CON EL ECONOMISTA FERNANDO LORENZO

La innovación y la competitividad de Uruguay deben basarse en su formidable dotación de recursos naturales

- ¿Cuáles fueron las principales diferencias de la política económica aplicada por el Frente Amplio (FA) respecto a la de los anteriores gobiernos post dictadura?

- Creo que la izquierda uruguaya tuvo muy buenos fundamentos para interpelar y mirar muy críticamente las políticas económicas desde el restablecimiento de la democracia hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno. Muy especialmente a las políticas llevadas adelante a partir de los años noventa. ¿Por qué? En primer lugar porque esas políticas fueron asumidas localmente en forma bastante irreflexiva. Hubo un menú de política económica aconsejado por parte de los organismos internacionales y de una academia que propiciaban básicamente un conjunto de mensajes simples, cuya aplicación era un aporte fundamental a la estabilidad económica, a la previsibilidad de la economía, al crecimiento. En nuestro continente eso se materializó en lo que se llamó el "Consenso de Washington".

SE APLICÓ ACRÍTICAMENTE EL CONSENSO DE WASHINGTON

Pero el FA hizo bien en oponerse a ese tipo de políticas, fundamentalmente porque, en cualquier caso, la política económica y social adecuada para un país debe ser el resultado de un análisis cuidadoso acerca de la pertinencia de esas recetas aplicadas a una realidad concreta. La política económica debe adaptarse a las circunstancias políticas y sociales por las que cada sociedad está atravesando. Claramente, en nuestro país, algunos de esos lineamientos no tenían soporte político suficiente. Basta recordar que en 1992 se sometió a referéndum una iniciativa (la llamada reforma del Estado) que contenía un componente bastante importante del Consenso Washington, que era avanzar en materia de privatizaciones. La sociedad uruguaya de manera masiva, con la participación de un arco político bastante diverso, rechazó ese tipo de abordajes.

También se cayó en simplismos muy grandes en lo que refiere a la liberalización financiera, a la apertura de los flujos de capital en países que teníamos insuficiencia de capital. Se sostenía que era la respuesta adecuada para dotar de financiamiento de largo plazo a la producción, y que mecánicamente la apertura financiera iba a ser el vehículo para superar algunas de las limitaciones que tenían nuestros propios mercados domésticos en materia de crédito y de instrumentos financieros. Bueno, eso no ocurrió, no fue así. La apertura financiera no dio lugar a un mercado de capitales, no fue el soporte del surgimiento del financiamiento a largo plazo. No dio los resultados esperados, Y así podríamos seguir haciendo comentarios similares respecto a cada uno de los componentes que el Consenso de Washington sugería.

Desde los gobiernos anteriores se pensaba que el Consenso de Washington era una suerte de consenso académico sobre las mejores prácticas de política económica para todos los países, y eso no era así. No existía tal consenso académico. El debate académico estuvo muy lejos del simplismo con el que se formulaban las ideas de política económica por parte de los anteriores gobiernos. Nada tenía que ver con la riqueza de un debate sobre cada uno de esos temas, con el análisis y el escrutinio de la aplicación de esas políticas en algunos países. Podemos decir que hubo experiencias de liberalización comercial exitosas y experiencias de liberalización comercial que tuvieron efectos muy perniciosos sobre las sociedades, o experiencias de desregulación de determinados sectores de la economía que realmente aportaron al desarrollo de esos sectores, que sirvieron para destrabar su funcionamiento e incluso para incentivar inversiones e importantes cambios en las institucionalidades en las que se desarrollaban esos sectores, pero también hubo experiencias verdaderamente catastróficas en materia de liberalización y desregulación, que condujeron a situaciones de enorme inestabilidad y fragilidad en los sectores donde se habían aplicado. La oposición que hubo en Uruguay a ese conjunto de políticas tuvo buenos fundamentos políticos y técnicos.

- ¿Qué diferencias destacaría entre aquella concepción económica y la que ha aplicado el actual gobierno?

- Hubo tres aspectos que establecieron el primer conjunto de diferencias. En primer lugar, el gobierno del FA se benefició de un conjunto de definiciones políticas que establecieron prioridades. En economía, en general, es común plantearse que los recursos son limitados, que las disponibilidades de los esfuerzos que podemos realizar están acotados. Y la ausencia de prioridades es letal, porque implica que todo es prioritario y cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Entonces, fue muy importante que desde antes de asumir el gobierno del FA estuvieran establecidas claramente cuáles eran las prioridades. Hubo focalización en esfuerzos en materia de educación, salud, atención a la emergencia social, seguridad e infraestructura.

UNA SEÑA DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DEL FA

El segundo elemento importante fue que, desde el principio, el FA asumió que la reducción de vulnerabilidades era una tarea fundamental que tenía que llevar adelante la política económica y social del gobierno, y que enfrentábamos un conjunto muy amplio de vulnerabilidades. En lo social eran claras y evidentes. Las respuestas a la vulnerabilidad social tuvieron que ver en primera instancia con el Plan de Emergencia, una respuesta inmediata a corto plazo, y con la estructuración de un conjunto de políticas especialmente diseñadas para atenuar las vulnerabilidades sociales que enfrentábamos al inicio de la administración.

- ¿Cómo fue posible enfrentar esas vulnerabilidades sociales con las vulnerabilidades fiscales que también tenía Uruguay?

- El país tenía una situación fiscal tremendamente delicada, y el restablecimiento de una situación fiscal sustentable era absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque no se podían sostener esfuerzos de política económica basados en el gasto público; no se tenía la capacidad de sostener en el tiempo tales políticas. De nada servía abrir un espacio para ejecutar un gasto en un año, cuando sabíamos que el esfuerzo que había que realizar en materia de políticas sociales, de políticas de infraestructura, de políticas educativas, implicaba hacer esfuerzos sostenidos en el tiempo. O se abrían brechas para lograr recursos y capacidad de sostener el gasto público en períodos prolongados, o las vulnerabilidades fiscales iban a operar en contra de la ejecución del plan del gobierno. Y vulnerabilidades financieras ni que hablar.

Veníamos de una crisis financiera interna sin precedentes en el sistema bancario, con repercusiones absolutamente generalizadas sobre el nivel de vida de la población y extremadamente amplias en cuanto a los sectores de la economía afectados. Teníamos condiciones de endeudamiento difíciles para poder pagarla, ausencia de créditos para llevar adelante los proyectos de distintos sectores de la economía, y una situación financiera del Estado muy complicada. El Estado no sólo tenía un déficit difícil de administrar sino que, además, había vencimientos de deuda pública enormes. Durante los dos primeros años de gobierno el nivel de amortizaciones que Uruguay habría tenido que hacer era inmenso si no se hubiera atacado esa vulnerabilidad a través de una política de refinanciación, de cambio de plazos, de cambio de moneda, de cambio de acreedores como la que se hizo.

Y ni hablar del conjunto de amenazas y vulnerabilidades que tenían que ver básicamente con la inserción internacional del país. Un país que tenía tradicionalmente concentrada su oferta exportable en un reducido número de rubros, y además con mercados bastante limitados y concentrados. Por lo tanto, el conjunto de vulnerabilidades a enfrentar requerían la respuesta conjunta de políticas económicas y sociales. El ataque a las vulnerabilidades fue una seña de identidad del gobierno, y, al mismo tiempo, fue una respuesta que ayudaba a la economía y que establecía condiciones de estabilidad básicas.

- La estabilidad fue un desafío?

- El concepto de estabilidad del FA en su primer período de gobierno fue mucho más amplio que el tradicional concepto de estabilidad monetaria, financiera y fiscal. De algún modo, baja inflación, déficits fiscales manejables y una situación de la cuenta corriente de la balanza de pagos equilibrada son lo que define los equilibrios macroeconómicos. Pero es un concepto de estabilidad relativamente pobre. La estabilidad debe ser mucho más amplia, debe tener en cuenta las reglas de juego, la institucionalidad, la situación social, las condiciones de seguridad jurídica y ciudadana. El concepto de estabilidad no se puede reducir al simplismo de los equilibrios macroeconómicos.

- Usted se ha referido al establecimiento de prioridades y a la necesidad de atacar las vulnerabilidades, y mencionaba una tercera diferencia respecto a anteriores gobiernos

- Sí, y creo que esa diferencia fue la más importante: la política económica y social del Frente Amplio estuvo orientada a que los frutos del crecimiento económico pudieran derramar sobre el conjunto de la sociedad de forma más equitativa. Por ejemplo, la restauración de la negociación salarial es en sí mismo algo que ayudó al funcionamiento de la economía, pero además ayudó de manera clave a que hubiera actores que defendieran ellos sus intereses, que los trabajadores pudieran defender sus intereses en el contexto de una economía que se expandía.

Entonces, la política económica y social que se llevó adelante no solo se preocupó por los ingresos sino también por ampliar el conjunto de derechos de los ciudadanos. Para ejercer derechos no sólo hay que constituirlos sino generar actores que los defiendan, que los hagan suyos y que esos derechos sean custodiados por los propios actores sociales. Esto formó parte de la orientación general de la política económica.

- Se ha dicho que nunca existieron en Uruguay tantos estímulos para la inversión privada como los del primer gobierno del FA. ¿Podría detallarlos?

- Son los factores que influyen sobre la inversión. Las áreas de políticas públicas para favorecer la inversión son muy diversas. Y en las decisiones de inversión entran en juego un conjunto también muy variado de factores que deben tener en cuenta quienes llevan adelante los proyectos. Ese concepto de estabilidad amplio al que nos referíamos anteriormente tiene en cuenta qué es lo que mira alguien que va a invertir, que va a hacer jugar un capital de riesgo. No sólo necesita que haya rentabilidad sino también un contexto económico ordenado, un contexto social estable, integrado, buen funcionamiento de las instituciones y de las reglas de juego, cumplimiento de contratos, etcétera.

TRES PILARES FUNDAMENTALES DE LA INVERSIÓN

Hay tres pilares fundamentales que durante este período se fortalecieron decididamente para definir un conjunto de estímulos sin precedentes a la inversión.

En primer lugar, se instauró un sistema tributario que en su propio diseño integró la promoción de la inversión como uno de los criterios fundamentales. Eso llevó a eliminar impuestos distorsivos, a adecuar la estructura del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Además, en ese proceso de adecuación, se impulsó un conjunto de estímulos especialmente adaptados para favorecer la inversión. Por ejemplo, se produjo una reducción bastante importante de la alícuota de tributación del IRAE cuando hay reinversiones, cuando las utilidades se reinvierten. Cuando las utilidades no se reinvierten, se distribuyen, las alícuotas se hacen más elevadas. La distribución de utilidades frente a la reinversión favoreció a ésta.

Además, se aumentaron las deducciones, la posibilidad de reducir del Impuesto a la Renta gastos que están directamente vinculados a la inversión, en capacitación laboral, en materia de innovaciones, inversiones en tecnologías. O sea, se sofisticó el conjunto de deducciones que van de la mano con las inversiones. Cuando ciertas inversiones impactan fuertemente sobre los procesos productivos, sobre las capacidades tecnológicas, etc., es porque tienen determinados componentes: capacitación a trabajadores, innovación, gastos en investigación y desarrollo, etc. Eso es parte del nuevo sistema tributario.

En segundo lugar, durante el gobierno del FA se redefinió el marco reglamentario de la Ley de Inversiones del año 1998. Esa ley generó una enorme expectativa en cuanto a que iba a ser una gran oportunidad para promover la inversión en el país. Pero, lamentablemente, cuando se la fue reglamentando, se retacearon muchas cosas y se fue extremadamente parco con relación a los beneficios que efectivamente se le otorgaban a las empresas.

Lo que hizo la política económica de este gobierno fue aprovechar el marco legal aprobado en 1998 y definir un nuevo marco de incentivos mediante otro decreto reglamentario de la ley, que se aprobó a finales de 2007. Y de esa manera se amplió el núcleo de sectores cubiertos por el ámbito de la promoción. Antes estaba centrado exclusivamente en la industria manufacturera. Desde 2007 se amplió el número de inversiones que están cubiertas por el régimen. El viejo paradigma de la inversión en maquinaria fue sustituido por uno más amplio. Se extendió a otro tipo de activos importantes para la producción, incluidos aspectos de obra civil que en el pasado tenían limitaciones para de ser incorporados. Se facilitó el acceso al régimen y se lo volvió automático, lo que facilita a las pequeñas y medianas empresas a presentarse al régimen y obtener beneficios para sus inversiones, que en el pasado requerían de asesoramientos costosos o consultorías o preparaciones de sus proyectos que finalmente, en la medida que había que hacerse cargo de esos costos, terminaban siendo una barrera para determinado tipo de empresas. La automatización y simplificación de los trámites fue un aspecto fundamental, y el punto más importante es que los beneficios fiscales que otorga la ley de inversiones están definidos a partir de la contribución de los proyectos a aspectos que esta política económica valora, por ejemplo, generación de empleo, generación de exportaciones, aspectos vinculados a medio ambiente y producción más limpia, a la descentralización geográfica de los proyectos. En la medida que se contribuye a estas dimensiones, los proyectos reciben más puntaje que el que los propios inversores podían estimar antes de presentarlos. Esto fue un cambio absolutamente fundamental, se multiplicó el número de proyectos presentados.

- ¿Hay una cuantificación de ese cambio?

- Sí, en el momento en que se hace la resolución de promoción, se establece cuál es el monto y cuál es el nivel de porcentaje de renuncia fiscal. Las renuncias fiscales son los impuestos que el Estado resigna durante un largo período. En la medida que se están promoviendo más de U$S 1.300 millones por año (el régimen anterior promovía apenas U$S 200 o 300 millones por año), hoy tenemos, sólo por el volumen de inversiones que se están realizando, muchas más renuncias fiscales. Pero esto es un juego de dos caras. Una es lo que va a dejar de percibir el Estado por esas renuncias tributarias. Pero la otra cara es el impacto favorable que se genera sobre la actividad económica y sobre la producción, y, por tanto, sobre transacciones económicas en las que el Estado recauda IVA, aportes patronales y distintos tipos de contribuciones. Cuando uno hace el saldo, ve que el sistema se diseñó para que el sacrificio fiscal resultante sea de poca significación.

Uruguay tenía muy baja inversión, uno de los niveles más bajos de inversión de América Latina, casi como Haití. Desde el año 1955, a partir del cual se llevan registros sistemáticos de contabilidad nacional, Uruguay ha estado en las peores posiciones de toda Latinoamérica en materia de inversión productiva en relación al PIB.

- ¿Y ahora cómo estamos?

- A partir de 2008 Uruguay empieza a tener niveles que se acercan al 20% del PIB. En 2008 tuvimos 18.5%. Acercarse al 20% es ya un hito en Uruguay, pero si quiere crecer sostenidamente tiene que aspirar a no tener menos de 20% de inversión productiva año tras año.

LOGROS LEGISLATIVOS PARA LA INVERSIÓN

Y finalmente, lo que constituiría el tercer pilar del desarrollo de la inversión, mencionaría algunas leyes aprobadas en este periodo que incentivaron mucho los negocios y las inversiones en el país, y señalaría fundamentalmente tres logros. Uno, fue la adecuación del marco legal de quiebras y concursos. Uruguay tenía una obsoleta legislación en materia de quiebras y concursos.

Nuestras leyes de concordatos eran de una obsolescencia tal desde el punto de vista jurídico y de la realidad comercial, que de cada 100 empresas que entraban al régimen concursal, 94 se extinguían. Era un régimen que lo que hacía era, primero, congelar a la empresa en su situación y, después, esperar hasta su extinción, con la pérdida consiguiente de capital humano, físico y organizativo. La adecuación del régimen concursal es un elemento fundamental. Fue especialmente diseñado para salvar el capital, las infraestructuras y los puestos de trabajo de las empresas cuando todavía hay tiempo para hacerlo y no cuando las empresas ya están absolutamente fuera de toda posibilidad de evitar la quiebra.

Un segundo logro fue haber aprobado una legislación moderna en materia de defensa de la competencia. En un país con una economía pequeña, la posibilidad de que en nuestro reducido mercado interno haya empresas que practiquen políticas que terminan en situación de abuso, de posición dominante, es peligroso. Cuando las economías son grandes hay espacios para muchos y las propias reglas de la competencia operan de otra manera. En Uruguay necesitábamos una ley de defensa de la competencia que se adecuara a nuestra realidad, y eso se llevó adelante.

Y el tercer logro en esta materia es la reciente aprobación de una nueva ley de mercado de valores. Uruguay tiene un casi inexistente mercado de valores, y muchos de los problemas que estaban bloqueando su funcionamiento han sido objeto de un nuevo tratamiento legislativo y de una nueva normativa, apuntando a levantar algunas de las restricciones que en el pasado han operado sobre el funcionamiento del mercado de capitales.

- Todavía existe desconcierto en tiendas adversas al FA por el reducido impacto de la crisis internacional del año 2008 en nuestro país. ¿Cómo lo explica? ¿Qué papel ha jugado en tal sentido la quiebra en el año 2002 del proyecto "Uruguay: plaza financiera"?

- Creo que hay dos formas de encarar la respuesta. Una, es decir que nos impactó poco porque algunos de los principales canales que debieron ser el vehículo de la crisis estaban obstruidos, no estaban operativos. Esa es una forma de responder.

Pero habría que decir que el canal principal por el que se afectaron las economías más golpeadas por la crisis fue el financiero. El país tenía, por suerte, una situación sólida de su banca en materia de liquidez, de solvencia. Teníamos poca cantidad de depósitos y de colocaciones de no residentes en nuestro sistema financiero, teníamos un mercado de capitales escasamente desarrollado, y además teníamos una muy buena regulación financiera y bancaria en particular, que fue remodelada, remozada luego de la crisis de 2002. Eso hizo que el canal financiero-bancario privado estuviera básicamente obstruido. También estaba limitado el problema financiero vinculado al financiamiento del Estado, de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque Uruguay había reordenado su endeudamiento y no teníamos vencimientos importantes de deuda durante 2008, 2009 y 2010. Se había hecho una reestructuración de la deuda muy importante y eso permitió que no tuviéramos que salir al mercado en momentos en que tal cosa nos habría deparado enormes dificultades. También se puede decir con relación a los commodities cuyos precios se afectaron como consecuencia de la crisis, que a nosotros nos jugaba un efecto doble, porque uno de los commodities cuyo precio se deterioró fue el petróleo y, a diferencia de otros países del continente, somos adquirentes de petróleo. Y el efecto contrario estuvo dado por el hecho de que somos exportadores de algunas materias primas que no fueron de las más afectadas por esta situación internacional, probablemente por el tipo de mercados a las que ellas están siendo dirigidas.

Por tanto, nuestros principales clientes no fueron las economías más afectadas, y además tuvimos cierta capacidad de redireccionar las colocaciones a otros mercados que estaban en mejores condiciones. Siempre hay una discusión acerca de la importancia geográfica de los distintos mercados de nuestras exportaciones. Uruguay tiene múltiples oportunidades para exportar sus productos: a veces, se le vende mucho a Estados Unidos, otras veces mucho a la Unión Europea, a Brasil, a Asia. Hablo de los mismos productos. A veces lo que conviene más es venderle a EEUU porque es el que tiene los mejores precios; en otros casos, no ofrece los mejores precios y le ofrecemos nuestros productos a Brasil, y en otros casos EEUU y Brasil están mal, y la UE se convierte en nuestro comprador.

Además hubo un conjunto de realidades económicas que explican también por qué la crisis internacional de 2008 tuvo escaso impacto. En primer lugar, Uruguay estaba invirtiendo muy fuertemente, la economía no sólo estaba creciendo mucho sino que se estaba invirtiendo mucho, y la demanda de inversión operó como amortiguador de los efectos de la crisis.

Segundo, las empresas no estaban muy endeudadas porque habían financiado sus inversiones sobre la base de autofinanciamiento. Los hogares estaban poco endeudados, el crédito al consumo no se había elevado tanto como para provocar dificultades en su pago. Teníamos una nueva red de protección social, en la cual los que podían estar más desamparados tenían coberturas sociales más amplias. Entonces la segunda explicación es la política económica y las decisiones de los actores económicos y sociales del país, que habían generado una red de protección de la sociedad ante los efectos de la crisis.

- En ese sentido, ¿jugó la medida de aumento de encaje de los bancos?

- Eso tuvo más que ver con medidas para limitar el uso de liquidez de los bancos tiempo atrás. Hubo más razones inflacionarias y más preocupaciones por la trayectoria del tipo de cambio real que por la crisis.

- Miremos hacia adelante. El propósito de incrementar en 200 mil los puestos de trabajo durante el próximo gobierno del FA, ¿tiene vinculación con una tendencia?, ¿hay una base de cálculo?, ¿cómo puede hacerse tal estimación?, ¿mediante la observación de tendencias?, ¿existe un ejercicio de desagregación de tal cifra según sectores?

- Sobre las perspectivas en materia de generación de empleo y los compromisos que se asumen en el plan de gobierno, el elemento más importante es haber partido de un diagnóstico de continuidad del proceso de expansión de la economía, y que durante el próximo período de gobierno vamos a tener un vigoroso crecimiento de la economía, que, además, va a estar apoyado por un fuerte proceso de inversión.

La capacidad de generar empleos tiene que ver directamente con el crecimiento económico. Se puede advertir la relación entre crecimiento económico y generación de empleo. El crecimiento y la inversión son las poleas más importantes de la generación de empleo, y hay algunos elementos sectoriales que deben ser tenidos en cuenta.

CRECIMIENTO Y POLÍTICAS SECTORIALES

En particular, ¿cuáles son los sectores de la sociedad que padecen los problemas más importantes de desempleo? Fundamentalmente tres colectivos: los más jóvenes, las mujeres y quienes tienen menores niveles de calificación.

Cuando se relaciona las tendencias macroeconómicas con la identificación de estos tres colectivos sobre los que se concentran los problemas más importantes de ingreso y permanencia en el mercado de trabajo, nos damos cuenta que, además de la polea de crecimiento económico, se van a necesitar políticas específicas para cada uno de estos sectores.

Claramente, las políticas en cada uno de los casos son diferentes. En unos casos son típicamente incentivos a la contratación de jóvenes y generación de oportunidades específicas para ellos; en el caso de las mujeres hay que atacar con reglas antidiscriminatorias en la actividad laboral, y los problemas de baja calificación no hay otra forma de resolverlos que no sea a través de políticas que apunten a mayores niveles de capacitación entre los trabajadores.

Entonces, la capacidad de generar importantes niveles de empleo en el país tiene que ver con un proceso económico en expansión, con una inversión productiva en la se sustente el crecimiento y con políticas específicas que atiendan de manera focalizada sobre todo los problemas de los tres colectivos que presentan mayores dificultades de ingreso al mercado de trabajo y permanencia en él en condiciones dignas.

- Otro objetivo del FA es reducir la pobreza y eliminar la indigencia. Durante este primer gobierno se redujo la brecha social, pero no mucho. El crecimiento y la distribución constituyen una ecuación compleja. ¿Cree que será posible alcanzar esas metas en el próximo gobierno? ¿En base a qué elementos cabría ser optimista al respecto?

- Así como el crecimiento económico es una polea muy importante para generar empleo, disponer de un empleo es un elemento muy importante para atacar los problemas distributivos en general pero en particular los vinculados a la pobreza y, ni que hablar, a la pobreza extrema.

El punto es que, nuevamente, el crecimiento económico per sé le va a dar oportunidades a amplios sectores de la población. ¿A quiénes? A los que tengan más herramientas para defenderse y ser parte de ese proceso de crecimiento, a los que tienen más educación, mejores niveles de formación, mejor red de contactos personales y sociales, más capital. En nuestra sociedad hay un conjunto de ciudadanos, que por suerte son cada vez más, a los que la prosperidad, el crecimiento económico, la expansión de la economía les ofrece un terreno fértil para desarrollar sus vidas y progresar. El tema es que al lado conviven todavía muchos uruguayos, centenares de miles, que carecen de las herramientas y de los estímulos e incentivos suficientes como para ser parte de esa prosperidad. Se plantean objetivos distributivos ambiciosos, como la eliminación de la extrema pobreza y la reducción a la mitad de la pobreza respecto a los niveles actuales. Para que esas metas puedan ser alcanzadas al final del próximo período de gobierno, se requiere, además de una economía que funciona, ofrece oportunidades, es próspera y genera empleo, un conjunto de políticas sociales especialmente diseñadas para tenderle la mano a aquellos que no tienen las herramientas para salir de la zona de exclusión en la que se encuentran. Esto responde a lo que es la filosofía de la izquierda. No le llamaríamos desarrollo a algo que fuera sólo prosperidad económica y dejara por el camino a colectivos muy importantes de nuestra población.

En Uruguay, como en otras sociedades, y en este continente más todavía, hay gente viviendo a dos velocidades: unos que van a la velocidad que el crecimiento económico les permite y otros que no son parte de ese proceso y van a una velocidad mucho menor.

Nosotros llegamos al gobierno con un 4% de los hogares del país en situación de extrema pobreza, de indigencia. Los últimos datos disponibles indican que se ha reducido a 1,5%, pero estamos hablando de 15 mil hogares. A mí no me gusta ponerle número a las cosas, soy economista pero no me gusta; cuando se pasa de 4% a 1,5% de indigencia, uno dice: mirá que bárbaro. Pero todavía nos quedan 15 mil hogares, y eso son decenas de miles de uruguayos que están en extrema pobreza.

- Hay un reconocimiento de muchos frenteamplistas de los logros de la conducción económica encabezada por Danilo Astori, pero simultáneamente muchos de ellos han descalificado su gestión. Tal contradicción no parece ser asumida por quienes la padecen. Los que creen que la "profundización del programa del FA" significa una expansión del estatismo en actividades productivas, ¿agudizarán su descontento y confrontación si el nuevo gobierno del FA no avanza en tal dirección? ¿Se trata de prejuicios que irán retrocediendo frente a los resultados económicos esperables? ¿Jugará un papel la comprensión de las viejas (y también nuevas) malas experiencias internacionales de estatismo en la producción de bienes?

- Es importante dar esta discusión, sobre todo en términos instrumentales. Creo que la presencia del Estado en la producción directa, en la regulación de los mercados o en diversas formas de intervención y supervisión sobre la economía, es perfectamente aceptable. La discusión es con qué instrumentos se le responde a los problemas que efectivamente tenemos. Es probable que en determinados ámbitos de la economía, el aumento y la fortaleza de la regulación sea un elemento decisivo. En el sector bancario o financiero en general, o en los sectores monopólicos, avanzar en la regulación es claramente una línea muy importante y es un instrumento adecuado.

NO HAY QUE DESCARTAR NINGÚN INSTRUMENTO

En determinadas circunstancias, la presencia del Estado como productor directo es plenamente justificable, y la preocupación por supervisar desde el Estado el funcionamiento de mercados claves de la economía también es absolutamente razonable. Pero, reitero, esto hay que discutirlo en términos de la capacidad que tiene cada instrumento de dar respuestas adecuadas a los problemas que están planteados, y no hay que descartar ningún instrumento.

Hay una discusión más filosófica en términos de si el Estado debe estar fuera de la producción de bienes y servicios, o tiene que ser el actor predominante de producción de bienes y servicios. Discrepo con estas dos posiciones extremas. Creo que el Estado no tiene que tener bloqueada su capacidad de intervenir directamente en la producción de bienes y servicios: de hecho hay buena parte de los emprendimientos productivos en los que hoy el Estado está presente y ello es fundamental para el funcionamiento de la economía. Y, por otro lado, el avance del Estado de manera generalizada sobre la producción directa se ha revelado en nuestro país y en otros lados como una experiencia que no da respuesta a las necesidades de crecimiento y expansión de la economía. Hay una discusión instrumental que es necesaria y hay una discusión, si se quiere, más ideológica. No es por querer situarme en el medio, pero cualquiera de las dos versiones extremas no son la respuesta que necesitamos para los avances económicos y sociales en nuestro país.

- ¿Ve alguna posibilidad más o menos próxima de sustituir al dólar por monedas del Mercosur en el intercambio regional? En caso de lograrse, ¿qué ventajas y qué inconvenientes podría tener?

- Ya estamos en eso. El Banco Central (BCU) acaba de culminar un acuerdo con Brasil para que Uruguay pueda comerciar en reales, comerciar en monedas locales. Creo que eso es un avance muy importante, porque permite reducir el riesgo cambiario que tiene por lo menos uno de los actores que interviene en el proceso, el importador o el exportador. Si transamos en dólares, ambos tenemos que cubrirnos por los posibles cambios que haya en las cotizaciones. Es absolutamente factible avanzar en este tipo de acuerdos que requieren algunos mecanismos técnicos sobre cómo se liquidan las operaciones. Pero eso, afortunadamente, ya está en curso con Brasil, lo que es muy importante.

- Cuando el gobierno del FA liquidó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la convirtió en deuda externa con privados logró la eliminación de las clásicas condicionalidades del Fondo. Pero algunos sostienen que de esa forma también se cortó la posibilidad de lograr una reducción negociada de la deuda externa. ¿Cuál es su opinión?

- No conozco ningún país del mundo que haya contraído deudas con el FMI que no las haya pagado. O sea, si se habla de posibilidades de reestructuración, no hay evidencia histórica disponible que diga que un país, por estar endeudado con el FMI, tiene posibilidades más simples de renegociar su deuda en términos de abatimiento de la misma.

Lo que ha sucedido, sí, es que los organismos multilaterales de crédito, impulsados por sus accionistas, que son los países -y sobre todo los países que tienen más posibilidades económicas-, han hecho condonaciones de deudas a países de muy bajo ingreso per cápita. Hay casos notorios en África y América Latina de condonación de deudas con los organismos multilaterales de crédito, pero de ninguna manera el estar endeudado con dichos organismos simplifica los procesos de reestructuración, sino todo lo contrario. Para países de ingresos medios como el nuestro, donde no hay ninguna razón para hacer condonaciones por razones sociales o de vulnerabilidad social manifiesta, la deuda con los organismos multilaterales de crédito es muy difícil de reestructurar, de renegociar, y es más complicado aun hacerle recortes.

Algunos organismos multilaterales son el último resguardo, te prestan dinero cuando ya nadie más te presta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, segundo, además de las operaciones de crédito, son instituciones que prestan asistencia técnica, asesoran en diversos temas, y esas cosas, cuando uno las utiliza de manera razonable y con capacidades nacionales propias, pueden ser verdaderamente importantes para un país. No son sólo acreedores o posibles acreedores, sino que son instituciones con capacidades técnicas y con posibilidades de ayudar al fortalecimiento de múltiples ámbitos; tienen experiencia y trabajan en muchos países; conocen problemas que se dan en otros lados y que pueden llegar a darse aquí.

No creo sinceramente que tener deuda con los organismos multilaterales facilite el proceso de reestructuración y renegociación de la deuda. Es más, esa es la parte dura para renegociar.

- Finalmente, en un proyecto estratégico, ¿cabe plantear la necesidad de superar la situación de ser un país exportador de materias primas? ¿Qué medidas de política macroeconómica se pueden aplicar para aumentar el valor agregado de las exportaciones?

- A veces me han acusado de fisiócrata porque estoy convencido de que Uruguay tiene, para competir internacionalmente, una formidable dotación de recursos naturales para producir determinados tipos de bienes. Estoy comprometido con esta idea, pero por observación de la realidad. Es muy difícil que un país que tenga la formidable dotación de recursos naturales que posee Uruguay no tenga en el aprovechamiento de esos recursos naturales una plataforma competitiva formidable.

Lo que sí tenemos que hacer es sofisticar cada vez más la producción que se aprovecha de estas ventajas y condiciones básicas productivas que tiene el país. Las políticas de innovación más exitosas de un país son las que se desarrollan sobre su base competitiva real. Es sobre esa plataforma productiva que tienen que actuar las políticas de innovación, las políticas de sofisticación de servicios que hacen que la producción exportable de materias primas se entrelace con el resto de la economía. Creo que el paradigma a evitar es el de un país productor de materias primas tipo enclave, en el cual se producen solo materias primas, por tanto con procesos poco sofisticados, pero, además, en el que esa producción se vincula poco con el resto de la economía. Las políticas económicas y las políticas sectoriales deben, sobre la base de esas realidades productivas competitivas, aprovechar y sofisticar los vínculos entre esa producción y el resto de las producciones, en la logística, en lo comercial, en lo tecnológico, en lo que se refiere a las tecnologías de la información. El sector competitivo de la economía uruguaya es el mejor ámbito para sofisticar la producción.

Yo no me imagino a Uruguay convirtiéndose de un país que tiene formidables condiciones para producir materias primas, en un país que produce, por ejemplo, tecnología celular.

- ¿Y el software?

- El software es un gran éxito, pero es un éxito de U$S 200 millones de exportación mientras que el sector competitivo del que hablamos representa U$S 6.000 millones. Para que el software se transforme en una base más amplia de capacidad de competitividad uruguaya a nivel internacional todavía hay que desplegar un esfuerzo enorme durante un largo período de tiempo. Pero lo interesante es que las mejores oportunidades para esta industria del software se dan si se entrelaza y comunica más con esa base competitiva que constituyen nuestros recursos naturales. Cuando uno piensa en proyectos como la trazabilidad ganadera y lo que ella puede significar para cambiar la gestión de la producción agropecuaria, con el acceso permanente a las tecnologías de la información y a distintos tipos de productos, que sólo se pueden utilizar si se tiene acceso a esas tecnologías informáticas, bueno, ahí vemos un camino para avanzar. No es negando lo que la naturaleza nos dio que vamos a llegar lejos.