¿CAMBIÓ ALGO LUEGO DE LAS ELECCIONES?

La democracia en Uruguay

¿CAMBIA LA DEMOCRACIA EN URUGUAY?

En varios rankings Uruguay forma parte del grupo de países gobernados por las democracias más avanzadas, sumando elecciones con múltiples partidos y condiciones relativamente parejas de los ciudadanos, al mismo tiempo que una tradición política favorable al sistema. 

¿El cambio en curso desde un gobierno de izquierda a otro de centro-derecha -aunque con una porción de derecha preocupante- altera la calificación democrática del Uruguay?[1]

La primera respuesta es no; el gobierno emergente surgió de elecciones libres, los líderes de los dos principales partidos de la “Coalición Multicolor” y del Frente Amplio tienen un firme compromiso con la democracia, y la cultura política uruguaya rechazaría un quiebre de este sistema de gobierno. Sin embargo, el carácter de urgente que se asignará a un proyecto de ley tan vasto como el presentado en borrador hace pocas semanas, matizaría nuestra democracia al incluir propuestas sobre una diversidad de temas fundamentales. Esa rotulación de “urgente” obligaría al parlamento a expedirse en un lapso perentorio de 90 días, pasados los cuales quedaría aprobado el texto proveniente desde el Poder Ejecutivo.

Dejando de lado la constitucionalidad o no del anteproyecto, y su contenido, sus características son una amenaza a la democracia tal como ella se ha practicado en los últimos treinta años en Uruguay. Y esto por varias razones:

• Reduciría el papel del Parlamento al obligarlo a analizar y procesar disposiciones complejas en un plazo de 90 días, en ambas cámaras, cuando las leyes importantes comportan normalmente más de un año de debates, negociaciones y acuerdos en comisiones, las que convocan a un amplio espectro de expertos y grupos sociales interesados. La Ley General de Educación, por ejemplo, se aprobó el 12 de diciembre de 2008, cuarenta y cuatro meses después de que asumió el gobierno del Frente Amplio y como resultado de un intenso debate. El anteproyecto de ley de emergencia, que contiene artículos que cambian radicalmente esa ley, debería aprobarse en 90 días. 
• El anteproyecto de ley incluye temas que no son de “urgente consideración”; casi todos no lo son, aun con una definición amplia de la misma. Así, las modificaciones a la Ley de Medios solo es urgente para las empresas del sector que pretenden ampliar sus negocios, y la autorización a producir chorizos en carnicerías puede ser urgente para los carniceros, pero lesiona el sano juego político. 

La urgencia llevada al ridículo. “Autorízase a las carnicerías de corte en todo el territorio nacional la elaboración de productos embutidos con carne fresca (chorizo carnicero artesanal)”. Artículo 318 del anteproyecto de ley de urgencia.

• El anteproyecto contiene numerosas disposiciones que cambiarían total o parcialmente leyes aprobadas en los últimos 15 años, constituyendo así un antecedente para que cada gobierno que cuente con mayoría parlamentaria pueda modificar de una vez y en tres meses gran parte de las disposiciones aprobadas por el anterior si es que no contaron con su acuerdo.
• La implementación de numerosas disposiciones contenidas en el anteproyecto requeriría financiamiento público, por lo cual podrían haberse integrado al proyecto de ley presupuestal que el gobierno debe presentar.

Finalmente, el anteproyecto no tiene una exposición de motivos que identifique sus propósitos y explique cómo contribuirían sus disposiciones a alcanzarlos. Esa ausencia obliga a imaginar el diagnóstico, los objetivos y la coherencia de las medidas propuestas con estos, entre otras en materia de seguridad y educación. Algunos de esos objetivos sí están claramente implícitos: en el plano económico buscan facilitar los negocios eliminando disposiciones que favorecen la transparencia financiera y derechos laborales; y en seguridad pública aumentan las penas a infractores mayores y menores de edad, y expanden peligrosamente el ámbito del derecho a la defensa propia y el de la intervención policial. 

La volubilidad es una práctica corriente en la política. La oposición consideró que el Frente Amplio había corroído la democracia mediante el uso de su mayoría parlamentaria. Ahora, a punto de ser gobierno, se propone utilizar ese medio en una versión extrema: presentando un proyecto de ley ómnibus, equívocamente urgente, preparado entre gallos y medias noches por el partido mayoritario de la coalición, lanzado a la luz pública la penúltima semana de enero, y que sería aprobado por el Poder Ejecutivo y enviado al Parlamento el 2 de marzo, para su aprobación en 90 días.

LA DEMOCRACIA URUGUAYA Y SUS DESAFÍOS

La democracia uruguaya continúa vigente y eso es un buen dato; no lo es, en cambio, el anteproyecto de ley de emergencia.

Desde una perspectiva más amplia sobre la evolución sustantiva de la democracia, siempre será necesario seguir avanzando en superar las deficiencias, en cuanto a la igualdad social, que influyen sobre la participación ciudadana en el proceso político, no solo electoral; incluyendo la información que dispone la población, la posibilidad real de conformar medios de comunicación de masas y de reunir los recursos financieros necesarios para intentar el éxito electoral (estas últimas claramente favorables al sector más próximo a los intereses empresariales).

En otro plano, también es importante que no crezca -y más bien se diluya- el todavía limitado nubarrón representado por la población que no está convencida totalmente de las ventajas de la democracia, lo mismo que por un partido que integra la futura coalición de gobierno cuyas credenciales democráticas todavía no están aseguradas. 

Según el informe 2018 de Latinobarómetro, Uruguay está entre los países de América Latina en el que los ciudadanos se muestran menos favorables a gobiernos no democráticos, o que justificarían que, dadas ciertas circunstancias, esta se altere. Sin embargo, la tendencia no ayuda; la proporción de la ciudadanía indiferente o predispuesta a gobiernos no democráticos ha venido en ascenso. Esta parte de la ciudadanía puede conformar la base para un partido de derecha que no se vea representado en los de centro-derecha (partidos Nacional y Colorado), algo que ocurrió a comienzos de 2019 cuando se conformó Cabildo Abierto, cuyo líder absoluto no ha confirmado plenamente su compromiso con la democracia, aunque se ha volcado de lleno al proceso electoral.