EL “CRACK” DE LA OSE Y EL DESFONDE DE LA CAJA DE PROFESIONALES, MANIFESTACIONES DEL MISMO PROBLEMA

La inacción gubernamental en todos sus niveles: administración, control y legislación

Ambas situaciones tienen muchos aspectos comunes; para desbrozar el camino, haremos mención a una particularidad cuya identificación mejorará todos los razonamientos posteriores: en ambos casos hay un grave problema político. La falta de definiciones concretas en tiempo y forma es un tema político (no político-partidario), porque en ambos casos es de larga data y abarca a varias administraciones.

La OSE

Para el caso del agua, lo más útil y rápido parecería ser comenzar con un “GACH” (Grupo Asesor Científico Honorario) específico, que definiera los aspectos técnicos mínimos necesarios, para luego pasar a lo económico, etcétera.

Esta propuesta es enteramente técnica, por lo tanto es diferente a la realizada por el senador Rubio del Frente Amplio, que incluye otras organizaciones.

Además, un buen análisis técnico-económico es absolutamente imprescindible, pues el tema viene manoseado, en ese sentido, desde que se contraponen dos proyectos técnicos diferentes, con bases tecnológicas muy distintas y aparentemente con costos muy diferentes; uno sobre la base de procesar y modificar agua salobre convirtiéndola en insípida y el otro utilizando agua fluvial (dulce).

Por otra parte, los hechos problemáticos han evolucionado y hoy día existe en la población un sentimiento generalizado de rechazo al agua salada o salobre, que se formó al imponerse este tipo de agua por no tener OSE (Obras Sanitarias del Estado) otra alternativa mejor. 

Otro problema es que sucesivos directorios de OSE postergaron resolver sobre la eventual represa de Casupá, cuyos estudios de viabilidad estaban ya avanzados y la financiación gestionada, dado que, en medio de ese proceso, apareció el proyecto Arazatí, mucho más voluminoso en producción y valor y con base en agua salobre.

Esto -por decirlo de alguna manera- “ensombreció” el proceso, puesto que, además, es un proyecto promovido, generado y presentado por varias empresas privadas que, a partir de ello, obtienen una protección legal adicional para llevarlo adelante.

Habrá que ser muy cuidadoso con la promoción de la idea; por ejemplo, ese “GACH” podría se impulsado por el trípode Lacalle/Sanguinetti/Mujica, quizá agregando algunas patas más (M. Ríos, Mieres, Vega). Otra solución podría ser que lo formaran los precandidatos de los partidos. Porque, además, se corre el peligro de que aparezcan las lluvias y el tema vuelva a postergarse.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

Crecientemente deficitaria, no hubo más reparaciones que las internas de la Caja (CJPPU), que se limitaron -el Directorio no tenía otras posibilidades- a reducir prestaciones y bajar algunos gastos.

El Estado -sin distinción de partidos- se ha mostrado renuente a tomar medidas para devolver el equilibrio entre los egresos jubilatorios, pensionarios, etcétera, y los ingresos por aportes y gravámenes (sustitutivos parciales del eventual aporte patronal). 

Los egresos y los aportes se ajustan por Índice Medio de Salarios (IMS), pero los Gravámenes, por Índice de Precios al Consumo (IPC). Como el IPC evolucionó durante largos períodos en forma inferior al IMS, entonces los ingresos fueron notoriamente menores a los egresos.

Técnicamente, los ingresos no calzan con los egresos y el déficit se hace cada vez mayor.

En este caso, nada pudo ni puede hacer el Directorio de la CJPPU, el único que puede actuar es el Estado (en suma, el gobierno del partido mayoritario de turno). El “Estado” es el responsable, pues es quien determinó, a través de los poderes Legislativo y Ejecutivo, el tipo de ajuste a aplicar a los ingresos y egresos de la Caja.

Y si esos ingresos, u otros conceptos sustitutivos o complementarios, no calzan con los egresos, será el responsable de la bancarrota del organismo.

Aquí hay una particularidad, el Directorio de la Caja es un órgano débil como consecuencia de la baja votación que lo ungió y la eliminación del presidente electo en razón de un detalle técnico electoral. 

Es imprescidible que aparezcan de una buena vez, y formalmente, los colegios profesionales para apoyar y complementar activamente, y con presencia física, al Directorio en la negociación con el Estado.

Más allá de que particularmente pensamos que podría instaurarse, como inicio, un aporte patronal del 2 o 3% sobre la facturación de servicios profesionales, la solución deberá ser trabajada y apoyada fervientemente por los colegios junto al Directorio. 

De otra manera, les será muy difícil conseguir alguna recuperación de ingresos jubilatorios.