CAMBIOS INÉDITOS EN LA REALIDAD PENITENCIARIA

El complejo carcelario industrial

Este concepto fue enunciado por la doctora Angela Davis en su conferencia magistral del pasado mes de marzo en la sala del SODRE, en Montevideo.

Mencionó dicho complejo industrial cuando se disculpó por no haber tenido tiempo para recorrer las cárceles uruguayas; pero, aseguró, si lo hiciera comprobaría que, al igual que en las cárceles del mundo, aquí también el porcentaje de prisioneros negros sería mayor que el guarismo de ese color de piel en el conjunto de la población.

El concepto “complejo carcelario industrial” no es nuevo en los estudios sobre este fenómeno; sin embargo, requiere una reflexión profunda de nuestra sociedad. Al menos esto es lo que me sugirió semejante aserto pronunciado por alguien que vino del “norte revuelto y brutal que nos desprecia” (José Martí en su ensayo “Nuestra América”), que es doctora y profesora de historia y filosofía y que ha combatido toda su vida contra ese mismo sistema opresor capitalista dominante, responsable del desarrollo de tamaño complejo industrial.

Seguramente si recorriéramos las cárceles uruguayas comprobaríamos que la doctora Davis tiene razón y de sobra. Hay otros dos índices que rompen los ojos: el 99% de los presos son pobres y el porcentaje de jóvenes menores de 30 años es abrumadoramente mayor que en la demografía del país.

Lejos de considerarme un experto en el tema, mi conocimiento es puramente empírico. Trabajé cinco años en cárceles dando clases por enseñanza secundaria; tres veces a la semana permanecía las mañanas y las tardes en uno de los centros carcelarios de mayor concentración de población prisionera. En el ex-COMCAR, donde hay más de 3.000 presos distribuidos en once módulos o bloques de edificios; en la cárcel de Canelones, donde hay 1.500 presos; en Punta de Rieles (la ex-cárcel para prisioneras políticas) con más de 1.000 presos y la cárcel para mujeres, donde hay 500, en el barrio Colón, zona suburbana de Montevideo.

Se sabe, en el Uruguay de hoy existen 11.300 reclusos. Trabajé donde está la mitad de ese universo. También hay otros 1.500 en el Penal de Libertad (ex-cárcel de presos políticos) y en el resto de los departamentos del país hay cárceles en que existen entre 200 y 500.

De manera periódica, una vez por semana en cada departamento y una o dos veces al año con profesores de todo el país, se realizan coordinaciones de quienes damos clases “en contexto de encierro”. Allí se intercambian experiencias pedagógicas, y, en el mano a mano, las novedades que más nos van impactando.

Todo lo que escribo aquí no son necesariamente opiniones ni información extraídas de esas reuniones: es parte de mi experiencia personal y me hago cargo de lo que afirmo.

Los datos públicos de los sueldos del Estado supongo que los conocemos todos. Es sabido que el sueldo de la policía y de los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación pueden ser codiciados por los jóvenes que se asoman al mundo laboral. Los requerimientos son básicos: tercero de liceo y tener limpio el antecedente penal.

Comenzamos a sumar sueldos que generan como consecuencia de la existencia de esos 11.000 reclusos. Abogados de oficio y particulares. Jueces y fiscales. Entre toda la población carcelaria que asiste a clases de enseñanza secundaria, se conforma un megaliceo; por tanto, la cantidad de profesores necesarios como para cubrir dicha demanda.

Las empresas constructoras, y las barracas que las abastecen, que trabajan en la construcción de nuevas cárceles. A manera de ejemplo: junto a los antiguos edificios de Punta de Rieles se levantó una ciudad con más de mil plazas para prisioneros. En el ex-COMCAR existe un “Polo Industrial” gestionado de manera privada con trabajo asalariado de reclusos.

¿Comienza a cerrarnos el “complejo carcelario industrial nacional”? La verdad que sí.

Pero hay muchos más insumos para abonar la existencia de semejante complejo. Sin necesidad de ser un investigador profesional, a simple vista de buen observador: aunque la tenencia de celulares está prohibida entre la población carcelaria, pululan; los disimulan, pero no tanto. La droga más consumida tiene un nombre “tumbero”, el lunfardo de la cárcel: canicas; son psicofármacos muy codiciados como moneda de cambio. En algunas oportunidades tenemos que hacer malabarismos para contener a alumnos que vienen del celdario con un consumo subido de tono.

La pregunta que salta es: ¿quién o quiénes introducen en las cárceles esos celulares y esas canicas? Los precios, valores de cambio, son muy elevados, tres o cuatro veces más que el valor de mercado fuera de la cárcel.

Entonces, el complejo industrial carcelario se complejiza cada vez más y reditúa mucho más… siempre a los mismos, porque las cárceles en un 99% sigue habitada por pobres, negros, pichis, término este último con el que éramos motejados los presos políticos y que es vuelto a usar en voz baja, muy baja porque es políticamente incorrecto utilizar ese mote despectivo cuando, en cambio, las nuevas autoridades acuñaron una sigla: PPL, personas privadas de libertad.

El origen de esa industria carcelaria se genera bien lejos de las cárceles. Las canicas se producen en laboratorios que están fuera de las cárceles. Los celulares no traspasan por arte de magia los controles de entrada, scanners y revisaciones realizada por personal especializado o preparados para dicha tarea.

Las estadísticas de delitos, procesamientos y condenas deben ser insumo de las autoridades correspondientes: del Poder Judicial, del Ministerio del Interior o del Instituto Nacional de Rehabilitación; se menciona un universo de 70% de reincidentes, pero, otra vez, recurro a la observación empírica…

Entre la población privada de libertad hay un número elevado de reincidentes consuetudinarios, hay hasta tres generaciones de familiares presos. Se podría arriesgar y aventurar una hipótesis: trabajan de presos, son personas institucionalizadas, así las nombran desde las ciencias sociales. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esto a la comprensión lectora común y corriente? Este dato sí que es de difícil comprobación, aunque merece un estudio profundo porque, a mi entender, se relaciona fuertemente con los intereses espurios que sostienen y dan vida al complejo carcelario industrial: muchos presos cumplen condenas por otros que nunca pisaron ni pisarán una cárcel.

Desde el año 2000 ha crecido exponencialmente la población carcelaria joven y muy joven. Los presos viejos me llegaron a comentar: “han cambiado los códigos carcelarios, te matan por fósforos apagados, te roba el mismo compañero de celda”.

En mis primeras experiencias como profesor buen samaritano ante cada grupo nuevo de estos jovencísimos convertidos en carne de cárcel siempre les increpaba por qué habían caído en ese lugar insalubre. La respuesta invariable: “en tres horas gano más que vos en un mes”. El retruco, también invariable: pero yo duermo tranquilo, tengo amigos. El vale cuatro con el dos de la muestra era el silencio y la reincidencia.

Tenemos 11.300 problemas como sociedad. ¿En qué momento el uruguayo dejó de avisarle al vecino que lo estaban por robar o que lo estaban robando? En el camino hubo varios hitos que marcaron mojones. Aleatoriamente los enumero aquí: pasó Fido Dido con “hacé la tuya”; el gran público se comenzó a entusiasmar hasta el delirio con los empresarios de futbolista dejando de lado a los ídolos de zapatos con tapones y canilleras; hasta la penúltima: los uruguayitos cantando “Bella Ciao” sin saber que fue el himno de los partisanos antifascistas, y fanatizados hinchando por un grupo de ladrones de bancos.

En cierta ocasión llevamos al doctor Álvaro Rico, ex-decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UdelaR, para que diera una charla sobre el Golpe de Estado y la huelga general. Lo hicimos en el marco de un proyecto de construcción de un periódico con los estudiantes del COMCAR, tuvo el nombre de “Pres y Diario”. En esa charla,y luego en otros lugares y publicaciones, Álvaro Rico acuñó una afirmación tan contundente como la que dio motivo a esta nota: lo que estamos viviendo hoy en Uruguay en cuanto a ruptura del tejido social, la explosión de la población carcelaria, etcétera, comenzó con la Dictadura. Los comunicados de las Fuerzas Conjuntas de las ocho de la noche por cadena de radio y televisión en que repetían el llamado a la colaboración de la población para combatir la subversión. Ese llamado compulsivo escondía otra realidad que ha quedado al desnudo: la red de informantes civiles pagados con dineros del presupuesto estatal hasta el año 2004 por lo menos. O sea, uruguayos espiando y delatando a otros uruguayos todo el tiempo.

¿Adónde fue a parar toda esa mano de obra desocupada? Por supuesto que Álvaro Rico no es responsable de todas estas asociaciones que he ido enhebrando aquí, ni de esta pregunta retórica.

En setiembre de 2016 se publicó el libro “El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya”. Allí escriben un conjunto de investigadores uruguayos y el prólogo lo realiza Kathryn Sikkink, profesora de la Universidad de Harvard.

En ese libro, de lectura imprescindible, se demuestra justamente la trama terrorífica que unió con sangre a ciertos empresarios civiles con los militares y policías violadores de los derechos humanos durante la dictadura uruguaya. Estos crímenes económicos contra el conjunto de la población permanecen impunes al igual que la mayoría de los crímenes contra las personas físicas.

O sea: ladrones de cuello blanco, de corbata y traje de gala, dominadores de todos los resortes del poder en todo tiempo y circunstancias, con pleno conocimiento de las leyes y sus excepciones, que nunca irán a la cárcel ni siquiera de visita.

Una cosa no justifica la otra. Siguiendo al profesor José Pedro Barrán en su tesis desarrollada en el muy celebrado libro “Historia de la sensibilidad en el Uruguay” (primera edición: 1989), la escuela laica, gratuita y obligatoria, la iglesia católica y los sindicatos fueron la tríada que disciplinó a los uruguayos. Cuando esas tres instituciones disciplinantes fracasan juntas o por separado, está el Código Penal en el que está excluida la pena de muerte. Entonces, en el Uruguay del año 19 del siglo XXI, tenemos 11.300 compatriotas a quienes los alcanzó el Código Penal porque fracasaron las instituciones disciplinantes. Es decir, tenemos responsabilidad como sociedad pensante y lectora doble o triple y no nos podemos hacer los desentendidos.