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¿Y LA GLOBALIZACIÓN?

 Publicado: 05/06/2019

Más subsidios a la agricultura de Estados Unidos


Por Francisco López Martí


El presidente de Estados Unidos es una piedra en el zapato de la globalización y, si dura, será más bien un clavo con la punta para arriba. Por esa razón, para proteger groseramente la agricultura de Estados Unidos Trump no necesitó ponerse una careta, artículo tradicionalmente usado por los gobiernos de Estados Unidos cuando tratan el tema de la política agrícola. Destinó 16.500 millones de dólares adicionales destinados a subsidiar a los empresarios rurales para compensar las medidas adoptadas por China que afectan a productores de soja y otros productos; un sector de la población afín a Trump.

La política proteccionista actual tiene antecedentes lejanos y recientes. Mientras Estados Unidos tuvo una industria relativamente atrasada respecto a Gran Bretaña y otros países, mantuvo aranceles (impuestos) a las importaciones de manufacturas cercanos al 45% del valor. Incluso llegaron a la guerra entre ellos mismos cuando el norte necesitaba protección a su industria y el sur libertad comercial para exportar sin restricciones el algodón. No era la única diferencia: los primeros necesitaban las tierras de los indígenas y los segundos la mano de obra esclava para sus plantaciones.

Una vez que Estados Unidos se constituyó en el país con la industria más exitosa del mundo, bajó los aranceles y salió a vender al mundo la idea de que la mejor política comercial es abrir el mercado. Evitar cualquier protección era la fórmula mágica para llegar al éxito.

Agribusiness first. En la agricultura, en cambio, Estados Unidos ha mantenido una política de fuerte apoyo a sus empresas basada en distintas modalidades de subsidio que tienen un enorme costo fiscal en comparación con lo que produce la agricultura.

Cada cinco años desde 1938, Estados Unidos hace una revisión de la política agrícola y adopta una mega-ley en que se precisan las diversas modalidades de subsidios. Ya bajo el mandato de Trump, la ley agrícola que se aprobó en junio de 2018 dotó de 867.000 millones de dólares de fondos federales destinados a la agricultura. Paralelamente Estados Unidos mantiene medidas que limitan las importaciones competitivas; por ejemplo, la carne vacuna proveniente del MERCOSUR está sujeta a un arancel de importación de 26,8%, los quesos a 15% y los paneles de madera a 8%.[1]

¿Cómo pudo mantener esa política mientras prescribía la liberalización del comercio?

Muy sencillo: porque el gobierno de Estados Unidos tiene el poder suficiente como para negociar internacionalmente preservando su protección a la agricultura. En la última gran ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, las negociaciones estaban empantanadas por falta de acuerdo sobre la agricultura. En esas condiciones Estados Unidos y la Unión Europea acordaron proponer un tratado que aseguraba la preservación de su política proteccionista (la caridad bien entendida comienza en casa). De esa reunión, realizada en el edificio de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, los representantes de ambas partes salieron a negociar (comprar con dádivas menores) los votos de los otros países participantes. Y tuvieron éxito.

El conjunto de la política agraria de Estados Unidos comprende subsidios de los más diversos tipos, aranceles y otras medidas que protegen su agricultura de la competencia internacional y facilitan sus exportaciones, a lo que se agrega esta compensación gigante a los afectados por la reacción china.

Con esa política Estados Unidos genera un espacio favorable a las empresas de toda la cadena agroalimentaria, dotándolas de más ingresos que los que hubieran recibido si operara el mercado y -cosa más importante- dotándolas de mayor previsibilidad y estabilidad, algo fundamental en cadenas de actividades de alto riesgo.

Con esa política Estados Unidos limita sus importaciones provenientes del MERCOSUR y compite con los países del bloque en los mercados internacionales con las exportaciones del bloque muy eficientes en granos (soja y otras), carnes (vacuna, porcina y de ave) o productos forestales.

En fin: dígan lo que digan, la política no termina de soltar a los mercados.

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