VADENUEVO DE COLECCIÓN: DEL N° 58 (JULIO DE 2013). EDUCACIÓN E INSEGURIDAD

Triple punta de lanza: Ramela, Talvi, Larrañaga

Disculpe el lector que, a diferencia de Pedro Bordaberry, siga utilizando los conceptos de izquierda y derecha. También a diferencia de antaño, debo decir que he dejado de identificar esos conceptos con socialismos, liberalismos, comunismos, fascismos u otros ismos de la vuelta, sino simplemente con cierta sensibilidad a las cuestiones sociales. Entiendo que esa sensibilidad está presente en la izquierda y también que, en función de ello, puede armarse un claro abanico respecto a quién se encuentra más a la izquierda o a la derecha, aun dentro de cada partido político. De esta forma, la derecha está obsesionada por la inseguridad, que no permite disfrutar de los bienes con la tranquilidad que merecemos. Claro, no es solamente una preocupación de la derecha, también la izquierda lo está -y tal vez debería estarlo aun más-, ya que en medio de ello se encuentran en juego nada más y nada menos que los derechos humanos.

Amén de ello, la educación acompaña a la inseguridad en eso de puntuar primero en el ranking de los líos del país, aun sin que yo pueda darme cuenta si es la legítima preocupación de la población o ha sido enquistada vía manija mediática (efectivamente, señora, la preocupación por la educación no debería limitarse a mandar su niño a la escuela -o incluso pagarla- y luego decir "¡qué barbaridad!"). ¿Qué mejor que juntarlas y mostrar que una cosa nos lleva a la otra?

Carlos Ramela – Sí, señora, ya sé que debería cambiar el dial, pero mi espíritu masoquista muchas veces hace que no abandone a tiempo la escucha de ciertas tertulias de los jueves. Hace unas semanas me tocó poner oídos en la que se dedicó a reflexionar (¿?) sobre los desmanes originados por los festejos del campeonato obtenido por Peñarol. Allí Ramela despachose con un par de razonamientos que tienen cierta originalidad. Al primero de ellos no le dedicaremos ni un centímetro, pero mencionaremos que refería al ejemplo que se daba a la población desde el Poder Ejecutivo, que desairaba y desautorizaba a la Suprema Corte de Justicia; tal ejemplo es el que da lugar y pretexto a aquellos que intentan destrozar el edificio donde esta reside. El otro refería, respondiéndole a Hoenir Sarthou, a que es cierto que era una situación compleja y, por tanto, bastante tenía que ver en ello la educación, que ahora está mucho peor que en 2002.

Realmente, no estoy seguro si esto es desconocimiento o una simple intencionalidad política. Decir que estamos peor que en ese año es desconocer cómo estaban los locales educativos, cuáles eran los materiales con los que se contaba para trabajar y en qué condiciones llegaba la “gurisada” a las clases (se verá que no me voy a detener en los aspectos salariales de los docentes). En esos años -porque fue un proceso largo, no algo de un año- es que los docentes fueron absorbiendo cada vez más funciones para las que no estaban preparados: las pertinentes a un asistente social, a un psicólogo, incluso a un cocinero… Las escuelas y los liceos se llovían, los baños eran un asco; presentaban espacios realmente inhabitables. Algunos dirán que eso sucede ahora y yo contestaré que hoy se está en condiciones de reclamar cuando las condiciones edilicias están mal -pues cierto es que en muchos lugares lo siguen estando- pero en aquel momento, en el que teníamos que pedir a los alumnos que arrancaran hojas de cuadernola para los escritos y había que llevar hojas A4 para que en el IPA (Instituto de Profesores Artigas) te dieran la escolaridad -en caso que hubiera tinta-, lamentablemente lo edilicio pasaba a un segundo plano. En ciertos extremos había que dejar a un lado la preocupación por el proceso de aprendizaje, focalizando la atención en resolver temas que directamente tenían que ver con el hambre o con la imposibilidad de llegar al liceo por no tener para el boleto. Parece que de esas cosas algunos se han olvidado. ¿No será, digo yo, que hoy estamos pagando el grueso de los platos que se rompieron en aquellos años? Y, aprovechando que Ramela integraba aquella Comisión para la Paz que funcionó en el gobierno de Jorge Batlle, pregunto: ¿será mucho mejor el ejemplo de un país que deja libres a torturadores y desaparecedores que los diálogos que pueda mantener el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial?

Ernesto Talvi – Sabido es que el instituto que comanda este economista (CERES) se ha especializado en realizar los peores diagnósticos sobre el país respecto a todas las áreas que se ha dedicado a estudiar. Más allá de recordarle a Talvi que aún estamos esperando los efectos directos de la crisis internacional de 2008 que él pronosticó, ahora hay que tener presente sus estudios realizados acerca de la relación entre los resultados de las instituciones educativas de contexto crítico y la delincuencia. La ecuación es la siguiente: en las instituciones de contexto crítico muchos gurises no llegan a obtener los resultados mínimos para ser empleables, o son empleables en condiciones de informalidad (llama la atención en este caso la ausencia de crítica a quienes emplean gente en esas condiciones). Cualquiera de estas situaciones, no ser empleable o tener un trabajo mal pago y con cierta informalidad, los convierte en potenciales delincuentes. Tal simpleza nos choca bastante, pero además no deja de poner de relieve que deberíamos educar para que la gente entre al mercado de trabajo -en las mejores condiciones posibles- y pueda disfrutar los bienes de consumo que su empleo más o menos precario permita, además de no convertirse en amenaza social para los demás.

Además del diagnóstico que, reitero, alarma por su simpleza y su concepto de educación, está la solución propuesta: el Estado debe dejar que esa situación la resuelvan instituciones privadas, como lo estarían haciendo el Liceo Jubilar y el Impulso (aunque se admite que sobre esta institución no se puede concluir mucho aún por ser nueva). Y se solicitan para ello recursos públicos, porque hasta ahora solamente han podido trabajar con recursos privados (similar a los que está promoviendo Bordaberry: bonos de x suma de dinero que vayan a parar a las instituciones privadas).

Dos observaciones: en primer lugar, la mayor parte de los recursos utilizados -a partir de la ley de mecenazgo, existente desde 2005 como Ley 17.930, pero modificada por la 18.083- son públicos. Del total de dinero donado por el particular, el 75% puede descontarse de impuestos (renta o patrimonio), pero además, el restante 25% se imputa como gasto, lo cual produce una baja indirecta en el impuesto a rentas a ser abonado. Esto significa que el Estado deja de recaudar alrededor del 80% de la donación, en caso de que todo se realice de forma limpia. Ergo, ese porcentaje pertenece a recursos públicos. Por tanto, si se va a hablar de recursos privados, hay que hacerlo en su justa medida. En segundo lugar, y a cuenta de una mayor profundización en un artículo posterior, los resultados de estas instituciones tienen directamente que ver con quienes concurren a ellas. Y no estoy afirmando nada sobre los criterios de selección, pues desconozco los del Jubilar y tengo entendido que en el caso de Impulso se hizo un sorteo público (aunque luego se rechazó a alguno de los sorteados, pero desconozco la causa). El asunto es que en ambos casos hay un interés de las familias porque sus hijos se eduquen allí, fueron ellos a inscribirlos y se entrevistaron con funcionarios de esas instituciones.

Es decir, de movida está presente un interés de las familias de que sus hijos se eduquen. Ese punto de partida es sumamente significativo, ya que contar con la familia a favor resuelve varios de los problemas que se presentan en situaciones de contexto crítico. Por otra parte, se trabaja con una cantidad sumamente manejable de alumnos por clase (25 en el caso de Impulso) y con una cantidad de horas diarias importante de los alumnos en las instituciones.

No estoy negando que a esto se sume un gran liderazgo por parte de las direcciones de esos liceos, o una gran calidad de parte de sus planteles docentes, lo que seguramente sea muy beneficioso en caso de que efectivamente sea así. Simplemente me gustaría ver a la educación pública en las mismas condiciones, y luego de ello ver qué resultados se obtienen. Por otra parte, me gustaría saber qué hacemos con los gurises cuyas familias no tienen interés alguno en la educación de estos; ¿los dejamos fuera del sistema?, ¿los resultados de las instituciones que los cobijen serán los mismos que en aquellas donde la familia está presente? Quiero ser claro en algo: no reniego de estas instituciones, pero me gustaría recordar que la educación es un derecho de todos y no un mecanismo social para bajar la delincuencia.

Jorge Larrañaga – Asesorado por su especialista en educación, Daniel Corbo -presidente del Consejo de Educación Secundaria en el último período de gobierno blanco-, Larrañaga no anduvo con chiquitas y dio a conocer un proyecto de ley que se presentó como de educación en valores. A decir verdad, buena parte de su fundamentación me gusta tanto que me contagió cierta esquizofrenia de la que ya hablaremos, que casi me hace olvidar mi posición contraria.

Veamos. El proyecto arranca con una descripción interesante sobre el momento cultural que estamos atravesando, respecto a un descaecimiento moral que tiene raíces en cuestiones extrínsecas a la educación: escenarios de incertidumbre, nuevas estructuras parentales, hedonismo, cultura de consumo y otros etcéteras. Más adelante, hace hincapié en la dimensión axiológica de la educación, componente intrínseco de una concepción humanista, sosteniendo que hemos caído en una concepción instrumental de la educación. Debo afirmar que tuve que releer ese pasaje, ya que no podía estar más de acuerdo con lo que se sostenía, pero surgió en mí una duda casi cartesiana: ¿los que presentan este proyecto son los mismos que vienen abogando hace años por una educación que forme a sus ciudadanos para el mundo del trabajo?; ¿son los mismos que han insistido con un mayor peso de lo técnico, y de allí la insistencia respecto a mejorar cuestiones relativas a la UTU y la formación de la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay)?; ¿son los que sostienen que debemos partir exclusivamente del interés de los alumnos, porque si no se aburren? Si es así, dejen en claro que han cambiado su postura, que han abandonado la concepción instrumental y que ahora se vuelcan a la humanista, o por lo menos a una concepción más equilibrada entre ambas. No tengo nada en contra de la gente que varía sus posiciones, me parece un rasgo muy humano y que suele demostrar inteligencia y capacidad de adaptación, pero cuando los cambios se dan casi sin aviso, a uno le queda la sensación que detrás de ellos lo que hay es oportunismo, y no convencimiento.

El proyecto sostiene que en nuestra educación hay una formación en valores, pero soslaya que esto se da de manera implícita, más o menos inconsciente. Y lo que se requiere es una educación en valores en la que esté claro su papel y orientación. Para ello, se pide que cada centro defina Temas Transversales a ser tratados en jornadas sobre cada tema específico; que se haga una relectura de los programas oficiales para que trabajen procesos de formación moral y ciudadana; que se elaboren “contratos de convivencia” entre docentes y estudiantes.

A modo descriptivo, me gustaría subrayar que existen estas asignaturas en Educación Secundaria, todas ellas relacionadas directamente a valores: Ciencias Sociales (I y II), Formación Ciudadana, Filosofía y Crítica de los Saberes, Filosofía (I y II), Educación Ciudadana, Sociología, Estudios Económicos y Sociales, Economía, Derecho y Ciencias Políticas. En todas ellas se toca el tema de los valores y se puede profundizar y discutir. En algunas, la profundización, debate y problematización de los mismos es obligatoria. Por otra parte, existen distintos programas que se aplican intentando poner de relieve ciertos valores: Compromiso Educativo, Pintó Deporte, Pro Arte y demás; se crearon seminarios sobre sexualidad, dificultades de aprendizaje y derechos humanos en los institutos que forman docentes a los efectos de fomentar la presencia de los valores en las aulas. También, que desde la última ley de educación se crearon los Consejos de Participación, del cual han emanado ciertos acuerdos de convivencia en los liceos. Es probable que esto haya que mejorarlo, en cantidad y calidad, coordinando de mejor manera el trabajo de las distintas asignaturas. Dudo que ello sea posible por el nombramiento de una Dirección Sectorial, como formula el proyecto. No me parece que una nueva burocracia mejore esos asuntos como por arte de magia.

En un sentido normativo, el trabajo áulico -entendido en este caso como una especie de transmisión de conocimientos- respecto a los valores cae derrotado fácilmente por vía de la praxis. Los valores se aprenden por vía del ejemplo, del contagio y por lo que podríamos llamar “efectos colaterales”. Si en una clase fomento que los alumnos cooperen entre ellos en lugar de competir, es mucho más probable que ese aprendizaje se dé de mejor forma -mientras aprenden biología, matemáticas o lo que fuere- que si doy una clase sobre cooperación. Dicho de forma gruesa: yo puedo enseñar la definición de solidaridad y no por ello quien me escuche se convertirá en solidario. Tal vez si se me viere como una persona solidaria y eso caiga bien, haya alguien que tome ciertas acciones como ejemplo a seguir. Claro que además debemos tomarnos el tiempo para conversar con ellos acerca de aquellas situaciones que directamente violentan ciertos valores. Pero no solamente aquellos que tienen que ver con la violencia a la propiedad privada o la vida, también las situaciones que promueven que la felicidad y los sueños se cumplen en un shopping. También hay que enseñar a tolerar a quienes no están de acuerdo con nosotros, a la vez que mostrar cómo deberían manejarse los desacuerdos.

Lo primero que debemos hacer los adultos es revisar nuestras actitudes cotidianas, aun más quienes están en los primeros niveles de exposición pública. [1]¿Somos tolerantes? ¿Cuál es el nivel de nuestras discusiones, por ejemplo el nivel de las discusiones de los integrantes de la clase política?[2] Luego, tomar nota y accionar respecto a lo que sucede en los medios de comunicación en materia de valores. Hay que animarse a pagar el costo político de que se nos acuse de ir contra determinadas libertades, animarse también a pensar si eso es realmente libertad. Tal vez recién después de eso un nuevo artículo en la Ley de Educación pudiere tener algún efecto…