LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Un tema recurrente

La muerte por shock hipotérmico de una persona en situación de calle ha vuelto a disparar una serie de disquisiciones sobre las formas de enfocar el problema de la angustiante cantidad de personas que carecen de vivienda y pernoctan, de acuerdo a modalidades diferentes, a la intemperie.

La causalidad del fenómeno es bastante conocida. Se pueden enumerar cursos de vida que conducen a las personas a vivir en la calle. La incidencia del alcoholismo y del consumo abusivo de otras drogas adictivas, la pérdida de posibilidades de inserción social focalizada en personas que han sido privadas de libertad, la incidencia de patologías psiquiátricas, el abandono en que los dejan los vínculos familiares. En muchos casos todas estas causas coinciden o se superponen. En ocasiones no se trata de personas aisladas sino de familias, incluso con niños. Cabe suponer, además, que la crisis económica derivada de la incidencia de la pandemia de coronavirus agravará seriamente la problemática.  

Periodistas, autoridades, organizaciones sociales y el espectro político se han explayado en la búsqueda de posibles soluciones. Una de las apreciaciones que suelen escucharse se relaciona con el supuesto fracaso de los refugios instrumentados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desde sus inicios. Como dato objetivo cuenta el hecho de que muchos posibles usuarios de los mismos se niegan a concurrir a dichos ámbitos. Abundan las interpretaciones sobre las razones de este rechazo: la imposibilidad de ingresar a algunos refugios con sus pertenencias, los horarios inadecuados que obligan a las personas a abandonar el refugio después del horario nocturno, el hecho de que la vida en los refugios coarta la libertad e “infantiliza” a los usuarios. En mi opinión, esta visión crítica de los actuales refugios debe relativizarse, porque se coloca el énfasis en aquellos que rechazan los refugios, pero no se tiene en cuenta la gran cantidad de población en situación de calle que ha aprovechado estos refugios durante muchos años. De no haber existido este recurso, la situación sería realmente catastrófica.

Más recientemente, el ministro Bartol ha propuesto una estrategia alternativa, consistente en crear casas para dos o tres personas, donde puedan vivir sin pagar alquiler y en forma permanente. Se trata de una iniciativa que proviene de países con gran potencial económico, como Suecia, Dinamarca o Noruega. Es, a todas luces, una estrategia inteligente pero, al mismo tiempo, una propuesta que daría, de ser implementada, resultados a muy largo plazo. Ello no significa que no sea importante comenzar a aplicarla, pero al mismo tiempo requiere el mantenimiento de los refugios a largo plazo. Requiere, además, un apoyo financiero nada despreciable que deberá competir, en la próxima Rendición de Cuentas, con múltiples requerimientos derivados del desastre económico que dejará la pandemia. Si, por ejemplo, se decidiera congelar los gastos en la compra de material militar -aviones, barcos y material militar de todo tipo-, para volcarlos a la financiación de un programa de este tipo, estaríamos en un buen rumbo. Pero me temo que eso no es lo que sucederá. Las políticas que impulsa el Ministro de Defensa, Javier García, en sintonía con el aparato de Cabildo Abierto, serán difíciles de derrotar en una discusión parlamentaria del próximo presupuesto nacional.

La potenciación de una propuesta de este tipo requiere, al mismo tiempo, un trabajo conjunto del MIDES con el Congreso de Intendentes. Pero como ya se anuncia que las transferencias a los departamentos del “interior” serán mucho menos generosas que las realizadas por los gobiernos del Frente Amplio, se debilita mucho más la posibilidad de poder invertir en la propuesta de Bartol.

Otro aspecto que suele estar presente en las discusiones en torno al tema, es la queja de algunos sectores de la sociedad que colocan el énfasis en la convivencia comunitaria con personas que invaden el espacio -jardines, pasajes u otros- de ciudadanos que poseen habitación y cierto bienestar económico. Se trata, a mi juicio, de una consecuencia inevitable del problema que generan las personas en situación de calle; este conflicto, que tiende a acentuarse, solo puede resolverse apelando a la tolerancia y la comprensión, más que recurriendo a la denuncia policial. Precisamente el recurso a la denuncia policial ya ha generado la errónea aplicación de la Ley de Faltas, que se traduce en la conducción obligatoria de las personas en calle a los refugios, con arreglo a la aplicación de la legislación vigente (artículo 14). El error consiste en la baja efectividad de una medida de este tipo, ya que los refugios siguen siendo rechazados por las personas conducidas.

El ministro Bartol ha señalado que “la situación de calle es una desgracia y no es ningún derecho”. Si bien el primer segmento de esa afirmación es veraz, la segunda constituye una clara contradicción lógica. El derecho que poseen las personas que sufren la desgraciada situación no es el de permanecer a la intemperie -más allá de que algunos consideren que están ejerciendo su derecho a la libertad-, sino que el derecho es el de recurrir a la obligación intransferible del Estado de ocuparse de resolver el problema. No es con juegos de palabras, y mucho menos con la internación compulsiva, que se resuelve este viejo problema.  

En mayo de 2019 se realizó el censo de personas que viven en la calle, realizado por el MIDES. Las nuevas autoridades se proponen realizar un nuevo censo a través del Instituto Nacional de Estadística. No es necesario ser demasiado perspicaz para imaginar un aumento del número obtenido en mayo del año pasado (2.038 personas).

Las consecuencias de la pandemia que vivimos se encargan de incrementar esa cifra: la recesión económica (de carácter mundial) generará más población desocupada, caída del salario de aquellos trabajadores que conserven su puesto, aumento de la pobreza y la indigencia, e inflación. Una suma de factores de la crisis económica y social. Es previsible que se incremente el número de familias enteras obligadas a vivir a la intemperie.

El panorama no es auspicioso sino todo lo contrario. Se requieren medidas coordinadas y múltiples, de acuerdo a la causalidad multifactorial del problema. Pero todas las medidas deberían estar guiadas por la sensibilidad social: la economía no se puede separar de lo social. Y la economía siempre es política. Si bien parece prematuro proyectar la incidencia de clima invernal, todos sabemos que aún el invierno más benigno tiene en nuestro país numerosos días de frío intenso. Las heladas no son solo agro-meteorológicas. Son también socio-meteorológicas.

Una de las posibles soluciones integrales del problema sería el rediseño de los refugios, lo que supone no solamente hacerlos más íntimos y de estadía permanente, sino permitir que los eventuales usuarios puedan mantener sus pertenencias y sus mascotas. Situaciones como la que se verificó hace unos días en La Blanqueada, cuando un policía ultimó a balazos al perro de un indigente en situación de calle causan indignación y advierten sobre el peligro de la intervención del Ministerio del Interior en esta problemática.

Habría incluso que pensar en una suerte de discriminación positiva, al menos en algunos casos. Por ejemplo, ofrecer trabajo en el sector agropecuario a aquellos que tengan al menos una mínima posibilidad de inserción social.

Finalmente, es necesario hacer algo respecto al abuso que se verifica en los miles de pensionados dispersos por toda la ciudad. Son muchos los que para evitar la situación de vivir en la calle deben pagar una cifra abultada, en función de sus recursos, para tener lugar en una abusiva pensión. Se nota la urgencia de realizar un censo de estos establecimientos y poner topes a los precios. En algunos aspectos la sociedad debe dejar de lado su desigualdad en la propiedad.