NO MALGASTAR RECURSOS PÚBLICOS

Revisar los incentivos fiscales a las empresas

Los incentivos tributarios son necesarios. Los países utilizan cada vez más los beneficios tributarios para atraer inversiones, al impulso de la globalización de la economía, de las ideas neoliberales y de la influencia de macroempresas internacionales, principales beneficiarias de esa política. Es inevitable que Uruguay participe en esa competencia por atraer inversiones: el tema es cómo utilizar eficazmente el sacrificio fiscal.

Mucho dinero en juego. A lo largo de los años se han acumulado, con la misma secuencia con que caen las hojas de los árboles en otoño, 190 medidas que otorgan beneficios fiscales a actividades sociales, inversiones productivas y, en ocasiones, satisfacer reclamos de grupos de interés. 

En 2017 el conjunto de incentivos específicamente destinados a estimular al sector privado demandó una renuncia fiscal de 2.414 millones de dólares, de los cuales el 69% se dieron mediante exoneraciones de impuestos,[1] equivalentes al 20% de la recaudación total de la DGI. Solo los incentivos tributarios otorgados a las empresas representaron el 4,1% del PBI, proporción dos veces y media superior a la del promedio de América Latina (1,6% del PBI) y próxima a la de los recursos destinado a toda la enseñanza pública (4,7% del PBI).[2]

Los dos principales instrumentos para incentivar la inversión son la ley de Zonas Francas y la ley de Promoción de Inversiones, cuyo costo fiscal en 2020 fue de 203 y 115 millones de dólares, respectivamente.[3]

Las zonas francas están exoneradas del pago de impuestos pero contribuyen a la seguridad social. Esto en realidad les otorga un subsidio adicional, ya que casi la mitad del financiamiento del BPS (44% en 2020) proviene de fondos estatales, Por ejemplo, los trabajadores de zonas francas que entran en seguro de empleo reciben compensaciones no cubiertas por los aportes a la seguridad social de esas empresas.

Por su parte, si bien las condiciones exigidas para obtener los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones han variado con las sucesivas reglamentaciones, el empleo generado directamente es una de las principales. Sin embargo, los “filtros” impuestos por esas condiciones no han impedido que se promuevan proyectos que en el mejor de los casos no hacen un aporte significativo a cualquier concepto de desarrollo que se pueda imaginar.[4] 

¿Es necesario subsidiar a TA-TA? El 6 octubre, Francisco de Narváez, principal propietario del grupo Ta-Ta, le presentó al presidente Luis Lacalle el plan de ampliación de su red comercial. La conducta receptiva del presidente Lacalle ante las grandes empresas, inaccesible para los pequeños y medianos empresarios uruguayos, fue compartida por sus antecesores. Incluso el entonces presidente Tabaré Vázquez recibió en Consejo de Ministros a un alto representante de la empresa UPM.

Los medios repitieron el anuncio del principal de TA-TA; se procederá a extender su red de supermercados, farmacias y tiendas de ropa y de electrodomésticos, en la que trabajarían 1.500 personas adicionales.

En aplicación de la normativa vigente, el grupo Narváez podrá gozar de beneficios fiscales equivalentes a más de la mitad del valor de la inversión, en gran medida mediante la modalidad de crédito fiscal, a deducir de sus obligaciones tributarias. 

En este caso, el beneficio fiscal no se justifica. Ese ramo de actividad no contribuye a la exportación ni sustituye importaciones; no es portadora de innovación tecnológica alguna ni tiene efectos positivos en el desarrollo de otros sectores de la economía. A esto se agrega que la inversión es financiada con ahorro de los uruguayos mediante “una colocación de una obligación negociable por 100 millones de dólares que tomaron las AFAP, a 20 años de plazo”, 35 millones de dólares aportados por el BID y un crédito en pesos a diez años.[5]

Por si fuera poco lo anterior, la inversión se promoverá en razón de supuestos efectos positivos en el empleo, cuando en realidad su impacto neto será negativo pues destruirá una cantidad superior de puestos de trabajo en los pequeños almacenes, bazares, farmacias y otros comercios que perderán cuotas de mercado. Es llamativo que el sistema nunca haya computado los puestos de trabajo que pueda destruir indirectamente la inversión subsidiada (en el Anexo se presentan otras inversiones).

La falla principal ha estado en que los gobiernos no han definido con más precisión los objetivos del desarrollo. Esa falla no se debe a la ignorancia de los diversos equipos económicos, sino a su convicción de que la política económica no debe evitar en lo posible discriminar los incentivos por sector de la economía o actividad.

En segundo lugar, no ha habido una revisión integral del impacto de los cuantiosos estímulos actuales al sector privado cuyos resultados permitirán destinarlos a proyectos prioritarios o que de otra manera no se hubieran realizado.

Lo anterior no es un invento de este articulista; nada menos que el FMI, la OCDE, la ONU y el Banco Mundial,[6] han recomendado a los países en desarrollo revisar periódicamente la estructura de estímulos a los efectos de asegurar el uso eficaz y eficiente del gasto tributario y cómo llevarla a la práctica. 

Por ahora, ese cambio en la política de estímulos tributarios al sector privado está lejos del radar del gobierno.[7] Ni siquiera se tratará de estimar la pérdida de puestos de trabajo de algunas de las inversiones.

Se seguirán desperdiciando recursos fiscales.

Aun asumiendo la continuidad de la política de estímulos tributarios al sector privado, el gobierno podría evaluar algunas de las principales medidas que otorgan beneficios fiscales (como se hizo en el pasado con el sector forestal[8]), con el propósito de utilizar mejor los recursos y no necesariamente para reducir su nivel.

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ANEXO

Algunas de las firmas que recibieron beneficios fiscales en 2018-2020, al amparo de la Ley de Promoción de Inversiones[9]

El 8 de setiembre del 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas otorgó a Supermercados Devoto un crédito por IVA equivalente a 6,3 millones de dólares, una exoneración del IRAE por 3,7 millones de dólares y de las tasas y tributos a los bienes importados con destino a la inversión, además de la exención de los bienes muebles a los efectos de la liquidación del impuesto al patrimonio. La inversión prevista era de 18,1 millones de dólares.

Otras empresas

Bancos: BBVA, Banco Santander.

Bebidas para el mercado interno: Montevideo Refrescos (Coca Cola).

Supermercados y Shopping Centers: Tienda Inglesa, Devoto Hnos, Shopping Nuevo Centro.

Tiendas: Chic Parisien, Lojas Renner.

Otros servicios: KPMG Sociedad Civil (una de las mayores empresas consultoras del mundo), Zona América, Estación de Servicio Lagomar, Club de Tenis El Pinar, Club Biguá.