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VADENUEVO DE COLECCIÓN: Del N° 48 (setiembre de 2012). LA DEMOCRACIA DIRECTA AL SERVICIO DE… ¿QUÉ?

 Publicado:  06/11/2019

Para vivir en paz


Por Nicolás Grab


Las firmas ya están, y habrá plebiscito. Ya se firmó para vivir en paz. Ahora se podrá votar para vivir en paz.

¡Qué lástima que no se puedan resolver así también otras cosas! ¡Qué bueno sería conseguir también la cura del SIDA, el fin de las guerras y del hambre en el mundo, la descontaminación del planeta! ¿Por qué el senador Pedro Bordaberry no promueve plebiscitos para resolver también eso? Yo firmaría y votaría.

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La historia del plebiscito que se prepara para bajar a 16 años la edad de imputabilidad penal es un hecho importante y memorable. No por lo que aporta en el tema de la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Con eso tiene muy poco tiene que ver.

Es notable en otro sentido. Esto es un episodio muy extraordinario en la historia de nuestra vida política, indudablemente sin parangón desde la dictadura. Esta campaña es el acto de demagogia más descomunal que el país ha visto en mucho tiempo.

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En Uruguay, con el régimen legal que hoy está en vigor, el menor que comete un acto delictivo cuando tiene 16 o 17 años está llamado a responder ante la justicia. No desde los 16 años, sino desde los 13. Lo juzga un juez especializado, como parece sobradamente lógico. Se le aplican medidas, de reclusión y otras, que buscan a la vez proteger a la sociedad del peligro que representa y también enderezar la vida del menor, evitando encerrarlo junto con delincuentes adultos. Pero es falso que no deba responder de sus actos delictivos. Nos hablan mucho de que las normas no se aplican debidamente en la práctica: pero no nos dicen por qué hay que resolver eso modificando la Constitución (es decir: modificando precisamente las normas y no su aplicación práctica). Nos hablan de que los menores sometidos a reclusión se fugan: pero no dicen qué tiene que ver con eso esta reforma constitucional (ni reconocen las medidas que se adoptan y la lucha frontal que se libra sobre estos problemas).

Tenemos un problema respecto de la seguridad pública y la delincuencia en Uruguay. Un problema grave. Da la impresión de que cada vez provoca más muertes. Solo que esa impresión es completamente falsa. En 2011 se cometieron en Uruguay 5,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fueron menos que el año anterior (6,1) y bastante menos que en 2009 (6,8). Desde el año 2000 (cuando fueron 6,4) la cifra oscila levemente: nunca pasó en ese lapso de 6,9 ni bajó de 5,7. El año pasado se cerró con la cifra más baja de todas salvo la de 2005.

 

Basado en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Homicide Statistics 2012.

 

El problema de las muertes causadas por la delincuencia es mucho menos grave, conviene saberlo, que los accidentes de tránsito, cuyas víctimas son bastante más del doble. No hablemos de los suicidios, que se acercan al triple de los homicidios.

La delincuencia en rapiñas, hurtos o copamientos, que da origen a muchas muertes, es un problema obviamente grave. Sin duda, aunque esos crímenes no pasan de la sexta parte del total de homicidios. Los asesinatos de la violencia doméstica son muchos más.

Y preocupa especialmente la participación de menores en esos homicidios cometidos en hurtos, rapiñas o copamientos. Son muchos los casos. Aunque solo son una fracción muy pequeña de los homicidios que se cometen. La versión más alarmante que se ha oído (según la cual participan menores en un 26% de los homicidios cometidos en hurtos y rapiñas) significaría la responsabilidad de menores en un 3,8 % del total de los homicidios cometidos.

 

Detalle de las fuentes en la nota[1]

Tenemos el problema de que esta cantidad de homicidios es muy grande. Solo que en toda América Latina no hay más que dos países con cifras mejores que las nuestras. Con la única salvedad de Chile y (hasta cierto punto) Argentina[2], todos están peor que nosotros, y no por poco. El índice de homicidios en Costa Rica o Paraguay es el doble del nuestro. En Brasil, más de tres veces y media. En Venezuela (que no es el peor), siete veces y media.

Tenemos problemas muy serios. Sería disparatado ponerlo en duda. Ahora: también es cierto que en Porto Alegre, a cuatro pasos de aquí, en una ciudad con la población de Montevideo, los autos que se acercan a un semáforo tratan de llegar con luz verde porque si está en roja tienen que cruzar igual, porque detenerse es demasiado peligroso. Y no son material de informativo los "secuestros express" con o sin saldo fatal, cuya cuenta no se lleva, ni otros hechos por el estilo que son episodios de la vida cotidiana. En San Pablo pululan los helicópteros que trasladan gente del techo de un rascacielos al techo de otro, no para ganar tiempo sino por necesidades de seguridad. Las razones que tanta gente tiene para envidiarnos (o para venir a vivir con nosotros) son tan serias como nuestros problemas.

 

Basado en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Homicide Statistics 2012.

Hay tres males de nuestra sociedad que, en todo esto, entran en una funesta colusión de hecho.

El primero es la delincuencia con sus secuelas trágicas de víctimas inocentes, injusticia y trastorno de la vida social; y también de exclusión definitiva de los infractores y reproducción de los males por un sistema carcelario destinado a repararlos, pero que en muchos casos aún los agrava.

El segundo es el papel infame y nefasto, para calificarlo muy comedidamente, de medios de comunicación que compiten por rating de audiencia y publicidad comercial machacando obsesivamente, con visiones morbosas, tergiversadas, falaces, parciales y desquiciantes, las ideas que se van fraguando en la convicción de la gente. Acá ya no se puede vivir. Estamos cada vez peor. El problema principal son los menores. Las autoridades son incapaces. La policía los detiene y el juez los suelta. Nunca hubo nada parecido. La televisión que ante un crimen sublevante repite 48 veces en dos días (¿y cuántas veces más después?) la filmación del asesinato. Los informativos que desempolvan crímenes viejos cuando los nuevos no les alcanzan.[3] La presentación incendiaria de todo lo negativo y el ocultamiento, o la mención discreta hasta el disimulo, de todo lo que significa éxito o progreso.[4]

Y el tercero es la demagogia politiquera, la búsqueda de rédito político pisoteando verdades u otros escrúpulos. Separemos aquí las cosas con el indispensable cuidado. El recurso a los medios de acción política autorizados es inobjetable. El plebiscito que se ha promovido es legítimo y los resultados que tenga serán válidos e imperativos para todos. Pero este acatamiento sin reservas nada tiene que ver con el juicio moral y político que cada acto pueda merecer. Esta iniciativa constitucional, que es lícita y es legítima, también es repudiable. Explota sentimientos de temor e inseguridad de la ciudadanía, exacerbados por coberturas mediáticas deformantes, junto con los más nobles sentimientos de solidaridad con las víctimas inocentes, para atraer ciudadanos a su redil político y al de sus aliados con una propuesta comprobadamente ineficaz, manifiestamente destructiva, fracasada en los países que aplicaron esa política.[5]

Tratemos de dar solución a nuestros problemas. Ayudemos a los que luchan por resolverlos. Critiquemos sus errores si los hay. Pero asumamos una actitud racional y digna ante la explotación mercantil y partidista del dolor y la tragedia, los falseamientos cínicos, las alharacas interesadas. Rechacemos los anzuelos y los cebos. No permitamos que la muerte, el dolor y el miedo sirvan para cosechar votos. Reivindiquemos nuestra propia lucidez.

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