ÉTICA Y POLÍTICA

Cuidado con el cambalache

En el llamado ámbito macroeconómico el Uruguay ostenta una situación envidiable. Se encuentra dos escalones por encima del grado inversor de acuerdo a tres calificadoras de riesgo de las cinco existentes. El tan llevado y traído déficit fiscal tiende a reducirse y sus guarismos no han llegado a niveles preocupantes. La meta inflacionaria se cumple rigurosamente. En materia de seguridad el Ministerio del Interior logró desbaratar una banda mafiosa autora de un robo millonario en una joyería de Punta del Este, cosa que no habían logrado conseguir otras fuerzas de seguridad pertenecientes a varios países. Sería muy extenso abundar en la enumeración de rubros en los que estamos bien, en varios casos en primer lugar en América Latina. Las encuestas señalan que el Frente Amplio ganaría las próximas elecciones si éstas se produjeran en este momento. Recientemente se dieron a conocer los resultados del “ranking” de países en función de la calidad de su democracia. Según el estudio internacional Uruguay ocupa el honroso sitial de los países con democracia plena; es el país mejor calificado de América Latina y bastaría con que una ley habilitase el voto de los residentes en el exterior y se anulase la obligatoriedad del voto para quedar situado entre los cinco países más democráticos del mundo. A mi juicio estaríamos aún mejor posicionados si el tercer escalón de gobierno ‑las alcaldías y los Concejos Municipales‑ incrementaran su autonomía decisoria, lo que depende de una mayor independencia presupuestal.

A pesar de ello el verano estuvo signado por una serie de episodios llamativos. Acusaciones cruzadas de corrupción y falta de ética en el gobierno central y en algunas Intendencias, llamativos enfrentamientos entre mafias vinculadas a la droga y, más recientemente, el desarrollo de un movimiento de descontentos en el agro que se denominan autoconvocados. El senador Larrañaga reclama la participación del ejército en los temas de seguridad ciudadana, el senador Bordaberry propone prohibir que los familiares de los gobernantes ocupen cargos de confianza, casi todos los líderes opositores han presentado proyectos para solucionar los más diversos temas. Por el momento la crítica al sistema educativo ha quedado de lado, pero es seguro que volverá a ser otro reclamo.

Como resulta imposible considerar todos estos asuntos de la agenda política en una única nota nos proponemos concentrarnos en el tema de la ética y su relación con la política. Para abordar esta problemática conviene enfocarla jerarquizando los temas en juego y a partir de cierta perspectiva histórica.

En materia jerárquica es pertinente recordar que la principal brecha ética que padece nuestra sociedad es la persistencia de la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Si bien algunos de esos crímenes han sido aclarados, la mayor parte de ellos sigue sin esclarecimiento. Es más, un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia ha significado un retroceso y no respeta normativas internacionales relacionas con la no prescripción de los delitos de lesa humanidad. La conspiración del silencio contra la cual ha luchado el frenteamplismo durante décadas ha sido obstaculizada en forma sistemática por las fuerzas oscuras que por acción u omisión han impedido el avance en esta cuestión. La oposición jamás menciona el tema y los gobiernos anteriores al año 2005 fueron notorios cómplices de esta mancha ética fundamental. No menos grave es el hecho de que el Fiscal de Corte haya sido amenazado de muerte por parte de un siniestro comando que opera en las sombras.

Una de las formas más comunes de la corrupción ha sido el clientelismo político, una práctica extendida en todo el mundo y que ha tenido variadas formas. Antes se practicaba la “tarjeta de recomendación” destinada a incrementar el gasto ineficiente en la función pública. Hubo un tiempo en que un diputado del Partido Colorado mantuvo su banca durante varios mandatos repartiendo jubilaciones en la antigua Caja de Jubilaciones. Cuando se habla del ingreso de los funcionarios por concurso a menudo se olvida que existen concursos amañados, pecado del cual no se ha salvado ni el propio Frente Amplio.

En la etapa “moderna” del tema en la agenda pública surge el “caso Sendic”. El extendido proceso que siguió este asunto se saldó con la prolija actitud del Frente Amplio cuyo Tribunal de Conducta Política actuó con celeridad y claridad forzando la renuncia del ex-Vicepresidente de la República. Pero cuando aparecieron notorias ilegalidades y nutridos casos de nepotismo, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional se vieron obligados a poner en acción de apuro sus “imparciales” tribunales de ética y terminaron enredados en un tartamudeo lamentable que persiste hasta hoy. La situación de los intendentes de Soriano, Lavalleja, Artigas y Cerro Largo ‑todos pertenecientes al Partido Nacional‑ sigue sin las soluciones éticas claras y contundentes que ha demostrado en los hechos el Frente Amplio.

El último episodio de esta saga de corruptelas fue la remoción, decidida por el presidente Vázquez, de los representantes políticos de ASSE y su sustitución inmediata. Sin embargo, es seguro que no será este el último episodio. Los medios de comunicación han cumplido un papel relevante en el descubrimiento de situaciones poco claras. Nada que decir: el rol del periodismo es informar. Pero sí es conveniente advertir cómo se maneja, en especial por parte de los informativos televisivos y de cierta prensa, esa información. Y de este manejo surge un claro mensaje: todos los políticos son iguales, la corrupción es generalizada y no existen soluciones. Y es este mensaje el más lesivo de todos, para la democracia y para la transparencia.

Todo parece apuntar a matrizar en la ciudadanía la despolitización, que tanto rendimiento le ha dado a las fuerzas de derecha en todo el continente. Alcanza con observar lo que sucede en Brasil, Argentina y México, entre los casos más notorios, para entender a dónde conduce el “que se vayan todos”, el juicio político sin pruebas de presidentes y candidatos a presidentes. Es posible ‑y es compartible‑ señalar que las comparaciones no eximen a ningún servidor público del Uruguay. La transparencia en el ejercicio de la función pública debe ser una exigencia permanente de la ciudadanía. Pero cuando se visualiza globalmente el comportamiento del sistema político uruguayo, la conclusión del sentido común es que la inmensa mayoría de quienes ejercen cargos de responsabilidad tienen un comportamiento irreprochable. Lo que predomina es el republicanismo, la transparencia y el desempeño honesto de la función pública.

Quien parece tener una visión global acertada sobre el tema es el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Ricardo Gil Iribarne. En la edición de Búsqueda del pasado 15 de febrero dicho funcionario reclamó que los partidos se pongan de acuerdo en tres o cuatro temas centrales. Sin embargo la posibilidad de que esto acontezca parece remota. Si bien existen síntomas de preocupación en algunos sectores de los partidos políticos, “a la hora de caminar empiezan a aparecer los frenos. O sea, yo puedo estar convencido de ciertas cosas, pero me tengo que poner de acuerdo con el adversario con el que me estoy peleando por ciertas cosas, y es ahí donde muchas buenas intenciones quedan muertas. Y cuanto más cerca estemos de las elecciones, va a ser peor”, señaló Gil Iribarne. Una visión pesimista pero totalmente compartible, ya que desde los diferentes sectores de la oposición se plantean proyectos para la tribuna, sin que surjan señales de búsqueda de un acuerdo real.

Otra puntualización del jerarca de la JUTEP que es importante resaltar es el hecho de que con frecuencia surge la duda entre hechos de corrupción y consecuencias de una mala gestión. Es importante separar ambas cosas porque los hechos de corrupción deben ser castigados, mientras que la mala gestión de un funcionario debería recaer sobre aquel que propició el nombramiento de personas no capacitadas para la función que ejercen.

Como se ve, se trata de cuestiones que atraviesan todo el funcionamiento del Estado y no es poca cosa tener claros los conceptos y actuar en consecuencia. Estamos muy lejos de la década infame argentina y es necesario no caer en la clásica descripción del cambalache discepoliano, algo que sólo le conviene a la oposición.