REPERCUSIONES EN URUGUAY

Vicentin: Un "casus belli"

Un campo de batalla

Cuando el 1 de junio el presidente argentino Alberto Fernández anunció la intervención del grupo empresarial Vicentin, plantó, conscientemente o no, una bandera de guerra a los ojos de sus contendores en las lides políticas.

Fernández justificó la acción en la situación crítica del grupo empresarial y la necesidad de mantener los empleos, atender los intereses de los acreedores estatales y productores, y llevar a cabo una renegociación exitosa del pasivo. Por si no fuera suficiente, se trataba de tomar el control de una sociedad que se “encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión, varios de ellos están siendo investigados”.[1]

El gobierno argentino no se limitó a ofrecer argumentos circunstanciales; consideró que la intervención era un acto de soberanía alimentaria, la oportunidad para operar una empresa testigo en un sector fundamental y evitar su extranjerización. En definitiva, representaba el interés general.

No se trataba entonces de que el Estado asumiera las pérdidas de un grupo empresarial quebrado -nacionalización de las pérdidas-, algo que no hubiera llamado demasiado la atención, sino de un caso que podía ser el inicio de una serie de estatizaciones. 

La contraofensiva no se hizo esperar

No fue suficiente que el gobierno aclarara que adoptaba esa decisión porque no veía otra alternativa a la nacionalización del Grupo.

Juntos por el Cambio,[2] los titulares del Grupo y otras organizaciones y representantes de la empresa pasaron a la acción; elaboraron argumentos, presentaron recursos ante la justicia, convocaron a los ciudadanos a un cacerolazo y a una movilización callejera. 

La movilización fue muy limitada, pero suficiente para que la foto apareciera en los medios argentinos y de otros países. La solidaridad internacional no se hizo esperar. El periódico de derecha ABC de España titulaba “La Argentina se echa a la calle en contra de los intentos de expropiación de Fernández”.

El temor compartido por los opositores a la iniciativa del gobierno consiste en que la estatización del Grupo Vicentin fuera la cabeza de puente para ulteriores intervenciones del estado. 

Los argumentos para el rechazo se caracterizan por su generalidad: el Estado es un mal administrador (sin duda tienen bastantes ejemplos para demostrarlo) que se prestaría a la corrupción (de la que estarían libres las empresas privadas); se tomaría el camino de Venezuela (un poco exagerado); era “peligrosa, ilegal e inconstitucional”, y afectaría negativamente las negociaciones en curso para consolidar la deuda externa. Y algo más: que la ex presidente Cristina Fernández sería de hecho la impulsora de la iniciativa, un argumento tan potente para una parte de la ciudadanía como para obligar un desmentido desde fuentes oficiales.

Algunos titulares expresaron gráficamente ese punto de vista: “El Estado no puede cortar el pasto de la ruta 11, ¿cómo va a manejar una empresa como Vicentin?”. Y productores autoconvocados sobre Vicentin alertaron: “No queremos ser Venezuela, somos la República Argentina”. 

Final incierto

La contraofensiva que agrupa organizaciones políticas y sociales cerradamente pro mercado parecen estar ganando una primera batalla luego de reunir fuerzas y debilitar la posición de un gobierno sumergido en el control y superación de una brutal crisis económica, social y sanitaria que dificulta incluso el armado de sus propios apoyos. 

El 24 de junio, el juez de la ciudad de Resistencia que trata el asunto repuso a los directores desplazados por el gobierno, resolución que este apelaría. 

Voceros del gobierno abrieron la posibilidad de una marcha atrás, señalando que se analizaban alternativas distintas a la expropiación.

El proceso judicial y el parlamentario (se necesita una ley) dirán quién quedó bien parado en esta guerra, por ahora de “baja intensidad”.

El grupo empresarial

Vicentin es un importante grupo empresarial argentino, propietario o controlador de firmas que operan en varios países y sectores. El núcleo principal radica en la intermediación y el procesamiento de granos, actividad en la que es el sexto exportador, en un sector dominado por unas pocas empresas transnacionales.

Agobiada por las deudas, en febrero de 2020 Vicentin solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores. Los principales tenedores de la deuda de 1.350 millones de dólares son instituciones financieras, principalmente el estatal Banco Nación, seguidas por los productores rurales. 

Acusado de irregularidades

Según Lozano, el principal denunciante, Vicentin presenta “presuntas irregularidades en los préstamos otorgados a esa empresa, que dieron origen a la investigación penal por presunta "defraudación".

La Unidad de Información Financiera (UIF),[3] por su parte, acusó a la empresa de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior, e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central, Guido Sandleris, y del Banco Nación, Javier González Fraga, así como directamente a los dueños de la cerealera. 

La conexión en Uruguay

El caso Vicentin, igual que otros, tiene una importante conexión en Uruguay. Siempre según Lozano, la empresa es responsable de un conjunto de maniobras con sus subsidiarias en Uruguay y Paraguay, y con una off shore en Panamá, que muestran subdeclaración de exportaciones y fuga de divisas.

Entre el 2018 y 2019 Vicentin habría abierto en Uruguay tres empresas controladas, destinatarias de exportaciones argentinas apoyadas mediante una prefinanciación del Estado que nunca fue devuelta.[4]

Los ecos de la incruenta guerra que se desató en Argentina llegaron a Uruguay. José María Sanguinetti, ex presidente y actual senador de la coalición gobernante, se hizo un tiempo para analizar el tema y concluir que la estatización de Vicentin es una “mala señal”, dos palabras que alcanzan para expresar un temor apriorístico a la estatización, emitido sin necesidad de estudiar debidamente la naturaleza de la crisis empresarial. [5]

El gobierno uruguayo estaba preparado para sacar partido de la crisis argentina, y el desencuentro allende el río acerca de Vicentin fue el escenario ideal para aprobar un decreto que crea facilidades adicionales a los inversores extranjeros que establezcan su domicilio fiscal en Uruguay. Decreto que apunta fundamentalmente a los inversores argentinos, como subrayó el periódico La Nación de Buenos Aires el 12 de junio, un día después de su aprobación.

Algunos se alegraron con esa medida y no dudaron en exagerar un poco su importancia. Según declaró Mariano Sandars, gerenciador de patrimonios argentinos con una sede en Uruguay, la propuesta es genial porque tiene incentivos fiscales. [6]

La medida adoptada por el presidente Lacalle Pou es parte de la política para ampliar aún más las facilidades otorgadas a los inversionistas extranjeros; un regreso a la situación anterior al gobierno del Frente Amplio la cual, paradojalmente, solo atrajo capitales golondrinas de Argentina cuyo posterior retiro contribuyó decisivamente a la crisis económica uruguaya de 2002. 

Los gobiernos del Frente Amplio adoptaron numerosas medidas para aumentar la transparencia de los flujos financieros, facilitar información a las autoridades tributarias de otros países y controlar actividades de las sociedades anónimas; una política que, vale recordarlo, encontró tenaz resistencia entre quienes se beneficiaron del jolgorio que “facilita los negocios”.

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La intervención y posible estatización de Vicentin, un hecho intrínsecamente no muy importante en el marco de la mega crisis argentina, adquirió gran dimensión cuando se lo adscribió al campo de batalla ideológico y político. Los argumentos de los opositores se concentraron en este ámbito y lograron repercusiones significativas dentro y afuera de la Argentina.

En Uruguay, el intento de estatización de Vicentin contribuyó a crear el escenario adecuado para que el gobierno justificara su decisión de facilitar la residencia fiscal a extranjeros, abriendo así una puerta más amplia a evasores fiscales y a fondos de actividades ilícitas. Una conducta que podría calificarse de oportunista, miserable e impropia de un gobierno que diariamente alude a la ética y a la preocupación de que la pandemia traiga de regreso las políticas proteccionistas.