LOS HOGARES PARA LA TERCERA EDAD

Un tema siempre ausente

La irrupción del coronavirus y su principal consecuencia, la infección Covid-19, ha puesto al desnudo una de las realidades más lamentables que nuestra sociedad debe afrontar inmediatamente.

Se ha publicado una estadística: existen 1.208 casas de salud en todo el territorio nacional. De ellas, solo 41 cuentan con las habilitaciones correspondientes. En nombre de los “empresarios” se nos ha hecho saber que los trámites de habilitación (Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social) demoran mucho, unos seis años como promedio. Es en función de las dificultades burocráticas que muchos propietarios optan por desistir. Se estima, además, que existen muchos “residenciales” clandestinos, es decir lugares que ni siquiera están registrados en algún cajón burocrático.

Recomiendo en esta temática la lectura de “Los viejos uruguayos y la letal ecuación de ineficiencia y olvido”, artículo de la periodista Carina Novarese en El Observador (2 de mayo de 2020).

Un disparador de alarma sobre la situación surgió el sábado 24 de abril cuando en un muy poblado centro de salud para la tercera edad aparecieron 22 casos positivos de Covid-19. Luego se detectaron otros en sendos tres hogares más. En los días subsiguientes los casos se multiplicaron, no solo entre los ancianos internados sino entre las personas encargadas de cuidarlos. Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, hay 208 hogares en situación “crítica” y 110 donde “no se respetan los derechos humanos”. El actual ministro de dicha cartera, Pablo Bartol, señaló que hay centros en que la situación es “casi espeluznante”.

Tal vez una manera de analizar la problemática es repasar el rol de los actores involucrados en este complejo problema, comenzando por los familiares que deciden la ubicación de sus seres queridos en residenciales. Aproximadamente un 35% de las personas mayores de 65 años tienen problemas de salud que requieren cuidados especiales. Un número indeterminado de familias deciden encargarse de la problemática utilizando los recursos familiares disponibles: parientes cercanos o no tan cercanos, con o sin ayuda de los servicios de acompañantes privados que abundan entre nosotros. Otras familias, sin embargo, optan por alejar al adulto mayor de su casa y lo colocan en una de las casas de salud. Más raramente, en especial cuando se trata de parejas, son los propios adultos mayores los que deciden su alojamiento en residenciales. La elección familiar depende de diversos factores: capacidad económica, apego afectivo de la familia hacia el sujeto en cuestión, gravedad de la sintomatología padecida por el adulto mayor, etcétera. Todas estas variantes suelen combinarse y a veces la decisión se toma después de meses o aun años de deliberación. La aparición de síntomas psiquiátricos suele ser un factor decisivo en la toma de decisiones.

Una situación diferente se verifica cuando la sintomatología psiquiátrica aparece en personas jóvenes, ya que en algunos residenciales aceptan este tipo de casos. La normativa actual no separa los ámbitos destinados al cuidado de pacientes psiquiátricos y personas de la tercera edad, lo que da origen a situaciones complejas, difíciles de solucionar.

Lo que sí determina la normativa vigente es que las casas de salud registradas deben tener como responsable a un director técnico, quien puede ser un geriatra con formación académica adecuada o un médico general que se preste a cumplir tal función. En mi experiencia como psiquiatra de zona de una mutualista de nuestro medio -con centenares de visitas a los residenciales durante dos décadas-, puedo afirmar que casi nunca pude comprobar la presencia del llamado “director técnico”. Leyendo las historias clínicas de los pacientes internados, por lo general muy sumarias o francamente inexistentes, se puede verificar la constancia de una valoración inicial y luego anotaciones realizadas por médicos de servicios de urgencia o de zona que concurrieron a solicitud de los propietarios. Por lo general, resulta imposible determinar quién es la persona responsable de las decisiones. 

Lo cierto es que los residenciales para ancianos son un gran negocio que se potencia cuando el Estado renuncia a imponerles un control. Esto es así al punto de que por ejemplo en España, los residenciales están en manos de corporaciones internacionales y fondos de pensiones generalmente norteamericanos.

Tampoco es del todo cierto que nunca se haya hecho nada para establecer un control. Recuerdo que durante el gobierno de Jorge Batlle, siendo secretario general del Ministerio de Salud Pública el Prof. Dr. Eduardo Touyá, se procedió a intervenir cuatro casas de salud donde se estafaba a las familias mediante una modalidad insólita: se hacía firmar a los residentes, carentes de capacidades cognitivas, un convenio con el Banco de Previsión Social (BPS) y se apropiaban de los fondos que les correspondían, sumándolos al precio pagado por los familiares por su institucionalización. Se comprobó, por otra parte, que la atención era pésima en cuanto a la higiene, a la alimentación y otras prestaciones imprescindibles. Los pacientes de esas cuatro casas de salud fueron distribuidos, por un tiempo, en un nuevo edificio construido por el BPS en Carlos María de Pena y que estaba destinado a ser vivienda para jubilados. Lamentablemente esta férrea supervisión no tuvo continuidad, tal vez debido a la crisis que se desencadenó en 2001-2002. En la actualidad, en ese lugar funciona el “Portal Amarillo”, destinado al tratamiento de drogadicciones.

Otro intento fue realizado cuando se creó el programa de cuidados, durante la Administración del Frente Amplio. Esta política debió concentrarse, a mi juicio, en la inspección de las casas de salud y en la formación de cuidadores para los residenciales. No obstante, el programa trató de abarcar demasiadas cosas: la niñez, los discapacitados y otras situaciones de carencia, sin los fondos necesarios para hacer frente a tantos campos de acción. En los hechos, en lo que respecta a los residenciales, este bien intencionado esfuerzo se diluyó en la nada.

Otro aspecto al que es menester referirse tiene que ver con el rol de los cuidadores. Por supuesto que la habilitación por parte del servicio contra incendios es importante, así como otras supervisiones administrativas. Pero lo decisivo es, según mi experiencia, la calidad de las personas encargadas de los cuidados. Tuve oportunidad de concurrir a residenciales muy caros y de excelente hotelería donde las cuidadoras dejaban mucho que desear. Aun sin generalizar, es posible constatar una gran diversidad de situaciones: desde cuidadoras muy afectuosas y dedicadas, hasta las que ejercían un maltrato sistemático, con todos los grados intermedios entre ambos extremos. Como contrapartida, me ha tocado visitar lugares muy modestos donde las cuidadoras tenían un excepcional apego al trabajo que realizaban.

Los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República están estudiando la posibilidad de interponer un recurso de amparo -o alguna medida similar- con el fin de judicializar la grave problemática de los residenciales para la tercera edad; medida que me parece muy acertada.

También considero oportuno rescatar del fondo de “ineficiencia y olvido” a los residenciales destinados a comunidades específicas. El hogar destinado a los integrantes de familias judías funciona debidamente y los internados reciben una atención decente. Otro tanto sucede en el Hogar Español, reservado a descendientes de esa nacionalidad.

Carina Novarese culmina su nota con un párrafo que denota mucho pesimismo en cuanto a las posibilidades de revertir esta triste realidad. Sería una lástima que las actuales autoridades sanitarias resignaran por cinco años más un accionar que es un imperativo postergado durante demasiado tiempo. Dicho accionar debería concentrarse en dos cuestiones esenciales: la realización de inspecciones frecuentes de los hogares de ancianos y la formación rigurosa de cuidadores. Es evidente, asimismo, que estas acciones requieren una inversión económica muy importante. Quedan por fuera de esta doble acción los “hogares” no registrados, razón por la cual debería llevarse a cabo un esfuerzo adicional a fin de detectar los casos de infracción de la ley.