UNA EXIGENCIA INSOSLAYABLE EN LOS PRÓXIMOS TIEMPOS

La coordinación de las políticas públicas

Seguridad, empleo, educación, son temas sobre los que los candidatos y partidos enfocan la campaña electoral. Sin embargo la tendencia es a plantearlos unilateralmente, sin tener en cuenta la coordinación que, no solo en esos asuntos, es imprescindible para que las políticas públicas obtengan los mejores resultados posibles.

Nadie niega que hay que combatir la pobreza, pero suele omitirse que su erradicación depende de la coordinación de programas de educación, asistencia social, vivienda, salud, entre otros. El Frente Amplio (FA) redujo la pobreza de casi 40% a menos de 8%. Se trata de guarismos históricamente bajos para Uruguay, y hoy son los más más bajos de América Latina. Eso se logró con crecimiento económico, promoción de la inversión y creación de 300.000 puestos de trabajo, y con políticas sociales diversas y transferencias monetarias. Significó elevación en el nivel de vida de la gente y mejor distribución (también en equidad el país está en el primer lugar de la región). Sin embargo, hay un núcleo duro de pobreza, que no está basado en problemas de ingresos o de empleo, que es multidimensional y cultural, y que está costando revertir. Más allá de los cambios que haya que introducir en los programas, este problema es uno de los que más requiere coordinación entre dependencias públicas.

Otro tanto acontece con el empleo, en cantidad y en calidad. La política económica por sí sola, aunque sea determinante, no puede resolver la desocupación y el subempleo, o el empleo de baja calidad y deficiente remuneración. Hacen falta múltiples abordajes, como los necesarios para estimular el emprendedurismo, la calificación de la gente y la capacidad de las empresas para generar trabajo. Es especialmente importante la coordinación entre el sector público y el privado, que es y será cada vez más el principal proveedor de empleo, comenzando por las pequeñas y medianas empresas.

Se habla de la seguridad ciudadana, pero cuesta asumir que depende de políticas que están bajo la égida de varios organismos, y no solo del Ministerio del Interior, por más importante que haya sido en los últimos tiempos la incorporación de recursos humanos y tecnología en la cartera.

El incremento en el acceso a la vivienda, otro de los grandes desafíos, depende de acciones del ministerio del ramo, del Banco Hipotecario (BHU), de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), de las intendencias, de organizaciones cooperativas y ONG, entre otras. Obviamente, esos esfuerzos deben hacerse compartiendo información y diferenciando objetivos, lo que muchas veces no sucede.

Se podría agregar otros temas en que es imprescindible la coordinación entre dependencias públicas y entre éstas y el sector privado, como -nada menos- la producción industrial y la agropecuaria y los servicios, entre ellos el turismo.

Ernesto Stein, economista asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió que las dificultades de coordinación de políticas públicas en América Latina “pueden surgir porque se superponen funciones cuando hay más de un ministerio o agencia con programas similares”. Estimó que “una mejor coordinación podría permitir ahorrar en la administración de los programas y evitar la duplicación de equipos”. Agregó que la coordinación también permite “explotar sinergias, aprovechando las ventajas comparativas de las distintas instituciones”.[1]

Según el economista Mario Bergara, hay más de 600 programas sociales en el Estado uruguayo, lo que en su opinión hace “imposible coordinarlos, evitar que se pisen unos con otros”. Agregó que tal situación genera “derroche, por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto”.[2]

El ministro de Economía, Danilo Astori, ha advertido sobre la mala calidad del gasto en el Estado, significando que no basta con destinar recursos financieros sino que se deben buscar resultados. En efecto, los presupuestos asignan partidas, pero los organismos que los ejecutan deben ser muy exigentes en la trazabilidad de los programas, lo que implica control, transparencia, intercambio de información, gestión de calidad. En la educación, por ejemplo, el incremento presupuestal no ha podido lograr de manera automática los resultados buscados ni superación en varios contenidos. Este asunto es objeto de polémicas (hasta ahora insuficientes, al parecer), pero, más allá de la diversidad de opiniones, es difícil no coincidir en que existen descoordinaciones dentro del sistema que inciden en los resultados. Pero superarlas no sería suficiente: solo a título de ejemplo, la deserción estudiantil no depende únicamente de lo que puedan hacer para evitarla los organismos de la enseñanza, sino también de situaciones sociales, familiares, culturales.

Asimismo debe tenerse en cuenta que con las reformas de estos años los escenarios de la acción económica y social del Estado se han ampliado, enriquecido, complejizado. En algunos casos se simplificaron estructuras, como en el sistema tributario. Pero para atender necesidades postergadas y marchar hacia otras metas han surgido nuevos organismos (por ejemplo un ministerio, nada menos); hay que atender ahora más situaciones que en el pasado (basta tener en cuenta lo que significó la incorporación al sistema de salud de toda la población, o, yendo a otro caso bien diferente, el incremento exponencial de los destinos comerciales de la exportación facilitado por una política que apuntó en esa dirección pero que ahora exige encarar otros objetivos en la inserción internacional); se fue construyendo una nueva agenda de derechos -que por varias reivindicaciones incorporadas distingue al país a nivel internacional- que reclama también renovar metas; en investigación, desarrollo e innovación se avanzó significativamente y, como consecuencia, aumentaron las exigencias en un mundo que no da tregua en el desarrollo científico-tecnológico.

No obstante la resumida enumeración de problemas hecha hasta aquí, cabe dejar constancia de que funcionan varias buenas coordinaciones en el Estado y entre éste y el sector privado, y también con participación de la academia. Pero deben preocupar los casos en que no existen o están retrasadas por fallas en la planificación y en el diseño de los programas, por burocracia o rutinas que perviven por la ausencia de autocrítica y controles, y por otros vicios, a veces vinculados a intereses políticos.

Lo cierto es que, al tiempo que se han verificado mejoras sustantivas en el nivel de vida de los uruguayos en el transcurso de los últimos años, hay políticas públicas que muestran derroche, mala calidad del gasto, falta de coordinación. En el próximo período, que debería ser de grandes desafíos en materia de cambios estructurales (por ejemplo en la seguridad social, como todos reconocen), la capacidad de coordinar políticas será un requisito fundamental.

La coordinación siempre fue necesaria, y ahora lo será más que nunca antes para que el Uruguay desarrolle sus potencialidades en beneficio de su gente. Es, debería ser, uno de los asuntos a mejorar sustantivamente en los próximos tiempos. La campaña electoral podría ser -si así se lo propusieran candidatos y partidos- un escenario para plantear el tema ante la ciudadanía, cuyo involucramiento también será necesario.