EDUCACIÓN Y PANDEMIA

De reformas en la educación pública (I)

Desde hace décadas se viene produciendo una embestida neoliberal en todos los ámbitos y a nivel global. La influencia de ciertos ideales como la libertad individual y la iniciativa privada han contribuido a construir pilares que dan forma a una comprensión del mundo y de las relaciones humanas.

En este contexto, la globalización opera como vehículo y canal de conducción de las teorías político-económicas que afirman que “la mejor manera de promover el bienestar humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo” (Harvey, 2007: 7).

El rol del Estado se resume en garantizar un marco jurídico que asegure las libertades, dejando todo lo demás en manos del mercado y combinando precisamente -como dicen Dahl y Lindblom, citado en Harvey (2007)- el Estado, el mercado y las instituciones democráticas de forma tal que garanticen “la paz, la integración, el bienestar y la estabilidad” (p. 18).

En lo estrictamente educativo, los Estados deben mantener marcos mínimos -como establece Bonilla Molina (2020)- que se reduzcan a garantizar el acceso universal, un presupuesto que permita funcionar en todos los órdenes, construir la infraestructura necesaria y garantizar la formación de docentes, maestras y profesores.

En lo sustancial, el neoliberalismo ha despojado a la educación de sus características básicas: gratuita, popular, científica, y cada vez más “aparece el compromiso de vincular el sector privado al cumplimiento del derecho a la educación, lo que no es otra cosa que la transición a la construcción de hegemonía respecto a la educación como una mercancía” (Bonilla Molina, 2020).

Educación y neoliberalismo

La educación pública se encuentra bajo un fuerte asedio.

El empuje neoliberal instaurado ha generado un terreno propicio para impulsar cambios en la educación; más precisamente, preparando el terreno para impulsar reformas educativas de corte neoliberal, funcionales al mercado y la economía.

A raíz del “efecto pandemia” por la Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales desde marzo de este año, las prácticas cotidianas de las instituciones educativas han dado un vuelco y sus rutinas se han visto sustituidas por la virtualidad o, al menos, comportan la doble condición de virtuales y presenciales. Esta es la realidad del aula hoy, hecho al que nos hemos estado refiriendo en distintas oportunidades en números anteriores.[1]

Este contexto establece un telón de fondo para las reformas que, amparadas por el concepto de la nueva normalidad[2] social y educativa, son justificadas por las autoridades por la excepcionalidad de los momentos que vive nuestro país.

Esta excepcionalidad se ve reflejada y encuentra una expresión concreta en las palabras de Bonilla Molina (2020) cuando refiere a:

“(...) la virtualización y la relocalización en la casa de una parte importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje (...) El COVID-19 se convirtió en el evento que construyó las condiciones de posibilidad para el desarrollo a escala planetaria del Apagón Pedagógico Global”.

Trascendiendo los diferentes cambios de gobierno, desde larga data ya, se ha generado una corriente reformista que -aunque bajo diferentes formas y estrategias- mantiene y fomenta el teñido privatizador de la educación pública más o menos latente. He aquí algunos de sus aspectos sobresalientes.

Preparando el terreno para la reforma educativa

En primer lugar, ha recrudecido el discurso dominante de la crisis de la educación y la necesidad de los cambios por los malos resultados y por los aprendizajes de baja calidad, resaltando, por otro lado, el éxito de los centros educativos de gestión privada.

Segundo, la aprobación reciente en el Parlamento de la Ley N° 19889 de Urgente Consideración, en la que se establecen drásticos cambios en la gobernanza de la educación, llevándola a la categoría de Dirección General, con la correspondiente pérdida de autonomía en comparación con el estatus de Ente Autónomo.

Tercero, el entusiasmo manifestado por referentes de Eduy21[3][4] por la aprobación de la Ley de Urgente Consideración “para la concreción de su programa educativo (…) Es probable que estemos aquí ante la nueva reforma educativa” (Stagnaro, 2020).

Desde hace tiempo se viene advirtiendo la existencia de “un clima propicio a las propuestas de reforma educativa” (Verger, Maschetti y Fontdevila, 2017: 65) y que podemos resumir brevemente en ciertos cambios a nivel político, la aprobación por vía legislativa de mecanismos de conducción de la educación y la campaña de actores de primer nivel con una fuerte presencia en los medios de comunicación.

En cualquier reforma, la educativa no es la excepción, se debe sostener el discurso en ciertos pilares que le den coherencia y sentido. El análisis de ciertos aspectos de una reforma supone develar la verdadera dirección que muchas veces se esconde detrás de un discurso amigable, con sentidos diversos y sin nunca ser explícito en sus reales intenciones.

“Recurren para ello a conceptos socialmente bien valorados como excelencia, eficacia, competencias, elección, estándares de rendimiento, evaluaciones externas cuantitativas, etc., que, además, procuran visibilizar con un lenguaje matemático que la mayoría de la población entiende como equivalente a medidas objetivas, neutrales y apolíticas”. (López Santomé, 2017: 32)

La política, a pesar de ser un concepto con múltiples significados, define aquello que se hace o se quiere hacer. La política educativa es, por lo tanto, lo que los gobiernos hacen o deciden hacer en educación. 

Los discursos educativos de los gobiernos sostienen su política educativa y, en ese sentido decimos que “la política se puede referir tanto a textos como a procesos” (Rizvi y Lingard; 2013: 29).

(En la próxima edición de Vadenuevo, continuaremos con este análisis).