EPISODIOS DE VIOLENCIA EN ESCUELAS

“Aunque las agredidas fueron las maestras, el más dañado es el niño”

En forma regular los medios de comunicación dan cuenta de episodios vinculados a la agresión de docentes, por lo general en los ámbitos de la escuela pública. El último caso ocurrió en la escuela Nº 251 General Fructuoso Rivera. Una instalación escolar donde nunca había sucedido algo similar. Todo comenzó cuando las autoridades del centro educativo pidieron la comparecencia de la madre de un niño de 11 años a los efectos de indagar la situación de descuido en que se encontraban sus hijos. De acuerdo a los trascendidos periodísticos la conversación derivó en una serie de agresiones llevadas a cabo por la madre, que incluyeron golpes a la directora de la escuela y a la maestra del niño, y la generación de alarma entre los alumnos que estaban en el recreo.

Existen por lo menos tres cuestiones sobre las que vale la pena reflexionar. En primer lugar, el llamado de las autoridades escolares a la madre estuvo motivado por el “descuido” en que se encontraban los niños, cuatro de los cuales concurren al centro educativo. No fue el clásico llamado de atención por problemas de conducta o bajo rendimiento escolar. Cabe preguntarse, entonces, si corresponde a la dirección llevar a cabo una intervención en el caso en vez de derivar la preocupación a los organismos competentes, en este caso el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

En segundo lugar, es pertinente preguntarse si ante la reacción violenta de la madre –que al parecer causó una conmoción de proporciones en toda la comunidad escolar presente en el episodio– corresponde judicializar el problema. En este caso la autoridad interviniente dispuso el procesamiento con prisión de la madre, lo que es a todas luces una desmesura punitiva digna de mejor causa. La maestra que declaró ante los medios de prensa, siempre ávidos de este tipo de episodios, no presentaba ninguna herida visible y la directora tenía al parecer un golpe.

En tercer lugar, vino la puntual y automática respuesta del sindicato, que decretó el paro de actividades para el día siguiente, dejando a todos los niños del país sin actividades curriculares y sin la atención alimentaria que en muchos casos tiene gran importancia. Los dirigentes del sindicato parecen creer que estos paros sistemáticos pueden aportar alguna solución al problema. Es evidente que dichas medidas no han servido ni servirán para atacar el problema.

Pero más allá de estas consideraciones elementales, es necesario profundizar en el análisis de estos casos, al menos para sostener que ni las medidas sindicales, ni el sistema judicial, ni una legislación específica que algunos reclaman contribuirán a mejorar el clima de convivencia. Los únicos perjudicados son los niños, que es el bien a cuidar en estos casos.

Leyendo la crónica que publica el matutino El Observador en su edición del sábado 2 de setiembre, uno se encuentra con datos sorprendentes. El más llamativo es que el “descuido de sus hijos”, motivo por el cual fueron citados los padres, está basado en observaciones de las autoridades escolares reafirmadas por testimonios de vecinos que solían ver al niño de 11 años cargar bidones de seis litros de agua en plena madrugada, ante el corte del servicio en su domicilio. Todo parece indicar que el descuido es un eufemismo de pobreza.

Las autoridades escolares han mantenido una política de evitar llamar mucho a las familias con antecedentes de violencia para que no golpeen a los niños luego del encuentro. Lo cierto es que finalmente la directora del centro escolar decidió llamar a la madre a los efectos de conversar con su hijo mayor, el de 11 años. Según la crónica referida, la madre que protagonizó las múltiples agresiones se “enojó” cuando la docente le preguntó por el tratamiento psicológico que le habían aconsejado para el hijo. Probablemente el tratamiento psicológico propuesto sería un abordaje multidisciplinario, pero es seguro que no incluía el pago de la factura de OSE, tarea que no corresponde a los equipos multidisciplinarios. Como la violencia ejercida por la madre duró bastante tiempo, las autoridades escolares optaron por llamar a la Policía. Cuando el móvil policial llegó todo había pasado.

Es pertinente aclarar que el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, aclaró que en “casos de urgencia” la Policía puede comunicarse con un juez de violencia para que los asesore sobre cómo actuar con los niños. Además del INAU existe el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPLAV). Ambos organismos estaban al tanto de la situación con antelación al episodio en la escuela. Las autoridades estaban a la espera de un informe de los especialistas que conocen a los niños, para poder decidir qué hacer con ellos. Me inclino a pensar que en el informe de dichos profesionales no estará incluido el pago de la factura de OSE, así como tampoco medidas destinadas a resolver los problemas concretos de esos seis niños que viven en una zona de “contexto crítico”. Llama mucho la atención toda la superestructura institucional montada para tratar problemas que deberían ser abordados más de cerca y con mayor compromiso para resolver el ya famoso “contexto crítico”, prescindiendo de la psicologización y la judicialización de los problemas.

Hasta aquí nos hemos limitado a comentar, tratando de utilizar el sentido común, una situación puntual determinada. Pero el mismo matutino El Observador publica, en su edición del sábado 16, una larga entrevista con Nilia Viscardi, doctora en Sociología y “experta en situaciones de conflicto en la enseñanza”. La nota periodística recoge en el título una afirmación de la referida socióloga con la cual es posible concordar en todos sus términos: “Aunque las agredidas fueron las maestras, el más dañado es el niño”.

La entrevistada hace afirmaciones que debieran tenerse en cuenta. En primer lugar, señala la escasez de situaciones de ese tipo que se registran, unas 10 desde el año 2015, y el contraste con la alarma que se genera en la ciudadanía a raíz de la difusión mediática de los pocos episodios registrados. Hay una notoria desproporción entre la magnitud del problema real y el impacto en la opinión pública que los medios de comunicación generan. La socióloga Viscardi señala otra cuestión que parece relevante: estas situaciones conllevan una cuota de desvalorización de la familia, lo que no hace más que agravar el problema. El daño que se produce se multiplica cuando un juez, tal vez para enviar una señal de alarma, procesa a la madre con prisión.

En suma, ante situaciones de este tipo, ante estas “cosas que pasan”, las autoridades estatales en sentido amplio –sistema judicial, INAU, policía– debieran hacer un mayor esfuerzo por comprender a fondo cada caso en particular y limitar la exposición de las familias y, en especial, de los niños a la humillación y a la sanción social.

Todo parece indicar que en los próximos meses se pondrá en marcha la Universidad de la Educación, aprobada por el Congreso realizado durante el primer mandato del presidente Tabaré Vázquez. Es una buena oportunidad para incluir, como actividad extracurricular al menos, la vasta temática de la conflictividad en las comunidades educativas, que por cierto no se limita a problemas entre maestras y padres. Como en toda actividad humana, la conflictividad en los centro de enseñanza alcanza una gran densidad. Existen a permanencia conflictos donde participan alumnos, docentes, padres y otros actores en forma entrecruzada.