MEMORIA Y DDHH

El largo camino de los Derechos Humanos: la disputa por el Nunca Más

Unos días antes de la publicación de este artículo en Vadenuevo se habrá realizado la Marcha del Silencio. Como ocurre cada 20 de mayo desde hace ya más de dos décadas, desde 1996, precisamente, el silencio camina en las calles de nuestro país como homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio de sus violaciones a los Derechos Humanos.

Desde sus inicios, la lucha por Verdad, Justicia y Nunca Más ha tenido que sortear innumerables obstáculos y dificultades para conocer el destino de las víctimas y castigar a los culpables.

Atravesando gobiernos de diferente signo, la lucha por la verdad y la memoria histórica ha sido un lento trabajo para conocer lo que pasó con tantas y tantos compatriotas. No solo el lento trabajo de investigación, búsqueda o las innumerables instancias judiciales sino, además, la porfiada lucha contra las voces negacionistas del Terrorismo de Estado.

Estas voces negacionistas constituyen un discurso de odio en el que se propaga por cualquier medio una retórica que discrimina, humilla, pone en riesgo la paz social y que tiene como objetivo denostar públicamente a una persona, un colectivo, una idea o una reivindicación.

Este discurso ha sido particularmente virulento contra las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos violentados durante la última dictadura militar.

El discurso negador del pasado reciente reduce a las víctimas, las justifica como producto de un enfrentamiento, argumenta que existieron víctimas de uno y otro bando y que, en definitiva, la impunidad es creíble bajo el manto del cumplimiento de órdenes y es necesaria para que el país avance en la convivencia democrática.

Las posturas negadoras del pasado reciente y del Terrorismo de Estado, argumentan que los Derechos Humanos constituyen un relato construido por organizaciones de izquierda y radicales motivadas por intereses que se alejan de los valores de igualdad, o, en algunos casos, por intereses corporativistas de ciertas organizaciones dedicadas a tales fines.

Afirmar que en Uruguay no hubo dictadura es ir contra la historia escrita y documentada de este país. Esta posición no solo no tiene sustento alguno en los graves sucesos por los que ha transitado el Uruguay, sino que minimiza las profundas y nefastas consecuencias que el terrorismo de Estado ha dejado en el tejido social en general y a las víctimas en particular. Asimismo, descalificar la sostenida búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, resultado de ese terrorismo de Estado donde participaran integrantes de las Fuerzas Armadas deslindando responsabilidad en estas como en otras graves atrocidades es una revictimización a los familiares que legítimamente reclaman por verdad y justicia. (INDDHH, 2018)[1]

Los pensamientos negacionistas se han ido amplificando en diversos ámbitos políticos, periodísticos y redes sociales, dando forma a un debate polarizado entre estas posiciones y las de quienes condenamos a la dictadura militar y los diversos crímenes cometidos.

El negacionismo se amplifica principalmente en sectores conservadores, en sectores con una orientación política de derecha, especialmente en sectores jóvenes de la sociedad que, por su edad, no vivieron en esos años.

Sus argumentos giran en torno a la cantidad de víctimas, a la cantidad de desaparecidos, a las supuestas torturas, a la calificación de presos políticos de los pocos represores que están en prisión, a la cuantía y la oportunidad de las reparaciones económicas a las víctimas y cualquier otra forma de reparación que pueda invocarse por razones de violaciones a los Derechos Humanos.

¿Hasta qué punto debemos tolerar los pensamientos negacionistas que sustentan jurídica y éticamente la necesidad de cerrar la página del pasado, así sin más?

¿Hasta qué punto debemos tolerar que se reste importancia a la necesidad de juzgar a quienes violaron los Derechos Humanos, los dictadores, los colaboradores, en definitiva, quienes tuvieron responsabilidad en estos hechos?

¿Qué amenaza interna o externa puede justificar las violaciones a los Derechos Humanos, que amenaza puede justificar el poder del Estado aplicado con todo su rigor para imponer un modelo autoritario de sociedad y de relacionamiento democrático?

¿Qué teoría puede justificarse, amparada en una supuesta “situación de guerra”, diciendo que para pacificar un país se puedan cometer “excesos” por parte de quienes tenían y tienen a su cargo mantener el orden interno y la seguridad exterior de un Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas? 

¿Qué excesos se pueden justificar por parte de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas cuando actuaban bajo la orden de las más altas jerarquías militares y políticas que respaldaban, muchas veces explícitamente, el accionar de los subordinados bajo su jerarquía?

Es necesario que los sistemas democráticos que sufrieron las dictaduras militares entre los años 60 y 90 desacreditemos de una buena vez la justificación de la represión, las torturas y las desapariciones sistemáticas como una forma legítima de enfrentamiento con un enemigo interno y externo o como una forma legítima de pacificación nacional.

La teoría de los dos demonios como mecanismo o dispositivo de argumentación (Rico, 2022) es una operación política y cultural de gran magnitud. La promueven sectores conservadores y reaccionarios de la sociedad, está amparada en los grandes medios de comunicación que le dan visibilidad y es replicada en redes sociales, logrando una presencia y una permanencia en el imaginario colectivo.

Es una prédica instalada, un revisionismo al revés, que se sustenta en denostar, ensuciar, minimizar y relativizar los argumentos sostenidos y esgrimidos por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, concretamente a la que aglutina a los ex presos y presas políticas o la organización de famililares de personas desaparecidas, Crysol y Famidesa.

En este contexto, asistimos a una disputa por la consigna del Nunca Más en la que se cruzan narraciones contrapuestas.

Dos días antes de la Marcha del Silencio del 20 de mayo, el 18, se celebró una misa presidida por el cardenal Daniel Sturla y el exmilitar y sacerdote Lusararian. En esa celebración se homenajeaba al Ejército Nacional.

La celebración tenía, además, como un objetivo solapado y no explícito, el de disputarle a las organizaciones de Derechos Humanos la vieja consigna de Nunca Más, que puede ser levantada y utilizada por quienes sean que la utilicen, eligiendo qué recordar, cómo y por qué se lo recuerda.

De esta manera las posiciones se difuminan y se diluyen porque todos quieren el Nunca Más. Todos, de una u otra manera, son partidarios del Nunca más.

Estos episodios muestran que ese pasado sigue en discusión en las disputas del presente. A los historiadores, la etiqueta pasado reciente nos resulta un poco incómoda: son cosas que tienen medio siglo. Es un pasado que no pasa, marcado por traumas individuales y colectivos. Mi generación tenía muy integrada la consigna “Nunca más”. Pero me parece que muchas de estas revisiones demuestran que esas consignas que guiaron nuestro compromiso ciudadano y nuestra forma de interpretar el pasado, hoy están en disputa. Se hacía una interpretación según la cual estaban los partidarios de la memoria, por un lado, y los del olvido, por otro. (Delacoste, 2022)

La diferencia está en que nuestro Nunca Más reivindica recordar a las víctimas del Terrorismo de Estado, de la tortura, de las violaciones, del secuestro de niñas y niños y la desaparición de sus madres y padres. El otro “nunca más” es el Nunca Más del olvido disfrazado de pacificación.

Esta mutación (Rico, 2022) persigue diversos objetivos a mediano y largo plazo. Implica ciertas consecuencias que no deseamos como sociedad: en primer lugar, retroceder lo poco que se ha avanzado en materia de Derechos Humanos y el reconocimiento del Terrorismo de Estado; segundo, apropiarse de una consigna y un discurso legitimador para quienes cometieron esos delitos; y, por último, legitimar, de ser necesario, la violencia estatal para posibles conflictos que puedan ocurrir en un futuro más o menos cercano.

El discurso negacionista del Terrorismo de Estado, el discurso conciliador que esconde el olvido a las violaciones de los Derechos Humanos debe ser deconstruido por quienes sostenemos la necesidad de un Nunca Más basado en la actuación de la Justicia contra quienes tienen una responsabilidad señalada en esos hechos.

No puede existir el olvido, así sin más. No existe la posibilidad de un perdón basado nada más que en las cualidades humanas de quienes sean capaces de perdonar. No es un acto de piedad, tampoco un acto de revancha o de venganza: es un acto de justicia.

La razón correcta […] es para desacreditar, de una vez por todas, la justificación de las sistemáticas políticas estatales de represión, tortura y asesinatos masivos. Los juicios y sus veredictos son las decisiones ponderadas de la sociedad en su conjunto, que se expresan a través de la voz más autorizada disponible en democracia: lo que se hizo estuvo mal y nunca más se debe repetir. (Dinges, 2021, Epílogo, Los condenados y sus víctimas)

Debemos confrontar el discurso negador del Terrorismo de Estado en base a argumentos contundentes, sólidos y basados en un apego irrenunciable a las normas jurídicas y el Estado de Derecho.