OFERTA, DEMANDA, PRECIOS

El mercado no es lo que nos dicen

El trueque, primero, y el intercambio por medio de monedas, después, acompañan desde hace siglos a la humanidad, apoyando tanto el desarrollo de sus potencialidades como el crecimiento de la desigualdad entre personas y pueblos. Pero son algo distinto a lo que escuchamos con frecuencia: un ámbito en que se encuentran multitud de anónimos oferentes y demandantes, en que se definen precios que conducen a equilibrios en que todos los participantes, ricos o pobres, obtienen lo que merecen.

Para comprender la naturaleza e implicaciones actuales de los mercados es necesario tomar en cuenta, entre otras condicionantes, numerosas intervenciones de los gobiernos. Para citar unas pocas: la prohibición del trabajo infantil; salarios mínimos; máximo de horas de trabajo diario; la obligación de los bancos de mantener determinadas reservas líquidas; la prohibición de la producción y el consumo de ciertas drogas; y la provisión estatal de algunos servicios, a veces como monopolista (defensa nacional, salud). 

Los apartados siguientes tratan de la participación del Estado en los mercados financieros, de inversiones, de mano de obra y del comercio internacional, así como de la capacidad de algunas empresas privadas para influir decisivamente en ellos.

Los baches en los mercados financieros. Las políticas que favorecieron la aceleración del proceso de globalización derribaron muchas barreras a los intercambios comerciales, las inversiones y los flujos financieros entre países, liberando a las empresas de muchas regulaciones gubernamentales. Pero persisten otras, los paraísos fiscales.

El mundo es un archipiélago de naciones y territorios con diferencias abismales en la tributación a la renta y al patrimonio, y en la voluntad y capacidad de las administraciones fiscales para brindar información. Esas diferencias son aprovechadas por sociedades, familias y delincuentes de alta gama. Las empresas exitosas en la evasión y elusión de impuestos aumentan su capacidad competitiva y obtienen mayores beneficios.[1]

Los paraísos fiscales ofrecen las mejores posibilidades a los evasores fiscales y a quienes desean ocultar sus ingresos y operaciones. La magnitud de los fondos que transitan contablemente por ellos es enorme; en 2018, las empresas multinacionales domiciliaron contablemente, en paraísos fiscales, operaciones por más de 900 billones de dólares y el 40% de sus ganancias. Además de aumentar sus beneficios, dicha maniobra redujo en 10% los ingresos fiscales que los gobiernos reciben de esas empresas.[2]

Paradojalmente, algunos países ricos miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la más potente voz contra los baches financieros, controlan territorios calificados como paraísos fiscales. Las Islas Vírgenes y Samoa americana están bajo el control del presidente de los Estados Unidos. El rey de Inglaterra, por su parte, es reconocido como jefe de Estado en 14 territorios de ultramar, entre ellos las Islas Caymán, Vírgenes británicas, Bermudas y Mann. En la Unión Europea, que carece de un sistema tributario común, Estados como Países Bajos e Irlanda se benefician de impuestos a la renta muy reducidos.

En los Estados Unidos, el estado de Delaware ofrece condiciones similares a los paraísos fiscales: según la agencia Bloomberg, “cualquier sociedad puede situar sus ingresos donde no pagan impuestos ni se le demanda información por lo que es considerada entre las más secretas del mundo”. El éxito de este agujero negro es de tal magnitud que, siendo el segundo estado más chico del país, se domicilian allí la mitad de las firmas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y el 64% de las 500 mayores empresas del mundo.

Libertad para invertir, pero con limitaciones. La inversión externa es bienvenida en casi todos los países, pero muchos mantienen restricciones por razones de seguridad nacional, recursos que consideran fundamentales, protección de la cultura local y otras. Tales condicionamientos son esperables en los países del socialismo real como China, pero es paradojal en Estados Unidos, la mayor economía del mundo que además promueve con gran fuerza la libertad de circulación de los capitales.[3]

Estados Unidos mantiene prohibiciones o tratamientos especiales respecto a los inversores extranjeros en varios sectores: el transporte marítimo (restricciones al registro de barcos); la aviación; la minería (pueden ser propietarios solo los ciudadanos de Estados Unidos o quienes demuestren la intención de serlo); la energía, las licencias para la construcción, explotación o mantenimiento de instalaciones para la generación, transmisión y utilización de energía eléctrica. También existen restricciones federales a la propiedad de tierras por parte de individuos o empresas extranjeras y la obligación de publicar anualmente su participación desglosada por condado; a la propiedad y operación de medios masivos de comunicación (las licencias de estaciones de radio no pueden otorgarse a gobiernos extranjeros o sus representantes); al sector bancario; a los suministros a la administración pública, que en algunos casos deben ser de producción nacional.

En años recientes, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden ampliaron los objetivos de los Estados Unidos; a la seguridad nacional y las infraestructuras críticas adicionaron la innovación, la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro. Con nombre propio o disimuladamente, muchas medidas que limitan el comercio y las inversiones se dirigen a China, considerado su competidor estratégico.[4]

Xi Jinping: líder de la globalización. Ante el retroceso en la política de apertura económica de Estados Unidos, iniciado por Donald Trump, sin proponérselo el gobierno chino quedó en la primera línea de defensa de la apertura globalizadora, o, por lo menos, así lo vieron en 2017 los representantes de empresas transnacionales que organizaron la reunión anual en la localidad suiza de Davos.[5]

En Davos, Jinping afirmó que la globalización es inevitable y el proteccionismo inviable. “Nos guste o no, la economía mundial es el gran océano del que es imposible escapar. Cualquier intento de cortar el flujo de capitales, tecnologías, productos, industrias y personas entre las economías es simplemente imposible; las aguas del océano no vuelven a los lagos y ríos. Sería contrario a la tendencia histórica”. En ese momento, los que mandan en Davos pasaron por alto que China está muy lejos de practicar una política económica liberal.

La coincidencia no debería extrañar, ya que las empresas transnacionales son impulsoras y beneficiarias de la globalización y, a partir de 1978, el “país del medio” mostró una extraordinaria capacidad para sacar provecho de ese proceso.

Sin puerta de vaivén para los trabajadores. La creciente liberalización de los mercados de recursos y productos contrasta con las barreras impuestas a las migraciones de mano de obra. Nada más expresivo del impacto de esas políticas que las dramáticas noticias sobre inmigrantes que intentan atravesar ilegalmente el Mediterráneo o la frontera sur de Estados Unidos. Los tratados de este país con México han facilitado los flujos financieros, de inversiones y de productos, pero omitido extenderlos a los trabajadores.[6]

Los escollos a las migraciones internacionales contribuyen a explicar la existencia de grandes poblaciones de trabajadores que reciben salarios hasta 20 veces inferiores y cumplen horarios más extendidos que sus homólogos en los países desarrollados, una situación inimaginable si se compara la rentabilidad del capital entre países.[7]

Restricciones al comercio de bienes y servicios. La Ronda Uruguay del GATT-OMC, finalizada en 1994, impulsó la liberalización del comercio agropecuario y la de otros rubros de interés para los países desarrollados, en particular los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual. El desmantelamiento de las restricciones al comercio de productos industriales había avanzado antes de la Ronda Uruguay. En todos los casos, la liberalización del comercio es parcial.

Los acuerdos limitados a un grupo de países han pasado a ser una determinante importante de los flujos internacionales de comercio y de inversión. Los acuerdos entre dos o más países comprometen a los países integrantes a otorgarse mutuamente condiciones más favorables que al resto, generando espacios económicos que contribuyen a explicar la composición de los flujos del comercio y la inversión.[8]

Agricultura y política. Los apoyos estatales a cadenas agropecuarias locales continúan siendo un factor importante en la localización mundial de la actividad agroindustrial, y por lo tanto de los flujos de origen y destino del comercio internacional de esos productos.

Para promover su agricultura, los gobiernos adoptan medidas que protegen los mercados domésticos de la competencia internacional.

En 2021, el 60% de los subsidios mundiales a la agricultura -447.000 millones de dólares- se concentraron en la Unión Europea (con el Reino Unido), China, Estados Unidos e India.

En la Unión Europea, India y Estados Unidos, el subsidio a la agricultura equivalía a entre el 18% y el 24% de los ingresos recibidos por los productores, mientras que países exportadores más eficientes, entre ellos el MERCOSUR, compiten en el mercado internacional sin ese apoyo.[9]

El documento “Subsidies, Trade, and International Cooperation”, redactado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2022, estima los subsidios otorgados por un conjunto amplio de países, en particular a las industrias básicas y la agricultura.

En Estados Unidos la ley que aprobó una parte importante de la maraña de medidas de apoyo a la agricultura determinó transferencias por 428.000 millones de dólares durante el periodo 1999-2023. Amparadas en el tratado comercial que los vincula, las exportaciones subsidiadas (dumping) de alimentos de Estados Unidos a México aumentaron, en tanto que en este último cayeron los precios y los ingresos de los productores de granos y aumentó la dependencia de las importaciones.[10]

Las sanciones económicas. No es necesario estar en guerra para amenazar o directamente aplicar sanciones económicas a otro país, alcanza con disponer de mayor poder. Y el poder se ejerce. 

Estados Unidos, protagonista principal de este tipo de sanciones, ha esgrimido una variedad de objetivos para fundamentarlas, entre ellos el de promover o imponer la democracia. Argumento difícil de sostener si se recuerda, entre otros, su apoyo a dictaduras en América del Sur, su “olvido” de sancionar cuando se trata de regímenes amigos y su intensa relación económica con China y Vietnam, países gobernados por partidos comunistas.

Uno de los numerosos países objeto de sanciones por parte de Estados Unidos es Cuba. Condenado 30 veces por la Asamblea General de Naciones Unidas por violar el derecho internacional, el bloqueo a Cuba es el de mayor duración y comprende prohibiciones y sanciones a quienes lo incumplan, aún cuando estén fuera de la jurisdicción de sus autoridades. Está dirigido a debilitar su economía para provocar el descontento y el cambio de gobierno mientras mantiene activas relaciones con otros gobiernos comunistas y viejas autocracias.

El reciente bloqueo económico de Estados Unidos y otros países a Rusia, luego de que este país invadiera Ucrania, comprende un amplio conjunto de medidas.

En suma, las sanciones económicas por parte de un país poderoso, o incluso la mera amenaza de adoptarlas, son capaces de influir en la economía y en los acontecimientos políticos del país sancionado. Por supuesto, para ejercer ese poder es necesario olvidarse del libre mercado.[11]

Cuando unas pocas empresas influyen en el mercado. La vigencia de mercados en competencia perfecta requiere ineludiblemente la presencia de muchos compradores y vendedores sin acuerdos entre ellos; productos homogéneos comparables entre los ofrecidos por los distintos oferentes; igualdad en la información disponible para todos los participantes. Cada vez son más los mercados en que no se observan esas tres condiciones a escala mundial. En muchos predominan pocas empresas, hay una gran variedad o diferenciación de los productos, y el acceso a la información es muy desigual entre los participantes.[12] [13]

Para confirmar la frecuencia de dichas características, y las preocupaciones de algunos gobiernos sobre sus consecuencias, alcanza con ver la información que aparece en internet acerca de algunas de las grandes firmas, en particular la reacción de la Unión Europea ante sus prácticas monopolísticas. 

Google fue sancionada con una multa de 4.125 millones de euros por obstaculizar la competencia mediante el dominio desleal del sistema operativo Android. Esa empresa había obligado a los fabricantes de dispositivos Android a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Google Play. Y un año antes, la UE le confirmó otra multa por 2.424 millones de euros por favorecer su sistema de comparación de precios frente a los de los competidores. 

Por su parte, las multas de la UE a Microsoft alcanzaron a 497 millones de euros en 2004, 280,5 millones en 2006 y 899 millones en 2008.

Algunos países o grupos de países disponen de normas y capacidad administrativa para sancionar a las empresas que utilizan prácticas anticompetitivas. Sin embargo, esas prácticas son frecuentes cuando se constatan economías de escala (pocas empresas por rubro) y se concentra la oferta o la demanda en pocas empresas o es posible manipular las preferencias o conductas de los consumidores. Las empresas con posición dominante en un mercado pueden implementar o mantener prácticas anticompetitivas si perciben que los beneficios esperados superarán los costos de los juicios y las multas que pudieran enfrentar.

Los consumidores somos manipulables. Los profesores Akerlof y Schiller, ambos premios Nobel de Economía, publicaron un libro con el sugerente título La economía de la manipulación. Cómo caemos como incautos en las trampas del mercado.[14]

Con el objetivo de “conseguir que la gente haga cosas según el interés del pescador, pero no del suyo”, los manipuladores se valen de “los publicistas que descubren cómo poner el foco en nuestros puntos débiles”, explotando “el pensamiento humano que nos convierte en intrínsecamente manipulables y descubren formas sistemáticas de aprovecharse de nuestras vulnerabilidades”.

La manipulación es intrínseca a la competencia y afecta a los consumidores. En palabras de los autores: “Inevitablemente, las presiones competitivas para que los hombres de negocios practiquen el engaño y la manipulación en los mercados libres nos lleva a comprar -y a pagar demasiado por- productos que no necesitamos”.

Varios autores han estudiado detalladamente los mercados de los medicamentos y los cigarrillos, evidenciando cómo las manipulaciones a que están sujetos tienen consecuencias sobre la salud, además de las económicas. Y van más lejos aún, sosteniendo que la acción de los lobbies y de los fondos de campaña sobre el Congreso de los Estados Unidos constituyen “un caldo de cultivo para la economía de la manipulación” que puede extenderse también a otros ámbitos de gobierno.

Si los oferentes inciden sobre los demandantes (las empresas sobre los consumidores) se desarma la versión corriente de que ambos son independientes. 

En suma, las prácticas anticompetitivas que afectan a los consumidores, a las firmas que no las adoptan y a la economía en su conjunto no son una patología de los mercados, sino una característica propia de ellos.

El “mercado” opina. En algunos mercados la concentración de la oferta en pocas empresas las empodera para influir en los gobiernos y en las elecciones políticas, en favor de sus intereses. La evidencia más visible de esa influencia es la variación de las cotizaciones en las bolsas de valores, durante el periodo preelectoral o ante determinadas iniciativas de los gobiernos. Los medios de comunicación afirman que la “opinión del mercado” es favorable cuando suben las cotizaciones y desfavorable cuando bajan.[15]

Quienes opinan son los operadores de las bolsas de valores, un colectivo de personas que representa principalmente a la oligarquía del dinero. Ante determinados acontecimientos, deciden la suba o la baja de las cotizaciones.

El grupo de opinantes es estrecho. En la bolsa de valores de Nueva York (NYSE), la mayor del mundo, cotizan 2.300 compañías, pero de gran influencia en la evolución de la economía y, por extensión, en la política. Los políticos o los gobiernos no están obligados a regirse por las “opiniones del mercado”, pero, en todo caso, sí a tomarlas en cuenta porque, aunque sea la voz de unos pocos, se trata del poder económico. 

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El mercado existe y guía muchas de las acciones de gobiernos, empresas y consumidores, pero no es una mano anónima, invisible e imparcial. Para conocer la naturaleza y el significado de los mercados tal como son en el mundo real, es imprescindible tomar en cuenta muchos factores que una visión simplificada oculta. 

Por lo visto, la verdad tradicional tantas veces repetidas, de un mercado abstracto y equitativo, es una construcción falsa.