LA SITUACIÓN CARCELARIA

Entre la rehabilitación y la escuela del delito

Resulta triste -también indignante- que desde 1990 a 2002 los hermanos Carlos y José Rohm generaran una red de complejas operaciones financieras por medio de las cuales se apropiaron de 600 millones de dólares pertenecientes a los ahorristas uruguayos y argentinos. Amigos de Carlos Menem, de Jorge Batlle y de Luis Lacalle Herrera, pudieron operar y salir impunes. Los bancos Pan de Azúcar y Comercial fueron la base de operaciones en nuestro país. Los mismos mecanismos utilizaron los hermanos Peirano -ya conocidos por sus estafas realizadas durante el pachecato- para vaciar el Banco Montevideo. En este caso, la impunidad se disfrazó de prisión VIP en Cárcel Central y de huida de uno de ellos a Estados Unidos, donde vivió varios años con un nombre falso hasta regresar a Uruguay. Ahora son las autoridades paraguayas las que solicitan su extradición para ser juzgado en aquel país por estafas cometidas en su territorio.  

No menos triste resulta visualizar en los informativos nacionales a la flor y nata de los penalistas uruguayos amontonados en defensa de los empresarios y “emprendedores” varios implicados en la llamada “Operación Océano”, un entramado de explotación sexual de mujeres y adolescentes cuyo proceso en la Justicia se dilata de forma interminable a pesar de los esfuerzos de los fiscales que intervienen en el caso. 

Mientras estos delincuentes de “guante blanco” disfrutan su impunidad, la población carcelaria del país se incrementa sin cesar, hacinando a miles de pobres, carentes de recursos, herederos de varias generaciones de infractores, adictos a diversas sustancias psicotrópicas, condenados a la violencia intracarcelaria y a las escasas posibilidades de rehabilitación.

En su informe de julio del presente año, el Comisionado Parlamentario, Dr. Juan Miguel Petit, señala claramente: “la seguridad sin alianza con la rehabilitación es una fuente inagotable de delitos”. 

Las claves para superar una situación que se considera estructural supone rehabilitar a los privados de libertad mediante un conjunto de medidas que van desde la enseñanza de oficios hasta la matriculación en una institución de enseñanza; reducir el hacinamiento, rehabilitar en cuanto a las adicciones, abatir el índice de reincidencia.

Señala el informe anual de Petit que el Uruguay padece un alto índice de prisionalización, con un 12% anual de incremento. Esto lo sitúa en el número 15 entre los países con mayor cantidad de presos por habitante, en una lista de 122 países. 

También se verifica una carencia de recursos materiales y técnicos, así como una pobreza o ausencia de medidas sustitutivas a la cárcel. Se constata que existen 20 técnicos especializados para atender 10.000 casos.

No menos alarmante es el crecimiento de la violencia. En el año 2020 se constataron 48 muertes bajo custodia, con una tasa de homicidios con un aumento de 14 veces y un incremento de los suicidios en siete veces. No hace mucho un prisionero fue sometido a vejámenes que casi le cuestan la vida, al privarlo de la comida diaria durante semanas, entre otras atrocidades.

Según el referido informe, existe una insuficiente cobertura en materia de salud. Según otros datos, el principal gesto del personal de la salud consiste en el suministro de psicofármacos.

Otro tanto acontece con la cobertura en materia de educación, en una población que padece significativos índices de analfabetismo real o funcional. 

En los últimos tiempos se constata un mayor número de prisionalización en mujeres que en hombres, revirtiendo la tendencia histórica. Ello se debe a que las mujeres vinculadas a los presos introducen sustancias prohibidas durante las visitas, cediendo a las presiones de los internados y, en función de ello, son enviadas a la cárcel. Esta realidad, hija putativa de la Ley de Urgente Consideración, choca frontalmente con aquellos casos en que la posesión de sustancias adictivas fuera del contexto carcelario terminan en sentencias de trabajo comunitario o de apenas 2 años de prisión. 

El tratamiento de esta temática en el Parlamento ha sido excesivamente tímida. Los fondos destinados a los diferentes programas propuestos por el Comisionado Parlamentario han sido mínimos. Esto forma parte de la propensión de la mayoría parlamentaria a “achicar el gasto” del Estado. No han faltado las propuestas que subscriben una privatización de nuevos módulos carcelarios, lo que solo redundaría en un beneficio para las multinacionales dedicadas a este negocio en diversos países. 

Hace ya años, en un simposio destinado a la psiquiatría forense, aprendimos que una medida que tiene cierta eficacia es aislar, en la masa de personas privadas de libertad, a aquellos que poseen probados índices de psicopatía, es decir personalidades antisociales con capacidad para influir negativamente en los presos restantes. No necesariamente son los más violentos, sino aquellos capaces de manipular la voluntad de otros para promover la violencia en todas sus modalidades, incluida la organización de motines. Existen técnicas psicológicas capaces de detectar a estas personalidades; en países como Canadá son de uso habitual.