REIVINDICACIONES SECTORIALES E INTERESES DE LA SOCIEDAD

Las partes y el conjunto

En Uruguay se ha iniciado la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas (RC) presupuestal. El gobierno, el sistema político, los gremios de trabajadores y cámaras empresariales, las autoridades de organismos públicos, la academia y el periodismo están ante el desafío de abordar integralmente los problemas. Pero no es sencillo: la puja por la reivindicación particular suele anteponerse al análisis previo del conjunto, dificultando la atención de las prioridades y las decisiones más justas y convenientes para la sociedad.

Así, los que reclaman el 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación, no siempre consideran las condiciones para el crecimiento del PIB. Con frecuencia se pide bajar los impuestos sin evaluar de qué manera se financiarían gastos sociales o de infraestructura que dependen de esos aportes fiscales. O, a la inversa, se plantean inversiones públicas sin tener en cuenta los costos fiscales. Se reivindica la baja de tarifas sin tener en cuenta cómo se asumirían gastos públicos que dependen en considerable medida de los aportes de las empresas del Estado (asunto de larga data en el país). Se desea un dólar más alto sin atender a la capacidad de compra de los ingresos fijos de la población o los intereses de sectores importadores. A la inversa, se quiere asegurar la defensa de estos intereses sin pensar en la competitividad que, con el mismo derecho, reclaman quienes dependen de la exportación de bienes y servicios transables. Mientras gran parte de los productores agropecuarios e industriales aspiran a un determinado manejo cambiario, los que viven del turismo interno desean lo contrario.

En los planteamientos reivindicativos no solo se desconocen variables que es necesario considerar, sino que se “acomodan” los argumentos en función de intereses sectoriales. Por ejemplo, se comparan los precios de los combustibles en la región para fundamentar que deberían bajar, pero se omite que Uruguay no tiene petróleo, como sí lo poseen Argentina, Brasil y Chile. Tampoco se dice cuántos litros de combustible puede comprar un uruguayo con los ingresos promedio de su país y cuántos con lo que se gana en los lugares donde la nafta, el boleto o las tarifas son más “baratos”. Una vez más, las simplificaciones y las comparaciones entre cosas que no son comparables pueden llevar a conclusiones equivocadas. Sostener que un país “está caro” es decir muy poco. ¿Caro con relación a qué? ¿Caro para quiénes? ¿Caro para producir? ¿Caro para consumir? ¿Caro para exportar? ¿Caro para importar? ¿Caro para los que viven aquí o para los que llegan como turistas? Algunas de las ciudades más “caras” del mundo son también las que poseen niveles de vida de su población más elevados del planeta. Y urbes y países “baratos”, por ejemplo para los uruguayos que van a visitarlos, resultan insoportablemente caros para la población local.

CONTEMPLAR A TODOS, ¿POR IGUAL?

Lo cierto es que, como en cada RC, hay una lista interminable de exigencias y postulados que, de contemplarse separadamente, sin atender el carácter integral que deben tener las políticas económicas y sociales, podría llevar a retrocesos en el crecimiento (que no ha cesado en Uruguay pese al enlentecimiento de los últimos dos años generado en gran medida por causas exógenas, como la situación en la región). Se corre el riesgo de incurrir en decisiones injustas con unos u otros sectores de la sociedad, más dolorosas en el caso de los más débiles, o, incluso, a “soluciones” que, por inviables, solo podrían existir en un mundo de fantasía donde los recursos cayeran del cielo.

Lo anterior está expresado con brocha gruesa: ni los dirigentes sindicales ignoran que un 6% del PIB es diferente según el tamaño de éste, ni los empresarios exportadores desconocen que el dólar hoy no puede estar a cuarenta pesos, entre otras razones porque la moneda de Estados Unidos viene bastante “planchada” desde hace tiempo. El asunto es que, a la hora de las reivindicaciones, suele no reconocerse la otra “pata” del asunto. O, mejor dicho, las múltiples “patas”, es decir, los indicadores, las variables, los factores diversos y a veces contradictorios que hay que tener en cuenta para decidir políticas económicas, salariales, de estímulos a la producción, de generación de recursos para el funcionamiento del Estado, etcétera.

A veces se oye decir: “no me importa el déficit fiscal; quiero mejor sueldo”. O: “no necesito los equilibrios macroeconómicos; que baje el costo del Estado”. Al primer reclamante podría decírsele que la situación fiscal del país está mucho más ligada a su salario que lo que él pueda pensar: si no se revierte el crecimiento del déficit, las fortalezas que tiene Uruguay internacionalmente pueden debilitarse, y eso significaría resentir el crédito del país, las inversiones, los acuerdos comerciales, los respaldos financieros, y todo eso termina, más rápido que tarde, incidiendo en el empleo y en las posibilidades de crecimiento de los ingresos.

En cuanto a los que reclaman bajar el costo del Estado sin contemplar la macroeconomía, se les podría recordar que los equilibrios de la economía ‑se mire desde el sector privado o del público- dependen entre otras cosas del funcionamiento adecuado de los organismos estatales, de lo cual en varias áreas y por diversos motivos aún se está lejos en Uruguay. En el costo del Estado entran los gastos sociales (educación, salud, vivienda, etcétera) y de infraestructura física, los estímulos a la producción, la promoción de la inversión, de la ciencia y la tecnología.

SIMPLIFICACIONES QUE NO AYUDAN A LOS DEBATES

No contribuyen a interpretar la intrincada trama de intereses en juego ciertos tratamientos mediáticos. El mes pasado grandes titulares y la consiguiente catarata de twitters alertaron sobre un importante crecimiento del número de empleados públicos durante 2016, en sentido contrario a lo que el gobierno ha proclamado y la ciudadanía reclama. Sin embargo, cuando un jerarca “tradujo” ante los medios de prensa el contenido de un capítulo anexo a la Rendición de Cuentas (centenares de hojas que seguramente casi ningún periodista leyó), resultó que el año pasado la cantidad de personas vinculadas laboralmente al Estado disminuyó en 2.536, pese a que creció de manera considerable el número de docentes, enfermeros, médicos y policías, o sea, no de “burócratas oficinistas” sino de funcionarios que se desempeñan en áreas fundamentales sobre las que la población reclama mayor atención.

Asimismo debería aceptarse que no es fácil evitar que, con la intención de sintetizar y explicar cosas complicadas, se incurra en simplificaciones y distorsiones de la realidad. Lo malo es que muchas veces se hacen eco de ellas hasta los políticos, muchas veces movidos por la demagogia. No se puede pretender entonces que el ciudadano común desenrede con facilidad en su cabeza la madeja de factores que se deben tomar en cuenta para adoptar decisiones en materia presupuestal.

Nada de esto quita el pleno derecho de todos a protestar y proponer. Y, naturalmente, un gobierno puede equivocarse al determinar las prioridades, apuntar mal a tal o cual objetivo, hacer un inadecuado manejo de las herramientas de política económica disponibles e, incluso, no advertir que algunas de esas herramientas existen o son aplicables en determinado contexto.

Para complicar aun más las cosas, el abordaje integral de los problemas exige, hasta para debatir el presupuesto de un pequeño país, considerar las condicionantes exógenas, que gravitan fuertemente en las cuentas de cualquier nación. Por supuesto que reconocer las condicionantes internacionales no implica claudicar en los esfuerzos por torcer las inequidades del orden mundial, que tanto repercuten en nuestra región, y sería bueno que cada vez más países y movimientos políticos y sociales se sumaran a esfuerzos conjuntos en ese sentido. Pero no es posible esperar cambios globales para encarar las tareas que reclama la sociedad en cada momento. En Uruguay se debe tomar la decisión sobre el proyecto de RC enviado el mes pasado por el Poder Ejecutivo al parlamento. Cualquiera sea el resultado final del debate, cabe aspirar a que se tengan en cuenta las complejidades y contradicciones a las que se ha hecho referencia anteriormente.