FACTORES QUE DISTORSIONAN LA VALORACIÓN CIUDADANA

Los logros que no son evidentes

Hay un hecho en la campaña electoral uruguaya que no salta a la vista y que para muchos pasa desapercibido.

Las próximas elecciones, que siguen a tres períodos de gobierno del Frente Amplio, suponen forzosamente un pronunciamiento sobre esa gestión, y la ratificación o el retiro de la confianza en su conducción.

Ahora bien: en las valoraciones que se realizan incide un factor que las complica: algunos de los logros más notables de esa gestión no se refieren a temas que el país ha resuelto con éxito, sino a problemas pendientes de solución y que se citan entre sus dificultades.

Este artículo mencionará dos ejemplos. Están muy lejos de ser los únicos.

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Uno de los logros más espectaculares que los gobiernos del Frente Amplio pueden mostrar a los ciudadanos es un hecho realmente asombroso: una hazaña que en cualquier momento anterior se habría descartado como imposible por completo.

Esa hazaña consiste en algo que no nos está ocurriendo.

Respecto de la situación económica siempre fue dogma, o un dato elemental, que si Argentina o Brasil estornudaba el Uruguay no podía evitar una pulmonía. No era ninguna especulación teórica, sino la experiencia invariablemente confirmada en la historia del país. Nunca había podido evitar el contagio agigantado de los males de sus vecinos.

Hoy la Argentina sufre una crisis económica galopante. El Banco Mundial resume[1] que “Después de una caída del 2,5% del PIB en 2018, se espera una contracción de 1,3% para 2019. En un contexto de una inflación anual superior al 50% (el mayor nivel desde 1991), el peso argentino recuperó la volatilidad y se depreció más del 13% durante el 2019 … La incidencia de la pobreza alcanza el 41% entre los niños de 0 a 14 años de edad.” Pero no es sólo la Argentina. En Brasil la economía se contrajo un 7,6% entre 2015 y 2016, y ha vuelto a contraerse en 2019 en todos los sectores, “en un contexto de elevado desempleo”.[2]

Que el Uruguay no esté hoy sumido en una crisis catastrófica, que su crecimiento sólo se haya atenuado sin dejar de ser positivo, que sus índices de pobreza e indigencia mantengan los progresos gigantescos de los años anteriores, son hechos inverosímiles según toda la experiencia anterior del país. No son frutos del azar ni de “vientos de cola” ni de circunstancias fortuitas ni de la providencia ni la ayuda de nadie. Los debemos a una política económica que rescató al país de dependencias tradicionales malsanas, que impuso una prudencia que hoy nos salva y que obró con coherencia durante los tres gobiernos del FA.

Los sentimientos que esto merece suscitar son el alivio, el entusiasmo y la admiración. De hecho, al seguir encontrándonos en el ojo de semejante tormenta regional, la consecuencia es inevitable: los sentimientos que predominan apuntan, por el contrario, a la preocupación.

Una gestión económica cuyo acierto tiene trascendencia histórica no brilla entre los trofeos conquistados, sino que queda inscrita en el capítulo de los problemas y los peligros. 

Los logros que consisten en haber evitado o reducido calamidades no entusiasman fácilmente; y el efecto que esto produce en la valoración de muchos ciudadanos sobre su gobierno, y en las preferencias electorales que se generan, es una enorme distorsión.

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Hay muchas y grandes diferencias entre esa cuestión y otro asunto que en la preocupación de los ciudadanos está en primer plano: la criminalidad. Sin embargo, los dos temas tienen algo en común: también lo referente a la delincuencia y la inseguridad se mira a menudo sin considerar contextos y circunstancias, en forma que falsea la apreciación de la realidad y el juicio sobre la política que se sigue. Me referí a esto hace dos años en Nuestra inseguridad y nuestra delincuencia.

La criminalidad, en Uruguay, es un hecho grave y se ha agravado en los últimos años. La forma en que los medios de comunicación la exaltan agiganta su impacto, pero lo condenable de esa explotación interesada no quita que sea cierto el fenómeno. La criminalidad efectivamente es grave y efectivamente ha empeorado.

Esto es independiente de la necesidad de tener en cuenta las circunstancias que enmarcan la situación, porque ni la criminalidad ni su agravamiento son un fenómeno uruguayo. Muy por el contrario, se inscriben en un contexto regional en que nosotros, lejos de ser una excepción por padecer esos males, somos una excepción por la medida comparativamente muy baja en que nos afectan. 

Existe una tendencia muy generalizada a rechazar la comparación con lo que se vive en otros países, denunciándola como un pretexto inaceptable. Se reivindica la exigencia de que nuestra situación se compare solamente con nuestro propio pasado para señalar su deterioro. Y de ese deterioro se deduce sin más, como si fuera un corolario obvio, un dictamen de inoperancia y fracaso de la gestión pública.

Sobre esto hay cosas que es imprescindible precisar y separar. 

Desde luego sería absurdo negar importancia a la criminalidad porque en otros países sea mayor. Pero cuando tanto el hecho como su agravamiento, y también sus causas, son comunes a toda América Latina, la visión de un Uruguay insular, ajeno a todo lo externo, es imaginaria e irreal. Nunca podremos resolver ni atacar el problema, ni tampoco captarlo y entenderlo, si lo sustraemos de su real perspectiva y del contexto del que forma parte, que lo condiciona en muchos sentidos.

Fuente:  Datos extraídos de UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Global Study on Homicide – Homicide Database 2019.

La gráfica comparativa permite apreciar dos cosas fundamentales. La primera es la distancia enorme que separa la criminalidad en el Uruguay de su entorno sudamericano. La segunda es la semejanza evidente de las dos líneas, que incluye una similar tendencia de deterioro en los últimos años. 

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Hoy se cometen más crímenes que antes. Sí: en este mundo globalizado en que la delincuencia organizada campea, en que el narcotráfico engendra incentivos colosales y estructuras de poder delictivas como nunca existieron antes, en que la criminalidad se desata a escalas nunca vistas, vivimos el drama también en Uruguay. A pesar de que nos alcanza en grado menos terrible que en otros países, nos impone también a nosotros dramas, lutos y peligros como nunca antes sufrimos. Y ocurre a pesar del empeño y el esfuerzo dedicados a combatirlo.

¿Son adecuados esos esfuerzos? ¿Son idóneos? ¿Es competente esa gestión? Estas son preguntas que en la coyuntura electoral adquieren mayor trascendencia, porque la respuesta que les da cada votante pesa en su inclinación.

En el combate contra la criminalidad es muy difícil hablar de “éxito”. Suprimir la delincuencia por completo no es un objetivo viable: también en Suiza se cometen cuarenta o cincuenta homicidios por año. Y considerar exitoso el combate contra la criminalidad porque ésta se reduzca, o porque se contenga su acentuación, sería insultar a las víctimas inocentes ignorando sus tragedias.

Pero en un tema tan fundamental es indispensable un juicio fundado y serio, que no puede resultar de una apreciación superficial. La crónica de los crímenes que difunde el informativo genera un horror y una desesperación muy justificados; pero esa reacción no puede determinar el juicio sobre la labor cumplida.

Hay mucho que decir sobre eso. En Uruguay, en medio de los clamores que piden sin pausa la cabeza del Ministro del Interior, el combate contra la delincuencia se ha desplegado en toda clase de frentes. En muchos de ellos se han hecho avances muy importantes, y esto no es contradictorio con la otra verdad de que aún queda mucho por hacer: es tan falso negar lo uno como desconocer lo otro. Piénsese en la dignificación de la policía; la mejora de su remuneración; la lucha por depurarla de la corrupción que ha sido su mal endémico; la tecnificación de su equipamiento y el aumento de los recursos que se le destinan; la construcción y rehabilitación de cárceles; la lucha contra el narcotráfico… Repitámoslo: muchas de estas cosas son tareas en curso que hoy están incompletas. No se ha terminado de eliminar el hacinamiento carcelario, ni la corrupción en el aparato policial, ni son suficientes la vigilancia y la protección… con la misma evidencia con que se han logrado avances muy grandes y es incuestionable el contraste positivo con lo que teníamos hace quince años. 

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Hay entonces, también en este tema de la delincuencia y la inseguridad, un problema político que se añade a las dificultades del asunto mismo: el problema de la valoración justa de la gestión gubernamental. Y se da nuevamente la particularidad de que todas las simplificaciones coinciden en abonar las críticas que descalifican la gestión cumplida. Para percibir y apreciar sus méritos hace falta adentrarse en el fárrago de las medidas y los esfuerzos desplegados en los numerosos campos que esto involucra. En esos ámbitos en que todas las estructuras hacían agua era preciso atacar gangrenas y extirpar tumores; reparar vacíos e ineficiencias; dignificar actividades y afianzar valores; dotar de medios y construir estructuras y mecanismos capaces de hacer frente a desafíos enormes que, además, se acentuaban. 

En cambio, la noticia de un nuevo crimen alevoso puede bastar por sí sola para volcar el ánimo hacia la indignación y la convicción de que sufrimos un fracaso rotundo y escandaloso.

Cuando esto incide en definiciones electorales, su efecto puede ser muy pernicioso para la racionalidad de las decisiones ciudadanas. La valoración ecuánime de la gestión que se juzga requiere un grado de análisis y ponderación que muchos no sienten como obligatorio para definir su posición y adjudicar su voto.

Esperemos que la madurez política promueva en las elecciones, en la mayor medida posible, un ejercicio reflexivo y racional de ese poder.