuántos tapabocas necesitaríamos los docentes que trabajamos dos turnos completos? ¡¿Lavarlos con agua caliente?! Más allá de asumir que este Anexo debe haberse adjuntado en diversos protocolos, su sola presencia en este marca la distancia que existe entre la teoría y la realidad concreta y cotidiana. ¿Alguien puede creer que las preguntas del Anexo 6 se realizaron? Y si alguien lo hizo, ¿por cuánto tiempo mantuvo la medida? ¿Se puede creer sinceramente que niños y adolescentes no tienen contacto entre sí a menos de metro y medio durante los recreos, o que soportan el tapabocas, sin quitarlo y/o tocarlo durante toda la jornada?

Del mismo modo, como establecimos, la ciencia aporta nuevos elementos de manera constante. Es así que el punto 8 del “Protocolo de protección a los funcionarios de la ANEP debido a la propagación de COVID-19” establece: «En los centros, oficinas y dependencias con mayor circulación de personas se colocará alfombras sanitarias [...] para la limpieza de la suela del calzado». Dos meses después, el punto 13 del “Protocolo Oficial para Reapertura de Salas de Espectáculos”,[11] sostiene: «No es necesaria la colocación de alfombras desinfectantes para el calzado: las mismas no se recomiendan de forma universal, quedando restringido su uso a los centros hospitalarios y áreas de elevado riesgo biológico, como las industrias alimentarias. No se cuenta con evidencia científica de que el Coronavirus SARS CoV-2 se propague a través del calzado. Las alfombras o bandejas sanitarias no actúan en el mecanismo de transmisión del virus respiratorio, a lo que se suma la posibilidad de accidentes y caídas, demandas judiciales por tal situación, embotellamiento en las zonas de ingreso y costos innecesarios». Esos costos innecesarios ya habían sido asumidos por Educación Secundaria o las propias instituciones de enseñanza. Las caídas ya se habían producido. La cultura de la demanda judicial no está aún lo suficientemente expandida en Uruguay.

Tal vez debiera bastarnos para conformarnos el atender la reiterada frase de nuestras autoridades de toda índole: debemos tener en cuenta que todo esto es muy dinámico. No es algo que me suceda.

Ya está

Necesitamos recuperar la escuela de puertas abiertas, la que se alimenta de experiencias y con plato lleno también. No queremos una escuela de vez en cuando y cada tanto. Nuestros hijos e hijas necesitan recuperar el espacio cotidiano, la rutina de las tareas, la constancia de los vínculos, la alegría del recreo y el descanso reparador del fin de semana. [...] Queremos que también se enciendan los motores del sistema educativo, porque además de activar la economía, el país necesita proteger a la infancia. La baja presencialidad está teniendo consecuencias muy negativas. Niños y niñas que han quedado por el camino en los aprendizajes, tristes, con temores, con alteraciones en el peso, y que en algunos casos perdieron el único lugar de certeza que tenían. Pero además, abundan las evidencias científicas sobre las consecuencias adversas para la infancia. Sin salud mental, no hay salud”.[12]

Esto es parte de lo que sostuvieron los padres del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública -creada en 2019- en una proclama leída con motivo de la concentración realizada a mediados de octubre para reclamar por presencialidad plena en la Escuela Pública (muchas voces pediátricas se han pronunciado en este mismo sentido[13]). Familias Organizadas del Liceo, entidad de menor trayectoria y visibilidad, surgida en este 2020, también acompañó la movilización.

El propio presidente del CODICEN, Robert Silva, ha reconocido que son miles las y los estudiantes que han perdido el contacto, se han desvinculado completamente, o presentan una escasa vinculación con los centros educativos. Esto se da en todos los subsistemas. Para el caso específico de Educación Inicial y Primaria, “la asistencia, además, está segmentada según el nivel socioeconómico de los barrios: en los primeros diez días de octubre, 86% de los niños de las escuelas de quintil 5 asistieron, mientras que en los centros de quintil 1 el promedio baja a 63%”.[14] El panorama aparece incambiado incluso con la gradual reapertura de los comedores escolares, medida que se esperaba que redundara en una mayor asistencia. Aun sin números a la vista, por mi propia experiencia y el contacto con muchos colegas debido a mi vinculación con la Asamblea Técnico Docente de Educación Secundaria, arriesgaría la afirmación de que el panorama en Enseñanza Media es muy similar, sino peor.

Algo comenzó a cambiar al acercarse la finalización de cursos, ante la noticia de que habría evaluaciones de algún tipo, y luego de informada la nueva y particular obligatoriedad de la asistencia, a partir del 13 de octubre. Pero pensemos en qué condiciones se está dando ese retorno a las aulas de alumnos y alumnas que durante siete meses estuvieron “desconectados” del sistema educativo. Las diferencias con lo que sucede en la educación privada son enormes. Su mayor infraestructura -en muchos casos-, su mayor capacidad económica, también otro tipo de presiones económicas, la posibilidad de contar con grupos más reducidos, cierta autonomía de la que dispone... ha permitido el retorno a clases diarias desde hace meses. Ni qué decir sobre sus posibilidades e incentivos para el contacto virtual en la fase anterior. Como sostuvimos al comienzo, ello no se vincula única y estrictamente a posibilidades de conectividad, sino a marcos sociales y culturales que cada vez distancian más del resto a un pequeño sector de la población, y que ya abarca a más de una generación.

Las madres y padres organizados han reclamado aumento de presupuesto para la educación pública, ya sea para afrontar este capítulo inédito en la historia de nuestro sistema de enseñanza, ya sea para encarar los desafíos que se presentan año a año. El presidente del CODICEN ha estado de acuerdo en que contar con más cantidad de locales y de docentes requiere presupuesto.[15] Sin embargo, justo en el año en el que el Mensaje Presupuestal debe ingresar al Parlamento para ser votado, no lo ha solicitado.

Otros reclamos que realizan las familias organizadas, como los de “mayor creatividad” para la obtención de espacios alternativos en los que puedan desarrollarse las clases, pueden ser loables en cuanto a la demostración de la preocupación y ocupación por sus hijas e hijos; sin embargo, aparecen como de menor impacto, alcance y duración. ¿Cuántos clubes, locales barriales, espacios en organismos públicos, harían falta para alcanzar la presencialidad plena, tomando en cuenta las distancias protocolizadas, y sin tomar en cuenta otros aspectos burocráticos? ¿Cuánto llevaría adecuarlos para el dictado de clases? ¿Quién lo haría? ¿Bajo qué condiciones? ¿Es eso lo que pretendemos para niños, niñas y adolescentes? ¿Descartamos cierta mínima “calidad”, ya? Y si se apelara a espacios abiertos, ¿cuántos necesitaríamos? ¿Cuáles serían los adecuados? ¿No implicaría esto nuevos problemas a enfrentar en términos de salud -sol mediante, por ejemplo-? ¿Quedaríamos sujetos a las inclemencias o clemencias del tiempo? ¿Son realmente “soluciones”, estas?

No me quedan dudas: debemos modificar los protocolos. Protocolos, por otra parte, que se sostienen únicamente a través de su incumplimiento. A la luz de todos.

En esta materia, además de las autoridades, los sindicatos deben también jugar su papel.

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Al momento de la salida de nuestra edición, surgió la noticia -a través de “fuentes”- de que el Ministerio de Salud Pública autorizó a la ANEP “a flexibilizar lo estipulado en el protocolo sanitario con respecto al distanciamiento interpersonal de un metro y medio, siempre y cuando aumenten otras medidas de protección y la condición sanitaria del país permita hacer el cambio”.

Increíblemente, esto no implicaría la modificación del protocolo inicial. El mismo se mantendría, “pero cada centro educativo deberá analizar y gestionar el riesgo del coronavirus”. En pocos días, el Grupo Asesor Científico Honorario se pronunciará al respecto.

La nota de la diaria, que siguió el rastro de la noticia adelantada por el lamentable diario El País horas antes, agrega: “La decisión que deberán tomar los directores entonces dependerá en gran parte de si pueden mejorar la ventilación del salón, aumentar el lavado de manos y la posibilidad de hacer actividades al aire libre para evitar la concentración de personas en un lugar cerrado durante un tiempo prolongado”.[16]

Por tanto, concluyamos: la mayor o plena presencialidad no se garantizaría desde las autoridades, sino que se dejaría en manos de los directores de los centros educativos, a los que no solo se les trasladaría tamaña responsabilidad, sino que se los ungiría de una nueva capacidad, la de “analizar y gestionar el riesgo sanitario". Para quienes se especializan en la materia, esto demanda años de estudio. ¡Todo resulta tan poco serio!

La noticia aparece en un momento en el que el aumento de casos de Covid-19 en el país es notorio, por lo que se han incrementado las medidas represivas en torno a las “aglomeraciones” de personas -sin tener muy claro en qué norma se basan-, y en el que hasta se pretende, desde integrantes de la coalición gobernante, el empleo de Medidas Prontas de Seguridad por parte del gobierno nacional para enfrentar la situación. ¿Qué sentido tiene dar a conocer esta información en este momento, cuando se trata de una medida que no es tal? ¿Se trata de acallar el reclamo cada vez más notorio sobre la necesidad indispensable de sumar presencialidad en la educación con, apenas, una caricia al oído? ¿Qué director o directora estará dispuesto a asumir los riesgos de una decisión de tal naturaleza? Tantas preguntas más...

Sostengo la afirmación inicial que alentó este artículo en todos sus términos, pero la amplío a este nuevo capítulo de la novela: YA ESTÁ.

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