LA HABITACIÓN SOCIAL EN ÉPOCAS DE PENURIA POLÍTICA

Sobre vivienda y hábitat

Las razones de la existencia de un Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Desde el artículo 45 de la Constitución, -en donde se reconoce el derecho a todo habitante de la República a una vivienda decorosa y se compromete la acción positiva del Estado a este respecto-, pasando por la Ley N.° 13.728 o Ley de Vivienda, hasta la existencia institucional del ministerio del ramo, todo confluye a que se desplieguen históricamente, en diversas magnitudes y calidades, unas ciertas políticas específicas. Si se atiende al significativo recorte en la inversión pública del actual gobierno, se puede constatar, sin lugar a ninguna duda razonable, que la vivienda y el ordenamiento territorial están muy lejos de constituir una prioridad.

En lo que hace a su primer contenido nominal, la actual conducción del Ministerio ha retaceado la inversión pública en sectores antaño consolidados, como la asistencia financiera a las cooperativas de vivienda, la promoción de construcción pública directa y la asistencia sistemática a la situación de los llamados asentamientos irregulares. Sencillamente, se están culminando los procesos iniciados en el anterior período de gobierno, mientras que los nuevos llamados son objeto de sensibles recortes. Todo hace esperar que el ritmo de construcción de verdaderas viviendas de interés social muestre, al final de este período, una muy significativa merma. Y esta merma es la franca expresión cuantitativa del valor político que tiene para la actual administración la política social de vivienda.

Por su parte, poco se sabe de la labor concreta en lo que toca al ordenamiento territorial actual. Lo que sí es noticia, por el contrario, es que en Maldonado, Colonia, Paysandú y Salto, regiones alcanzadas por regulaciones territoriales y urbanísticas formalmente vigentes, han aparecido propuestas de presuntas inversiones de gran cuantía que ignoran por completo cualquier ordenamiento legítimo. Se trata, en todos los casos, de planteos disruptivos que ponen en cuestión hasta la misma existencia de criterios políticamente razonables de legitimidad en lo que toca al desarrollo territorial. Se trata, en todos los casos, de propuestas o avances propositivos que apuntan a desoír por completo cualquier previsión mínimamente razonable de desarrollo urbano.

En Maldonado y Colonia se promueven contundentes excepciones a la altura máxima construida, constituyendo enclaves singulares y claramente discriminados con respecto a los preexistencias. En Salto se aspira a la construcción de una colosal urbanización defensiva, a título de urbanización privada. Mientras, en Paysandú, se contrata a un prestigioso estudio holandés de arquitectura y urbanismo para intervenir nada menos que a todo lo largo de la ribera del río. Todas estas propuestas tienen en común la prometida afluencia de ingentes caudales de capitales privados, a la búsqueda de privilegios ambientales e inmobiliarios, concebidos como ofertas dirigidas a un mercado extraño al lugareño y desentendido, su planteo urbanístico y arquitectónico, de cualquier forma de identidad histórica propia.

En suma, tenemos ante nosotros un período de gobierno que tanto en lo que respecta a la vivienda de interés social, como al ordenamiento territorial, muestra significativas carencias en sus resultados. Pero el problema es aún más agudo si pensamos en la conjunción de ambas temáticas, esto es, en la articulación, necesariamente virtuosa, entre una política de desarrollo social de la vivienda con una política pública de ordenamiento territorial consistente y vinculante.

No me vengan con la cuestión esa del “viviendismo”

Bajo la novedad léxica de “viviendismo” se entiende, en la jerga de los especialistas, un enfoque reductivo de los alcances de una política pública de vivienda, que se contenta con medirse con las cantidades de viviendas nuevas producidas en un cierto período. Es que una política de vivienda no se establece con una estimación puramente especulativa del déficit efectivo de viviendas nuevas que deben producirse, ni con una imprecisa cuantificación de las unidades a ser promovidas, tal como realizó, de modo confeso, la propia ministra en su oportunidad. En realidad, una política de vivienda constituye materia de una política de Estado prudente y sostenible en el tiempo, incremental y satisfactoria de un conjunto dado de concretas demandas sociales. Hay que reconocer, en principio, que hay una deuda social interna con todos aquellos que luchan por el acceso a una vivienda adecuada, digna y decorosa.

Porque, tanto a las puertas del Ministerio, así como ante el umbral de la Agencia Nacional de Vivienda se disponen largas colas de solicitantes de soluciones habitacionales a título diverso. Hay quienes demandan acceder apenas al suelo urbano y a créditos para costearse los materiales indispensables para una sumaria autoconstrucción. Hay quienes solicitan asistencia para constituir garantías de alquiler. Hay quienes, ocupando precaria e inseguramente un emplazamiento, urgen por un realojo o apenas por resistir por un plazo acotado las consecuencias de un desalojo forzoso. Hay quienes podrían alquilar diversas propiedades desocupadas que aguardan, de modo especulativo, el conveniente incremento de los valores del suelo donde se ubican.

Es forzoso reconocerlo: una política de vivienda no puede quedar condenada al viviendismo que rellena titulares en la portada de los medios. Queda claro que en la actualidad asistimos a una radical ausencia de una elemental y operativa política social de vivienda. Pero también debe quedar claro que es exigible un compromiso político más calificado, aún, que desborde los limitados horizontes de una política viviendista.

Una necesaria política de desarrollo humano del hábitat

Es que una fuerza política y social que ha demostrado ser capaz de desarrollar de manera sostenible e incremental una política social de vivienda con importantes -aunque nunca suficientes- resultados, debe autoimponerse, desde ya, contestar a la actual desidia y tacañería con una propuesta política de desarrollo humano del hábitat, que es mucho más y más profundo que una efectiva política social de vivienda. En primer lugar, es mucho más por la principal razón de contar con el concurso convenientemente articulado de una fuerza política socialmente comprometida, por una parte, y un vasto movimiento social productivo, por otra, que ha demostrado un ejemplar tesón para aplicarse a la tarea colectiva de construir, más que simples agregados de vivienda, instancias activas promotoras del hábitat social.

Pero es necesario aclarar el sentido del término hábitat:

El hábitat es el lugar en el que se construye y se define la territorialidad de una cultura, la espacialidad de una sociedad y de una civilización, donde se constituyen los sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico apropiándoselo, habitándolo con sus significaciones y prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus gustos y goces.[1]

Con este contenido a la vista, es claro entender ahora que nuestra sociedad no puede renunciar de ningún modo a ejercer la potestad soberana de conferir plena forma y contenido a la territorialidad propia de nuestra cultura. El Estado no puede desentenderse de la tarea social de conformar la espacialidad integrada de lo social. Los sujetos y fuerzas sociales deben empoderarse con respecto al diseño integrado del territorio habitado. Y esta tarea no puede confiarse ni a ávidos inversionistas particulares, ni a tecnócratas presuntamente iluminados: es una tarea social en donde cada uno de nosotros debe aportar lo suyo al respecto.

Una política de desarrollo humano del hábitat es mucho más que una específica y puntual política social de vivienda, lo que significa que, lejos de sustituirla, la profundiza y extiende sobre el tejido territorial habitado. También implica disponer de herramientas políticas, jurídicas e institucionales para elaborar planes de ordenamiento territorial que impongan una operativa sensatez en el desarrollo integrado de la población de nuestros vecindarios, barrios y ciudades. Pero, por sobre todas las cosas, la aplicación de una política pública de desarrollo humano del hábitat constituye un ejercicio pleno y soberano del poder social legítimo, que radica en las amplias mayorías sociales y que no debe sojuzgarse bajo el imperio de la especulación inmobiliaria.