LA VÍA DE LA DEMOCRACIA DIRECTA CONTRA LA LUC

Una iniciativa riesgosa pero necesaria

Tanto el PIT-CNT (Central de trabajadores sindicalizados) como el Frente Amplio (FA) han previsto que el próximo 29 de noviembre se conforme de manera definitiva el menú de artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que serán impugnados a través de la recolección de firmas para habilitar un referéndum de derogación de unos 116 artículos de la extensa legislación aprobada al comienzo de la gestión del actual gobierno.

Se trata de un desafío importante para ambas organizaciones. Un desafío que es necesario asumir a pesar de los riesgos que conlleva.

Para el PIT-CNT la instancia de recolección de firmas es vital para recuperar protagonismo y fortalecer su capacidad organizativa. Para el Frente Amplio se trata de una jugada riesgosa y complicada, ya que al mismo tiempo pretende procesar una suerte de refundación después de su derrota electoral y debe, además, renovar sus autoridades, en especial su presidente.

El PIT-CNT y la Intersocial se proponen juntar 670.000 firmas de aquí a julio de 2021, algo que parece perfectamente alcanzable. En realidad, la mayor dificultad está en poder explicitar el contenido de la famosa LUC. Es evidente que los párrafos de la “ley ómnibus” estrenada por los actuales gobernantes son poco conocidos para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Será necesaria una campaña de esclarecimiento, con sólidos argumentos y una militancia firme. Los medios de comunicación se han encargado de desviar la atención acerca de los contenidos de la mencionada ley y se han enfocado en ocultar la rica discusión que se dio a nivel parlamentario, donde los legisladores del Frente Amplio tuvieron un particular destaque, en especial Carolina Cosse. Los informativos priorizaron, durante todo el trámite de la ley en el Parlamento, los agresivos y engañosos argumentos del senador Gandini. En los hechos, la LUC no hace más que reproducir los principales intentos del ex-presidente Lacalle Herrera, con más habilidad y recogiendo el notorio objetivo neoliberal fracasado durante su gestión, plebiscito mediante. La semilla cae cerca del árbol y nos trae un germen más inteligente y tal vez más dañino. Los objetivos que se proponen ahora aparecen disimulados en un gigantesco fárrago jurídico que, dicho en síntesis, busca la privatización de gran parte de la actividad económica nacional.

La LUC, por otra parte, no puede separarse de la Ley de Presupuesto que está a punto de aprobarse. Ley que se sitúa a la derecha de las recomendaciones del FMI, cuyo centro es bajar el déficit fiscal mediante instrumentos destinados a fracasar, y que recorta el papel del Estado a pesar de los supuestos enamoramientos de la Ministra de Economía con Keynes.

Los artículos que el referéndum cuestiona se refieren a temas de importancia. En materia de educación, la LUC propende a debilitar la educación pública en aras de fortalecer la privatización de los centros educativos. Lo hace de un modo indirecto, mediante lo que denomina un cambio en la “gobernanza” de la enseñanza, pero limitando la autonomía de los consejos de Primaria, Secundaria y UTU, lo que da pie para iniciativas privadas que proponen una falsa mejora en la calidad del proceso educativo.

Otros articulados que se pretende impugnar se refieren a la vivienda, las normas sobre la seguridad pública y el proceso penal, las disposiciones sobre los adolescentes privados de libertad, el destino de las empresas públicas, el mercado del petróleo, el control de las sociedades anónimas... Son, asimismo, regresivas las disposiciones sobre las relaciones laborales y sobre los delitos contra la propiedad.

Es cierto que la inmensa mayoría de la población desconoce el trasfondo de estas leyes, a nuestro juicio regresivas. Pero la ciudadanía vota en base a la confianza en las organizaciones que la representan. Paradójicamente, si bien la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas acaba de pronunciarse en contra de la recolección de firmas, la decisión fue adoptada por el Ejecutivo de dicha organización y la actitud de sus afiliados puede ser muy otra, como ha sucedido en otras ocasiones.

Como ya señaláramos, para el Frente Amplio la situación es mucho más complicada que en el caso de las organizaciones sociales que apoyan la recolección de firmas. Lo es porque el FA debe llevar a cabo la elección de nuevas autoridades en medio de un proceso de autocrítica en torno al adverso resultado electoral y, al mismo tiempo, recuperar su iniciativa en materia de agenda política. Debe, simultáneamente, discutir la validez de su actual estructura organizativa y la representatividad de la misma, en medio de un cuadro de fragmentación política altamente desfavorable. De todos modos, no se puede soslayar el empleo de los instrumentos de la democracia directa, que en todo caso redunda en el fortalecimiento de la democracia, más allá de posibles resultados adversos.

En torno al tema que estamos tratando existen otros dos aspectos a considerar. Uno de ellos es la valoración del grado de popularidad del actual gobierno en el momento en que se vote la derogación de los artículos que se cuestionan como regresivos. Hay quienes sostienen que la actual aprobación del gobierno caerá indefectiblemente hacia fines del año próximo, cuando se le vean las patas a la sota, como suele decirse. Para otros, esta caída tardará incluso un poco más. Habrá que esperar para despejar esta incógnita.

Un segundo aspecto tiene que ver con la posible elaboración de leyes que reproduzcan aquellos artículos impugnados, una eventualidad cierta dada la correlación de fuerzas a nivel parlamentario.

A pesar de todas estas dificultades, el PIT-CNT, la Intersocial y el Frente Amplio no pueden dejar pasar la posibilidad de llevar a cabo una potente movilización en torno a la recolección de firmas. Poner el acento en las dificultades -muy reales, por cierto- y no ver las ventajas, es ir contra la voluntad de lucha que abrigan miles de uruguayos.