Compartir

ELECCIONES: PELIGROS A EVITAR

 Publicado:  02/10/2019

“Planteos antiguos”


Por José Luis Piccardo


De acuerdo a lo dicho y no dicho en la campaña electoral uruguaya, de lograr el gobierno la oposición, recurrirá a lo que ha sido tradicional en la derecha: manejar la política fiscal interviniendo sobre el tipo de cambio (subir el dólar y bajar el peso) desechando o minimizando otros procedimientos. Esto significa dejar a un lado la búsqueda permanente de los equilibrios que permitan compatibilizar crecimiento y distribución Y echar a rodar la vieja y conocida inflación de dos dígitos. 

FALLAS Y SILENCIOS EN LA MACROECONOMÍA OPOSITORA

Más allá de prometer bajar en 900 millones de dólares o más el déficit fiscal suprimiendo empleos públicos (lo que solo sería posible reduciendo drásticamente el personal y los recursos de la educación, la salud y la seguridad), la política macroeconómica de la oposición es un misterio. Al menos si nos atenemos a los silencios con que es despachada en las declaraciones de sus representantes. Para colmo, la oposición dio un preocupante ejemplo de su desatino para afrontar los desafíos fiscales cuando se negó a votar en el parlamento una insuficiente reforma de la llamada caja militar, que está desfinanciada y tiene un elevado costo para las cuentas del Estado. 

La oposición no ha dicho cuál va a ser la política cambiaria. Bueno, en parte sí lo dijo, cuando Luis Lacalle Pou se pronunció por abandonar la libre flotación del dólar con intervenciones puntuales del Banco Central (BCU), que entre otras cosas acompaña las vicisitudes internacionales del billete verde, que no se emite en el BCU sino en la Reserva Federal estadounidense. El candidato nacionalista no explicó cómo se van a manejar las otras variables para evitar que se descontrole la inflación. La opaca propuesta opositora llevaría a los desequilibrios financieros que inexorablemente sobrevendrían si se abandonara la prudencia y la conducción económica responsable de estos años y se tomaran las decisiones al influjo de presiones sectoriales, en contraposición al interés colectivo.[1]

Y la oposición tampoco ha dicho, lo cual también es un aporte relevante al desconcierto que está sembrando, cuál será su política tributaria, más allá de la universalmente trillada promesa: “bajaremos los impuestos”. No ha dicho qué criterios utilizará para -como promete- bajar o eliminar el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) y el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), si creará o no nuevos impuestos, cómo repartirá la carga tributaria. Piénsese que el impuesto a la renta, que sustituyó a una injusta tributación no progresional, fue una de las medidas que más incidió en la mejora de la equidad, como lo revelan, entre otros indicadores, el índice de Gini y el consumo de la población. Quienes tienen como “programa” sacar al FA del gobierno no han explicado nada al respecto, lo que agrega incertidumbre y preocupación.

Si a ello se le suman las intenciones de “retocar” los consejos de salarios y algunos otros anuncios que se colaron entre los pliegues de algunas inoportunas declaraciones de candidatos presidenciales, la receta conduce inevitablemente a que los ingresos de la gente (sueldos y pensiones fundamentalmente) paguen las consecuencias. 

Asimismo, desde filas contrarias al gobierno se continúa propugnando la receta mágica: “Bajar el costo del Estado”. Eso sí, quienes se embanderan con ella son los primeros en reclamarle ayuda a ese “molesto” Estado para solventar sus ineficiencias, su falta de proyectos productivos a largo plazo, su improvisación para gestionar empresas y su atraso tecnológico. 

La observación anterior no debe generalizarse: hay muchos empresarios que están centrados en llevar adelante una producción sustentable, procuran vínculos con la academia para la incorporación de conocimiento, gestionan con inteligencia y están dispuestos a colaborar con el gobierno (cualquiera sea su signo) para abrir mercados y lograr respaldos que por sí solos no pueden alcanzar. 

Es imposible no relacionar cuanto se ha venido sosteniendo en este artículo con un inmenso tema: la relación Estado-mercado, más aun en una campaña electoral donde sectores importantes de la oposición han negado que el Estado deba tener un rol fundamental en la asignación de recursos. Pocos temas marcan tan claramente como este la diferencia entre el FA y la mayoría de la oposición. Pero no es posible ahondar en él ahora, así como tampoco lo es fundamentar lo grave que sería abandonar el rumbo de transformaciones estructurales y hacer retroceder la agenda de derechos con sus avances de los últimos años.

PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD, COMPETITIVIDAD

El mes pasado, en el cierre de la Expo Rural, el discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, fue un claro ejemplo de cómo defender intereses propios sin contemplar los ajenos, y los de la sociedad en su conjunto. “Lo primero es la competitividad”, anunció, e inmediatamente enfiló al objetivo: “Las políticas sociales antes de la competitividad es la carreta antes de los bueyes”. ¿Cuál es el nivel de competitividad a partir del cual podrían implementarse “las políticas sociales”? 

El titular de la ARU le reclamó al gobierno, sin una pizca de autocrítica, la mejora de la competitividad y advirtió sobre el nivel que ha alcanzado el endeudamiento en el campo. Pero estas reivindicaciones, que son justas con relación a determinados sectores, no pueden generalizarse como si el endeudamiento y la falta de rentabilidad afectaran a todo el agro. 

Se escamotea lo esencial. Los problemas de competitividad los tienen algunos sectores y están asociados a la rentabilidad, a costos. Por otra parte, no se debería confundir competitividad con rentabilidad. El ministro de Economía Danilo Astori viene señalando que “ha sido común asociar el análisis de la competitividad con instrumentos específicos sin tener en cuenta su interacción con otros factores relevantes. Frecuentemente ello ha sido acompañado por un enfoque estático, que ignora los efectos intertemporales en la evolución de los niveles de competitividad”.[2] Y ha insistido: “No creo que la competitividad se construya con tipo de cambio y salarios -me refiero a un tipo de cambio alto y a un salario bajo-, sino que (…) el asunto viene por el lado de la creatividad en materia de conocimiento e incorporación de estos a la producción”. Es imprescindible dejar de lado “planteos antiguos” y "trabajar muchísimo sobre los factores que (…) condicionan la productividad y la competitividad", como la "capacidad humana" o el "conocimiento tecnológico", complementa Astori. “Ahora hay que competir incorporando innovación que es lo (…) durable”, resume. Esto requiere aunar esfuerzos y coordinaciones entre el sector público y el privado y entre éste y la academia.

Se puede encarar la productividad por este camino. O se la puede enfocar desde el interés inmediato y exclusivo de determinados sectores, a los que les resultaría más fácil en el corto plazo (en el largo también les resultaría gravoso) que el gobierno les maneje a su conveniencia el tipo de cambio y les rebaje la carga impositiva al margen de las posibilidades del país, sin tener en cuenta el condicionamiento regional y global, ni los equilibrios financieros y sociales de los que dependen la producción, la viabilidad empresarial, la competitividad y la rentabilidad. 

Se ha ejemplificado con el empresariado, o con algunos sectores del mismo. Pero el sayo de no contemplar el conjunto de factores y de intereses de la sociedad le podría caber a cualquier grupo con concepciones corporativistas, incluyendo dirigencias sindicales y de otros colectivos. 

La obtención de beneficios por la vía de cargar los costos sobre la mayoría de la población repercutiría negativamente en el consumo interno, fundamental para la producción de bienes no transables. Pero también afectaría al clima de negocios necesario para la inversión y la exportación, que no se benefician con la conflictividad (cuyo incremento sería inevitable si se tomara ese rumbo), se deterioraría una imagen del país que mucho ha costado construir y se contribuiría a generar situaciones internas sociales como las que se ven por la región.

El Frente propone un camino genuino que pueda recorrerse sin que se resientan servicios esenciales para la población (incluyendo el cumplimiento con los costos fijos del Estado, como los pagos a pasivos y funcionarios). Ese camino consiste en apostar al crecimiento, lo que exige incrementar las inversiones. Aunque resulte insuficiente, la inversión pública ha crecido, en especial en infraestructura, que en algunos casos se ha hecho mediante la modalidad de participación público-privada (PPP). Pero, como consecuencia fundamentalmente de la coyuntura internacional, las inversiones privada nacional y extranjera directa (IED) han caído. Hasta ahora no se ha propuesto otra cosa que lo que está procurando el gobierno: estimularla generando las mejores condiciones posibles, además de trabajar para dar a conocer las posibilidades del país para invertir, su sólida institucionalidad, el respeto por los compromisos contraídos, la confiabilidad de su orientación macroeconómica, y ponderando los diversos factores.

Y, en segundo lugar, es necesario mejorar la calidad del gasto público, lo que no solo sería una contribución a bajar el déficit fiscal sino a la eficiencia de los organismos, con la consiguiente mejora en la atención de los factores que contribuyen a la actividad y de los costos productivos. [3}

PARA PENSARLO BIEN

Este mes habrá elecciones en Uruguay. Tiempo de definiciones para el país y la gente, en particular para “las grandes mayorías nacionales”, como le gustaba decir a Liber Seregni. Las líneas de acción para avanzar que se han esbozado aquí no han figurado en los planteamientos y las previsiones de la oposición. Es riesgoso votar a quienes no saben o no han dicho cómo manejarán la economía; a quienes, al tener que explicar sus contradicciones y omisiones, se enojan sin dar respuestas, como le acontece frecuentemente a Luis Lacalle Pou, o a quienes cometen serios errores, como los que tuvo Ernesto Talvi al interpretar que la tasa de desempleo no debería incluir a los funcionarios que ingresaron durante la administración del FA. Para no hablar de fallidas previsiones y equivocaciones que se han reiterado en la actuación como economista del candidato colorado. [4]

Los discursos de la oposición, erráticos y sin propuestas (o con propuestas que se contraponen entre sí, lo que le complicaría extraordinariamente los acuerdos en caso de gobernar) no dan respuestas a la situación actual del país y su futuro. Da para pensarlo bien en estos días hasta el domingo 27. Sería prudente acompañar cambios, incluyendo, por ser imprescindible, rectificación de errores y superación de insuficiencias, que sin duda se registraron en los gobiernos del FA, pero reafirmando un rumbo que se ha demostrado efectivo para lograr los avances sin precedentes de estos quince años, y evitar retrocesos; reafirmar un camino pero asumiendo los nuevos desafíos, y cerrarle el paso a restauraciones de penoso recuerdo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *