VADENUEVO DE COLECCIÓN: DEL NÚM. 41 (FEBRERO DE 2012). UNA POLÍTICA DE ESTADO

Seguridad ciudadana: la mañana siguiente

Hace menos de dos años, el 10 de agosto de 2010, la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública[1] suscribía su Documento de Consenso. Hecho trascendente en la historia de nuestro país, ya que, por primera vez, todos los partidos con representación parlamentaria y el Gobierno de la República establecían grandes líneas de acuerdo para enfrentar uno de los principales problemas que afectan desde hace varios años a nuestra sociedad: la violencia y el delito.

En el Capítulo 2 del acuerdo político se establece que “la seguridad pública debe ser encarada como política de Estado”. Se entiende que la referencia a “política de Estado” tiene que ver con la necesidad de construir e implementar una política pública para enfrentar los desafíos de las amenazas de la violencia y el delito en el país. 

En esta dirección, el sistema político manifestaba que lo anterior implica: “a) La participación de todo el sistema político o -al menos- su gran mayoría. b) La participación de todo el Estado. c) La adopción de medidas que superen en sus efectos el mandato de la administración que las tomó, o comiencen a producir efectos visibles tiempo después de tomadas. d) Si es posible, el involucramiento de la sociedad civil”.

Más allá de las reservas que pueden señalarse respecto a las expresiones “al menos en su gran mayoría” y “si es posible” (ya que las experiencias más exitosas en la materia implicaron la participación y el compromiso de todo el sistema político y la permanente presencia de organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de las acciones preventivas que la política de seguridad ciudadana requiere), es imposible no compartir los objetivos del compromiso inter-partidario.

En especial, la expresa mención a que la seguridad ciudadana debe concebirse como un conjunto de iniciativas de diferente naturaleza, muchas de las cuales, necesariamente, implican plazos más extensos que los que involucran un período de cinco años de gobierno.

Es que no hay otra forma de concebir los lineamientos estratégicos respecto a los grandes desafíos de una sociedad democrática sino desde esa perspectiva: metas sólidas, sostenidas por el cimiento también sólido aportado por el convencimiento de que la rotación de los partidos en el poder es un pilar esencial, y que, a partir de esta premisa, se establecen las reglas de juego que hacen posible la convivencia de los seres humanos en el sistema que mejor han concebido hasta el momento para ello: la democracia.

En el punto 2.2 del Documento de Consenso, el gobierno y la oposición coinciden en que “(…) nuestra nación, en esta materia, debe afrontar y realizar reformas estructurales. Esta reforma obedece a un interés general que debe conservarse en forma permanente, ya que reviste una importancia crucial que afecta al futuro como país. Es entre todos que debemos responder al desafío de trabajar seriamente para mejorar la seguridad pública, y es este nuestro primer compromiso en la materia”. 

Y agregan en el punto 2.3 del citado documento: “En síntesis, debemos enfrentar los problemas de inseguridad con una concepción integral, con una eficaz política en prevención, represión y sanción, y seguir invirtiendo en políticas sociales para enfrentar factores determinantes de la marginalidad y la delincuencia”.

¿Qué ha pasado, entonces? Esta oportunidad de consolidar -de una vez por todas- amplios acuerdos políticos sobre una temática crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad y el estado de derecho a partir de la generación de confianza en una población crispada, defraudada, desorientada en muchos casos, no puede ni debe perderse. El sistema político sabe -o debería saberlo- que es imposible trabajar sobre los variados factores que inciden en la reproducción de la violencia y el delito en cinco, diez, quince años… 

¿No es posible levantar un poco más la mirada? El gobierno y la oposición tienen la enorme responsabilidad de rescatar el espíritu del consenso, y trasmitirlo clara y firmemente a toda la sociedad: es parte de las obligaciones irrenunciables del liderazgo político en una democracia.

Si nuestro país no logra superar con madurez, compromiso cívico y una indoblegable fe republicana los desafíos de estos tiempos (que, en especial, incorporan la seguridad ciudadana y la educación como su núcleo duro) poco importará el color de la bandera que asuma el gobierno nacional en las próximas décadas: o salimos todos juntos, o no hay salida.

Mi generación aprendió del general Líber Seregni a pensar siempre en la mañana siguiente. Estamos marcados por esa consigna. Nuestro deber es recordarla siempre, y llevarla a la práctica.