PSIQUIATRÍA FORENSE

No vale la pena llorar sobre la leche derramada

En algunas notas escritas anteriormente hemos insistido en la necesidad de crear la especialidad de Psiquiatría Forense en nuestro medio y, a partir de una sólida formación de recursos humanos en la materia, generar hospitales de psiquiatría forense. Se trata de centros donde sean asistidos solamente pacientes internados por orden judicial. Para que un juez determine una internación psiquiátrica ‑compulsiva o no‑ es necesario un asesoramiento fundado por parte de un perito o experto en la materia. Pero el círculo se cierra y se torna virtuoso regresando al inicio de este párrafo, es decir, haciendo efectiva la formación de especialistas adecuados.

Como lo que abunda no daña nos proponemos desarrollar con cierto pormenor la argumentación necesaria en torno a esta problemática. Estos comentarios son, a nuestro juicio, necesarios por diversas razones. Con cierta frecuencia los medios de comunicación dan cuenta de homicidios y violaciones que causan considerable impacto en la opinión pública. En este rubro cumplen un papel no menor los canales con mayor audiencia en nuestro medio, que se han encargado de fraccionar alarmantes episodios hasta el punto de generar una expectativa insana por los “hechos de sangre” que suceden tanto en el espacio público como en los recintos carcelarios. En este sentido cualquier monedita sirve y cuando no se produce nada espectacular, en los informativos (“enfermativos”, ha dicho alguien) nunca falta un choque de automóviles o, mejor aún, una moto aplastada. Se trata de la infaltable “crónica policial”, que tiene sus especialistas. Cuando se trata de un suceso de gran notoriedad es habitual que aparezca la opinión de un perito que da explicaciones sobre las características de la psicopatía o alguna otra especie de enfermedad mental.

Los sucesos más notorios, por el momento, son los casos de Pablo Goncálvez, nuestro asesino serial más notorio, los crímenes de “el Cosita” y “el Sapo” y la masacre que produjo un individuo que ultimó a cuatro personas en el transcurso del asalto a una estancia. Pero de vez en cuando ocupa el primer lugar en la atención pública la violación de un menor o una mujer. Cuando se acumulan sucesos de esta índole no faltan las declaraciones del sistema político que inexorablemente solicitan aumento de las penas. Como la Constitución excluye taxativamente la pena de muerte, entonces se solicita la cadena perpetua o, ya en el colmo del delirio, la castración química de los delincuentes. Dos medidas que también son inconstitucionales pues se supone que las cárceles son instituciones de rehabilitación y no de martirio de por vida.

Me permito citar textualmente algunas afirmaciones realizadas por psicólogos y peritos judiciales. Uno de ellos afirma que “dentro del mundo criminal, los psicopáticos podrían encajar perfectamente dentro de la especie de seres más peligrosos”. Otra señala: “todo se juega en las primeras etapas de vida. Si un niño no es tratado con amor, y al contrario es maltratado, eso va a tener consecuencias, tanto en la mujer como en el hombre”. Respecto a la primera afirmación debe aclararse que el término psicopático hace tiempo ha sido substituido por “trastorno de la personalidad antisocial” y que alude a un espectro dentro del cual se distinguen dos tipos: los de comienzo temprano y los de comienzo más tardío, es decir en la adolescencia o en la edad juvenil temprana. Esto genera diferentes criterios de peligrosidad y también disímiles posibilidades de rehabilitación. Los trastornos antisociales de comienzo temprano son sin duda los más peligrosos y lo fundamental en estos casos es lograr aislar a dichos individuos del resto de la población carcelaria. Pero para ello es necesario disponer de instrumentos de diagnóstico fiables, que sobrepasen la mera intuición basada en datos descriptivos de la conducta individual. Exigiría, además, una modificación del actual Código Penal.

Estos estudios con cierto grado de fiabilidad son diversos y varían de acuerdo a los países donde se ha desarrollado la psiquiatría forense. En algunos casos se utiliza el llamado de Test de Beck, que posee una fuerte base matemática; en otros lugares se emplea el test Rorschach, que en manos expertas puede dar ‑como test de personalidad‑ resultados bastante sólidos, más allá de que ha sido imposible ajustar su base estadística. De todos modos es necesario formar técnicos capaces de manejar estos instrumentos y para ello habría que recurrir a acuerdos de cooperación con países que tienen un largo recorrido en la materia. Una vez consolidada esta base técnica será posible que el sistema judicial indique, sobre bases científicas, las personas que deben ser asistidas en hospitales forenses, dejando atrás la aberrante sala especial instalada en el Hospital Vilardebó.

Corresponde señalar que en los últimos tiempos las condiciones del sistema carcelario en nuestro país han mejorado. Pero debe tenerse en cuenta que aún la atención médica generalista cuenta con poco personal, lucha con grandes dificultades y requiere un desarrollo prioritario, previo a cualquier paso hacia una psiquiatría forense. Otro tanto ocurre con la educación en el ámbito carcelario, cuyo fortalecimiento es también de gran importancia. Sin duda el hecho de que exista un Comisionado Parlamentario encargado de estudiar las condiciones en el las cárceles ha sido un avance importante. Hay sin duda restricciones presupuestales y existen quienes cuestionan la pertinencia de invertir en el bienestar de los presos. Pero nunca dejará de ser importante reconvertir las cárceles para que dejen de ser lugares de mero encierro y escuelas del delito. Sin este rumbo claro la seguridad seguirá siendo un tema de agenda politiquera, que tiene importantes réditos para la oposición al actual gobierno.

Por fuera del sistema carcelario, en el amplio espacio social, se producen a diario denuncias de violencia intrafamiliar y en diversos ámbitos. Para todas estas situaciones existen soluciones. Pero estas exigen la formación de profesionales capaces de situar cada episodio en un ámbito prospectivo y evaluar el índice de peligrosidad de los individuos implicados. El Ministro del Interior ha señalado, por ejemplo, que el famoso episodio de la garrafa arrojada en un partido de fútbol marcó un punto de inflexión. A partir de ese episodio se han adoptado medidas adecuadas y la violencia en el fútbol tiende a revertirse, aunque aún falta mucho por hacer. La colocación de tobilleras en los individuos con antecedentes de violencia intrafamiliar también ha sido un paso de avance. Su generalización a todos los departamentos del país demuestra que aun los intendentes más renuentes a esta medida terminaron por adoptar el sistema.

Se trata, sin duda, de un tema de máxima complejidad, entre otras cosas porque las modalidades del delito van cambiando a medida que las autoridades toman medidas de prevención y represión. Pero lo que no se puede aceptar es la renuncia en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sean o no delincuentes. Mucho menos se puede caer en la trampa demagógica de quienes creen que las medidas adecuadas son la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de las penas, la cadena perpetua o la castración química.

No existen sociedades donde el delito, en sus más variadas formas, haya sido erradicado por completo. Pero sí existen sociedades donde la prevención, la represión y la rehabilitación están guiadas por criterios científicos generadores de políticas inteligentes.