LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

Subsidios a empresas en la pandemia

Los gobiernos están apoyando a las empresas para evitar su colapso y las consecuencias que de ello devendrían en el empleo y el sector financiero. 

La embestida baguala del Estado sobre algunas economías ha llevado a múltiples expectativas y preocupaciones sobre el futuro. Desde los sectores conservadores la preocupación principal es que los gobiernos continúen interviniendo masivamente en la economía después del esperado regreso a la normalidad, interfiriendo así en las decisiones de las elites empresariales. Pero también hay otras preocupaciones.

Las ayudas generan desigualdades

La mayor parte de los 2,7 millones de millones de dólares que el gobierno pro ricos de Trump asignó a atender la emergencia, se destinarán a las empresas; un monto tres veces y media mayor que el aprobado en 2009 durante la última crisis. De los 510 mil millones de dólares aprobados en abril, 321 mil millones están destinados a atender a las empresas urbanas y 60 a las del sector agropecuario. El resto del financiamiento se destina a la salud, los seguros de paro y otros subsidios.

La asistencia de Estados Unidos al sector agropecuario equivale al 25% del PBI del sector. Una proporción equivalente en Uruguay alcanzaría a 1.000 millones de dólares de asistencia a la agricultura, una suma bastante más alta que toda la asistencia aprobada por el gobierno hasta mayo de este año.

En la Unión Europea (UE), por su parte, la carrera por apoyar a las empresas la gana, y por varios cuerpos de ventaja, el gobierno de Alemania, con un millón de millones de euros. La perla de esa asistencia son los 9.000 millones de euros que permitirán, al Estado alemán, disponer del 20% de las acciones de la compañía de aviación Lufthansa, y a la empresa, de un salvavidas para competir con otras que no dispongan de una ayuda equivalente, sin tener que pagar intereses por ello. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la UE y el gobierno vendería esas acciones hacia 2023.

Hasta comienzos de mayo, los restantes países de la UE ofrecieron apoyos menores a sus empresas: Francia, por ejemplo, 350 mil millones de euros, y España -un rezagado en esta materia- apenas 1,4 mil millones de euros.

La asimetría en la magnitud de la asistencia deja en posición favorable a las empresas de algunos países, con total independencia de los principios de la “sana competencia”. Por ejemplo, favorece a Lufhansa respecto a LATAM. Y algo más cercano a nosotros, también favorece a los productores y empresas agrícolas de Estados Unidos (principal exportador mundial de esos productos) respecto a los de los países que compiten con ellos, entre los cuales se encuentran los que integran el MERCOSUR. 

En escala subatómica, pero algo escandalosa, el 14 de abril -a un mes del ingreso oficial de la pandemia a Uruguay- el gobierno se hizo cargo del seguro de paro de los empleados de los escribanos y de la Caja Notarial. Esta caja administra la seguridad social del sector pero no comprende el riesgo de paro.  Según reza la página oficial de la Caja Notarial, “A raíz de gestiones emprendidas por la Caja Notarial y por la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Poder Ejecutivo compartió la necesidad de incluir a los empleados de escribanía y de la Asociación entre los beneficiarios del seguro por desempleo”.

Nada nuevo bajo el sol

Una vez más, los gobiernos han salido en ayuda de las empresas en tiempos de crisis. Sin ir muy lejos, es la conducta que adoptaron los países desarrollados durante la crisis financiera de 2008; una política que debería haberlos avergonzado, ya que las ideas pro mercado todavía estaban en auge. El caso emblemático de ese proceder fue el escandaloso apoyo otorgado por el gobierno de Barack Obama a la financiera AIG, de muy mala fama.  

En el sur de América, los gobiernos no se han quedado atrás; con dineros de la gente pagaron los platos rotos por los bancos cada vez que estos lo necesitaron, como ocurrió en las crisis de 1982 y de 2002.

En definitiva, en las crisis los gobiernos actúan como un seguro de los negocios privados, aun de aquellos que en el auge manifiestan confianza ciega en las bondades del mercado. El financiamiento de ese seguro inevitablemente se socializará.

Un servicio gratuito que no deja experiencia

Las empresas no logran anticipar coberturas de riesgo para enfrentar eventos críticos y, razonablemente, esperan que cuando estos ocurren el Estado vaya a su rescate.

La recurrencia a este servicio gratuito de cuidados intensivos no logra terminar con la ideología que predomina entre los economistas y los empresarios, según la cual los beneficios de estos últimos compensan los riesgos en que incurren cuando abren o amplían una actividad.

Menos intelectual y más cercano: el diferente potencial de los Estados para intervenir amplía la brecha entre las empresas de diferente nacionalidad, incluyendo, como se ha mencionado, la que favorece a las cadenas que producen alimentos en países avanzados frente a las del resto del mundo. 

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Los gobiernos pueden continuar indefinidamente cumpliendo su rol de aseguradores en última instancia de los negocios privados, principalmente cuando se trata de empresas muy grandes en dificultades; política adoptada incluso por los gobiernos con una retórica liberal y pro mercado.

Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿existen alternativas a estos salvatajes no planificados, recurrentes? Una de ellas, tímida pero removedora, consiste en que los gobiernos se asocien con empresas privadas en operaciones de largo plazo o bien amplíen sus actividades comerciales. Esta alternativa fue la adoptada en varios países de Europa occidental en los años cuarenta. Otra es ampliar esa confianza en la actividad pública a empresas asociativas, fomentando su desarrollo.