EL SISTEMA CARCELARIO URUGUAYO (IV)

Vicisitudes viejas y nuevas

Nos referiremos, en primer lugar, al trabajo elaborado por Beatriz Bellenda, Ana Laura Meroni, Clara Musto, Leticia Musto, Matilde Nauar, Soledad Piazza y Ana Vigna, publicado como parte del libro editado por la Universidad de la República en 2014, ya citado con anterioridad.[1]

El trabajo que intentamos resumir aquí coloca el acento en el papel de los nuevos operadores penitenciarios. La progresiva reforma del sistema carcelario que se venía procesando a partir del año 2005 tenía como punto culminante, o aspiración fundamental, el pasaje del sistema carcelario desde la órbita del Ministerio del Interior hacia otra dependencia del Estado, probablemente el Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de un objetivo muy complejo y está lejos de haberse alcanzado.

Uno de los pasos ya incluidos en la Ley de Presupuesto 2010-2014 es la creación de una estructura de cargos para el escalafón del personal penitenciario de índole civil. También se estableció la creación de 929 cargos de operador penitenciario grado I, 180 cargos de grado III y 20 cargos de supervisor penitenciario grado V.

La estrategia diseñada supone la cooperación entre el personal policial y el personal civil en torno a la tarea para la cual fueron designados. También se dispuso que la vigilancia externa y la perimetral fueran responsabilidad del personal policial o bien del personal militar. Esta última opción es la que ha predominado. La seguridad interna es responsabilidad del personal penitenciario con ayuda complementaria de la policía. Existe, pues, en el espíritu del decreto que estipula estas diferentes funciones, una tensión entre los mandatos de custodia, seguridad y contralor, y los deberes de cuidado y garantía de acceso a los derechos de la población reclusa. Se trata, en consecuencia, de una tarea difícil, compleja, poco conocida y que la opinión pública no valora en toda su magnitud.

El trabajo que estamos describiendo fue realizado en el Centro de Rehabilitación de Punta Rieles y se utilizó un abordaje cualitativo, basado en la realización de entrevistas en profundidad con los operadores penitenciarios y en la observación participante de su trabajo cotidiano. La muestra para la realización de entrevistas tuvo en cuenta el género, la antigüedad en el cargo, la edad y demás parámetros relevantes.

La complejidad que implica el ejercicio simultáneo de la doble función de vigilancia y cuidado se manifiesta en casi todas las entrevistas. Por ejemplo, un operador señala: “te podés sentar a conversar sobre el reconocimiento de un hijo, o alegrarte si le salió la transitoria, pero a la vez se está en una posición de poder decir: no, hasta acá, acá cruzaste la línea, tenés la consecuencia de tus actos por esta razón”.

La dimensión de género se presenta como un eje digno de análisis, dado que la cultura penitenciaria está vinculada a valores y pautas de comportamiento tradicionalmente propias del sexo masculino. Es más, las cualidades que en términos generales se atribuyen a las mujeres (sensibilidad, tolerancia, delicadeza) son consideradas secundarias e incluso contraproducentes en el ámbito carcelario. En el caso uruguayo, la incorporación de mujeres como operadoras penitenciarias generó por un lado resistencias pero, por el otro, en las entrevistas efectuadas se evalúa como algo positivo.

Lo positivo no se vinculó únicamente a la modalidad de presentación de las mujeres (“te ponían plantitas”), sino a su mayor recepción a la hora de contar experiencias personales (“la mujer como que es más sostén y escucha más”).

Otro entrevistado señala: “El aspecto maternal que está presente en el interno lo lleva a tener un plus de respeto hacia la mujer. Como que una mujer es muy sagrada en los códigos carcelarios y el que no la respeta es muy discriminado por los demás internos”.

Las entrevistas también revelan los diferentes enfoques que adoptan los operadores en base a las motivaciones que los llevaron a ingresar a la función de operadores penitenciarios. En una de ellas se dice, por ejemplo: “Hay gente que entró como yo, por plata, y le gusta lo que hace. Hay gente que entró, no le gusta lo que hace, pero lo hace bien porque es su trabajo. Y hay gente que viene a ganarse el sueldo y nada más”.

En relación al mentado equilibrio entre la seguridad y los cuidados, en la bibliografía internacional encontramos algunas referencias de interés. Por ejemplo, Liebling (2011, citado por los autores) distingue entre aquellos operadores que parten de una perspectiva “trágica”, es decir aquellos que ven a todos los individuos como esencialmente iguales, y aquellos que se basan en una perspectiva “cínica”, o sea los oficiales que suponen la existencia de una barrera que separa con claridad a los delincuentes de los que no lo son. Esta diferenciación entre “trágicos” y “cínicos” condiciona la forma de trabajar de los operadores. Los “cínicos” tienden a sospechar de los internos y los visualizan más que nada como manipuladores y también tienden a utilizar la fuerza en la resolución de conflictos. Los “trágicos”, por su parte, se manejan con mayores niveles de confianza hacia los internos y buscan resolver las situaciones conflictivas mediante el empleo de la palabra y la invención de soluciones informales.

Esta distinción resulta muy importante tanto en la selección del personal como en su capacitación permanente, en función de aquello que se pretende lograr con el empleo de operadores penitenciarios.

Las formas de ejercer el poder son de tipo centralizado en las instituciones penitenciarias. Algunos autores, como Crewe, señalan que en los últimos tiempos se ha dado un pasaje de las formas más duras de ejercicio del poder hacia formas más sutiles. Una de las formas de ejercer este poder más blando es el empleo de informes técnicos, que condicionan el futuro de los encarcelados. La utilización de la lapicera como el “arma” principal de los operadores para ejercer el poder se verifica también en las entrevistas realizadas entre los operadores del Penal de Punta Rieles. Otros autores insisten en que, para el buen funcionamiento de los centros de reclusión, se requieren funcionarios altamente calificados y competentes. Según esta línea de pensamiento, los operadores penitenciarios más que hacer cumplir la ley deben ser capaces de manejar situaciones, muchas veces imprevistas. Muchos entrevistados colocan el énfasis en este aspecto, es decir, en la capacidad de “tener cintura” para enfrentar las situaciones difíciles; lo que se adquiere, en gran medida, con la experiencia y no con la formación teórica.

Otro aspecto que queremos señalar es el llamado” trabajo emocional” en las cárceles. La función de los operadores penitenciarios tiene un costo emocional elevado, no solo para quienes están comprometidos con su función, sino también para aquellos que no se interesan demasiado por la población carcelaria. Uno de los entrevistados señala: “eso de estar siempre tratando de ponerte en el lugar del otro, de entender al otro cuando las exigencias laborales son superadas por exigencias externas, que en la cárcel se da y muchísimo”. En muchos casos la despersonalización, el desapego o la supresión de sentimientos de debilidad, como el miedo y la ansiedad, son las respuestas de los operadores.

Uno de los entrevistados señala: “Hay una distancia óptima que es bueno no perderla de vista, no cruzar la frontera óptima. No hay que involucrarse sentimentalmente de una forma tan fuerte que te vayas a tu casa y no puedas seguir con tu vida. Es obvio que vas a seguir pensando en el laburo, pero hay que tratar de que no te afecte emocionalmente de forma negativa; que si te acordás, que sea con pensamientos positivos”. Una de las estrategias válidas para ayudar en este sentido ha sido la organización de reuniones colectivas del equipo y hacer una especie de catarsis grupal. También incide en el manejo del trabajo emocional la motivación que impulsó a los actuales operadores penitenciarios a ingresar al trabajo. Existen al menos tres situaciones diferentes: 1) quienes ingresaron con el objetivo de tener un trabajo más o menos bien remunerado; 2) quienes ingresaron en base a una vocación de servicio; y 3) quienes ingresaron buscando ser policías, pero se encontraron con que la falta de cupos los llevó a hacerse cuidadores.

El último trabajo académico que nos interesa resumir es el realizado por María Ana Folle[2], que analiza la postura discursiva en torno a los motines de los tres principales centros carcelarios del Uruguay, tomando en cuenta exclusivamente los textos publicados en la diaria entre el 26 de abril y el 9 de mayo de 2012.

Surgido en el año 2006, la diaria ha transitado por diversas formas de organización. Entre sus características se destaca la inclusión de la figura del defensor del lector. Es en la actualidad el segundo periódico de mayor circulación de lunes a viernes. Contiene, además, un formato de documento portátil (PDF) para los lectores del exterior y una base de datos para los lectores de Uruguay. Los objetivos de la publicación pueden definirse de acuerdo a los siguientes criterios: a) promoción de transparencia; b) contralor social de las instituciones que concentran poder político, económico o cultural; c) autonomía; d) visión sustentable y solidaria del desarrollo utilizando criterios sociales y ambientales, contra toda forma de exclusión; e) brindar información en función del interés público aun si puede afectar algún interés privado. De acuerdo a lo anterior se clasifica a este periódico como “prensa crítica”.

Los tres centros carcelarios que son objeto de análisis son los incluidos en el organismo rector ya mencionado en otros artículos, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Ellos son: 1) el llamado COMCAR, conocido por ser el mayor centro carcelario del país y por ser el de mayor índice de hacinamiento; 2) la cárcel de Libertad, con sus módulos de acero y la sanción de la justicia que ordenó su clausura; 3) la cárcel de mujeres, que está integrada por la antigua cárcel de la calle Cabildo y las reclusas provenientes del Pabellón Femenino de Canelones. Ninguno de esos dos establecimientos poseía reglamentos para el alojamiento de hijos menores, entre otras carencias graves.

La autora analiza veinte artículos y cuatro fotografías en relación con la temática carcelaria y la producción de motines. Para el análisis semiótico utiliza las siguientes cinco categorías: 0) causas de los motines; 1) derechos humanos y población carcelaria; 2) derechos humanos de los familiares; 3) acciones de las autoridades; y 4) los aspectos políticos. Realiza un breve análisis del material reunido que presenta un aspecto informativo permanente y las valoraciones (opiniones) relacionadas con los motines registrados.

La principal conclusión de Folle es que la diaria toma posición clara frente a los derechos humanos. El segundo eje que parece regir la evaluación del proceso de transformación carcelaria es la toma de responsabilidades. En los artículos analizados se insiste en vincular el tema de los derechos humanos con las responsabilidades que competen a cada uno de los escalafones jerárquicos. En términos generales, el diario genera un campo de problematización en torno a la actitud de la sociedad civil frente a la seguridad ciudadana y el control social llevado a su máxima consecuencia: la privación de libertad.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS EN LAS CÁRCELES

Los medios de comunicación apenas han tocado el tema. El autor solo registra una información relacionada con la prohibición de visitas, lo que de por sí vulnera derechos humanos. Luego esta medida drástica se derogó y ahora se permite la visita de una persona por recluso. Por el momento no parece haber medidas para crear condiciones propicias para que las visitas de familiares -de tanta importancia para el estado psicológico de los presos- puedan realizarse, al menos en forma progresiva y con los cuidados pertinentes. También se ha informado que entre los reclusos no se registran casos de Covid-19, lo que resulta difícil de creer dado el nivel de hacinamiento reinante en los principales centros de reclusión y el escaso o nulo testeo de los presos y presas.

Es evidente que la aparición de la pandemia representa una seria exigencia suplementaria. Si antes era necesario mantener el complejo equilibrio entre el control policial y el cuidado con vistas a la rehabilitación, ahora se agrega un tercer componente que hace aún más complejo el mantenimiento de la ecuación. Nos consta que en los horarios de visitas se han producido aglomeraciones que van contra todo lo que se ha dicho sobre el distanciamiento social. 

Pero lo que más llama la atención es la casi ausencia de realización de testeos para determinar el número de presos infectados. Tampoco se han incluido en esos controles a los visitantes. Si bien en la población carcelaria predominan las personas jóvenes, debe tenerse en cuenta que en dicha población -sometida a un hacinamiento permanente- existen sujetos portadores de enfermedades debilitantes (hipertensión, diabetes, etcétera). Todos estos elementos generan la posibilidad de que se verifique una catástrofe como la ocurrida en el Hospital Vilardebó. El envío de canastas alimentarias por parte del Ministerio de Desarrollo Social es un hecho positivo, pero debe ajustarse a estrictas reglas de higiene y sanidad.   

Esta situación no debería sorprender, si se tiene en cuenta lo ocurrido con pacientes internados en el Hospital Vilardebó, donde no pudo evitarse un brote de sarna y el silencio informativo solo se rompió cuando apareció un primer caso positivo de coronavirus. Luego los casos positivos fueron en aumento y de pronto, de los 32 testeos positivos, 22 pertenecían a personas internadas en el principal hospital del país dedicado a la salud mental. También se verificaron casos positivos en el personal asistencial. 

Llama mucho la atención la escasa indignación que esta catástrofe epidemiológica ha producido. Las autoridades, por su parte, han adoptado la medida de suspender las internaciones, lo que es lógico y adecuado, y han optado por derivar los casos de emergencia al sector privado. Pero ese sector privado no tiene la capacidad de recepción necesaria, y es probable que el destino de las situaciones de emergencia sea la ausencia de cualquier tipo de asistencia.

Tampoco se ha difundido la valoración del probable agravamiento de los síntomas mentales en la población internada, hecho bien conocido por la experiencia recogida en otros países sobre los cuales poseemos información. Creo que lo sucedido en el Hospital Vilardebó con el coronavirus es un hecho gravísimo que exige que de una vez por todas se realice una seria intervención técnica de dicho nosocomio, acompañada de los recursos financieros imprescindibles.

El autor no desconoce la complejidad de la situación general por la que atraviesa el país y el mundo y en general considera que las autoridades han actuado en forma adecuada. Pero no puede dejar de manifestar su malestar por el tratamiento sanitario proporcionado a poblaciones cuyo riesgo es mucho más elevado que el del resto de la población. Estas situaciones puntuales no se pueden pasar por alto. Me refiero a los centros carcelarios, a los establecimientos psiquiátricos y a las casas de salud.

Día de visita en la cárcel de Santiago Vázquez, ex ComCar.