VIOLENCIA CRIMINAL

Entre la inevitable indignación y la necesaria reflexión

Los hechos del mes pasado, con un costo humano que no es necesario señalar, han puesto de manifiesto una situación política preocupante. Varios sectores y dirigentes han afirmado que la política de seguridad del gobierno es equivocada. Sin embargo no han podido mostrar una alternativa. En el principal partido de oposición sus dos dirigentes más importantes discreparon entre sí acerca de un asunto determinante para establecer una política de seguridad: si utilizar a no a las Fuerzas Armadas en tareas que siempre han correspondido a la Policía. No es una diferencia menor, y no es la única que ha quedado expuesta.

Si dentro de una colectividad como el Partido Nacional surgen ideas que unos consideran “imprescindibles” y otros “inviables” e “inconvenientes”, ¿cómo podría hacer la oposición en su conjunto para plantearle a la ciudadanía una propuesta alternativa? ¿Cómo podría lograrlo si dentro de ella se manifiestan, como en estos días, ideas contrapuestas, o ninguna idea, o ideas que en algunos casos contradicen planteamientos anteriores de esos mismos dirigentes?

Tal vez esta orfandad argumental haya llevado a varios políticos a incurrir en generalizaciones acerca de la situación de la seguridad en Uruguay. El país tiene serios problemas en esa materia, y hay que admitirlo, pero nuestros niños van solos a la escuela. En cambio en Rio de Janeiro llevan bordado en el uniforme el grupo sanguíneo ante la eventualidad de recibir impactos de balas perdidas; en Estados Unidos hubo en el último año centenares de balaceras en institutos de enseñanza; en otros países muchas familias optan por no permitir que sus hijos vayan a estudiar. O las propias autoridades deciden el cierre de locales de enseñanza ante oleadas de violencia, como ha acontecido en varias ciudades de México, para no hablar de sociedades que viven en situaciones de conflicto o agresión externa. Nuestra realidad no podría compararse con ninguno de estos casos.

No parecen haberlo tenido en cuenta políticos que de buena o mala fe utilizan la crónica policial para sus objetivos partidarios y, tal vez sin meditar sobre eventuales consecuencias, alientan reacciones sociales muy preocupantes. El doctor en sociología Eduardo Morás[i], director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad Derecho de la Udelar, dijo a La Diaria (22/02/2018) que la reacción ante actos delictivos "demuestra un problema de resentimiento profundo en la sociedad uruguaya, además de un uso político de una tragedia, y se trata de la peor de las políticas: la electoral”. Resulta evidente el aprovechamiento de estas situaciones por parte de sectores del Partido Nacional, con campañas que recurren a las redes de la peor manera, como sucedió con relación a la tragedia del supermercado de La Blanqueada. No ha sido posible hasta ahora demostrar que haya incidencia directa de dirigentes de primera línea, pero sí de referentes barriales y militantes, mayoritariamente jóvenes, que responden a sectores del PN.

Morás aseguró que también hay un fenómeno creciente por el que determinados sectores de la población empiezan a ser deshumanizados y "cada vez vemos más expresiones como: hay que matar a los pichis o que se maten entre ellos. Eso es quitarles la condición humana a los que cometen los delitos y a los que viven en sus barrios, porque son sospechosos, o se los culpa de su propia situación, sea porque cobran [prestaciones sociales] del Ministerio de Desarrollo Social o se reproducen sin ningún tipo de compromiso con el resto de la sociedad. La deshumanización de las personas que viven situaciones sociales de exclusión es el paso previo para pedir su exterminio. Esto no es nuevo, ya ha pasado con otras minorías", advirtió Morás.

El mismo especialista se refirió en Radio Uruguay 1050 AM a otro escenario donde se manifiestan estas patologías sociales: “La barbarie de este muchacho (por Cristian Pastorino, el Kiki) es respondida por otra barbarie, que es la de las redes sociales, que en vez de justicia exigen una especie de venganza”.

Al mismo tiempo, si es que se desea una reflexión profunda y útil sobre el tema, deberían tenerse en cuenta, además de los problemas, los avances de los últimos años, pese al incremento de la delincuencia, en especial de algunas formas de delincuencia. En todas las mediciones internacionales, Uruguay figura invariablemente entre los países latinoamericanos más seguros. Nos lo dicen los turistas que lo eligen por ese motivo. Y esto debería plantearse en cualquier debate sobre seguridad si no se quiere llegar a conclusiones erróneas. La Policía amplió su personal, se calificó y tecnificó, hubo un proceso de corrección de viejos vicios clientelísticos, burocráticos y prácticas reñidas con la ética. Y, al mismo tiempo, se vienen aplicando, con diversidad de resultados, políticas sociales que apuntan a las causas de muchas de las manifestaciones criminales. Eso es reconocido por la población, como también lo registran relevamientos de opinión pública.

¿Es suficiente? Está claro que no. ¿Se cometen errores? Sin duda. ¿Habría sido posible evitar algunos de los desenlaces dramáticos? Sí: si la Policía hubiese capturado a Pastorino luego de que mató a su pareja, el crimen del supermercado de La Blanqueda no se habría producido. A propósito, se generó una controversia entre la fiscal y la Policía, que expusieron versiones diferentes sobre la tramitación de una orden de allanamiento que hubiese permitido la captura de Pastorino antes de su último crimen. De todos modos la situación generó una justificada indignación pública.

Pero, cabe reiterarlo y reafirmarlo, no ayuda utilizar los hechos criminales para sacar determinados réditos políticos. Mejor sería que todos, partidarios del gobierno y opositores, representantes de organismos públicos y privados, confluyeran en la búsqueda de soluciones con una disposición acorde a la gravedad e importancia del tema: deponer intereses menores, ya sean políticos o de cualquier otra índole; respetar las opiniones ajenas pero sobre todo a las víctimas de hechos delictivos, a sus familiares y allegados, a los ciudadanos en general; asumir una actitud constructiva para encontrar respuestas viables, rápidas si ello es posible y que, siendo efectivas en aspectos preventivos y/o represivos, eviten efectos colaterales que resulten perniciosos para la sociedad.

Nada será sencillo, pero, ¿hay otro camino?

[i]           Relacionado al tema de este artículo ver de Luis Eduardo Morás, en vadenuevo nº 60, setiembre de 2013, SEGURIDAD CIUDADANA: 20 AÑOS DE FRACASOS El transitado camino de frustraciones no parece una opción racional, y en vadenuevo nº 42, marzo de 2012, POCO LUGAR PARA EL OPTIMISMO Las miserias del sistema carcelario.