EL GOBIERNO DEL FA Y LA DEMOCRACIA URUGUAYA

Institucionalidad y responsabilidad

Con frecuencia algunos políticos y periodistas aluden a cierto debilitamiento institucional, de la democracia y del republicanismo, y lo atribuyen al gobierno del Frente Amplio (FA). Ello se contradice con la propia opinión de la mayoría de los uruguayos, con la consideración que en calificados foros internacionales se expresa sobre el país y con evaluaciones que a nivel nacional y mundial se realizan sobre estos aspectos.

UNA MEDICIÓN SOBRE CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO

Un estudio sobre la calidad de la democracia realizado en The Economist Intelligence Unit (EIU) indica que a escala universal hay apenas diecinueve democracias plenas: entre ellas Uruguay, que en el último índice divulgado, de 2016, figura en el puesto 19º entre 167 países analizados, con una puntuación de 8,17 (10 es la máxima, y el país mejor posicionado es Noruega con 9,93).

El EIU mide cinco pilares que considera claves para la democracia: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.

El índice divide a los países en cuatro categorías: “democracias plenas”, “democracias defectuosas”, “regímenes híbridos” y “regímenes autoritarios”. Uruguay es la única democracia plena en América Latina y el Caribe, y junto con Canadá, que lo antecede en la lista, las únicas en toda América.

Uruguay se destaca por tener la máxima puntuación (10) en lo que se refiere a “procesos electorales y pluralismo” (distinción que comparte con Noruega, Islandia, Nueva Zelanda, Finlandia y Luxemburgo), y a “libertadas civiles” (junto con Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda y Australia), también con 10 puntos. En “funcionamiento del gobierno”, Uruguay se encuentra noveno, con una puntuación de 8,93. En América solo lo supera Canadá con 9,29, correspondiéndoles el primer lugar en el mundo a Noruega y Suecia con 9,64.^[1]

Naturalmente que en materia social las mediciones no tienen la precisión de las ciencias exactas, pero en diferentes relevamientos, hechos por organismos diversos y teniendo en cuenta múltiples aspectos relacionados al tema, Uruguay figura, en todos los casos, en el primer lugar de América Latina y el Caribe (ALC) en calidad democrática, solidez institucional y republicanismo.

LATINOBARÓMETRO

Otra medición sobre la democracia y la evaluación que los ciudadanos hacen sobre ese y otros ítems la realiza el Latinobarómetro. En su Informe 2017 Uruguay vuelve a liderar la medición sobre la democracia. El 84% de los consultados opinó que la democracia es el mejor sistema de gobierno, siendo el país que registró el mayor guarismo de la región, y es, además, el que tiene un mayor porcentaje de personas que creen que hay una "democracia plena".

También lidera en cuanto al desarrollo democrático (6,9 en un máximo de 10). La democracia es el mejor sistema de gobierno para el 84% de los uruguayos, siendo el mayor porcentaje entre los países latinoamericanos. “Uruguay es el país más democrático” de América Latina, resume el informe.

Si bien se registra una preocupante caída en la valoración de la democracia a nivel mundial, de la que este continente está lejos de escapar, Uruguay, aun con un descenso en los últimos dos años, que es relativamente leve, mantiene el primer lugar en el promedio latinoamericano. En diversos relevamientos de opinión pública efectuados por instituciones nacionales e internacionales, la propia población uruguaya se manifiesta satisfecha con el funcionamiento democrático de la República. Ello surge asimismo de la comparación con el resto de los países de la región y del mundo.

DEMOCRACIA Y DESARROLLO; LIBERTAD Y EQUIDAD

Como la libertad y la institucionalidad se fortalecen siempre con el crecimiento y la equidad, vale señalar que en los últimos años, tras la megacrisis que tuvo su epicentro en 2002, en Uruguay se lograron ambas cosas: crecer y distribuir mejor. Recientemente, en Ciudad de México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó su informe anual según el cual, en materia de pobreza y desigualdad, Uruguay volvió a obtener los mejores resultados de la región.

También, entre otros aspectos, el país se ha destacado por su postura ante la corrupción, un aspecto especialmente sensible en nuestra región y en estos tiempos, y que es indisociable de la fortaleza de las democracias. Se trata de un tema para abordar amplia y profundamente.

Se fue desarrollando una nueva agenda de derechos, que en general no ha estado entre las prioridades de quienes culpan al gobierno por el supuesto debilitamiento institucional. Acaso pueda señalarse que el reconocimiento institucional de derechos no haya estado acompañado en la misma medida por la conciencia social acerca de los deberes, aunque el tema daría para un extenso tratamiento. Pero eso no es algo que parezca preocupar a los comentaristas aludidos.

Respecto a lo que suele englobarse con la expresión “verdad y justicia”, referido a la superación de las heridas que dejó la dictadura en la sociedad uruguaya, caben dos comentarios: sería injusto afirmar que no hubo avances, por insuficientes que sean y por hondas que aún se sientan las huellas; y, en segundo lugar, tampoco es esta una temática que haya estado entre las principales preocupaciones de quienes, desde la oposición, acusan al gobierno de desviarse de las normas democráticas.

UNA PELIGROSA SUBESTIMACIÓN DE LOS AVANCES DEMOCRÁTICOS

Sería imposible mantener una democracia fuerte descuidando factores que erosionen el estado de derecho, la institucionalidad y la legalidad. Pero no le hace ningún bien al cultivo de estos valores emitir juicios ligeros e irresponsables. Es un despropósito sostener ‑como suelen hacerlo algunos opositores al gobierno‑ que está comprometida la institucionalidad en uno de los países mejor posicionados a nivel global en pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura políticas. Ser exigentes con esos principios, para que la sociedad los fortalezca incesantemente, no pasa por menoscabar lo que el Uruguay ha avanzado tras reconquistar la democracia y reconstruir uno de los regímenes democráticos más sólidos del mundo, en lo que mucho tuvo que ver el partido que hoy gobierna el país.

Nada de esto justificaría que los frenteamplistas aceptaran acciones de gobierno que no se ajusten a esas pautas. Dicho esto dejando constancia que sobre la mayoría de los señalamientos hechos últimamente, por los opositores y hasta por integrantes del Frente, se han manifestado diferentes opiniones desde la justicia y la cátedra, pero en ningún caso desde estos ámbitos se ha llegado al tipo de comentarios que hicieron algunos políticos. De todos modos la valoración de la democracia y el republicanismo en conjunción con el espíritu de justicia social, como parte de la dialéctica libertad/equidad, forma parte de un debate interno que el FA necesita profundizar, entre otras razones porque está en su esencia conjugar ambos aspectos.

Gobiernos posteriores a la dictadura (y ni que hablar de los anteriores) protagonizaron acciones que les generaron acusaciones ‑a veces justificadas y muchas otras no‑ de que se desconocía la Constitución y la Ley. Las administraciones del FA no han sido la excepción, pero afirmar ‑como se ha hecho‑ que se va hacia una “república bananera” o una “dictadura populista” es un dislate.

Valga un ejemplo: a raíz del tratamiento de la situación del exvicepresidente Raúl Sendic, desde el Frente Amplio se dio una fuerte señal de republicanismo que repercutió en el conjunto del sistema político. El dictamen de su Tribunal de Conducta Política contribuyó decisivamente a colocar más alta la vara con la que se mide la observancia de la ética en la política. El documento fue expresión de ese republicanismo que diferencia al país en el actual, preocupante contexto latinoamericano, y se inscribió en el legado político y de honradez intelectual de Liber Seregni. El FA no ha sido el único exponente de esos principios, y no cabe sino rechazar las expresiones sectarias que en distintos momentos algunos de sus integrantes expresaron, atribuyéndole en exclusividad su puesta en práctica y custodia. Pero negar el arraigo que han tenido en el FA y en sus gobiernos el republicanismo y la defensa de la democracia y las instituciones solo puede ser consecuencia de ignorancia o vileza.

Durante los gobiernos frenteamplistas, aun cuando no estuvieron ajenos a errores y debilidades, el prestigio del país en el exterior creció por su apego a las normas constitucionales, la seguridad jurídica, la solidez de sus instituciones y la fortaleza de su democracia, a la que en los últimos años se le han ido aportando nuevas dimensiones a partir de demandas legítimas de la sociedad.