LAS VOCES DEL MOVIMIENTO SOCIAL COOPERATIVO SE HACEN SENTIR

Es tiempo de prestar oído

En una reciente entrevista en el programa Lado B, en TV Ciudad, el Secretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González, realizó una más que prolija exposición sobre lo que el movimiento social cooperativo tiene que decir.[1] Este es un tiempo peculiarmente señalado para prestar oídos atentos a las voces del movimiento social. Es que el cooperativismo de vivienda constituye una de las expresiones más consolidadas y maduras de este movimiento. En apretado resumen, el movimiento social cooperativo reclama una política de Estado, sustentable e integral con respecto a la vivienda y el hábitat.

Una política de Estado con relación a la vivienda

La primera reclamación acuciante se refiere a la demanda de una política de Estado con relación a la vivienda, lo que supone una continuidad regular e incremental en el tiempo. Se trata de superar las oscilaciones en la voluntad política, las alternancias de visiones socioeconómicas y las incertidumbres de un país partido al medio en términos de proyectos de país.

Si bien se reconoce que hacia 2019 el presupuesto de vivienda consiguió ascender -de modo paulatino, aunque nunca suficiente- hacia los 319 millones de dólares anuales, el recorte actual, de nada menos que 70 millones, ha desbaratado toda planificación razonable. Los préstamos efectivamente concedidos a las cooperativas de vivienda en la actualidad corresponden a programas ya encaminados en la Administración anterior. Se ha operado, en los hechos, un quiebre en la continuidad de asistencia a las cooperativas de vivienda, difiriendo en el tiempo la solución administrativa a las demandas sociales ya ampliamente consolidadas.

Pero el más que sostenido déficit habitacional, campaña electoral tras campaña, apenas si sirve de inspiración a la poética ilusoria. Cualquier improvisado en la materia lanza sus alegres números al viento y cualquiera promete soluciones contundentes que nunca financia. La política de vivienda, así, se vuelve una política de horneros: se construyen viviendas con el pico.

Una política sustentable

El primer componente de una política de Estado sustentable es el aseguramiento de financiamiento regular. La Ley de Vivienda N.° 13.728 de 1968, de modo muy sabio, creó el Fondo Nacional de Vivienda (FNV), concebido como un impuesto a los ingresos, imponible tanto a los trabajadores como a los empleadores. Pero en la crisis de 2002, los fondos se esfumaron, según confesara, en su momento, el ministro de Economía de aquellos años funestos, el Dr. Alejandro Atchugarri. De allí en más, el dinero disponible para la financiación de la vivienda se redujo a los repagos de los cooperativistas con créditos pendientes y el aporte de partidas presupuestales sujetas a decisión discrecional del equipo económico de cada época.

Ante esta situación, FUCVAM propone reestablecer el histórico FNV mediante el incremento de un 1% del Impuesto al Patrimonio, que aseguraría, según sus propias estimaciones, una recaudación de unos 160 millones de dólares anuales. La importante diferencia sería que aquí se gravaría de modo concreto y específico a la riqueza de los pudientes, lo que, desde el punto de vista conceptual y teniendo en vista una justa redistribución social de la riqueza social, es oportuno, pertinente y adecuado. Ciertamente, no están en FUCVAM inventando el agua tibia, sino señalando de modo bien concreto dónde apuntar para conseguir una política sustentable. ¿Habrá en el espectro político espacio proclive no solo para escuchar esta propuesta, sino para contestarle con política gentileza?

Una política integral

Gustavo González enumera con contundencia los términos fundamentales de una política integral de vivienda: un marco legal apropiado, voluntad política consistente y políticas de suelo urbano. Es difícil ser más conciso. De estos elementos, la vieja y perdurable Ley de Vivienda, que probó su capacidad de supervivencia en los más desgraciados tiempos políticos de la República, es el único presente: lo que hay que hacer es cumplirla a cabalidad. Con respecto a la voluble voluntad política, solo puede apelarse, en el extremo, a las previsiones sustentables que deslastren la política de la buena o regular o inexistente disposición de los equipos económicos de turno, siempre aquejados de proverbial cicatería.

Se estima que existirían unos 650 asentamientos irregulares en la actualidad. La misma Ministra de Vivienda no dejó de incurrir en el desliz retórico de reconocer que los recién constituidos asentamientos no serían tantos como se les pudiera prever, dadas las circunstancias. Es que no hay ni remota posibilidad de mitigar el incremento de los asentamientos si no se actúa de modo decisivo y sistemático sobre el suelo urbano. ¿Tiene el Estado y las Intendencias departamentales unas significativas carteras de tierras urbanizables de modo sensato y sustentable?

No deja de ser curioso que, al tiempo que se retacean 70 millones de dólares para programas habitacionales efectivamente demandados, el propio gobierno resigne una igual cuantía en exonerar de impuestos a la promoción de vivienda que, con sus valores, dista astronómicamente de los costos de la vivienda de interés social. No puede hablarse de una postración socioeconómica tal que vuelva inviable una política integral de vivienda: es la voluntad política la interpelada. Es que se prefiere estimular la rentabilidad de los menos en detrimento de la provisión de soluciones concretas para las mayorías sociales.

Quizá ya sea hora de oír con atención las voces del movimiento social y de obrar en consecuencia. Quizá ya sea hora de abandonar los gargarismos referentes a un déficit habitacional -que es un tecnicismo de oficina- y reconocer, con todas las letras, la deuda social que tienen el Estado y la sociedad con sus habitantes. Quizá ya sea hora de afrontar compromisos programáticos bien definidos y depurados de cualquier ambigüedad al respecto.