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VADENUEVO DE COLECCIÓN: DEL NÚM. 70 (JULIO DE 2014). POLÍTICAS DE ESTADO EN EL URUGUAY CONTEMPORÁNEO (3)

 Publicado:  01/07/2020

Se abren camino en el FA pese a las resistencias


Por  Gonzalo Pereira Casas y Rodolfo Demarco


Introducción

Se ha visto en la nota anterior que la inercia política explica en buena medida la oposición a las políticas de Estado, pero tiende a debilitarse pues pierde pie debido a la desaparición de la confrontación de dos sistemas políticos a nivel internacional y, como consecuencia, el alejamiento de la posibilidad de la guerra nuclear (quizás el principal hecho del siglo pasado). Esto descontextualiza las posiciones “confrontativas” que están en la base del rechazo a las políticas de Estado. Y a ello se suma el comportamiento de la economía uruguaya, que ya no responde a una crisis estructural con las características que tuvo en décadas pasadas. De manera que existen nuevos hechos y exigencias locales, regionales y globales que reclaman acuerdos estratégicos de los partidos políticos uruguayos.

Veremos otros factores objetivos adicionales que debilitarán la oposición a las políticas de Estado (el primero de ellos, que no desarrollaremos por obvio, es que en la vida real se irán aclarando diversas confusiones sobre el tema que nos ocupa[1]).

Nos referiremos a continuación a los éxitos ya logrados por determinadas políticas de Estado, los nuevos paradigmas internacionales, el pensamiento de los principales líderes del FA y de la oposición sobre el tema, el peso de la opinión pública y la situación ante la eventualidad de un próximo gobierno sin mayoría parlamentaria.

1. Políticas de Estado que han dado frutos en Uruguay

Sin agotarlos, veremos a continuación ejemplos de políticas de Estado exitosas:

1.1 Energía

La transformación energética que se está registrando en el país es relevante: el 9 de mayo de este año se inauguró el primer parque eólico privado de gran porte de Uruguay, instalado en Sierra de los Caracoles, constituido por 25 aerogeneradores de 2 MW con una potencia de 50 megavatios (MW), que se conectó a la red de UTE. El hecho concentró la atención de la sociedad y de la prensa. El director de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ramón Méndez, en una entrevista con En Perspectiva, El Espectador (14.04.2014), expresó: “En el período de gobierno anterior, presidido por el doctor Tabaré Vázquez, se definió por primera vez en nuestra historia una política a largo plazo, a 20 o 30 años, pero para que eso tenga un valor real tenía que tener el mayor acuerdo posible. A veces se piensa que el tema energético es solo un tema técnico o económico y en realidad es un fuerte tema político, si no se acuerda con la cantidad de actores que hay -públicos, privados, gremios, empresarios-, (…) si no se llega a un acuerdo amplio a nivel de los partidos políticos y a nivel nacional en general es muy difícil realizar las transformaciones”. Preguntado al respecto por el periodista Emiliano Cotelo, Méndez fue enfático: “No hay ninguna duda de que (el cambio energético) es una política de Estado (…) No hay duda de que si no tuviéramos este vasto acuerdo no podríamos estar realizando inversiones (en energía) como las que hay en este período por más de 7.000 millones de dólares, no podríamos estar generando la transformación con esta velocidad si no fuera porque existen grandes acuerdos que son el espaldarazo fundamental para que esto se produzca”. (Negritas de los autores).

Entre los resultados de la diversificación de la generación de electricidad cabe destacar, por su incidencia en la economía del país y en los hogares, la reducción de la dependencia de la importación de petróleo, sin perjuicio de que Uruguay también está realizando estudios de prospección de combustibles fósiles.

1.2 Ley Forestal

El 28 de diciembre de 1987 se aprobó la Ley Forestal con votos de todos los partidos y ocurrió una expansión de un millón de hectáreas de eucaliptus y pinos (para visualizarlo de manera sencilla: la superficie de un departamento). La extracción de madera en rollo alcanzó a 10 millones de metros cúbicos en 2011 (Anuario DIEA 2013). El valor bruto de la producción forestal en 2012 se aproximó a los 300 millones de dólares y la exportación de productos forestales llegó a casi 500 millones de dólares (tómese como referencia que la exportación de cárnicos fue de 1.600 millones, según la misma fuente). El impacto sobre el empleo ha sido notable, sobre todo en Rivera, Tacuarembó y Río Negro. Y seguirá creciendo.

“(…) se prevé la culminación y puesta en marcha de la planta de celulosa Montes del Plata, en Conchillas (Colonia), obra que insumió una inversión de más de US$ 2.000 millones” (Inversión extranjera directa 2013, Uruguay XXI).

Las potentes inversiones en montes, pasteras, aserríos y tableros han sido posibles por la normativa legal acordada entre todos los partidos políticos.

1.3 Ley de inversión extranjera directa (IED)

Hoy nadie discute que la base del desarrollo económico del país durante los gobiernos del FA se encuentra en la inversión privada, pero generalmente no se identifica bien el notable papel, dentro de la misma, de la IED.

“() en 2012 el flujo de IED (en Uruguay creció) por tercer año consecutivo y registró su máximo valor histórico: US$ 2.775 millones. Esto permitió que el stock de IED alcanzara los US$ 17.870 millones en 2012, lo que equivale al 36% del PIB de Uruguay (…) La consolidación de los fuertes flujos de IED en los últimos años fue posible gracias a un marco normativo muy favorable para promover la inversión” (Inversión extranjera directa 2013, Uruguay XXI).

La IED pasó de 400 millones de dólares en 2003 (1% del PIB) a cerca de 3 mil millones en 2012, más del 7% del PIB (fuente: Ibid.). Un crecimiento difícil de imaginar antes que sucediera. La ley que promovió las inversiones extranjeras no nació como política de Estado: no contó con todos los votos del FA. La Ley Nº 16.906 aprobada el 7 de enero de 1998, llamada “Interés Nacional, Promoción y Protección”, con las normas referidas a inversiones extranjeras, declaró de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. Definió que el régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales y que las inversiones serán admitidas sin necesidad de autorización previa o registro. También, que el Estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias; y que garantizará la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad.

Y los votos negativos de sectores del Frente Amplio se explican pues la inversión extranjera ha sido un intríngulis para la izquierda. Es que resulta difícil de tragar para algunos grupos políticos del FA que su gobierno progresista acepte la normativa legal necesaria para incentivar el ingreso del capital extranjero. Pero esto está ocurriendo. ¿Cómo sucedió?

Hay hechos actuales de gran significación: 1º) una realidad de feroz competencia en el mercado mundial que cuestiona la inserción internacional de cada país; 2º el dominio sobre la productividad -clave de dicha inserción- lo poseen las empresas transnacionales, y 3º) se pueden atraer sus inversiones mediante acciones de los gobiernos que aspiran a recibirlas, y ellas pueden aportar positivamente a la compleja inserción en el mercado mundial de países que no han logrado desarrollarla mediante sus propias fuerzas científicas, tecnológicas y de inversiones.

Entre los hechos a tomar en cuenta figura la experiencia de China, a la cual le costó décadas incentivar las inversiones extranjeras; es posible que el detonante fuera el desastre económico de la Revolución Cultural de Mao. Y a Cuba, aun con los resultados a la vista de las empresas turísticas extranjeras, también le llevó décadas, pero está aplicando ahora la promoción de inversiones extranjeras con la reciente aprobación de la ley correspondiente. En ambos casos fueron decisiones de una profundidad extrema pues las inversiones extranjeras significan un cambio drástico de las reglas de juego económicas previas, es decir, las del “socialismo real”.

Al primer gobierno del FA ni siquiera se le puede computar tiempo para incentivar las inversiones extranjeras, pues encaró las medidas necesarias apenas comenzó a gobernar. No hubo que tramitar un consenso interno sobre la ley ya que, al asumir el gobierno, la norma ya existía. No se hizo más que aplicarla, atendiendo a lo que se entendió como necesario para el país. No obstante hay que destacar la valentía política de parte del equipo económico de los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, dadas las resistencias dentro del Frente. Además, iniciaron las referidas medidas de incentivación de la IED sin que muchos en el FA les reconocieran seguridad sobre el resultado. Sin duda confiaron -como ha sucedido en varios temas- que los logros debilitarían la resistencia ideológica interna del FA, que solo se manifestó con críticas a través de los medios.

Hoy funciona una política de Estado sobre inversiones extranjeras (sin que se la denomine política de Estado) pues todos los partidos políticos la apoyan, más allá de matices. No puede extrañar en el caso de los partidos tradicionales, que ya tenían posición sobre el punto al momento de aprobarse la ley; pero es notable la forma en que, mediante los resultados de la IED sobre el crecimiento económico, la inserción internacional, el empleo y el nivel salarial, hoy es una cuestión laudada; una cuestión que ni siquiera es rechazada por los sectores promotores de algún tipo de socialismo que integran el FA (aunque permanece la satanización a Danilo Astori, la cabeza más visible de la política económica que tomó ese rumbo).

Cabe decir que la conducción económica de los dos gobiernos frenteamplistas incluyó en el tratamiento de las inversiones extranjeras elementos nuevos e imprescindibles -no transitados por los gobiernos de los partidos tradicionales- para evitar el efecto negativo del ingreso de capitales sobre las crisis cíclicas observadas en nuestro país desde la década de los 80 (cuestión que no se desarrollará aquí).

En síntesis, no existe mejor antídoto que la realidad para superar la inercia política y la “confrontatividad” opuestas a políticas de Estado como las que se han comentado. Puede demorar más o menos tiempo el reconocimiento de los hechos, pero estos mandan, la realidad se impone. Los resultados de las políticas de Estado -como los indicados- son los que fundamentan que la opinión pública sea favorable a las mismas, como se verá más adelante. Todo hace pensar que se impondrán sobre el talante “confrontativo”.

2. Finlandia y los paradigmas

¿Dónde están hoy los paradigmas que orienten sobre cómo lograr desarrollo económico y social, convivencia y estabilidad? Cayeron todos los paradigmas internacionales con los que soñaban sectores del Frente Amplio (hoy Cuba no es paradigma y ni hablar de Corea del Norte…). Y, por otra parte, casi nadie discute que Finlandia, para tomar una referencia a la que se ha recurrido en los últimos tiempos, es una sociedad avanzada. Pero, acaso con razón, muchos entienden que no se trata de encontrar paradigmas en otros países. Ni es posible inventar paradigmas mediante el voluntarismo, ni tampoco copiar mecánicamente experiencias de otros países, por exitosas que sean. Cada sociedad tiene sus peculiaridades y no se podría prosperar sin encontrar respuestas específicas. Pero procurar entender por qué hay países que, partiendo de condiciones comparables a las nuestras en muchos aspectos, han logrado niveles de desarrollo material y social que hoy los posicionan muy por encima de Uruguay seguramente resultaría valioso para nosotros. Es que hay criterios sobre cómo una sociedad logra avanzar que pueden tener validez universal. Y pueden ser aplicados exitosamente a condición de que no se pierdan de vistas las peculiaridades nacionales.

El fenómeno finlandés (caracterización que no resulta exagerada) ha provocado la admiración en el terreno educativo y social y registra procesiones de educadores de varios países hacia la nación nórdica para intentar comprenderlo. Pero no se perciben énfasis similares para identificar los factores políticos que han coadyuvado a su extraordinaria historia reciente.

El catedrático de política internacional de la Universidad de Tampere Vilho Harle señala a propósito de su país, Finlandia: “En nuestro sistema multipartidista ningún partido logra una mayoría absoluta en el Parlamento. Los socialdemócratas alcanzaron un pico del 47% en 1916, pero en las últimas décadas ningún partido ha superado el 25 o 30% de los sufragios, que representan entre 56 y 63 escaños en el congreso”. Por ello, afirma Harle, “en Finlandia se da gran importancia a la conciliación de las diferencias entre posiciones e intereses políticos y sociales opuestos. Ello se expresa en la búsqueda del consenso, la propensión a los acuerdos y la comprensión de las necesidades de las otras partes. En los asuntos más importantes es necesaria la concertación entre el Parlamento, el Gobierno y el Presidente para la toma de decisiones”.

Señala que “actualmente el estado del bienestar finlandés se ve en aprietos a consecuencia de la globalización”. Y plantea lo que desde el gobierno del Frente Amplio se ha intentado, no siempre con el respaldo del partido FA ni, tampoco, de una oposición que ha preferido priorizar el perfilismo que le pueda dar réditos electorales: “El objetivo es fortalecer la competitividad nacional, porque siendo Finlandia una economía abierta el bienestar material de sus habitantes depende del comercio internacional. El país está atravesando una etapa de profundos cambios estructurales”.

El catedrático finlandés advierte: “La competitividad construida al amparo de la economía virtual está llegando a su fin. Nos esperan tiempos duros tanto en Finlandia como en la UE (Unión Europea)”. Y remata con una reflexión optimista que también podría ser de recibo en Uruguay y demás países de nuestra región: “Sin embargo, existen elementos para prever que también en el futuro las dificultades serán vencidas mediante la democracia y el diálogo, con el concurso de la vigorosa sociedad civil y la paz social que es su fundamento”.

Los indicadores finlandeses de educación, distribución del ingreso y calidad de vida son extraordinarios pero no deberían ocultar que es su desarrollo económico la base en la que se sustentan y que, a su vez, este se explica por los logros en innovación (medibles, por ejemplo, mediante las patentes). Las políticas de Estado en Finlandia han alumbrado la vinculación de la investigación científica (básicamente localizada, al menos al comienzo de su expansión, en la Universidad Pública) con la realidad, con la solución de problemas de la vida, en primer lugar de la producción. Cuestión muy pertinente para Uruguay, pues, como sostiene el exrector de la Universidad de la República, Rafael Guarga:

Si medimos esta conexión (entre los ámbitos científico y productivo) por el número de patentes concedidas a residentes por año y por millón de habitantes (…) los indicadores para Uruguay (…) se ubican en el orden de la centésima parte de los que exhiben países como Japón, Estados Unidos o Suecia (…) Tenemos entonces un sistema científico–tecnológico pequeño, con buenos investigadores pero desarticulado del mundo productivo (…)”

“(…) la incipiente comprensión de la necesidad de construir sistemas nacionales de innovación conlleva importantes cambios en la concepción de la relación entre producción y conocimiento (...) implica (…) una intensificación de las demandas sobre los sistemas de i+d que, en América Latina, tienen a las universidades (en general las grandes universidades públicas) como sus principales protagonistas”.

“(…) la Universidad de la República debe atender las referidas demandas de conocimiento ya que en el éxito de este proceso de articulación entre la academia y el mundo del trabajo está una de las principales claves para la construcción del país productivo con justicia social al cual aspira nuestra sociedad” (Guarga, R., La Universidad de la República y el país productivo).

Finlandia ilustra bien sobre el impacto que podría tener una política de Estado en Uruguay para alcanzar una relación mucho más estrecha entre la generación de conocimiento (cuya capacidad está hoy centrada en la Universidad de la República) y las necesidades de la sociedad y el país, un acuerdo nacional para que la generación de conocimiento útil al país en la resolución de sus problemas reales protagonice la evaluación de los docentes investigadores y guíe su trabajo. No parecen estar dando resultado otros intentos con tal propósito.

3. Posición de los principales dirigentes del FA

En el primer artículo de esta serie citamos extensamente al líder histórico del Frente Amplio, general Liber Seregni, fundamentando la necesidad de políticas de Estado. Sin embargo, hay que reconocer que parte de su pensamiento está ausente en las definiciones estratégicas del FA si se atiende a sus documentos. Desde el Frente Amplio se lo exalta permanentemente, lo cual se entiende porque su prestigio da rédito político, pero muchos no toman en cuenta sus ideas fundamentales. Más aún, su renuncia a la Presidencia del FA ocurrió porque fueron rechazadas sus opiniones debido a la inercia aferrada al “confrontativismo” político. Pero los tres principales líderes del FA han recogido su pensamiento sobre políticas de Estado y argumentan fuertemente a favor de ellas. La coincidencia en este punto de Vázquez, Mujica y Astori significa una fortaleza de la propuesta (aunque no su triunfo todavía).

Pese a ciertas características del estilo de Tabaré Vázquez -sobre todo cuando ha procurado posicionarse en una interna frenteamplista que, en sectores militantes con incidencia en la estructura orgánica, “pide” priorizar el enfrentamiento a la propuesta-, impulsó durante su gobierno acuerdos multipartidarios. Especial mención merece el cambio de la matriz energética, que se planteó como una gran política de Estado en un Consejo de Ministros de agosto de 2008.

En febrero de 2010, ya bajo la presidencia de José Mujica, una Comisión Multipartidaria ratificó el 95 por ciento de tales lineamientos sobre energía. Se trazó así, con el respaldo de los cuatro partidos representados en el Parlamento, una política energética para los próximos 20 años. Al inaugurar el parque eólico privado instalado en Sierra de los Caracoles -al que se ha hecho referencia anteriormente-, el presidente José Mujica destacó su carácter estratégico y las consecuencias para la producción y la vida de mucha gente, señalando:

Luego de una discusión de todo el sistema político del Uruguay se logró instaurar esta política energética, que es una realidad tangible. Esta diversificación de la matriz fue posible también por el aporte tecnológico de España, ya que sin este capital no se podría haber concretado”. Y añadió: “a la Sierra de los Caracoles no vino el espíritu santo a hacer los molinos, vino una política concertada que atrajo gente con capacidad técnica, lo que ayuda a multiplicar los bienes del Uruguay”. Sostuvo que esta política debe continuar en el futuro porque no es patrimonio de este gobierno, sino de la nación. "Debemos ser serios y acordar con seriedad, cumpliendo las reglas del juego para que los capitales extranjeros tengan confianza en nuestro país y sigan invirtiendo”. E insistió en el sentido estratégico y de política de Estado de iniciativas como el parque eólico que se inauguraba: “Este es un negocio redondo como política para el país, para los que tienen el coraje de invertir y para las generaciones que vienen (…) podemos tener diferencias en Uruguay pero, políticamente, apenas podemos ser adversarios, no enemigos, y eso se debe transmitir hacia afuera (…) Nuestro sistema político tiene madurez global porque, en el fondo, nadie pincha el barco en el que estamos navegando”. (Negritas de los autores).

Pese a algunas declaraciones polémicas relacionadas con la edad de los candidatos a la Presidencia de la República, que parecieron llevar la campaña electoral de octubre hacia zonas de excesiva rispidez, Tabaré Vázquez coincidió con la caracterización hecha por Mujica: “en la vida política del Uruguay y en estos tiempos no somos enemigos de ningún candidato de otra fuerza política. Somos circunstanciales adversarios” (Tabaré Vázquez, mensaje al finalizar el escrutinio de las Elecciones Internas, 1 de junio).

Por su parte el vicepresidente Danilo Astori sostuvo: “Un proyecto nacional exitoso se apoya en acuerdos amplios” (Revista Somos Uruguay, diciembre de 2013). Lo planteó a partir de su convicción de que: 1) “el país debe abrirse al mundo a partir de su estrecho tamaño físico y de su gran potencial para alcanzar niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social”, aunque “sin desconocer la región a la que pertenecemos, por más dificultades que haya en ella”; 2) que debe cambiarse la estructura interna del país “para responder a los requerimientos derivados de esa apertura de opciones” y “en particular (…) transformar su estructura productiva”; y 3) que hay que hacer una “apuesta a la excelencia, al fortalecimiento de esa cadena que es la que existe entre conocimiento, innovación, eficiencia, productividad y competitividad” para “salir al mundo con niveles de calidad crecientes, (lo que) significa venir de él con nuevas exigencias por el mismo camino”.

Y agregó: “Yo no conozco en el mundo una experiencia con lineamientos de este tipo que no se haya apoyado en un gran acuerdo entre quienes toman las decisiones. No conozco experiencias de que se haya avanzado por estos caminos confrontando posiciones diferentes. Las experiencias exitosas en materia de proyecto nacional se apoyaron en grandes acuerdos, que han estado por encima de gobiernos y de diferencias político-partidarias, que han superado la alternancia democrática y se han transformado en lineamientos vigentes más allá de esa alternancia. En el desorden y la confrontación nunca se ha podido avanzar con resultados significativos. Aclaro que no estoy convocando a eliminar las diferencias entre los miembros de nuestra sociedad, entre los partidos políticos. Señalo que hay cosas que deben estar por encima de diferencias y alternativas, y esas son materias que alimentan los lineamientos estratégicos de un país”.

Astori complementó afirmando que “más que de la meta (…) lo más importante es hablar de la orientación, del rumbo”. Para él es “mucho más importante el «hacia dónde» que el «ya llegamos», porque el «ya llegamos» es la muerte de la política. Y ojalá lo logremos sobre la base de grandes acuerdos en la sociedad, al menos sobre 3 o 4 líneas fundamentales a mantener en el futuro. Y hay que hacerlo con todos”. Concluyó saliendo al cruce a la idea de que las políticas de Estado son incompatibles con la izquierda: “Yo integro un gobierno y un partido de izquierda que elige conscientemente asignar preferencias a los más humildes, a quienes no alcanzan aún una vida digna. Sería un error confundir esto con la afirmación de que trabajamos solo para ellos. Hay que trabajar con toda y para toda la sociedad”.

También Raúl Sendic, electo candidato a la Vicepresidencia de la República, coincide con la necesidad de políticas de Estado. Desde el año 2012 impulsa “Propuesta Uruguay 2030”, una asociación civil que, según explicó el propio Sendic, se plantea contribuir a lograr acuerdos interpartidarios en temas como la educación, el medio ambiente y la infraestructura. Entiende que “tenemos que generar un cambio cultural en toda la sociedad y comprometer a todos los sectores”. Puso como ejemplo la experiencia recogida en ANCAP cuando se elaboró el plan de búsqueda y explotación de petróleo el cual tuvo respaldo tanto del oficialismo como desde la oposición. E hizo un llamado a que los temas estratégicos del país se lleven adelante mediante acuerdos “sin importar quién gobierne”.

Lo expuesto evidencia que el FA experimentó y experimentará cambios al atender a una realidad que no solamente se transformó sino que también comenzó a verse diferente a partir de asumir el gobierno nacional. Hubo que tomar decisiones que antes la mayoría de los frenteamplistas no se planteaba.

Seregni fue derrotado por las fuerzas políticas del FA alineadas con el talante “confrontativo”, pero es poco imaginable que suceda lo mismo con el pensamiento de sus tres principales líderes actuales y el cabeza de la lista más votada en la interna. Los protagonistas de la inercia “confrontativa” irán cambiando, más rápido o más lentamente, y disminuyendo en número e influencia. Y presumiblemente aumentará la de quienes no tienen matrizada una visión de la realidad que responde a etapas pasadas y no puede explicar ni actuar ante los nuevos fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales.

4. También la oposición habla de políticas de Estado

Jorge Larrañaga cerró su campaña para las Elecciones Internas en Paysandú pidiendo que "la política valga la pena". Hizo énfasis en educación y seguridad, dijo que defenderá a la clase media y opinó, como Mujica, Vázquez y Astori, que los otros partidos "no son enemigos, sino adversarios". Y habló de "construir el Uruguay de los acuerdos (…) No vengo a esta plaza, en la cual me crié, a tratar a mis adversarios de enemigos. El Frente Amplio y los otros partidos no son nuestros enemigos, son adversarios, nuestros enemigos son los problemas de los uruguayos, que no tienen color político ni partidario".

Con un talante similar se pronunciaron al respecto Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry.

Corresponde reiterar, porque se ha dicho en entregas anteriores, y lo expresa Astori en las palabras citadas anteriormente, que la conveniencia de un escenario propicio al diálogo y a la búsqueda de acuerdos no significa olvidar las diferencias entre el FA y los partidos tradicionales, ni tampoco los matices al interior de estos, ni desconocer la convicción que prevalece en el Frente -exteriorizada en especial por los dirigentes que se han citado aquí- de que una derrota de la izquierda llevaría a la restauración de orientaciones que fracasaron y en importantes cuestiones, al margen de intenciones, resultaron nefastas para el país.[2]

La convicción sobre la necesidad y posibilidades de las políticas de Estado no debe hacer olvidar que, además de las resistencias internas del FA, que son el objeto de esta serie de artículos, en los partidos tradicionales también existen actitudes e ideas que, de prosperar, dificultarán los acuerdos sobre temas estratégicos.

Al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que el FA y los partidos tradicionales (PP.TT.) no son entelequias aisladas sino que forman parte de un sistema político. No se conciben los cambios en uno si no es, en considerable medida, en relación a los otros, y viceversa, ya sea para asemejarse o diferenciarse más, según el tema y las circunstancias. El debut de los partidos históricos como oposición a una fuerza que nunca había administrado el país los llevó (y hasta podría decirse que los obligó) a cambiar. Máxime cuando el nuevo partido gobernante comenzó a cosechar éxitos en su gestión y logros que amplios y crecientes sectores populares fueron valorando como tales. Los PP.TT. fueron asumiendo que no podían enfrentar al FA como si nada hubiese cambiado en el tablero político. Era necesario revisar viejas ideas y prácticas políticas. Poco a poco desde los PP.TT. se fue dejando de decir que “primero hay que crecer y después repartir”, porque quedó demostrado que al tiempo que crecía el país después de una terrible crisis, se fueron incrementando también los ingresos reales de las familias.

Y así como el FA se dio cuenta, para poner un ejemplo, que era necesaria la prolijidad fiscal, los PP.TT. debieron reconocer la necesidad de medidas sociales a las que habían sido reacios, o que rechazaron sin ambages, e incorporaron a su discurso con mucho mayor fuerza temas que habían constituido ausencias casi permanentes.

Hay interrelaciones en el sistema político, que han aparejado acercamientos programáticos, por lo menos en algunos aspectos y en torno a determinados temas, que varían a la interna de los partidos, que tienen sectores más o menos proclives o reacios a los cambios. A la interna de los PP.TT. hay sectores que pueden haber asumido las nuevas realidades en mayor medida que otros, porque, al igual que en el Frente, también en esas colectividades existen maneras distintas de mirar la realidad.

En esta campaña electoral habrá diversas menciones a favor de las políticas de Estado, aunque la mayoría serán superficiales, adaptadas al vértigo electoral y poco pertinentes para los acuerdos. Pero, más allá del “barullo” inevitable de las campañas, con mayor o menor convicción, con más o menos énfasis, los PP.TT. reconocen la importancia de las políticas de Estado. Y aunque también hay en ellos quienes se oponen a las mismas, se va consolidando, como en el FA, una tendencia favorable al reconocimiento de su necesidad.

5. La opinión pública pide acuerdos políticos

A lo largo de esta serie hemos señalado que los estudios de opinión pública registran sistemáticamente desde hace años que la población desea “que los políticos se pongan de acuerdo y resuelvan los problemas” (Bottinelli, 2011). Es que esa generalizada aspiración es, en esencia, un reclamo de que las políticas de Estado, es decir, los grandes acuerdos sobre temas estratégicos, se vayan concretando. La gente siente que ello es necesario y posiblemente constituya el incentivo más fuerte en favor de tales políticas: la sociedad las reclama porque siente que se precisan. Y pide señales a los protagonistas políticos para que modifiquen lo que aparece en la superficie, en los noticieros, en las declaraciones: pequeñas reyertas que muchas veces llevan a sospechar que hay una pugna por cargos políticos, por puestos en el aparato del Estado. Una lucha por el poder y no tanto por soluciones.

6. Sin mayoría parlamentaria aumentaría la necesidad de políticas de Estado

En la hipótesis de un triunfo del FA sin mayoría parlamentaria o también de una derrota en un eventual balotaje se replanteará la necesidad de políticas de Estado en acuerdo con los otros partidos. No será sencillo si continúa pesando en la interna frenteamplista el enfoque que se ha comentado. Posiblemente, quienes consideran que las políticas de Estado son inconvenientes y/o inviables (pese a lo que ha dicho la práctica en casos como los reseñados en estos artículos) sostendrán que los votos necesarios en el Parlamento no se lograrán con acuerdos entre bancadas sino con movilizaciones populares tan potentes que terminarán golpeando políticamente a los PP.TT. Y si se fracasa, se responsabilizará a dichos partidos, lo que no sería más que un consuelo. Un triste consuelo, porque se estaría rechazando un accionar político capaz de cumplir con el Programa prometido.

Si se superara el rechazo ideológico a las políticas de Estado, una opción sería plantear un enfoque negociador limitado, dirigido a negociar cada ley puntual. Se conseguirán o no los votos, pero parece más razonable que se dialogue con los otros partidos atendiendo a temas, objetivos y metas como preparación lógica de las instancias de aprobación. Y si se opta por este camino, la mejor forma de recorrerlo es desde ahora; es decir, con un enfoque adecuado de la campaña electoral hacia las Elecciones nacionales: no solamente evitando ofensas o declaraciones desatinadas que luego complicarían las relaciones y los eventuales acuerdos interpartidarios, sino centrando la campaña en las propuestas, incluyendo aquellas que requieren políticas de Estado, y dialogando sobre ellas con la población y con las otras organizaciones políticas. Aunque el centro de estos artículos ha sido el FA, lo expresado puede ser aplicable a todos los partidos.

La obtención de los resultados prometidos en el Programa es vital para que el actual partido de gobierno crezca más allá de octubre. Es fundamental para el proyecto que sustenta el FA que la población menos afín también sienta que se beneficia con las políticas de Estado. Estas constituyen una elevada plataforma de exposición ante la población de las propuestas de solución de los problemas.

7. Políticas de Estado: una prueba de fuego para los partidos

Un elemento imprescindible en el análisis de las políticas de Estado radica en reconocer que ya no se trata solamente de convencer al electorado con el Programa de un determinado partido; ahora toda la sociedad mira y exige que las propuestas se expongan de forma lógica y documentada. Al referir a problemas concretos y proponer una vía de solución, no valen vaguedades encubiertas con posiciones ideológicas genéricas.

Es posible que tal proceso de intercambio y de visualización ciudadana también contribuya a reducir las resistencias a las políticas de Estado pues, probablemente, en cuestiones concretas, quede demostrado que son posibles y que los puntos de acuerdo son muchos más que los que prejuiciadamente se pensaba. Tomar el camino de la búsqueda de acuerdos hacia políticas de Estado requiere trabajar y elaborar los temas. Los partidos políticos que tengan capacidad de propuesta se moverán mejor en el tratamiento y definición de dichas políticas. Y no dejará de percibirlo la población.

Es que al acometer la tarea de las políticas de Estado se incursiona en la más alta política; es un desafío para el sistema político, para los partidos y los gobernantes. No significa dejar de lado las ideologías y los intereses sociales distintos que tienden a separar a los sectores de la sociedad, sino exactamente lo contrario: como tales diversidades existen, la “buena política” debiera consistir en examinar y tener en cuenta las diferencias para encontrar acuerdos básicos entre quienes piensan diferente y representan intereses distintos, a veces contrapuestos. El sistema republicano y democrático es un pacto entre diferentes, la democracia existe porque los ciudadanos son diferentes y tienden a hacer valer sus intereses agrupándose en organizaciones políticas, con objetivos y programas diferentes. Una sociedad de seres clonados no necesitaría la democracia. Ni la política.

Claro está, en los resultados electorales influyen muchos factores a los que no corresponde referirse aquí, pero más allá de lo que puedan cosechar en la contienda electoral unos y otros, el país y la sociedad necesitan que los políticos comprendan que su capacidad de incidencia y la receptividad que tengan sus discursos entre la gente dependerá de cuán compenetrados estén con relación a este reclamo generalizado de aunar esfuerzos para abordar problemas que exigen y admiten determinado nivel de acuerdos. La ciudadanía sabrá darse cuenta de quiénes están apuntando de manera sistemática y coherente en esta dirección. Y de una u otra manera eso terminará reflejándose también en las urnas.

El Parlamento es un ámbito privilegiado para debatir y acordar políticas de Estado, para seguir su ejecución y para difundir sus resultados. Estos se verían como fruto de un esfuerzo por acordar -algo que la población le exige a los políticos- y no solamente como un éxito del Poder Ejecutivo de turno. Obligaría a calificar el trabajo del Poder Legislativo y de los parlamentarios.

Sería tonto no valorar la ventaja que significa tener mayoría en el Poder Legislativo, pero un partido con un horizonte estratégico, para el cual la política no sea un mero juego de ganar o perder, debería prepararse para fundamentar sus propuestas más allá de la correlación de fuerzas parlamentaria, siempre circunstancial en la democracia.

Un partido que se propone transformar la sociedad necesita respaldos sólidos en la ciudadanía; está obligado a defender sus puntos de vista en cualesquiera condiciones, sean estas favorables o no. Porque si en determinadas circunstancias no lo fueran (las mayorías parlamentarias y la conducción del Poder Ejecutivo no se adjudican en forma vitalicia) y ese partido no está dispuesto y preparado para defender sus ideas, su destino puede ser la claudicación. O subsistir con una inoperante política testimonial. La historia registra muchos ejemplos. No es necesario abundar a este respecto.

En última instancia, está en juego lo que fue caro para un Frente Amplio que ha pretendido incidir en la vida de las grandes mayorías: capacidad para interpretar la realidad como condición para transformarla. Esto no es posible si no se logra la participación de la población en la comprensión y solución de los grandes temas. En última instancia, profundizar la democracia es eso. Por eso es necesario que queden expuestas ante la opinión pública las distintas posiciones de los partidos cuando se generan discrepancias sobre determinados temas estratégicos, sobre políticas de Estado, justamente. En definitiva, confiar en la democracia es también confiar en la capacidad de argumentar. Para un partido con un programa de cambios no hay mejor instrumento para lograr objetivos que mostrar sus argumentos e interactuar con las posiciones ajenas.

8. Las tendencias existen pero también se construyen

“Las tendencias existen pero también se construyen” se podría expresar de otra manera: las tendencias solamente se cumplen si actúan los factores subjetivos que cuentan con condiciones para hacerlo.

A pesar de las trabas a las que se ha hecho referencia en estos artículos, hemos intentado mostrar las poderosas tendencias que en la sociedad impulsan hacia la definición de políticas de Estado en nuestro país y constituyen el sustrato, la base para que el Frente Amplio laude afirmativamente sobre el asunto. Pero no ocurrirá espontáneamente: los que están convencidos de la necesidad de las políticas de Estado necesitarán desempeñar un papel activo para fundamentarlo. Y esto seguramente exigirá comprender que el rechazo a dichas políticas forma parte de un todo, de una construcción teórica global que intenta abarcar la totalidad de las relaciones sociales actuales en el mundo. Por lo tanto, la polémica con tal construcción teórica global perimida es un gran debate que está pendiente. Las políticas de Estado son solamente parte de ese debate, cuya ausencia puede estar trabando el desenvolvimiento del Frente Amplio en esta etapa histórica.

Recordemos al historiador Julio Rodríguez: una teoría no se critica, se la desplaza con otra teoría que demuestre ser más pertinente.

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