EL FA Y EL REFERÉNDUM

Bemoles

Los promotores del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC)[1] tendrán que dejar claro ante la población cuál es el contenido de dicha norma (en realidad, se trata de muchas leyes en una) y qué beneficios podría aparejar su derogación. No será sencillo: se trata de iniciativas muy diversas, que refieren a muchos temas sin relación entre sí. Hacer una consulta popular sin un énfasis, sin un núcleo temático claramente identificable por la gente, es riesgoso. A diferencia de la mayoría de las consultas anteriores, esta vez no es para pronunciarse con relación a un tema específico: una ley de privatización de empresas públicas, la ley de impunidad, las iniciativas sobre la interrupción del embarazo, la baja en la edad de imputabilidad penal o el matrimonio igualitario. 

Además, este referéndum genera un conflicto ya no solo entre grupos de opinión dentro de la sociedad sino al interior de cada persona: habrá gente que rechace algunas disposiciones, pero comparta otras.

En el Parlamento, el Frente Amplio (FA) fundamentó que no era posible hacer un debate adecuado sobre una iniciativa con tantos temas. Ahora se le propone al ciudadano que supere esas dificultades que tuvieron los legisladores y decida. [2]

Es inobjetable intentar derogar una ley considerada perjudicial; pero ese propósito se ve desvirtuado ante la dificultad extrema de hacerla inteligible en las condiciones actuales. Además, implicaría un desgaste del recurso de referéndum, que dificultaría interponerlo en el futuro ante normas que podrían ser tan o más gravosas que las peores de la LUC. Y tampoco hay por qué descartar que, en caso de derogarse, el Poder Ejecutivo envíe al Legislativo proyectos de ley que restablezcan contenidos de la LUC cuyo mantenimiento le interese especialmente. Votos tiene.

Hay quienes, admitiendo las dificultades para aportarle claridad al ciudadano (firmante en la primera instancia y/o votante en la segunda si se lograran las cerca de 700 mil firmas para habilitar la convocatoria a las urnas), conciben la campaña del referéndum apuntando a que en los hechos resulte un pronunciamiento contra el oficialismo. Naturalmente que si no se lograse el objetivo el resultado podría interpretarse como una convalidación popular no solo de la complicada y multifacética norma sino de la orientación del gobierno en general. 

La cosa se complica aún más si se tiene en cuenta que el Frente Amplio, el más importante aliado que tendrá la principal organización convocante, que es la central sindical PIT-CNT, votó en el parlamento 232 de los 476 artículos de la LUC. Hasta el momento de redactar este artículo, se resistía a rectificar lo que pocos meses atrás respaldó con su voto unánime.

Por ahora, y teniendo en cuenta las referidas complicaciones y los altos niveles de respaldo que mantiene el gobierno, sería atinado examinar la posibilidad de que el resultado del referéndum no sea el que buscan sus promotores. Estos parten de la base de que dentro de un año, cuando tenga lugar la consulta, las consecuencias de la crisis provocada por la Covid-19, más los errores del gobierno, habrán cambiado el estado de ánimo de la gente y existirá un extendido descontento entre la población.

Sin duda habrá una desmejora importante en los niveles de vida de los uruguayos y es factible que se agudicen varios de los actuales problemas, como el desempleo. La política del gobierno, a contrapelo de lo que predomina en el mundo en el cuadro de la pandemia, prioriza peligrosamente el abatimiento del déficit fiscal por sobre la inversión pública y medidas más efectivas no solo para aliviar la situación de vastos sectores duramente golpeados por la crisis, sino también para evitar la consolidación de niveles de pobreza que posteriormente serán muy difíciles de revertir, como pasó en crisis anteriores, en especial en la de 2002.

Pese al previsible incremento de las dificultades para la población, es arriesgado -de acuerdo a una vasta experiencia política nacional e internacional- concluir que, por tal motivo, el respaldo al gobierno andará inevitablemente por el piso dentro de un año y la gente saldrá a votar masivamente para expresar su descontento. Porque, en primer lugar, deberá convencerse (ser convencida) de que derogando ese mazacote de artículos las cosas irán mejor. En todo caso, parece apresurado afirmar ahora que habrá una correspondencia automática entre la desmejora en la situación de la población y los niveles de rechazo al gobierno (y que estos se expresen en el referéndum). Las dificultades económicas y sociales por sí solas no siempre se corresponden con los pronunciamientos en las urnas. Como tampoco sucede con relación a los logros, por importantes que sean. En el FA deberían saberlo. 

La adhesión o el rechazo a un gobierno depende de muchos factores. Y uno de ellos es el desempeño de una oposición que, por ahora, muestra dificultades para incidir en la agenda pública. Tampoco hay elementos para asegurar que de aquí a un año el FA pueda gravitar más y mejor en la sociedad. Tiene pendiente averiguar qué le pasó al final de sus quince exitosos años de gobierno. Por ahora ha constituido una comisión con vistas a poner en marcha un examen introspectivo, crítico y autocrítico, y avanzar hacia una síntesis superadora. Y, a juzgar por lo que ha trascendido en los medios, esa no sería la prioridad en cuanto a su actividad interna, sino la elección del próximo titular de la presidencia del partido, lo que se parece bastante a poner la carreta delante de los bueyes.

Con relación al referéndum, parte de la problemática del principal partido uruguayo es el condicionamiento por decisiones adoptadas por el movimiento sindical, que con frecuencia, en los últimos lustros, ha chocado con el gobierno frenteamplista y contribuido al clima de “desilusión” al cual muchos vinculan la derrota electoral de 2019. Obviamente que los sindicatos son dueños de hacer lo que les parezca, y la izquierda siempre deberá defender ese derecho. Pero eso no implica que el FA deba mantener una inercia que lo lleve a ese seguidismo. Se trata de una mala interpretación del compromiso que una fuerza de izquierda debe tener con los intereses de los trabajadores y las organizaciones sociales. Esa mal entendida solidaridad le dificulta asumir actitudes proactivas.

A propósito de este tema y de los cambios que ha tenido en el tiempo la relación FA/organizaciones sociales (en especial los sindicatos), el politólogo Óscar Bottinelli escribió para El Observador (21.11.2020) un artículo -accesible en el portal de Factum- en el que se lee el siguiente comentario: “Hoy se asiste a un fenómeno diverso que afecta a la izquierda en su conjunto y en lo central al Frente Amplio: esa «sociedad civil», esas organizaciones sociales, más allá de que mayoritariamente estén conducidas por militantes, simpatizantes o personas con pertenencia al Frente Amplio o a sus sectores, se han autonomizado. No aplican una línea decidida en las estructuras políticas, no «bajan línea», sino que elaboran su propia línea y, a la inversa de las largas etapas anteriores, juegan a imponerla a las estructuras políticas”.

La situación a la que hace referencia Bottinelli tuvo recientemente un episodio por demás elocuente. “Me importa un carajo lo que el FA hizo en el Parlamento”,[3] dijo el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, quien, además, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay (PCU). De esa forma manifestó su respaldo a la derogación de toda la LUC, pese a que los legisladores del partido cuya dirección integra votaron junto al resto de la bancada del FA varios artículos.

Tal vez, pese a todo, los promotores del referéndum logren hacer inteligibles para el común de los ciudadanos los contenidos de los artículos a impugnar o la totalidad de la LUC (si prosperase ir contra toda la ley), y consigan entusiasmar a la militancia para llegar en pocos meses a centenares de miles de uruguayos y convencerlos, superando las limitaciones que impone la pandemia y la “resaca” pos electoral que continúa manifestándose en ámbitos del FA. En tal caso, según creen los impulsores de la iniciativa, sería una victoria para la oposición política, el PIT-CNT saldría fortalecido y el país resultaría beneficiado. Pero, a veces, las cosas son un poco más complicadas.