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LA TAN MENTADA “TRANSFORMACIÓN”
Los argumentos falaces de la Reforma Educativa
Por Julio C. Oddone
El proceso de reforma educativa requiere una serie de puntualizaciones que es necesario realizar para comprenderlo.
Primero, es un proceso que ya lleva más de 50 años en nuestro país, desde 1970 hasta hoy, pasando por diferentes gobiernos incluso de signo progresista.[1]
Segundo, el telón de fondo del proceso reformista se sintetiza en la idea de crisis y la necesidad de cambios profundos “por los malos resultados y por los aprendizajes de baja calidad”.[2]
Tercero, los cambios que se suponen necesarios deben pasar por la protección a las trayectorias de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria “priorizando los resultados por sobre los aprendizajes” y eligiendo invariablemente la reducción y vaciamiento de los contenidos.[3]
La reforma educativa se sustenta en un “cerco” argumentativo que propone la necesidad de los cambios y la falta de propuestas de los docentes, maestras y profesoras directamente involucradas.
Este “cerco” se visualiza en la presencia pública de las autoridades educativas, en particular el ministro de Educación y Cultura, Dr. Pablo Da Silveira, y el presidente de la ANEP, Prof. Dr. Robert Silva, amplificada por los diferentes medios de comunicación, sosteniendo la necesidad de una reforma educativa con, en su mayoría, argumentos falaces.
Los argumentos de la ANEP
Desde las autoridades educativas se han dado diversos argumentos para sostener la reforma educativa y la necesidad de su realización o cristalización en hechos concretos.
Estos argumentos, es decir “intentos de persuadir a alguien para tener la razón y aceptar determinadas conclusiones” (Allen, 2017, cap. Argumentos, § 3), tienen como finalidad, en este caso, resaltar las “bondades” de una reforma y la necesidad de implementarla.
Tal cual lo sostiene Allen (2017) los argumentos se conforman por una serie de premisas y sus respectivas conclusiones. Ahora bien, cuando existen fallas o errores en los argumentos se incurre en las falacias o los argumentos falaces que destruyen, en caso que sean detectados, todas las posibilidades de aceptar ciertas conclusiones.
La defensa de la reforma educativa por parte de las autoridades, personalidades políticas, periodísticas y del ámbito empresarial han deambulado entre diversos argumentos falaces, algunos fácilmente detectables y otros no tanto.
En este artículo elegimos algunos de los argumentos utilizados por las autoridades educativas con la intención de demostrar que todos ellos son falaces. Nos oponemos a la reforma educativa por razones de oportunidad, forma y contenidos, y también nos oponemos a los argumentos de quienes defienden la reforma.
¿Es necesaria una reforma educativa o es simplemente una “reformitis” producto de promesas electorales o de otras intenciones?
En todo caso, aun aceptando la necesidad de una reforma ¿no podría haber sido hecha de otra manera? ¿No podrían haber sido fortalecidos aquellos canales de diálogo, de construcción pedagógica seria o de consulta en tiempo y forma?
Esta reforma, ¿surge de la necesidad de una política de Estado para lo educativo o responde a la necesidad de una adecuación de los objetivos de la enseñanza a los parámetros de los organismos internacionales o de crédito?
Los argumentos falaces de la reforma
El primero de los argumentos falaces se refiere a la “crisis” de la educación. La crisis de la educación ha sido el discurso aglutinador de los defensores de la reforma.
En un reciente relevamiento e investigación[4] se establece que el concepto de crisis de la educación se ha transformado en el “lugar común donde convergen todos los discursos reformistas” (Dufrechou et al., 2019)
Ahora bien, ¿realmente la educación está en crisis? ¿En base a que supuestos? ¿Cuáles son los significados con los que se construye la idea de crisis?
Este es el primero de los argumentos falaces: sostener una idea como la de “crisis” sin establecer los supuestos conceptuales desde los que se parte para concluir en la necesidad de una reforma.
En este caso, la idea de crisis educativa se refiere a “la mala calidad de la educación pública” exclusivamente (Dufrechou et al., 2019).
Por supuesto que este no es el único significado de la palabra crisis, pero es el que justifica la reforma educativa.
Las falacias son peligrosas porque no siempre son fáciles de detectar […] ya que eluden nuestras facultades críticas volviéndonos personas fáciles de persuadir por todo tipo de razones erróneas. [Estas] pueden ser cometidas por el autor del argumento, por la audiencia que interpreta el argumento, o por ambos. (Allen, 2017, cap. ¿Qué son las falacias?, § 14)
Otro de los argumentos falaces surge por la vía de los hechos. La legitimidad de las últimas elecciones y la legitimidad del reciente referéndum contra la Ley de Urgente Consideración le ha permitido al gobierno de la educación sostener que la reforma educativa está legitimada y el gobierno es el encargado de llevarla a cabo.
En recientes declaraciones,[5] el ministro de Educación y Cultura, Dr. Pablo Da Silveira, sostuvo la idea de “un mandato popular” por el cual están “dispuestos a explicar, convencer, a recoger objeciones, a discutir problemas de aplicación, pero no a revisar el rumbo”.[6]
Esta falacia, basada en la autoridad, permite argumentar, a nuestro juicio de forma errónea, que la reforma educativa seguirá su curso aun cuando haya oposición.
¿La legitimidad de las elecciones nacionales y del reciente referéndum permite gobernar negando la construcción de consensos? ¿Cuándo fueron convocadas las Asambleas Técnico Docentes en los diversos subsistemas con el tiempo y los recursos suficientes para lograr un trabajo fructífero y de calidad? ¿Cuándo fue convocado el Congreso Nacional de Educación para construir los consensos necesarios para un cambio educativo?
Gran parte de la reforma educativa fue plasmada en la Ley de Urgente Consideración, una ley de más de 400 artículos y con múltiples temáticas, aprobada por un exiguo margen de apenas 1% de los votos y apenas discutida en medio de una pandemia.
¿Realmente puede sostenerse una voluntad de diálogo en estos extremos?
Otro de los argumentos que permite sostener la continuidad de la reforma educativa surge de la visión que tienen las autoridades de la educación. En reiteradas oportunidades, el presidente de la ANEP, Prof. Dr. Robert Silva, ha manifestado que, refiriéndose a los sindicatos docentes: “Si hay gente que quiere seguir discutiendo con la lógica de hace 40 o 50 años atrás, bien por ellos. El país no puede seguir con discusiones de hace varias décadas atrás”.[7]
Del mismo modo, el presidente del organismo arremete contra los representantes docentes en la ANEP y las Asambleas Técnico Docentes: “¿Están en contra? Lo aplaudo. ¿Hay desavenencias? Bienvenidas. Ahora, traeme [sic] una propuesta, no seas malo. Hace décadas que están en contra de todo. Pongan propuestas sobre la mesa, que las discutimos”.[8]
En este caso, en lugar de argumentar por qué la reforma es buena o es necesaria, los argumentos están dirigidos a desacreditar a los docentes, maestras y profesoras, sindicalizados o no, a todas y todos. No con argumentos a favor de una idea sino con argumentos en contra de las personas.
Cuando se apela a estos argumentos falaces que buscan desacreditar a la persona por encima de los posibles argumentos -como dice Allen (2017)-, estos se tornan irrelevantes y dicen mucho más sobre la persona que abusa de ellos.
Ahora veamos las contradicciones aun entre los argumentos de las mismas autoridades, teniendo en cuenta que son utilizados en el mismo contexto.
Por un lado, el ministro de Educación y Cultura dice que la reforma educativa responde a un mandato popular -recordemos las elecciones y el referéndum- por lo que no se va a torcer su rumbo. Por otro lado, el presidente de la ANEP reclama propuestas.
¿Y entonces? ¿Para qué se reclaman propuestas si no se va a torcer el rumbo?
La reforma educativa es antipopular, regresiva, conservadora y funcional a los intereses del mundo del capital y el mundo empresarial. En su génesis, cambia el foco de atención desde las asignaturas y los conocimientos hacia las competencias que toda persona debe tener para ser funcional para el contexto y la sociedad mercantil, capitalista y neoliberal en la que le toca vivir.
¿Cómo no oponerse a una reforma que relega la ciencia y la expresión artística a simples conocimientos instrumentales? ¿Cómo podríamos no oponernos a una reforma educativa que relega a las personas al lugar de simples insumos humanos en un ciclo productivo y no realza al ser humano como sujeto transformador y situado en su tiempo?
¿Cómo podemos estar de acuerdo con una reforma educativa que sumerge la libertad de cátedra y la autonomía de la enseñanza en simples entelequias vacías de contenido, o que sitúa los ámbitos de creación e innovación pedagógica, como las Asambleas Técnico Docentes, como simples espacios para el aval de propuestas pensadas y ejecutadas por otras personas?
No habrá propuestas. Es cierto. No las habrá en este contexto y mientras las autoridades de la educación se dediquen a postergarlas en el cajón de los olvidos.
Este artículo se escribe -al decir de Giroux- en un período irritante.
Para la sociedad en general y la educación en particular, “las esperanzas y sueños políticos por un futuro mejor han sido reemplazados por anuncios y trucos publicitarios en favor de un creciente autoritarismo” (Giroux, 2004, p. 17).
Estamos de acuerdo. Es este un período irritante. La reforma educativa en curso en nuestro país y sus autoridades, también.