LA SUPRESIÓN DEL TRATO IGUALITARIO EN INTERNET

La información como privilegio

El 14 de diciembre último, la poderosa Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos decidió derogar una decisión anterior suya conocida como de “Neutralidad de red”, adoptada en 2015 por iniciativa del presidente Obama. Esta vez, con el aplauso del actual mandatario Donald Trump, fueron los tres miembros republicanos de la Comisión, frente a los votos contrarios de los dos demócratas restantes, los que lograron revertir la situación vigente, por la cual los operadores estaban obligados a tratar en un pie de igualdad a todos los participantes y sus contenidos. El régimen anterior resurgido se ha denominado, contra toda lógica, “Libertad de internet”, de donde se deduce que, para sus promotores, la libertad en cuestión solo incumbe a los proveedores de los servicios.

Dado el dominio que ejerce Estados Unidos en el sector de las comunicaciones a nivel mundial ‑y ni qué hablar de internet, invento norteamericano y especialidad de los consorcios establecidos en Silicon Valley‑, las decisiones de la FCC suelen repercutir en todo el mundo. Es necesario por ello entender el entorno en el que tienen lugar y cuáles podrían ser sus consecuencias.

EL MILAGRO INTERNET Y SUS LIMITACIONES

Los servicios de internet se difunden por el mundo, ya sea por cable o por ondas hertzianas. El cable hecho de fibra de vidrio (“fibra óptica”) aumenta notablemente la velocidad de trasmisión y permite acrecentar el volumen de datos cursados al mismo tiempo. Pero es más costoso. Por su parte, el espacio de las ondas de radio se divide en frecuencias, asignadas a cada operador, pero su número es limitado. La anchura de banda, cada vez más requerida en las comunicaciones modernas que suelen incluir imagen de alta resolución y sonido de calidad, coadyuva a la saturación del espectro de radiofrecuencias disponible y, en consecuencia, los servicios tradicionales, como la radiodifusión sonora y televisiva, tienen que ceder sus frecuencias y pasar a otras posiciones, donde procurarán compensar el estrechamiento de su banda mediante la digitalización, obligando al usuario a adquirir nuevos receptores o dispositivos de decodificación.^[1]

Pese a todas estas costosas reformas, ya casi no queda espacio para nuevos servicios. Todos hemos sentido alguna vez los efectos de este embotellamiento al navegar por la red, el que se traduce en el aletargamiento de la comunicación, frecuentes caídas o hasta la imposibilidad de llegar a la fuente de información buscada o a los programas audiovisuales de mayor demanda. Muchas veces lo que empeora la situación es la omnipresencia de la publicidad, que “come” las capacidades de la red, sobre todo en el plano de la velocidad de trasmisión.

En principio, la velocidad de trasmisión depende del medio utilizado (cable óptico, atmósfera o espacio sideral). Pero lo mismo que en las rutas terrestres cuando se atascan, la saturación del tráfico obstaculiza la corriente de datos y produce interferencias que afectan la recepción. Las soluciones técnicas son variadas y constituyen una lucha permanente por lograr que el medio acepte cursar simultáneamente cantidades cada vez mayores de datos, y mejorar al mismo tiempo la capacidad de recepción de los dispositivos finales, sin que el empeoramiento inevitable de la calidad llegue a perturbar su percepción por el usuario.

En un plano más general, puesto que los servicios vinculados a la trasmisión de datos por internet se han vuelto hoy indispensables y universales, la contradicción que surge es entre su función de servicio público y su carácter de mercancía, sometida a las leyes del mercado.

EL BIG BROTHER EN ACCIÓN

Cuando George Orwell creó en 1949, en su novela “1984”, al incógnito personaje Big Brother^[2], no podía prever la revolución que produjo después internet y su ulterior perfeccionamiento y expansión, ni las posibilidades que ofrece hoy para penetrar en la vida privada de las personas.

Hace poco, el distribuidor de información filtrada Wikileaks, creado por Julian Assange, denunció los lazos que unen a los grandes motores de búsqueda y algunas ”redes sociales“ con el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los EE.UU. La batalla de ”fake news“ entre EE.UU. y Rusia alcanzó su apogeo con el escándalo en torno a los presuntos intentos de Rusia de influir en las elecciones presidenciales norteamericanas en favor de Donald Trump o, lo que es casi lo mismo, en contra de la elección de Hillary Clinton.

Si agregamos a esto la exorbitante cantidad de datos personales acumulados por los operadores y servicios auxiliares sobre los usuarios y que cuentan con su acuerdo tácito o consentido para su uso comercial, por ejemplo para el envío de anuncios publicitarios ”a la medida“, no es de extrañar el verdadero “boom” de programas de apoyo, generalmente gratuitos, creados en todo el mundo casi sin ningún control, a partir de los cuales los propietarios pueden vender direcciones electrónicas con sus respectivos intereses, sitios visitados, contactos y demás. Los creadores se defienden diciendo que estos permisos mejoran el funcionamiento del programa y que cada uno puede desactivar las opciones propuestas en el momento de abrir una cuenta y también después, accediendo a la función de ajustes. Pero quien se tome el trabajo de estudiar los accesos que el programa exige para poder funcionar, se dará cuenta que muy pocos tienen algo que ver con sus funciones propiamente dichas.

Una de las redes sociales particularmente hábil en sonsacar datos de los usuarios es Facebook, que también nosotros usamos para difundir vadenuevo más allá de los lectores registrados. La sofisticada elaboración de datos cruzados le permite sorprender al usuario con nombres de su ámbito de relaciones al enviarle sus consabidas “sugerencias de amistad”. Y uno se pregunta: ¿cómo saben que conozco a este tipo? Descartemos que sea el propio conocido quien hubiera manifiestado interés en cultivar nuestra amistad, pero si dejamos abierta la función de detección de las coordenadas del lugar donde se encuentra el teléfono, como se recomienda, no es de extrañar que el haber estado compartiendo una rueda de café con algunos amigos, todos con otros tantos teléfonos ubicables, sea suficiente para deducir que los dueños de esos números se conocen entre sí. Los algoritmos de informática y la velocidad de tratamiento hacen el resto.

Al principio, todo esto no tenía nada de conspirativo: su objetivo era puramente comercial y la colección de datos personales servía principalmente como una fuente de jugosas ganancias mediante el uso propio de toda esa preciosa información o su venta a terceros. Sin embargo, como era de prever, muy pronto despertó el interés de los servicios secretos que eufemísticamente los anglosajones llaman ”de inteligencia“. Al interés comercial se unió entonces la presión de los aparatos de seguridad del Estado, que obligaron a los proveedores de internet y correo electrónico a colaborar con patriotismo en las tareas de vigilancia y control de la población.^[3]

Luego sobrevino la época de la ”posverdad“, las fake news y la desinformación con fines políticos. La elección presidencial de 2016 en EE.UU. fue otra oportunidad para probar las posibilidades de los medios electrónicos de difusión a los efectos de influir en el electorado, apoyados por algunos medios convencionales. El populismo moderno sabe adaptar su discurso a los deseos de un electorado sin formación política, basándose precisamente en los resultados del análisis en gran escala del sentir de la sociedad. La campaña del candidato republicano Donald Trump fue exitosa, independientemente de que le hayan ayudado o no los rusos, entre otras cosas gracias a su dominio de esta técnica.

Si mezclamos todo, la finitud del medio físico disponible, el gran negocio de los datos personales, así como su valor para la vigilancia y la manipulación de la opinión pública, junto con el rol de encasillamiento de los grupos humanos desempeñado por las redes sociales, tendremos en la sartén un revuelto retrógrado que más de uno tratará de aprovechar.

EL REAJUSTE DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Derogada la concepción igualitaria, los operadores se ven en la posibilidad de decidir por su cuenta las modalidades de tratamiento de los datos enviados a la red para su difusión: podrán dar preferencia a determinadas informaciones o trasmisiones que, en su opinión, merecen parámetros de velocidad más elevados, con lo cual llegarán más fácilmente a todas partes, y relegar el resto a tener que recorrer rutas más accidentadas hasta perderse en el mundo virtual o viajar sin rumbo por el espacio sideral. ¿Con qué criterios resolverán este dilema?

Si nos basamos en sus declaraciones públicas, no les mueven motivos políticos y no desean crear un complicado y costoso sistema de censura. No obstante, últimamente los Estados insisten en la necesidad de combatir algunos excesos, como manifestaciones de pedofilia, promoción del delito, la toxicomanía o el terrorismo, mediante el bloqueo de algunos contenidos, lo que debería regular la ley.

Tampoco parece apropiada la idea de basarse en la popularidad de las fuentes respectivas, establecida por medio de votaciones del estilo ”me gusta“ y ”no me gusta“ u otras encuestas de eficacia dudosa. Más bien parecería que prevalecerá el lado práctico de la cuestión, es decir el de la ganancia.

La solución económica sería la de dividir la capacidad disponible en segmentos de velocidad diversa en función de una tarifa diferenciada, tanto para su subida a la red (interés de los autores) como para su descarga (interés del usuario). Es posible, aunque puede obviarse, la publicación de una lista de títulos y/o resúmenes de obras disponibles, en función de la capacidad monetaria del interesado, en un sistema semejante al practicado por el servicio de provisión de videos a la carta. Pero lo más sencillo será que la decisión la adopte el operador sin consultar a nadie, ya sea solo o por recomendación de las autoridades. Podría darse el lujo de difundir también las obras juzgadas inapropiadas, para que no se diga que las ha censurado, pero las mismas serían enviadas por los canales más lentos. Si la descarga rápida se ofreciera a un precio mayor en todos los casos, la realidad social se encargaría luego de ajustar el derecho de información a los ingresos de las personas. Demás está decir que los autores con menos recursos, entre ellos los movimientos políticos de izquierda, tendrían mayores dificultades para hacer llegar su voz a las grandes masas de ciudadanos.^[4]

Y EL DIABLO SE ASOMA

El fin reconocido del trato igualitario y la consagración de la discriminación como método lícito favorecerán las tendencias a hacer de internet un instrumento de la lucha ideológica. La admisibilidad del apoyo discriminatorio por motivos ideológicos o políticos no pasará desapercibida por las fuerzas conservadoras del establishment, que pueden ver en ello una oportunidad para trabajar las mentes de los internautas. Seguramente no serán los operadores los que se dediquen a este trabajo sucio, ellos tienen otros intereses. Pero existe en EE.UU. un conjunto de instituciones dedicadas a actividades ocultas en nombre del Estado, y su poder, después del fatídico 11 de setiembre de 2001, ha crecido considerablemente. Si esta “Comunidad de Inteligencia”, como se la ha llamado, fue capaz de operar cambios en la administración Trump para eliminar los obstáculos con que tropezaba su lucha contra la intromisión extranjera, real o imaginaria, no sería de extrañar que también aprovechen las nuevas condiciones para lanzar una ofensiva propagandística a la hora de ganar nuevos adeptos para las políticas oficiales, el apoyo a las acciones armadas en el exterior y la desinformación. Si los medios de propaganda del Estado adoptaran las nuevas posibilidades abiertas por la decisión de la FCC, una consecuencia directa será que la lucha por la verdad se verá aún más dificultada.

Cabe imaginar, por ejemplo, una expansión de los servicios de la Voz de América (VOA), vocero oficial del Gobierno estadounidense, y su difusión prioritaria por las redes con el fin de competir con el servicio informativo ruso RT, a su vez limitado en virtud de la reglamentación en vigor. Pero esta limitación podría aplicarse asimismo a cualquier fuente independiente cuyas opiniones se consideren nocivas. En tiempo electoral, determinados intereses económicos podrían influir en la masa de electores con un buen cóctel de propaganda populista. Podría ser que estos materiales sean apoyados con fuertes sumas de dinero en nombre de la solidaridad, para asegurar una amplia difusión sin costo para el usuario final. Los más exigentes en materia de información objetiva, serán también los que tengan medios para pagarla. De tal suerte se protegerá el derecho de las clases altas a la información.

En consecuencia, existe el peligro real de un nuevo totalitarismo que deje en ridículo los métodos obsoletos de la propaganda política tradicional. Ya no será necesario esconder las intenciones bajo un manto pretendidamente igualitario, puesto que el principio de igualdad como tal se ha suprimido. El nuevo lema es la libertad pura y simple, de la cual, como se sabe, son los detentores del poder quienes sacarán siempre el mayor provecho