LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Rechazos y recelos dentro del FA

Las grandes inversiones, como las plantas de celulosa instaladas en Uruguay, pueden ser consideradas beneficiosas o perjudiciales según la visión que se tenga. Dentro del Frente Amplio (FA) existen diferentes opiniones. Para algunos la inversión extranjera directa (IED) no es conveniente para el país porque gran parte de los beneficios económicos fluyen hacia las empresas matrices. Además se considera que las inversiones extranjeras afectan la soberanía, producen perjuicios en el medio ambiente y depredan los recursos naturales. Según esa visión, hay una relación costo/beneficio inconveniente para el país receptor de la IED. En muchos casos esta postura no es absoluta: se acepta que haya IED, pero cuanto menos mejor, y no se acompañan los esfuerzos del gobierno para que se instale en el Uruguay.

Por el contrario, el gobierno y la mayoría de los frenteamplistas -aunque ésta no siempre se exprese claramente en las instancias orgánicas- entienden que las inversiones productivas contribuyen al crecimiento del país, generan puestos de trabajo que de otra manera no podrían crearse, incorporan tecnología, promueven acciones del Estado o de éste y privados -como obras de infraestructura física- y, al contribuir al mejoramiento en los indicadores macroeconómicos, fortalecen la confianza en el país y generan condiciones más favorables para el manejo de la deuda y el déficit fiscal, entre otras consecuencias. También se señala que las grandes inversiones contribuyen a la creación de empleos indirectos y dinamizan la economía más allá de los sectores específicos en los que se radican. Asimismo la IED plantea exigencias a la educación en ciencia y tecnología al requerir la capacitación en nuevas áreas de la producción y los servicios, lo que también resulta valioso para el país más allá de las inversiones.

Esos y otros efectos no podrían darse sin la IED. No hay capitales en el país capaces de acometer emprendimientos de gran porte como las mencionadas plantas de celulosa, o en el turismo, o en la industria manufacturera, o en el comercio y los servicios. La reactivación del agro -que cambió radicalmente en los últimos años- se produjo porque llegaron capitales que no existían en el país o que no se animaban a invertir en él. No solo permitieron ampliar la producción sino también introducir tecnología y procedimientos imprescindibles para lograr los rendimientos que se obtienen actualmente.

En cuento al señalamiento de que la IED extranjeriza la tierra, merece algunas precisiones. Cuando casi no había IED y predominaban los latifundios improductivos, el campo, además de generar contaminaciones en tierra y aire, era un escenario de explotación de mano de obra y de desperdicio económico de los que solo se beneficiaban unos pocos grandes terratenientes uruguayos. Los extranjeros que invirtieron en el campo uruguayo en los últimos años no son más explotadores que las grandes familias latifundistas uruguayas de décadas pasadas. Por supuesto que las mejoras en las condiciones de vida de la población rural no se deben a que los actuales propietarios de la tierra tengan espíritu filantrópico sino por el reconocimiento del Estado a los derechos laborales, las mejoras en los ingresos de la población en general, la universalización de la atención sanitaria, los nuevos procedimientos de producción, la accesibilidad a medios de comunicación y transporte, la expansión de la electricidad y otros servicios. En alguna medida y en algunos casos a esas mejoras ha contribuido la IED, incluso a su pesar o no ex profeso.

Que la IED contamina el medio ambiente es una posibilidad real. También es real que el río Negro, en cuyo margen se radicará la segunda planta de UPM (la empresa finlandesa de celulosa), está contaminado desde hace décadas. En todo caso es bueno que la eventualidad de que se concrete esta inversión haya encendido las alertas que deberían haberse activado antes. Después de todo la ganadería y las pequeñas industrias con baja incorporación de tecnología son altamente contaminantes. Y muchos hábitos de la población también lo son.

El hábitat debe ser cuidado en todos los casos, independientemente de la radicación de IED. Justamente, la instalación de la planta de UPN sobre el río Uruguay, que posee un muy bajo nivel de contaminación, ha llevado a que se efectúen controles más exigentes sobre un cauce que viene sufriendo desde hace mucho los efectos de industrias y asentamientos humanos ubicados en ambas márgenes o en sus afluentes.

La IED también abre oportunidades a capitales nacionales que están ociosos en el sistema financiero para que se inviertan en la producción y los servicios: les genera posibilidades de participar en empresas extranjeras o en actividades subsidiarias.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entiende que “la inversión extranjera directa puede constituirse en un propulsor del desarrollo que tiene efectos positivos en las economías receptoras. Así, se destaca la función de la IED como complemento del ahorro nacional y fuente de nuevos aportes de capital y de beneficios en materia de transferencias de tecnología y sistemas de gestión para la modernización productiva” (Informe 2016).

Un país como Uruguay no está en condiciones de crecer y lograr conocimiento y capacidad de producción por sí solo. En realidad ninguno lo está en sentido estricto, menos en este mundo globalizado e interrelacionado. Pero mucho menos una nación débil, pequeña, dependiente en múltiples aspectos.

Claro, lo anteriormente señalado implica no solo el interés de los inversores, sino también acciones políticas, esfuerzos económicos y planes sociales del Estado. La IED no depara automáticamente un mundo de beneficios, y puede causar graves perjuicios. Los esfuerzos del gobierno para que se concrete una inversión o la decisión de desecharla requerirán la consideración de múltiples factores.

Quienes invierten, aunque generen posibilidades de empleo y otros activos para la sociedad, también lucran, priorizan la ganancia, tratan de conseguir ventajas muchas veces contrapuestas al interés del país, y deben ser contenidos por políticas adecuadas. Como sucede también, o debería suceder, con cualquier emprendimiento encarado por nacionales o por el propio Estado.

En el caso de las zonas francas -también resistidas por sectores del FA-, se objeta que obtienen beneficios excesivos a costa del Estado, de los dineros de la gente y de los recursos naturales del país. Por eso mismo se requiere legislar y controlar las zonas francas. En ellas trabajan miles de uruguayos, en general en buenas condiciones y adecuadamente remunerados, con frecuencia mejor que quienes desarrollan trabajos similares en otros lados. Asimismo las empresas allí instaladas necesitan servicios que, a su vez, implican gastos del Estado y también generación de otros empleos. Como con las inversiones en general, y no solo las extranjeras, habrá que considerar daños medioambientales, urbanísticos, paisajísticos, circulatorios, etcétera. En las zonas francas hay posibilidad de perjuicios por utilización de espacios y recursos del país sin recompensa fiscal.

Se debería estudiar en cada caso los pro y los contra, la compleja trama de costos y beneficios para decidir si un emprendimiento es conveniente. Y hay que negociar. Siempre. Esto también es válido para otro tipo de actividades productivas o de servicio no relacionadas a la IED ni a zonas francas ni a capitales multinacionales.

En lo esencial, las inversiones -como acontece con otros factores de la actividad de un país- requieren políticas estatales que aseguren el interés nacional. Riesgos y exigencias siempre existen. Pero contraponer a priori la IED al interés nacional privaría a la sociedad de las posibilidades señaladas anteriormente, sin que se las pueda lograr por otro camino. El crecimiento no es posible sin inversión. Y la inversión en un país como Uruguay no puede surgir solo del Estado o de capitales nacionales. De ahí la relevancia de la IED.

Cabe reiterar que en el FA y en su gobierno han predominado las posturas favorables a la IED y ello se reflejó en su drástico incremento a partir de la llegada al gobierno nacional, en 2005. Entre ese año y 2015 la IED como porcentaje del producto interno bruto (PIB) promedió 5,2% anualmente, mientras el promedio histórico hasta 2004 es de 0,8% (Instituto Uruguay XXI ‑ Promoción de Inversiones y Exportaciones, informe de octubre de 2016). Además la IED recibida en la última década ha contribuido a un notorio incremento de la tasa de inversión en el país.

Aunque en la oposición y en sectores del propio FA no se lo reconozca, esta realidad puede verificarse consultando los más diversos indicadores, y no solo las estadísticas oficiales o los informes de las empresas interesadas en invertir.