LA HISTORIA NO SE REPITE, PERO A VECES HAY CONTINUIDADES

Un Solo Uruguay, entre el radicalismo agrario, un partido político o la nada

En enero de 2018 irrumpe en escena con gran impacto mediático Un Solo Uruguay (USU), un movimiento de raíz rural que, cuatro años después, se enfrenta a un futuro incierto. Estos apuntes contrastan el momento fundacional de ese movimiento con el de otras dos organizaciones rurales: la Federación Rural del Uruguay (FRU) y la Liga Federal de Acción Ruralista (LFAR).

Las diferencias en las circunstancias y los actores rurales a lo largo de un siglo largo no impiden constatar algunas coincidencias en las ideas e intereses, los enemigos inmediatos a los que acicatear y la defensa del mundo rural en oposición al urbano. Entre los antecedentes utilizados para realizar esa contrastación se destacan los aportes de Gerardo Caetano sobre la FRU y de Raúl Jacob sobre la LFAR.[1] Las limitadas referencias utilizadas y la apretada síntesis dejan un campo abierto a críticas acertadas.

El nacimiento

La FRU se creó en 1915, luego de intentos previos de constituir una federación de sociedades departamentales preexistentes. 35 años después, en diciembre de 1950, se constituía la LFAR, organización rural que fue gremio y después partido y seguiría activa hasta poco después del fallecimiento de Benito Nardone, su líder indiscutido, ocurrido en 1964. En enero de 2018, USU realizaba su presentación en sociedad con un  acto masivo, reuniendo unos 1.000 productores rurales, según El País del 23 de enero 2018.

Las tres organizaciones, aunque con características propias, intentaron representar los intereses de empresarios y productores de un sector que sigue siendo fundamental en la economía uruguaya.[2]

No obstante las diferentes circunstancias políticas y económicas de los tiempos en que se conformaron las tres organizaciones de base rural, se pueden anotar algunas similitudes. 

El escenario político

En los momentos de su creación las organizaciones de referencia se enfrentaron a los gobiernos. 

En las tres primeras décadas del siglo XX el liberalismo era la única verdad inspiradora de la política económica de los gobiernos de Occidente, y el Estado de Bienestar, en el mejor de los casos, estaba en pañales. Por contraste, en Uruguay, José Batlle y Ordoñez predicaba las ventajas de una política de intervención activa del Estado en la economía, la que, hasta cierto punto, puso en práctica en sus gobiernos. Esa política y la aguda retórica de Batlle y Ordoñez encrespó al campo liberal tradicional al que se integró militantemente la FRU.

A partir de los años 30, y hasta avanzados los años 50, los gobiernos adoptaron una política de sustitución de importaciones e intervención activa en la economía, que recortaba la renta diferencial de la tierra captada por los terratenientes y empresarios dedicados a la exportación. A mediados de los años 50, terminado el auge de la economía, favorecido por la posguerra mundial y la guerra de Corea, comenzaron a percibirse los límites de la política proteccionista y los síntomas de una crisis en la economía se hicieron evidentes. Crecía la crítica al clientelismo y la corrupción, y el sindicalismo estaba en ascenso. La LFAR fustigó enérgicamente la política intervencionista y encontró un ambiente favorable a su prédica con el inicio de la crisis que incluyó al sector agropecuario.

Hacia el 2018, la política laboral y fiscal de los gobiernos del Frente Amplio (FA), incluyendo modificaciones tributarias que aumentaron los gravámenes al agro y el comienzo del ciclo preelectoral, conformaron un escenario favorable para una enérgica movilización de sectores empresariales rurales. 

El contexto agrario

La actividad agropecuaria previa a la constitución de las organizaciones estaba en expansión, impulsada en parte por factores externos:  hacia 1915, por el fin de las guerras civiles y la Primera Guerra Mundial, a comienzos de los años 50 por la Segunda Guerra Mundial y la de Corea y, en este siglo, por el boom de precios agropecuarios hasta 2015.

En 1915, la economía uruguaya era estrechamente dependiente de la ganadería y los grandes propietarios de estancias podían presumir, mucho más que en el futuro, que eran el grupo más importante de la clase propietaria.[3]

A mediados de los años cincuenta finalizaba un periodo de crecimiento y de diversificación de la economía y del sector agropecuario. En ese contexto, el número de establecimientos rurales creció hasta llegar al máximo histórico, la gran mayoría de pequeños y medianos productores. En la segunda mitad de esa década, al estancamiento ganadero se agregó el del sector agropecuario y el de toda la economía, condiciones que favorecieron la encendida prédica de Benito Nardone.

Dirigido por Juan Pablo Terra, el más importante estudio sobre la sociedad rural del siglo pasado puso en evidencia que, a comienzos de los años 60, las condiciones de vida de gran parte de los productores agropecuarios de pequeña escala, la mayor parte de los cuales dejaron la actividad en las décadas siguientes, y de los asalariados rurales, cuya expresión más notoria eran los “pueblos de ratas”, eran penosas.[4]

Medio siglo después, en la segunda década del siglo XXI, el escenario rural ha cambiado radicalmente como consecuencia del despoblamiento, la reducción del número de establecimientos agropecuarios, la presencia de macroempresas extranjeras (que no participan en las gremiales rurales), al tiempo que la participación del sector agropecuario en el PBI y el empleo se ha reducido a 8%.[5] Sin embargo, el sector agropecuario sigue siendo importante como origen principal de las exportaciones de Uruguay, y por la alta proporción del valor de la tierra y los otros activos en la riqueza total del país, los arrendamientos (indicadores de la rentabilidad) que han alcanzo su máximo histórico.

Los profundos cambios en la economía y el sector rural durante más de un siglo, apenas esbozados, se acompañaron de otros en la sociedad, las ideas y la política y, específicamente, en las instituciones que intentaron representar a los intereses agrarios.

Nacimiento en los intersticios de organizaciones sociales precedentes

Las organizaciones que comentamos se presentan como más radicales quef las precedentes. La FRU se mantuvo como gremio dedicado principalmente a la presión política, considerando que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se había anquilosado en ese papel. 

La LFAR se creó en franca discrepancia con la FRU, a tal punto que esta desafilió a Domingo Bordaberry, uno de sus fundadores y el ideólogo inicial de la Liga. Según Jacob, la LFAR fue primero gremio y después partido, “Nardone logró crear un movimiento gremial, social y político que nucleó a pequeños y medianos empresarios, a propietarios y arrendatarios, a los que concientizó y movilizó para acceder al poder e impulsar un programa que buscaba profundos cambios en la economía”. 

A diferencia de la Liga, USU no se enfrentó con las organizaciones rurales existentes e, incluso, una de ellas, la ARU, apoyó sus movilizaciones iniciales. 

La base social

Las  tres organizaciones se identificaron centralmente con determinados intereses rurales. Al momento de su conformación, la FRU representó una base estrecha; a las “clases productivas”; los grandes estancieros. 

La LFAR representaba, según Alberto Methol Ferré, a las “clases medias rurales”; los pequeños y medianos productores, un grupo social que en los años 50 llegó a su máximo histórico. Años después, podemos afirmar que gran parte de los pequeños productores de esa época no eran clase media sino clase en extinción, según se documenta más adelante.

USU, por su parte, intentó movilizar al empresariado rural nacional y a grupos de propietarios vinculados a él, como camioneros y comerciantes. “Los autoconvocados (USU) representan la parte de la burguesía nacional rural que resistió los efectos de la terrible crisis de 2002 y también el embate comprador de inversores extranjeros. Las decisiones de ese grupo social tienen importantes consecuencias en la producción agropecuaria y en el conjunto de la economía y el bienestar de los uruguayos. Se trata de un movimiento que tiene todo el derecho a movilizarse por sus intereses y aún de presentarse como representantes de quienes no representan”.[6]

Ni reforma agraria ni derechos laborales

Nada más significativo de los intereses que representaron las tres organizaciones que la absoluta ausencia de demandas para que el gobierno redistribuyera tierras en favor de minifundistas o para atender reivindicaciones propias del asalariado rural, a pesar de que estos son más de la mitad de los trabajadores del agro.[7]

La demanda por más tierras para los pequeños productores no unificaba intereses rurales diversos, ya que hubiera espantado a los grandes propietarios, y mucho menos reclamaba la mejora de las condiciones de los asalariados rurales.

Ese conflicto tiene su mayor expresión en el caso de la LFAR, ya que logró la adhesión de numerosos pequeños productores, pero no reivindicó tierras para ellos y, cuando su principal dirigente estuvo en el gobierno, ni siquiera apoyó el proyecto de reforma agraria propuesto por el nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, en 1963.

El liberalismo económico como hilo conductor ideológico

La visión liberal de la economía de las tres organizaciones -menos intervención estatal, impuestos a la propiedad y gasto público- estaba en sintonía con los intereses rurales, particularmente del sector exportador.

El vehemente reclamo de menos impuestos al agro atraviesa la historia de las organizaciones rurales. José Irureta Goyena, destacado miembro de la FRU en 1915, enfrentando la amenaza de nuevos impuestos, se expresaba así:  “los impuestos arbitrarios” podrían “matar en un año más novillos que en diez años el carbunclo”.

La FRU se propuso “contener el estatismo, los gravámenes a la propiedad, los proyectos de legislación social y otras novedades con las que Batlle y Ordóñez atemorizó a algunos sectores” (Jacob, op. cit.).

La LFAR incorporó otros aspectos además de los económicos, a veces contradictorios: criticó el conservadurismo, los privilegios de una minoría de terratenientes, a los banqueros, barraqueros y especuladores, a los políticos, la demagogia y la corrupción. 

USU también agrega demandas a la de “menos Estado”, entre ellas, contener la expansión de la forestación, al tiempo que denuncia a los gobiernos por las exoneraciones fiscales otorgadas a las grandes empresas productoras de celulosa.

Desde esa perspectiva, las tres organizaciones enfrentaron la política económica intervencionista partiendo de la convicción, ampliamente extendida entre los ganaderos, de que reducía los ingresos que les pertenecían. 

Efectivamente, mediante la política cambiaria u otros instrumentos, los gobiernos han reducido la renta diferencial de la tierra captada por los exportadores. Por cierto, esa renta, producto de los bajos costos locales, frente a la de otros países, no tiene un destino “natural”.[8]

Afinidades políticas

Las afinidades políticas más cercanas de las tres organizaciones fueron los sectores más conservadores del Partido Nacional y la vertiente no batllista del Partido Colorado, en el caso de la FRU. Tras momentos de duda, la LFAR se alió con el grupo liderado por Luis Alberto de Herrera, dentro del Partido Nacional, para participar en las elecciones nacionales de 1958. La principal afinidad política de quienes fundaron USU fueron los partidos de la coalición que ganó las elecciones de 2019, principalmente el Partido Nacional, algunos de cuyos dirigentes manifestaron públicamente su apoyo al movimiento. 

Los enemigos políticos

La confrontación con los gobiernos de turno contribuyó a catalizar la formación de las tres organizaciones: la FRU enfrentó al “jacobinismo” batllista, la LFAR al “comunismo”, una denominación genérica que comprendía al “comunismo chapa 15” (el ala del Partido Colorado conducida por Luis Batlle Berres), y USU al gobierno del Frente Amplio.

El enfrentamiento rural-urbano y la clase “productiva” frente a la “improductiva”

Las tres organizaciones de referencia responsabilizaron a la política de los gobiernos por la postergación del medio rural respecto al sector urbano; postergación de quien genera la riqueza frente al que se la apropia.

Julio Martínez Lamas, considerado un ideólogo de la FRU, fue particularmente incisivo. Según él, la “bomba de succión” del Estado alimentaba una ciudad improductiva y derrochadora y una industria artificial.[9] El problema tenía solución: se debían reducir los impuestos a la producción rural y favorecer la inmigración.

Afirmando la continuidad de ese pensamiento, Methol Ferré, el principal ideólogo de la LFAR, consideraba a Martínez Lamas el mejor ensayista de la primera mitad del siglo XX. Las críticas de la Liga incluyeron también a la industria protegida, banqueros y barraqueros y otros intermediarios que afectaban a los productores rurales. 

En la misma línea, la proclama de USU leída en el acto realizado el 20 de julio de 2022 se refería así a la brecha ciudad-interior: “No existe el Uruguay profundo, existe el Uruguay profundizado, estafado por políticas dirigidas al desbaratamiento de las condiciones de vida y de producción de miles de personas que intentan sobrevivir, trabajar y producir”.[10]

Los medios de comunicación afines

Las organizaciones necesitan de medios de comunicación que divulguen sus opiniones y reclamos, tanto mejor si ellos tienen ideas comunes. Las tres organizaciones contaron con medios afines cuyas características variaron según las tecnologías disponibles.

La FRU podía contar con periódicos como El Siglo y su propia revista, medios leidos por la elite empresarial. Nardone alcanzó una importante audiencia rural con su columna diaria en Radio Rural, propiedad de Domingo Bordaberry. USU, además de utilizar intensamente las redes sociales, contó con la generosa difusión de sus movilizaciones por parte de los principales periódicos, radios y televisoras. El apoyo a la movilización de USU por la organización que nuclea a más de 150 emisoras de televisión y radio privadas, ANDEBU, se concretó mediante un comunicado emitido el 23 de enero de 2018, adoptando así un compromiso político que llamó la atención del diario El Observador.[11]

Una mirada a la trayectoria institucional

A 107 años de su conformación, la vigencia de la FRU es notoria. Sigue siendo una expresión de sectores rurales ampliamente reconocida, con representación en numerosos organismos; algunos de sus dirigentes han tenido la puerta abierta para integrar diversos elencos de gobierno. La capacidad de promover demandas y evitar iniciativas contrarias a sus representados ha variado en el tiempo.

La LFAR contribuyó a difundir en el medio rural el anticomunismo, en el sentido amplio que le dio Nardone, a cerrarle el paso a las manifestaciones sindicales y de la izquierda, y en la política partidaria, a poner fin al largo ciclo de gobiernos del Partido Colorado. Como parte del gobierno colegiado, al que presidió un año, colaboró con las políticas de corte liberal en lo económico, pero tuvo poca incidencia en él, no accediendo, la LFAR, a ningún ministerio. No logró en cambio una política que resolviera los problemas de gran parte de los productores de menor escala, cuyo número disminuyó.

En paralelo con los partidos de oposición, USU desarrolló sus principales movilizaciones contra el gobierno del Frente Amplio. Uno de sus éxitos fue que el entonces presidente Tabaré Vázquez dejara de convocar reuniones de ministros en el interior del país porque su repercusión en los medios era menor que las que organizaba USU lo más cerca posible del lugar en que se reunían las autoridades de gobierno.

En 2021, USU logró la representación empresarial en el directorio del BPS, integrado por siete directores, un éxito aislado que no menoscaba la vigencia de las más de cien organizaciones patronales que presentaron una lista alternativa.

En síntesis

No obstante las diferencias entre las tres organizaciones de referencia, se observan características comunes: a) encauzaron demandas rurales bajo el signo del liberalismo económico, convergente con los intereses de sectores exportadores; b) valorizaron la actividad agropecuaria respecto a la urbana y el trabajo de los empresarios rurales sobre el resto; c) contaron con la afinidad política de sectores conservadores y enfrentaron a los partidos que gobernaban en el momento de su conformación; d) se presentaron como una fuerza más activa en la presión política que las organizaciones rurales y, efectivamente, lo fueron; e) no incluyeron en sus plataformas ni a la reforma agraria, que podía beneficiar a minifundistas y sus hijos, ni reivindicaciones propias de los asalariados (aumento de los salarios, mejoras en las condiciones de trabajo y de vida, integración de consejos de salarios, etcétera).

El futuro de USU 

USU no ha fijado un rumbo vinculado a su futuro, ya sea algún tipo de agrupamiento para ejercer presión sobre los gobiernos o la constitución de un grupo político. Sus oportunidades están limitadas por la ausencia de líderes reconocidos, una débil estructura, el decaimiento de su convocatoria a las movilizaciones y, sobre todo, porque el espacio gremial y político está ocupado por grupos con los que tendría que competir.

El intento de USU de conformar un gremio para el lobby rural centrado en la demanda de “menos Estado”, debería enfrentar a otras agremiaciones rurales con similar planteamiento, ampliamente legitimadas y con representación en numerosos organismos.[12]

Si USU prosperara en la iniciativa de conformar un partido político, algo que estaba evaluando en mayo de 2022, sus dirigentes deberían convencer a una parte de la ciudadanía de que los partidos políticos que votaron en 2019 (los que integran la coalición de gobierno) no cumplieron sus promesas y dejaron de representarlos. 

Esa crítica al gobierno actual fue expresada, aunque tímidamente, por algunos voceros de USU y tiene soporte en que aumentaron los tributos[13] y las tarifas públicas y el presidente Luis Lacalle Pou vetó una ley que limitaba la expansión de la forestación que contaba con su apoyo.[14] No obstante la validez de esos argumentos, es dudoso que sean suficientes como para que una parte significativa de los votantes se alejen de alguno de los tres partidos de la coalición, incluido Cabildo Abierto, que intentan representar a la población rural y han mostrado afinidad con algunas demandas de USU. Desde ya, la ARU declaró que no apoyará ese paso a la política partidaria.

Otra alternativa sería la de conformar un grupo para presionar al gobierno de turno en favor de la reducción de impuestos y tarifas y otras intervenciones, opción aconsejada por Ignacio de Posadas, un reconocido neoliberal, desde su columna en el diario El País. 

En suma, si los fundamentos mencionados resultaran certeros, la declinante movilización de USU podría ser el preámbulo de su agonía o de un insignificante partido u organización para el lobby político. El futuro dirá.