POLÍTICA, INTERESES, IDEOLOGÍA Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO

Los dilemas de la política impositiva

Los dos temas principales de las recurrentes discusiones sobre la política impositiva son el monto y las características de la recaudación (impuestos al consumo, a la renta, a la propiedad)^[1].

En esos temas se enfrentan los partidarios de la reducción de impuestos, particularmente de los que pagan las personas de mayores ingresos y a la propiedad, y de quienes tienden a propiciar lo contrario. Para los primeros, la reducción de impuestos induce a mayores inversiones y a reducir el gasto público y, en consecuencia, la intervención del estado en la economía.

Los otros sostienen que deben aumentarse los impuestos como parte del financiamiento de las políticas, particularmente las sociales, y concentrarlos en los impuestos a la renta y a la riqueza como medio de redistribuir el ingreso.

En general los gobiernos y los partidos políticos que apoyan la política de reducción de impuestos son considerados conservadores e inclinados a respaldar intereses empresariales que, naturalmente, son favorables a esa postura, y los que sostienen la conveniencia de llegar a niveles relativamente altos de ingreso fiscal se identifican como progresistas, liberales o de izquierda.

Los países escandinavos han llevado al extremo ese tipo de política, en ellos el estado capta cerca del 45% del PBI, las tasas del impuesto a la renta son muy altas y progresivas y han desarrollado una formidable política social. En su mejor versión en esos países, hay una aceptación de una altísima tributación que asegure servicios sociales y coberturas del riesgo a lo largo de la vida de las personas. Por el contrario, en los países que están en peor situación, la relación entre el ingreso fiscal y el PBI es baja y los servicios sociales son deficientes.^[2]

Para los partidos de izquierda de inspiración socialista la política de ingresos y gasto público es parte fundamental del repertorio de medidas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y a compensar en algo el poder que emerge de la propiedad privada, particularmente una vez que progresivamente abandonaron o minimizaron la propuestas de estatización de la propiedad de los medios de producción originales.

URUGUAY 2005-2016: MÁS RECAUDACIÓN Y MÁS IMPUESTO A LA RENTA

Los gobiernos del Frente Amplio de Uruguay impulsaron las políticas comunes a los gobiernos progresistas y de izquierda: el aumento de la recaudación tributaria y de la participación del impuesto a la renta en la recaudación. Un proceso caracterizados por fuertes controversias.

El ingreso fiscal (incluyendo la recaudación tributaria, de la seguridad social y otros) como proporción del PBI (Producto Bruto Interno) creció de 22,7% en 2004 al 28,6% en 2015.

El aumento más significativo de impuestos fue el aplicado a las personas físicas originadas en la propiedad (arrendamientos, intereses y otros) o en actividades laborales, los que participaron con el 2,6% y 13,2 % de la recaudación total de la DGI (Dirección General Impositiva) en el acumulado a noviembre de 2016. Los estudios confirman que en ese periodo el impuesto a la renta contribuyó a la disminución de la desigualdad de ingresos.

Esa política se basa en la convicción de que la mejor forma de recaudar es mediante el impuesto a las rentas obtenidas, ya que si se gravara fuertemente a las empresas o a la riqueza (patrimonio, herencia y otros), afectaría la inversión y el empleo o generaría dificultades para la recaudación. Y se complementa con una generosa política de exoneraciones fiscales.

Es importante tener en cuenta que la política tributaria 2005–2016 se implementó al mismo tiempo que crecía la inversión, el empleo y la actividad económica aún en el escenario internacional y regional.

EL DEBATE EN 2017: TODOS SOMOS EXPERTOS

En 2017, la definición del presupuesto para los tres años siguientes llevó al rojo vivo el debate sobre los dos temas principales: cuánto y cómo recaudar.

En cuanto a la recaudación, los partidos de oposición tienen una posición común de no favorecer ningún aumento.

El Frente Amplio y los sectores sociales vinculados a él están de acuerdo en la necesidad de aumentar el ingreso fiscal para financiar el gasto social, infraestructura y seguridad, pero se ha abierto un enorme abanico de propuestas sin que aún se conozcan las del gobierno.

La lluvia de propuestas en ese sentido incluye el aumento de la tasa de impuesto a la renta de las personas de altos ingresos, a las rentas originadas en el capital, el patrimonio y la herencia, así como reenfocar y reducir las exoneraciones fiscales.

NO TODO ES POSIBLE

El alud de iniciativas sobre el tema tributario es una señal de vitalidad de la democracia y la libertad en Uruguay, pero es importante que ellas se acompañen de fundamentos científicos y de la experiencia de los especialistas que intenten dar respuesta a diversas preguntas:

¿Cuándo el impuesto a la renta de las empresas puede desestimular el ingreso de capital extranjero? ¿Hasta dónde gravar la propiedad o la renta proveniente de ella sin reducir la inversión? ¿Es posible reducir las exoneraciones fiscales sin afectar la inversión privada? ¿Hasta dónde gravar el ingreso de las familias más ricas sin desestimular la inversión y la emigración de cuadros altamente calificados?

Sin una respuesta fundada a esas preguntas las propuestas de política tributaria corren el riesgo de no ser viables o simplemente de tener impactos no deseados.

Es difícil que se ponga en duda que el gasto público no tiene un límite a partir del cual la presión fiscal o al desequilibrio entre ingresos y gastos tenga consecuencias negativas. Si no fuera así, el aumento del gasto fiscal sería como la piedra filosofal de la economía, alcanzaría con aumentarlo para alcanzar la plena felicidad de todos y, al mismo tiempo, el gobierno que lo lograra sería eternamente reelegido. Pero, ¿cuál es ese límite?

Otro ejemplo: el déficit fiscal puede generar presiones inflacionarias al aumentar la demanda por encima de la capacidad de producir ingresos del país, y esto provocar un mayor endeudamiento público y, en consecuencia, de las obligaciones futuras del estado y la vulnerabilidad respecto a agentes y condiciones que no controla.

El impuesto a la herencia de las grandes fortunas, sujeto a alicuotas insignificantes en Uruguay, sería un medio ideal para la izquierda ya que los estudios muestran que la riqueza adquirida es una de las fuentes más importantes de desigualdad. Sin embargo el aumento progresivo de tasas debería superar las limitaciones para recaudarlo. La experiencia de los países en esta materia muestra que no es difícil encontrar un medio para evadirlo. A esto se agrega que en el Uruguay una parte considerable de la riqueza es propiedad de empresas extranjeras por lo que ante la muerte de un rico en el extranjero no se recaudaría, pero sí de un uruguayo.

La estrategia de los partidos, la demagogia, los intereses económicos de la población se mezclan en el eterno debate sobre la política impositiva alineando fuerzas contrarias en todos los países en que hay algo así como democracia y libertad. Analizando la experiencia de los países, los que hay alcanzado mejores logros para sus habitantes son los que han logrado cierto consenso para transitar hacia un alto nivel de ingreso fiscal y distribuir la recaudación de modo que incida en su gran mayoría en impuestos a las mayores rentas. Al analizar las posibilidades de transitar por ese camino en cada momento es necesario que las decisiones hayan tenido en cuenta los fundamentos más rigurosos posibles para no aumentar el riesgo de tener impactos distintos a los buscados.