VIRTUALIDAD / PRESENCIALIDAD

La virtualidad transformada en política educativa

La suspensión de las clases en todos los niveles de la enseñanza en virtud de la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, tuvo una profunda repercusión en las aulas de nuestro país.

Desde el primer día, los encuentros a distancia sustituyeron a las clases presenciales y, desde el primer momento, las principales autoridades de la educación se embarcaron en una defensa de la virtualidad como una consecuencia de la “nueva normalidad”.

En ese sentido, se ha instalado la idea defendida también a través de los grandes medios de comunicación de que es posible aprender desde las “clases” a distancia.

De forma más o menos sutil o también de forma directa se va imponiendo la idea de que la educación a distancia ha llegado para quedarse. 

En primer lugar porque se trata de una situación en la que no hemos tenido nada que ver y que es inevitable: “[...] sí, será un año atípico, afectado por una situación anómala que nos impacta fuertemente, pero que también generará oportunidades como el uso masivo de las plataformas educativas [...] muchísimos docentes y estudiantes, forzados por las circunstancias están descubriendo que las herramientas tecnológicas apoyan los aprendizajes a distancia”. (Robert Silva, presidente del Codicen de la ANEP).[1] [2]

En segundo lugar, se ha “adoptado” la modalidad “por suerte con el compromiso de miles de docentes y el sentido de responsabilidad de miles y miles de alumnos que están haciendo que a través de la educación a distancia continúen los aprendizajes, continúe la actividad y continúe el vínculo entre los docentes y los alumnos” (Pablo Da Silveira, Ministro de Educación y Cultura).[3]

Finalmente, se sostiene que la enseñanza virtual tiene un fuerte impacto en los aprendizajes y que, además, complementa a la enseñanza presencial ya que esta última se revela como “insuficiente”. A este respecto, el presidente del Codicen, Robert Silva, manifestaba hace ya un tiempo que “se siguen realizando aulas virtuales en las zonas donde hay buena conectividad ya que con los tiempos acotados en los cursos, tres días a la semana no es suficiente”.[4]

Desde nuestro punto de vista, tanto las palabras del Ministro de Educación y Cultura como las del presidente del Codicen de la ANEP van en el mismo sentido y dan a entender una idea que se busca imponer: la enseñanza virtual es inevitable; a pesar de las resistencias se va a imponer; y gracias al compromiso de estudiantes, maestras y docentes se lograron mantener los aprendizajes a pesar de las circunstancias.

La enseñanza virtual y por plataformas responde a una política educativa que en nuestro país y en todo el mundo se viene dando desde hace varios años y que comenzó con la llegada de la tecnología a las instituciones educativas de enseñanza primaria y secundaria.

El verdadero sentido de las palabras de las autoridades nos permiten develar la transformación que los gobernantes pretenden para la educación pública y el trabajo docente. 

Son muy esclarecedoras las expresiones del Presidente del Codicen, Robert Silva, cuando establece que “ahora tendremos que pasar a una segunda etapa [...] que refiere al reforzamiento de la enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad”.[5] En esa orientación, sostiene que “estamos trabajando fuertemente para potenciar la educación a distancia”.[6]

Por lo tanto, la educación a distancia y la modalidad del teletrabajo no es producto de la casualidad, de lo imprevisto, ni surge por la responsabilidad y el compromiso de docentes y estudiantes. Muy por el contrario, responde a decisiones de política educativa, tanto aquí en nuestro país como a escala mundial.

Podemos definir tres grandes objetivos en torno al desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, las TIC. El primero no es, como algunos creyeron, promover la innovación pedagógica, sino más bien promover la aparición de una fuerte demanda, preparando y ‘formateando’ al consumidor. El segundo es desarrollar el mercado de consumo de artilugios informáticos (en especial los diseñados para la evasión). El tercer objetivo es asegurar la transferencia de conocimientos en un escenario de inseguridad en el trabajo. (Carrera y Luque, 2016).

Las clases virtuales o por plataformas -como la CREA de Plan Ceibal- son útiles o pueden ser usadas para mantener un vínculo pedagógico en momentos de aislamiento forzado como el que estamos viviendo. Pretender que la utilización de estas herramientas en momentos excepcionales es innovar en pedagogía constituye un error conceptual grave. Cuando provienen de las principales autoridades educativas, no se trata de un error; por el contrario, se trata de una intención clara de innovar en política educativa sin el necesario diálogo con quienes estamos involucrados maestras, profesoras y docentes.

Como se pregunta Pinto (2020): [7] ¿realmente se puede pensar que hay un cambio en los procesos educativos o de enseñanza y aprendizaje con la simple utilización de estas tecnologías?

Para el ciudadano o la ciudadana medio, las palabras de las autoridades educativas contribuyen a generar la creencia de que cuanta más tecnología haya en las aulas o cuantas más horas de conexión exista, mayores serán los aprendizajes.

Ahora la nueva herejía es cuestionar las bondades supuestas o reales de las TIC en el aula, aunque las dudas y sospechas sobre su eficacia real como sistema para mejorar el ‘capital cognitivo’ en los alumnos comienzan a estar sólidamente instaladas, especialmente en los niveles básicos de enseñanza [...] La lucha entre los proveedores educativos y sus intereses económicos han determinado en muchos casos las sucesivas innovaciones educativas que se han producido. (Carrera y Luque, 2016)

Quienes de alguna manera nos resistimos -incluso desde estas líneas- a lo que llamamos una virtualización compulsiva[8] nos hemos convertido en esos herejes pedagógicos que aún defendemos la enseñanza presencial como la única forma genuina de generar aprendizajes de calidad en nuestras alumnas y estudiantes.

La defensa de la presencialidad es el último escollo que podemos poner frente al desmantelamiento de la educación pública por parte de grandes intereses tecnológicos y económicos interesados en la transformación de nuestras prácticas educativas e interesados en una virtualidad que tiene consecuencias para los sectores más vulnerables, con más dificultades para acceder a la tecnología.

En ese sentido, Luri (2019) se plantea la disyuntiva a la que se expone nuestra educación pública: entre el conocimiento y los buscadores de información en internet y las competencias (capítulo “El conocimiento sigue siendo poderoso”).

Nuestra defensa de la educación pública se debe apoyar en dos pilares: la presencialidad y los conocimientos, justamente los pilares más atacados en esta “nueva normalidad”.