LA CRISIS VENEZOLANA Y EL GOBIERNO URUGUAYO

Entre la no injerencia y la solidaridad

La dualidad del poder ejecutivo en Venezuela entre el presidente electo Nicolás Maduro y el “presidente encargado” Juan Guaidó ha llevado la crisis institucional venezolana a un punto de no retorno. O bien la oposición, que apoyan Estados Unidos y sus aliados, se sale con la suya y derroca al chavismo, o bien el oficialismo acaba con la insurgencia del Parlamento, lo disuelve y llama a nuevas elecciones parlamentarias.

Esto es lo que explica la exacerbación de los argumentos, la búsqueda de apoyo internacional y la campaña por lograr internacionalmente el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. En esto trabajan, junto con EE.UU., la OEA de nuestro compatriota Luis Almagro y el Grupo de Lima.

El gobierno uruguayo mantiene tradicionalmente una firme posición de rechazo a la injerencia y de defensa de la soberanía nacional de los Estados. En esta postura coincide con el nuevo gobierno mexicano de López Obrador y otros países de la región. En momentos en que renace en el mundo la carrera armamentista, nada más loable que luchar contra el surgimiento de nuevos focos de tensión. Pero no injerencia no es lo mismo que no intervención: la solidaridad es también una forma positiva de intervención.

El objetivo era claro: evitar la solución militar y la guerra. Pero el camino de la negociación estaba bloqueado por la radicalización de las posiciones. Si de elecciones libres se trata, por ejemplo, todo depende de qué se va a elegir, ¿presidente o parlamento? En el primer caso se desplaza a Maduro, en el segundo a Guaidó, aunque… Al arribo de la delegación de la Unión Europea, la solución “cero” de diálogo sin condiciones, que promovían México, Uruguay y otros países latinoamericanos y del Caribe chocó con el plan que traían los europeos y hubo que retroceder. De acuerdo, pero ¿por qué solo elecciones presidenciales? ¿Acaso la actual Asamblea Nacional, sin los diputados oficialistas, es más legítima que Nicolás Maduro?

CUANDO EL PACIENTE NO COLABORA

Quienes conocimos y practicamos la solidaridad incondicional con los símbolos de nuestra esperanza aprendimos que callar las críticas para no perjudicar no era la mejor opción. Sin llegar al extremo de reclamar el derrocamiento del gobierno bolivariano, como hace la derecha, o incluso pedir una intervención militar de EE.UU. como abogan algunos, hay que reconocer que Nicolás Maduro y otros exponentes de la revolución a medio hacer dejada por Hugo Chávez al morir, tampoco ayudan.

Veamos un poco cómo fue el proceso que llevó a esta crisis institucional. Para empezar, cuando en el ejercicio limpio de elecciones al que Chávez había acostumbrado a su pueblo y a la opinión pública latinoamericana (en el resto del mundo ni lo saben) resultó que por primera vez el chavismo perdía la mayoría de la Asamblea Nacional, decidieron abandonarla, dejando así a disposición de sus adversarios no solo la mayoría sino todo el Poder Legislativo. No sabemos qué hubiera pasado si aceptaban el reto y transformaban el recinto parlamentario en una tribuna de lucha política y de vigilancia ante las tropelías de la oposición más radical; de pronto hasta hubieran podido convencer o al menos hacer dudar a más de un diputado opositor bien intencionado. Pero fue su opción retirarse y ellos sabrán por qué.

Luego propiciaron, a través de un Poder Judicial notoriamente sumiso al Presidente, el cuestionamiento de algunos diputados por presuntos vicios electorales. Cuando la Asamblea se negó a desconocer sus mandatos y anular su juramento, el Tribunal Supremo la declaró “en desacato” y desautorizó todas sus decisiones. A partir de ese momento, los diputados rebeldes aparecieron como representantes de todos los que estaban en contra del Gobierno, incluso aquéllos que no los habían votado. La crisis económica, lógicamente, hizo crecer el número de descontentos.

Seguidamente, el Presidente sacó de la manga un artículo de la Constitución que lo autorizaba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente con poderes ilimitados. Hasta ese momento, a nadie le había pasado por la mente siquiera que la Constitución debía reformarse y por cierto, una vez electa la asamblea en cuestión en votación secreta irreprochable pero boicoteada por la oposición, se dedicó más bien a suplantar al Parlamento “burgués”. Pero no solo el Poder Legislativo siguió funcionando: mientras la “Constituyente” sesionaba y dictaba leyes, la economía se iba a pique y la oposición seguía haciendo su trabajo sin mayores obstáculos.

Es que el gran desafío de una revolución democrática y participativa como había imaginado Hugo Chávez seguía en pie en el esquema ideológico del régimen, pero no en la mente de los socialistas venezolanos. La gran contradicción fue y es la introducción de un creciente autoritarismo en el marco de métodos democráticos. [1]De tal suerte, mientras por un lado los partidos y organizaciones de oposición pueden funcionar libremente, así como el Parlamento “en desacato” se reúne y hoy los partidarios de Juan Guaidó realizan sin obstáculos actos de apoyo en la capital y otros lugares, por el otro se les persigue individualmente. Todo esto en el marco de la agravación de la crisis y la corrupción.

LA CAMPAÑA PRO RECONOCIMIENTO DE GUAIDÓ

Es indudable que el rol de Estados Unidos ha sido esencial para planificar y poner en marcha el proceso de derrocamiento del presidente Maduro. Y como siempre, es el petróleo el principal aliciente. Había que aplicar la misma metodología que en otros sitios: Afganistán, Irak, Libia, Siria… la lista es larga. No obstante, si examinamos los resultados, no parece que sean los mejores modelos a seguir. Pero se sabe que a Donald Trump no le gusta dar el brazo a torcer. Y en Juan Guaidó, por fin, encontró un brazo ejecutor, joven y dispuesto.

¿Quién es este personaje extraño, que aparece de pronto como el favorito de la Casa Blanca? Ingeniero, natural de La Guaira, de 35 años de edad y militante del partido Voluntad Popular, [2]fue elegido diputado de la Asamblea Nacional en 2015 por el estado de Vargas, circunscripción Nº1, por 97.492 votos, que representan el 26,01%, (datos del Consejo Nacional Electoral).[3]

Comparativamente, Nicolás Maduro obtuvo, en la elección presidencial de 2018, 6:245.862 votos, equivalentes a 67,84% de los votos emitidos. Es cierto que la baja participación (46,07%), en parte atribuible a la campaña de abstención de la mayoría de la oposición, resta relevancia a esta cifra, pero ambas personalidades están separadas por escalas totalmente dispares en materia de apoyo popular.

El 5 de enero de este año, Juan Guaidó fue designado por su fuerza política para ocupar la presidencia rotativa de la Asamblea Nacional. Varias fuentes, remitiéndose a la información de la agencia española Efe, han indicado que poco antes, en diciembre de 2018, había estado en Washington, en cuya oportunidad se había entrevistado varias veces con representantes de la Administración del presidente Trump.

Lo cierto es que, alentado por el apoyo de EE.UU., sin amilanarse se autoproclamó el 23 de enero “Presidente encargado” en virtud del artículo 233 de la Constitución, que otorga esta prerrogativa al presidente del Parlamento en la eventualidad de “falta absoluta” del Presidente electo, figura jurídica que se aplica a la muerte, renuncia, destitución por el Tribunal Supremo, incapacidad física o mental permanente, abandono del cargo o revocatoria popular del titular del cargo. Ninguna de estas circunstancias puede hacerse valer en el caso de Nicolás Maduro.

En la interpretación extrema del flamante nuevo jefe del Parlamento, refrendada por los diputados que asisten a sus sesiones (recordemos que los partidarios del Gobierno se retiraron y no participan), el puesto de Presidente de la República estaría vacante, ya que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 no fue válida por haber tenido lugar “serias irregularidades”. Posiblemente irregularidades las hubo y también hubo candidatos proscritos. Pero ¿quién le quita a Nicolás Maduro que más de seis millones de venezolanos lo votaron?

He aquí sin embargo que tiene lugar la Reunión de Lima, que declara ilegítimo a Maduro y lanza la campaña por el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como Presidente interino. Dado que el presidente en funciones se niega a renunciar y responde que defenderá el cargo con el apoyo del ejército, comienza a hablarse de intervención militar.

LA UNIÓN EUROPEA IRRUMPE EN LA ESCENA

En Europa, fuera del ámbito oficial poco o nada se sabe de las circunstancias de la crisis institucional venezolana y de la autoproclamación de Juan Guaidó como “Presidente encargado”. Se le presenta como Presidente del Parlamento, un título que infunde respeto, sin aclarar que se trata de una presidencia pro tempore, ya que justo le tocaba a su grupo político ejercerla este año. La presión es grande y la mayoría de los países de la Unión Europea se pliegan y reconocen al pretendido nuevo jefe de Estado. El presidente checo, totalmente ignorante de la realidad latinoamericana, dice que su proclamación fue un acto “perfectamente constitucional” e incluso lo invita a visitar la República Checa. Pero algunos expresan reparos (Italia, Grecia, Eslovaquia, Bulgaria, Irlanda). Esta falta de unanimidad impidió la adopción de un texto oficial de reconocimiento de la Unión Europea.

En consecuencia, cuando llega con su séquito a Montevideo la Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, como reza su título completo, tuvo que limitar su posición a la exigencia de elecciones presidenciales. En el pleito entre Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente optó por la primera y desconoce la legitimidad del presidente Maduro.

En la víspera se habían reunido, por iniciativa de Uruguay y México, varios países de América Latina y el Caribe que acordaron buscar en común una solución negociada sin condiciones previas, plan denominado “Mecanismo de Montevideo”. Evidentemente, no es lo mismo. ¿Estaba informada la parte europea? En todo caso, ellos no tenían previsto dialogar con la región, su traslado a Montevideo solo tenía por objeto participar en una reunión del “Grupo de Contacto Internacional (GCI)”, creado por su iniciativa con el apoyo de Uruguay.

Pero el tema de la reunión era también Venezuela, y las contradicciones fueron inevitables. Lo esencial y polémico de la Declaración del Grupo de Contacto Internacional difundida por la Presidencia aparece en este fragmento que reproduzco textualmente y sin comentario alguno:

“Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional… En su primera reunión, el Grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo el Grupo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución, como fuera establecido en los términos de referencia del GCI.”

El GCI también tomó partido en la cuestión de la ayuda humanitaria, tema que siembra malestar en filas chavistas, pero por lo menos la circunscribe a la esfera internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se supone que estos organismos cuidarán que la tal ayuda humanitaria no se aproveche para el contrabando de armas y el apoyo logístico a la acción de los grupos opositores.

En la lista de países firmantes no figura México, uno de los iniciadores del “Mecanismo de Montevideo”, lo cual no deja de ser un traspié diplomático mayor. El Secretario (ministro) de Relaciones Exteriores de México, que la prensa uruguaya no ha citado, declaró que “no podía participar en algo que implique determinar el proceso político electoral” (Proceso, México, 8.2.2019). El mismo día comenta Álvaro Cortés con humor cantinflesco que Uruguay, después de presentar con México y países del Caribe el Mecanismo de Montevideo, fue el anfitrión del GCI… “y bueno, llegó a la conclusión que siempre sí quiere elecciones en la república bolivariana.”

Por parte de los anfitriones, una primera impresión de la reunión, sin duda fragmentaria, fue entregada por el ministro Nin Novoa a través de En perspectiva en Radio Mundo, 8.2.2019, donde explicó las dificultades que fue necesario allanar durante la reunión del GCI, recalcando al mismo tiempo que hay importantes coincidencias entre esta posición y la del Mecanismo de Montevideo. Lo nuevo es la mención del referéndum como otra forma posible de elección libre, pero sin indicar qué pregunta o preguntas debiera el electorado responder por sí o por no.

Más reflexionada y sin duda a tono con la posición del Gobierno en esta delicada cuestión fue la exposición del canciller ante la Comisión Permanente de la Asamblea General, convocada al efecto a iniciativa del senador colorado Pedro Bordaberry. Allí habría declarado (me atengo a la versión de La Diaria del 13.2.2019) que “Uruguay no puede reconocer a un presidente que no fue electo por la población”, con lo cual echa por tierra la teoría de “dos presidentes en pugna”. Más explícitamente afirmó: “sólo puede validarse [en ese cargo] por la vía de la fuerza, del levantamiento militar, de la revuelta popular o de la intervención extranjera". Por ello, un reconocimiento por parte de Uruguay (pero bien podría aplicarse a todo el mundo) sería, según Nin, “un acto casi irresponsable”.

En este contexto puede calificarse de positivo que la Declaración del GCI repudie el uso de la fuerza, lo que indirectamente va en contra de la prédica intervencionista de Donald Trump, que sostiene el propio Guaidó.[4]

También la Sra. Mogherini creyó oportuno aclarar en la conferencia de prensa al término de la reunión que ambas iniciativas, el GCI y el Mecanismo de Montevideo, siendo diferentes no son incompatibles entre sí.

Pero éstas y otras concesiones logradas según describe Nin Novoa son de valor secundario al lado de la cuestión de fondo, que sin duda fue el motivo principal por el cual la delegación de la Unión Europea vino a Montevideo, o sea, la adhesión a la idea de nuevas elecciones presidenciales. En esto, la señora Mogherini puede regresar a Bruselas satisfecha por el éxito alcanzado.

LO QUE FALTÓ

Ni en la información oficial ni en ninguna otra fuente consultada figura la pregunta de por qué la UE no aplica el mismo criterio riguroso de legitimidad con respecto a la Asamblea Nacional. Por el contrario, la Declaración subraya “más particularmente” el deber de respetar “el mandato constitucional” de la “democráticamente electa Asamblea Nacional”.

Veamos un poco esta cuestión: la Asamblea Nacional fue electa en 2015 en las mismas condiciones que Nicolás Maduro en 2018, bajo la supervisión del mismo Consejo Electoral Nacional, que hoy se acusa de connivencia con los autores de “irregularidades”. Seguidamente, la misma “intransigencia” de que habla Nin Novoa al referirse a Guaidó, caracterizó desde un principio la actuación de la representación parlamentaria de la MUD triunfante, lo que llevó a la bancada oficialista y sus aliados a retirarse, medida que considero no obstante errónea.

Desde entonces, la cámara siguió funcionando “en desacato”, con la presencia de a lo sumo 112 diputados electos de un total de 167 – los que en realidad asisten deben ser muchos menos, a juzgar por las fotos que se han publicado. Su representatividad, por lo tanto, es bastante cuestionable, sobre todo porque no participan las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno.

En conclusión, pedir “elecciones presidenciales” solo favorece a una de las partes, la que representa Juan Guaidó. Pedir “elecciones parlamentarias” como hizo Nicolás Maduro en cierto momento, lo favorece a él (aunque no deja de ser un riesgo político para su partido). Una posición imparcial sería pedir elecciones generales para presidente y parlamento simultáneamente, o sea empezar de nuevo, con reglas equitativas y en todo caso con observadores internacionales. Al parecer, no está planteado, ¿por qué será?

El vecino presidente Mauricio Macri, sin ser miembro de ninguno de los grupos, no dejó de influir con sus opiniones. Por algo vino después a Anchorena a insistirle a Tabaré Vázquez para que reconociera a Juan Guaidó (o a echarle en cara que no lo hizo). En momentos de escribir esto, se anuncia la misión conjunta de la UE y Uruguay a Caracas, en cumplimiento de los compromisos asumidos en Montevideo. Por entonces ya no será posible apartarse de la línea común acordada.

Tampoco sería aconsejable apartarse, puesto que ya el hecho de cambiar de postura con relación a las elecciones literalmente de un día para el otro afecta la credibilidad del Uruguay en el campo de las negociaciones internacionales.

Tratar con las potencias es un arte difícil y delicado, que exige habilidad y mucha paciencia. Ojalá la tengan los venezolanos.