URUGUAY MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS

Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20

Este texto pretende llamar la atención sobre un hecho real y concreto, aunque consciente y quizás también inconscientemente soslayado por la opinión pública en general, referente a la realidad uruguaya. Se trata del Uruguay más allá de fronteras, que enmarca a unas seiscientas mil personas aproximadamente, repartidas en los cinco continentes y por lo menos 14 países -según informe oficial-, lo que representa nada más ni nada menos que el 16% de la población total del país. Y es que además, ese Uruguay del exterior ha tenido a lo largo de estos últimos veinte años un reconocimiento institucional a partir del 2005 (verdadero momento bisagra, que marcó un antes y un después en este campo con la llegada del gobierno progresista del Frente Amplio al poder), que se fue pautando dentro de la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).[2]

En efecto, en la marcha se tendieron líneas generales para el desarrollo de una política de Estado de tipo vinculante con la diáspora uruguaya. Se creó un Departamento de Vinculación para tales cometidos y se concibió, a nivel virtual, el llamado Departamento 20. Fueron sugeridas y concretadas propuestas de interacción ciudadana desde el exterior y con los responsables correspondientes a nivel ministerial; surgieron así los Consejos Consultivos, como organismos de la dinámica de intercambios entre los uruguayos del exterior y el país, al igual que otras formas organizativas ciudadanas, las Asociaciones, para oficiar como interlocutores plurales entre el afuera y la realidad nacional. Dado el “giro político” generado a inicios de este 2020, que parecería dispuesto a hacer tabla rasa con muchos de los logros alcanzados en aras de la participación democrática y los derechos cívicos, reflexionar sobre estos aspectos nos parece adecuado y necesario. 

Migraciones y más migraciones

En realidad, las migraciones constituyen el ADN de la sociedad uruguaya desde sus orígenes, pero ahondar en esta perspectiva no es la cuestión en esta exposición general. Sí queremos remarcar cómo el país desde mediados del siglo pasado y en especial a partir de la década del 60, pasó de ser receptor de migrantes a ser neto país de emigración. En los 70, la marea migratoria, ya iniciada por motivos económicos en la década anterior, se vuelve acuciante dadas las persecuciones políticas durante la dictadura (“El último que se vaya que apague la luz” rezaba un cartel en el puerto de Montevideo por aquellos nefastos años, dando muestra de la amplitud de personas que se vieron obligadas a salir del país). Con la vuelta a la democracia, y especialmente en el período de transición a partir de la segunda mitad de los 80, comenzó a consolidarse todo lo relativo a la Operación Retorno, referida más bien a los expulsados por persecución política. Luego, a inicios del nuevo milenio, la crisis del 2002 provoca otra amplia expulsión de uruguayos a un exilio netamente económico hacia diferentes nortes. Todo esto está mostrando los vaivenes y la complejidad de la diáspora uruguaya.

Vientos del cambio de milenio

En el contexto internacional, con la caída del Muro de Berlín y del socialismo real, nuevos vientos comenzaron a soplar en relación a la relevancia de la sociedad civil y su organización en sus diversas dimensiones.[3] Convendría tomar en cuenta esa perspectiva de cambios históricos al pensar el Uruguay de la diáspora, cuando los razonamientos arcaicos de las posturas más conservadoras en nuestro país esgrimen los argumentos de nuestra primera constitución (1830) y sus subsiguientes reformas en el siglo XX para negar de plano, sin reflexión previa, tajantemente, y sin considerar las nuevas realidades, el carácter transnacional de la ciudadanía. La posmodernidad con su acelerado ritmo tecnológico ha acortado distancias y ha facilitado al máximo las comunicaciones. El mundo ha cambiado y sustancialmente.

De esta forma, la sociedad civil adquiere una agilidad impensada medio siglo atrás, con todo lo que trae aparejado en cuanto a intercambios inmediatos de información, y a facilitar enormemente los contactos virtuales y de los otros. Hoy, la ciudadanía transnacional se vuelve innegable.[4] Fue necesario el paso del tiempo histórico, con esta revolución tecnológica de la que estamos participando, para que llegara a la órbita gubernamental la necesidad de crear mecanismos institucionales para articular esos intercambios con el Uruguay del exterior de una manera mucho más definida, precisa y democrática que como lo había sido en el pasado.

Así se crea, en el 2005, el “Departamento 20” en la órbita del MRREE, “para comenzar a entretejer el entramado del relacionamiento entre el Estado, las organizaciones sociales ya existentes y los nuevos instrumentos de vinculación previstos en la Ley 18.250: los Consejos Consultivos. Relacionamiento rico por su diversidad y no siempre fácil de comprender y llevar adelante dada su doble característica de cooperación mutua y al mismo tiempo de respeto de las autonomías funcionales de cada una de las tres partes componentes de la vinculación”.[5]

Conviene recordar, considerando las posturas que en su afán irracional y demoledor quieren negar y cargar de ideología a estas novedades institucionales que se concretan bajo el período de gobierno progresista, que las mismas ya habían sido expresadas en su concepto en los períodos gubernamentales anteriores al 2005, lo que implicaba una toma de conciencia de un nuevo tiempo y de la importancia que le competía a la diáspora uruguaya por el mundo. Así, por ejemplo, en el 2000 ya se hablaba del Programa de Vinculación de los Uruguayos Altamente Calificados Residentes en el Exterior, y en su discurso de asunción del 1° de marzo del 2000, el entonces presidente Dr. Jorge Batlle expresaba: “El Estado será junto a la sociedad civil un gran factor de unión y de reencuentro, reincorporando así, en un mundo en el que las fronteras físicas tienden a desaparecer, a multitud de uruguayos que hoy residen fuera del país, para que compartan la gran causa del despegue de la sociedad”.

En aquel momento (inicios del 2000), si bien se expresa esta voluntad explícitamente, en los hechos poco o nada se efectivizó en el sentido de una proyección amplia y democrática de estas ideas, que quedaron circunscriptas a nivel de la élite de poder de turno.

La inclusión ciudadana como base: los Consejos Consultivos

Muchas veces, demasiadas, nos topamos con definiciones desacertadas por estar basadas en preconceptos, en falsos puntos de partida, como por ejemplo que “los Consejos Consultivos son los comités de base del Frente Amplio en el exterior”. Semejantes aseveraciones -de por sí ideológicas- tienden a opacar y desmerecer toda una acción tendiente a la comunicación, al diálogo positivo que busca articular de la mejor forma posible los vínculos entre la sociedad civil uruguaya, dentro y fuera de fronteras.

Desde su concepción, a los Consejos Consultivos se los define como (…) un espacio de unidad nacional necesariamente amplio para la gran pluralidad de posiciones políticas, religiosas, filosóficas y de distintas sensibilidades… En su relación con las oficinas del Servicio Exterior, los Consejos serán instancias ciudadanas que estarán comunicando sus deseos, propuestas, demandas o sugerencias, las que serán debidamente apreciadas por las autoridades consulares como lo deben ser en todos los ámbitos de la gestión estatal por parte de cualquier ciudadano”.[6]

Estos instrumentos democráticos de la sociedad civil organizada tuvieron, desde sus orígenes, respaldo en su carácter de organizaciones válidas y dignas de respeto por parte de las autoridades competentes del MRREE. Se parte de la base que la organización en Consejos Consultivos es un acto de voluntad y no de imposición, y además, su estatuto de funcionamiento y su agenda de actividades son enteramente autónomos y flexibles. En su momento (año 2007), el embajador Álvaro Portillo expresaba: “(…) los Consejos Consultivos pueden tener un ámbito de competencia muy amplio, tanto como lo encuentren deseable o realizable. En primer lugar, es claro que deberán jugar un papel muy importante en la contribución al mejor funcionamiento del Servicio Exterior. Se trata de comenzar a funcionar conjuntamente, para sugerir cambios y mejoras, advertir de carencias, señalar vacíos, etc., constituyéndose en un referente de la sociedad civil con respecto a estas oficinas estatales (…) que nunca habían tenido la posibilidad de beneficiarse con un sano y respetuoso control ciudadano que estuviera permanentemente operando para mejorar y lograr una gestión más eficiente (…)”.[7]

Ahondando más en los fundamentos teóricos, filosóficos y jurídicos, la investigadora franco-uruguaya Dra. Fernanda Mora ha venido trabajando desde hace muchos años a nivel académico sobre estos temas de ciudadanía transnacional y derechos cívicos. Esta autora desmenuza y fundamenta los conceptos de base que hacen a la ciudadanía pluri-dimensional. “Exiliados, migrantes, naturales uruguayos residentes en el exterior de forma permanente o temporaria, se han ido reconociendo de a poco como ciudadanos, amparados en un sólido zócalo jurídico que avala la tangibilidad de la ciudadanía como un derecho inalienable”.[8]

El voto exterior

La ciudadanía como un derecho inalienable, como señala la cita de Fernanda Mora, nos introduce en lo que ha representado una reivindicación de los ciudadanos uruguayos transnacionales, que conoce larga data, y que lleva a la segunda mitad del siglo pasado. Reivindicación reiteradamente rechazada, incumplida, la del derecho a ejercer sus deberes cívicos desde el exterior, entre los cuales, el voto está en el corazón del tema. Todo lo vinculado al rechazo del voto exterior en Uruguay es un asunto complejo donde convergen múltiples factores, pero que en su base lleva consigo el desconocimiento de las características de la diáspora uruguaya, su negación y hasta su desprecio. ¿Cómo esperar que se conceda el voto exterior cuando en la sociedad uruguaya en su conjunto está instalada una oposición visceral y un desprecio hacia el compatriota emigrante? Oposición sin fundamentos lógicos, que no toma en cuenta la nueva realidad mundial y del mundo posmoderno. Niega las verdaderas ventajas que la diáspora aporta (v.g. respaldos financieros solidarios, remesas de materiales tecnológicos, hospitalarios, etcétera) y tampoco visualiza su potencial de aportes futuros.

Como explicación al marcado rechazo a resolver lo relativo al voto exterior, Mora señala que “Uruguay no ha culminado aún la lenta mutación de país expulsor de emigrantes a país inclusivo y vinculante” y eso está “retroalimentado por el sistema político”, temeroso de que irrumpa un quinto de votantes suplementarios, que podría afectar las dinámicas electorales. En realidad, este último argumento es relativo, ya que la diáspora, actualmente, incluye a todo el espectro político. Lo que sí está presente es la carga ideológica denigrante que le asignan las corrientes más conservadoras a toda la política de Vinculación. Este aspecto de carga negativa hacia una sociedad civil pujante y vigorosa está ampliamente estudiado por el Prof. e investigador mexicano Tejeda González, en su ya citada obra Las dimensiones de la sociedad civil, donde analiza los vaivenes que atraviesa la sociedad civil, acorde al grado de democracia social imperante.

El peso del país migrante

Desde que fue concebido el virtual Departamento 20, fue pensado como aporte al modelo de desarrollo del país. Según consta en la ponencia del Consejo Consultivo de Córdoba al IV Encuentro de Consejos Consultivos y Vinculación (2011), el sociólogo uruguayo Fernando Lema[9] dio una conferencia en relación a la situación de los profesionales universitarios emigrados en la que estimaba, por entonces, la existencia de cerca de tres mil académicos formados en Uruguay que están radicados en el exterior. (Un análisis ampliado relacionado con estos aspectos puede leerse en el artículo Redes transnacionales: Red Uruguay Encuentro. Nuevo espacio tecnológico, geográfico y social[10], donde Nihil Olivera, Fernando Lema y Cristen Dávalos analizan las potencialidades de los vínculos entre las necesidades locales del personal calificado y las ofertas externas de conocimiento, en base a la articulación institucional, las redes sociales y las prácticas del discurso hegemónico de turno. El texto se apoya en los conceptos de transferencia de conocimientos, vinculación, cooperación transnacional, migraciones y desarrollo).

Otra fuente usada en aquella oportunidad (ponencia CC de Córdoba al IV Encuentro de Vinculación) fue un informe del BID de diciembre de 2009 que señalaba, en base a cita de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación – Base de datos Portal PRISMA), que en el exterior había cerca de 900 investigadores en ciencia y tecnología, que correspondían al 40% de los registrados por el sistema…” lo cual convierte a los científicos uruguayos residentes en el exterior, también en un colectivo importante y pone de relieve la necesidad de iniciativas de «circulación de cerebros» y «repatriación de investigadores para el sistema en su conjunto»”[11]. Las políticas vinculantes a partir de aquel momento manejaban la opción de aportes desde el exterior y retornos temporales, partiendo de la ANII, LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) y UdelaR (Universidad de la República).

A su vez, en otra perspectiva, la difusión de nuestros valores culturales a través de las comunidades de uruguayos en el exterior aporta importantes elementos para difundir nuestra cultura y facilitar los vínculos con el país de acogida. Se ha ofrecido apoyo para la creación de un Fondo para el Arte y la Cultura en el exterior, ya que también desde la cultura se construye ciudadanía y se aporta al país.

La actual pandemia que llegó a Uruguay en un momento de importantes cambios políticos, también ha puesto a prueba a la “Patria Peregrina”, como la denominó oportunamente el presidente Dr. Tabaré Vázquez en su primer mandato. A través de la Operación Girasol, por ejemplo, la diáspora ha estado enviando mensualmente (desde abril 2020) un simbólico respaldo (doscientos mil pesos uruguayos) para apoyar a las ollas populares en los barrios más carenciados de Montevideo. 

Alcances y límites de la Política de Vinculación

La puesta en práctica de todo un complejo andamiaje englobado en el término “Política de Vinculación” que refiere al reconocimiento concreto y específico de la sociedad civil uruguaya en el exterior cuenta con algo más de una década de existencia. Obviamente que durante los últimos quince años del pasado siglo hubo importantes implementaciones en torno a la Operación Retorno, que tenía como base casi en exclusiva a los exiliados políticos. Pero en este breve panorama, consideramos el período a partir del año 2005, con el inicio de los gobiernos progresistas. En ese tiempo se creó en la órbita del MRREE una División de Vinculación a cargo de esas tareas, con diplomáticos de carrera y otros funcionarios fogueados en esa área y dispuestos a asumir esa nueva labor de organizar los nuevos intercambios del Departamento 20 con el Uruguay. Para haber partido de cero, fueron muchos los logros y la receptividad conseguida para con los conciudadanos del afuera. Desde los Consejos Consultivos y las Asociaciones creadas como interlocutores en esa nueva dinámica, se trabajó mucho y se suscitaron muchas expectativas. Hoy, dada la actual situación de incertidumbre creada con el cambio de gobierno y un Ministerio de Relaciones Exteriores casi acéfalo diríamos,[12] todo ese trabajo concienzudo y eficaz que se ha venido realizando hasta ahora, entra a navegar al garete sin vislumbre de un horizonte concreto. Esperemos que el sentido común y la racionalidad que suele caracterizar las acciones de nuestros gobernantes, den continuidad a esta valiosa iniciativa.