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DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA

 Publicado: 01/11/2017

La economía crece pero la población en asentamientos se estabiliza


Por Rodolfo Demarco


La situación de los asentamientos (o “cantegriles”, como se los comenzó a llamar desde mediados del siglo pasado) es un tema de abordaje difícil debido, entre otros motivos, a su carácter irregular y a la importante movilidad habitacional. Esto ha dificultado la información, insumo imprescindible para planificar y concretar con mayor eficacia y rapidez tanto la erradicación como la regularización, así como la implementación de medidas paliativas necesarias en un proceso que no será corto.

Se trata de una situación que data de muchas décadas y que se agravó cualitativamente con la megacrisis que tuvo su epicentro en 2002. De todos modos no se harán aquí referencias históricas ni a la génesis del fenómeno ni se abordarán los aspectos sociológicos, de obvia relevancia. Tampoco se aludirá a propuestas programáticas sobre el tema. Se hará centro en datos que ilustran sobre la situación actual y la evolución en los últimos años.

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Para encuadrar el problema de los asentamientos irregulares en Uruguay, se dará previamente un conjunto de datos sobre el tema de la vivienda en general del informe “Evolución de la situación de la vivienda”[1] elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitores (DINEM) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Los datos del trabajo abarcan el periodo 2006‑2015, por lo que no comprenden las variantes que puedan haber tenido en el último año y medio.

Se da cuenta que en el país “poco más de la mitad de los hogares son propietarios de la vivienda en la que se asientan. Entre el 2006 y el 2015 cae la proporción de hogares propietarios en favor del aumento de los inquilinos y sobre todo de los ocupantes con permiso. Por fuera de estas categorías, aproximadamente el 7% de los hogares presentan formas de tenencia de la vivienda no seguras: son ocupantes sin permiso o son propietarios de la vivienda pero no del terreno”. Esta situación se observa en el siguiente gráfico, que como los otros que se incluyen en este artículo corresponde al referido trabajo de la DINEM.

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COSTO

El informe señala que “los hogares propietarios que aún están pagando por su vivienda destinan, en promedio, el 12,5% de sus ingresos al pago de la cuota de compra. La proporción de ingresos destinados al pago de la cuota se duplica para los hogares inquilinos: en promedio la cuota de alquiler representa el 22,1% de sus ingresos. Mientras que la proporción de ingresos destinados al pago de la cuota de compra cae entre 2006 y 2015, la relación entre la cuota de alquiler e ingresos registra la tendencia contraria”. Lo ilustra el gráfico siguiente.

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HABITABILIDAD

El organismo del MIDES considera las condiciones de habitabilidad de la vivienda en función de la calidad y conservación de los materiales de construcción, el hacinamiento (entendido como la presencia de más de dos personas por habitación para dormir), y el acceso a servicios básicos como saneamiento, agua y energía eléctrica. Indica que “para todas estas dimensiones se registran avances en la comparación 2006‑2015”, en la que se centra el trabajo. Consigna que “la conservación de la vivienda (humedades, goteras, etcétera) aparece como el principal problema de habitabilidad para los hogares uruguayos” y agrega que aunque “la situación mejoró entre el 2006 y el 2015, la problemática continúa afectando al 41,9% de los hogares”. El hacinamiento y la precariedad de los materiales de construcción de los hogares son los dos problemas que le siguen en magnitud a la conservación.

En cuanto al acceso a servicios (saneamiento, agua y energía), el estudio de la DINEM señala que “si bien es baja la proporción de hogares que presentan problemas en estas categorías, no debe dejarse de poner atención a estas problemáticas dado el impacto sanitario que generan”.

En 2006 el déficit en el estado de conservación de la vivienda afectaba al 57,0% de los hogares, cayendo el porcentaje a 41,9% en 2015.

El hacinamiento era de 14,1% en 2006 y de 9,9% en 2015.

El déficit en la calidad de los materiales de la vivienda se registraba en 2006 en el 12,4% de los hogares y en 2015 en el 9,1%.

El acceso inadecuado al saneamiento afectaba al 10,6% de los hogares en 2006 y al 5,2% en 2015.

El acceso inadecuado al agua potable en 2015 se daba en el 2,3% de los hogares.

La falta de acceso a la energía eléctrica comprendía al 1,5% de los hogares en 2006 y al 0,3% en 2015.

Según nivel de ingresos del hogar el acceso a servicios dentro de la vivienda resultaba muy variable en 2015.

El acceso inadecuado al saneamiento en el quintil 1 (el de más bajos ingresos) correspondía al 7,4% de los hogares y en el quintil 5 (el de mayores ingresos) al 04%.

El acceso inadecuado al agua potable era de 19,7% en la quinta parte de menores ingresos y de 0,6% en el quintil 5.

La falta de acceso a la energía eléctrica afectaba en 2015 al 0,78% de los hogares del quintil 1 y al 0,02% en el quintil 5, el de mayores ingresos.

En cuanto a las formas de tenencia inseguras (ocupante sin permiso, propietario solo de la vivienda pero no del terreno), se indica que en el quintil 5 solo 1,6% de los hogares está en esta situación. La inseguridad sobre la tenencia crece considerablemente en los hogares de menores ingresos: 18,7% del primer quintil de ingresos se encuentra en esta situación. Las inequidades en materia de tenencia según quintiles de ingresos en 2015 pueden observarse en el gráfico siguiente.

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ASENTAMIENTOS IRREGULARES

América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo y la de mayor crecimiento de la población urbana en las últimas décadas. Sin embargo, la contracara de este crecimiento es la creación de asentamientos informales con acceso limitado a servicios públicos y derechos de propiedad precarios.

"Mientras que poco más del 10% de los habitantes del mundo vive en asentamientos informales, en América Latina la tasa es entre dos y tres veces mayor", asegura el Reporte de Economía y Desarrollo presentado el 3 de octubre pasado en Montevideo por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Ubicado en el contexto latinoamericano, Uruguay tiene un porcentaje considerablemente inferior al promedio de personas viviendo en asentamientos. No obstante, y aun con el PIB per cápita más alto de la región, bastante por encima del promedio, el país está lejos de haber resuelto el problema de la vivienda para los sectores de menores recursos.

Los organismos oficiales vinculados al tema en Uruguay definen un asentamiento irregular como el agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario.

ASENTAMIENTOS: NÚMEROS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

El último censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), que es de 2011, registró 3.286.314 habitantes, 1.166.292 hogares y 1.389.740 viviendas en Uruguay.

Ese año existían 589 asentamientos irregulares (332 en Montevideo, 91 en Canelones y 166 en el resto del país), en donde vivían 165.271 personas. En ambos departamentos se ubicaba el 78% de estos agrupamientos de fincas.

De acuerdo con los datos más recientes divulgados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), del año 2016, en base a la Encuesta Continua de Hogares del INE, el 5,3% de los hogares de Montevideo (58.314) se encontraban en asentamientos, mientras que el porcentaje promedio en todo el país llegaba al 4%.[2]

A grandes rasgos, en 2005 había 670 asentamientos y en 2016 alrededor de 590, pero muchos de los que quedaron se agrandaron y han surgido nuevos.

En la medición del INE de 2016, diez de los diecinueve departamentos del país presentaron un aumento de los asentamientos irregulares respecto a la medición de 2015. Montevideo fue el que tuvo la mayor caída, pasando de 7,2% en 2015 a 5,3% en 2016. Los departamentos que tenían el año pasado mayor porcentaje de hogares ubicados en asentamientos irregulares eran Artigas con 15,4% del total de hogares, Rivera con 9,2%, Treinta y Tres con 5,5%, y Montevideo con 5,3%, como se indicó. Flores, Florida Río Negro y Soriano no presentaron hogares en esta situación. Ver cuadro.

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La población de un 10% de los asentamientos fue realojada en nuevas viviendas o bien comenzó a disponer de servicios de agua potable, electricidad de UTE o conexión a la red de saneamiento en el propio asentamiento, informó la OPP.

Se estima que mientras el Estado regulariza o realoja a los pobladores de cinco asentamientos, surge uno nuevo, si bien con menos habitantes: de unos 400 pobladores en promedio, se reduce a un centenar. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) considera que es muy difícil que el problema de los asentamientos irregulares tenga una reversión espontánea, principalmente los consolidados, periféricos y rodeados de espacios urbanos vacantes.

Hay que tener en cuenta que las tasas de crecimiento vegetativo de las poblaciones más pobres es superior a la media del país, aunque la diferencia ha disminuido en los últimos años. Si bien era esperable que, tras la superación de la megacrisis y la adopción de múltiples medidas sociales, se diera una caída en el ritmo de surgimiento de nuevos asentamientos, han sido insuficientes las hipótesis sobre la expansión de los asentamientos existentes, ya sea por ampliación del área ocupada, mayor densificación o ambos factores a la vez.

Un 10% de los pobladores de asentamientos fue realojado en nuevas viviendas o bien comenzó a disponer de servicios de agua potable, electricidad de UTE o conexión a la red de saneamiento en el propio asentamiento, informó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

ALGUNAS CONSIDERACIONES

No solo quienes habitan en asentamientos irregulares tienen condiciones de vivienda malas. Que una construcción esté regularizada no significa que se den siempre condiciones aceptables de habitabilidad. Montevideo, como otras ciudades, presenta en su periferia y también en áreas centrales numerosas viviendas deficientes, ya sea por su tamaño insuficiente con relación a los habitantes, la mala calidad de sus materiales, la falta de terminaciones (revoques, pinturas, aislaciones, etcétera), una ubicación inadecuada (por razones de distancia respecto a los lugares de trabajo de los moradores, por su implantación en barrios sin buenas características urbanísticas y físicas como para facilitar la inclusión y la integración social, etcétera).

A veces las casas de material (mampostería y planchada de hormigón) están tan deterioradas, con humedad, carencia de aislación térmica, instalaciones sanitaria y eléctrica en mal estado, pocas o estrechas habitaciones, que vivir en ellas puede ser peor que hacerlo en una construcción con materiales precarios pero en la que se dispone de algunos elementos de equipamiento que atenúan los efectos de sus carencias básicas.

Es frecuente ver casas muy humildes, incluso en condiciones de irregularidad, con una batería relativamente amplia de electrodomésticos que las tornan más habitables que otras similares pero menos equipadas. Son varios los factores que hacen a la habitabilidad, más allá de la construcción propiamente dicha.

El abordaje del problema de la vivienda no consiste solo en realojar a los habitantes de los asentamientos irregulares, que es sin duda una prioridad, sino atender también otros múltiples aspectos. Pese al crecimiento económico del Uruguay en la última década, a la pronunciada disminución de la pobreza, a las mejoras en la equidad y a los avances sociales verificados, la problemática de la vivienda -y ni que hablar la situación de los asentamientos irregulares- es un acuciante desafío para el país. En realidad es un conjunto complejo y múltiple de desafíos.

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