VADENUEVO DE COLECCIÓN: De nuestro N° 110 (noviembre de 2017). BUROCRACIA, INDOLENCIA Y DESCONTROL: JUNTOS, SON DINAMITA (2)

La Estación de AFE y su entorno: otro espacio de turbios negocios en perjuicio de la sociedad

En el número anterior de vadenuevo nos referimos a dos turbias historias sobre el origen y la localización del Montevideo Shopping y del Punta Carretas Shopping. Y como ya se ha tropezado al menos dos veces con la misma piedra, debe evitarse hacerlo por tercera vez. En función de ello vemos necesario recopilar algunos hechos para, al menos, tratar de impedir que los trompicones se repitan en otras áreas.

 

LA ESTACIÓN CENTRAL DE FERROCARRILES: ¿UN FUTURO SHOPPING Y AINDA MAIS?

Si los procesos que terminaron negociando el gran predio del ex Hospital Fermín Ferreira y la Cárcel de Punta Carretas fueron complicados, farragosos y opacos, el que puede terminar con la enajenación de la Estación Central no tiene adjetivos posibles y además, hasta ahora, ha generado una maraña de historias conexas que incluyen elaboración, aprobación y puesta en marcha de planes económicamente inviables, construcción de costosísimos edificios de dudosa utilidad, comisión de errores técnicos y de gestión que costaron muy caros al país, estafas e intentos de defraudación al estado y hasta alguna candidatura presidencial fracasada.

 

EL PLAN FÉNIX: UN PARTO DE NALGAS

En 1996 se clausuró la playa de carga de la Estación Central. Parte de ella fue vendida a Antel, que construyó allí la Torre de las Comunicaciones y edificios anexos. En 1998 el edificio de la Estación, el resto de la playa de maniobras y los terrenos colindantes fueron adquiridos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), activos que pasaran a formar parte del proyecto (socio-económico-político) llamado "Plan Fénix". Este incluía el reciclaje de la Estación Central de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), la construcción de centros culturales, hipermercados y grandes torres de edificios, además de vías peatonales, parques con juegos para niños, etcétera.

Además se comenzó a hacer, en diciembre de 1999, una nueva y pequeña estación ferroviaria 500 metros hacia el norte del antiguo edificio. Varios errores en la construcción atrasaron su apertura hasta el 1º de marzo de 2003, cuando fue librada al servicio de trenes. Desde esa fecha la Estación Central se encuentra abandonada.

Otro agravante lateral lo constituyó la accidentada construcción de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, que se inició y debió detenerse y reformularse varias veces, debido a que a medida que avanzaba la obra aparecían dificultades debido a que los terrenos en los que se afirmaba el edificio habían sido ganados al mar y requerían obras de cimentación adicionales de elevadísimo costo. En suma, la Torre pasó a ser el edificio más costoso (en total y por metro cuadrado) que se haya construido en toda la historia del país. Para tener una idea más aproximada de lo expresado, la coetánea Torre de los Profesionales, con un metraje similar (y vale decirlo, mucho menores pretensiones de excepcionalidad edilicia) tuvo un costo notoriamente menor que la de Antel, que algunos trascendidos ubican en el 50% o menos aún.[1]

 

LOS CONTRATOS BHU - GLENBY S.A. (FERNANDO BARBONI)

 

En un artículo de octubre de 2015, el diario La República ofreció una apretada síntesis de la génesis y evolución del contrato del BHU con Fernando Barboni, titular de la empresa Glenby S.A.:

"El 31 de julio de 1996 el presidente (de la República Julio María) Sanguinetti anunció oficialmente el lanzamiento del Plan Fénix, cuya principal obra ‘de carácter simbólico' sería la mutación de la ‘gloriosa' Estación Central Gral. Artigas, ‘transformando lo que fue el símbolo de progreso del siglo XIX, el ferrocarril, en una expresión de modernidad', dijo entonces Sanguinetti.

Notorias irregularidades salieron a la luz en la ‘Comisión Investigadora sobre gastos en entes y servicios 2000-2005'. En sus actas se lee que Glenby fue la única empresa que se presentó al llamado para el proyecto del ‘Plan Fénix' en la Estación Central y que su abogado, Daniel Martins, estaba en la comisión asesora de la adjudicación. El primer contrato entre el BHU (por intermedio de la sociedad anónima Desarrollos Urbanísticos Fénix-SADUF) y Glenby S.A. fue firmado en setiembre de 2001.

Entre 1997 y 1999 el BHU gastó 3,2 millones de dólares en la reparación de techos y fachadas, pero dichas obras fueron de mala calidad y el deterioro del edificio continuó.

También se gastaron 15 millones de dólares en la nueva terminal de trenes, construida en un lugar de difícil acceso para los pasajeros, que hizo que los servicios de trenes de la línea Montevideo-Progreso-25 de Agosto perdieran 100.000 pasajeros al año y aumentaran los costos de la operativa de carga al no poderse utilizar la playa de maniobras de la Estación Central para los trenes al puerto.

Adicionalmente, se pagaron entre 300.000 y 400.000 dólares para sacar al concesionario del Restaurant del Ferrocarril, y 200.000 pesos por mes entre 2002 y 2007 para mantener las oficinas de AFE en otro lugar además de gastos operativos."

 

EL CURRICULUM DE LA EMPRESA CONTRATADA[2]

"En 1995 el intendente de Treinta y Tres, Walter Campanella, denunció penalmente por estafa a Fernando Barboni, principal de la empresa constructora que edificó 104 viviendas en diferentes proyectos del Banco Hipotecario en Treinta y Tres, que presentaban un estado ruinoso antes de ser entregadas. Barboni fue denunciado en otras oportunidades por los promitentes compradores de las viviendas que entregaba debido a vicios de construcción. A principios de 2000 construyó, con préstamos del Hipotecario, un edificio de apartamentos frente a la sede de la Intendencia de Maldonado, otros dos frente a la Junta Departamental y el primer edificio en altura de San Carlos, que fue terminado pero no se habilitó por fallas estructurales. Actualmente Barboni enfrenta dos juicios que le inició el nuevo directorio del BHU. En 2008 el Hipotecario identificó al grupo Barboni por varias maniobras fraudulentas por 3 millones de dólares. Según (Walter) Morodo, director del BHU, el Banco detectó un millonario pago realizado antes de 2002 al grupo Barboni por concepto de ‘adelantos de obra'. El grupo tenía a su cargo, a través de diferentes empresas, la construcción de viviendas del BHU en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Para ello solicitó ‘adelantos de obra' con la finalidad de comprar materiales. Hasta hoy las viviendas no fueron construidas, los materiales no aparecieron y tampoco existen comprobantes que acrediten a dónde fueron a parar esos 3 millones de dólares, aseguró Morodo. Por ello, el BHU rescindió todos los contratos del grupo Barboni y retomó el control de la construcción de alrededor de 700 viviendas que estaban a cargo de la empresa." (Nota de "corrupción uruguay.blogspot." de abril de 2008)

 

 LOS JUICIOS RECÍPROCOS ENTRE EL BHU Y EL GRUPO BARBONI

El contrato firmado entre el BHU y el Grupo Barboni establecía que Glenby S.A. debía reciclar la vieja estación de AFE y como contrapartida podría usufructuar las instalaciones por 30 años. El contrato incluía la posibilidad de construir seis edificios de apartamentos y un hotel en la antigua playa de maniobra de trenes de AFE, lindera a la estación. Estas obras, que formaban parte del Plan Fénix, eran controladas y administradas por SADUF, una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen cien por ciento al BHU.

Pero Glenby S.A. nunca tomó posesión del edificio, alegando que no se le había entregado en tiempo y forma y que los plazos se habían agotado. Sin duda una artimaña del Grupo Barboni que venía arrastrando una serie de apremios económico-financieros que le impedía hacerlo.

Como Glenby demoraba el inicio de las obras, que finalmente no construyó, SADUF rescindió el contrato por incumplimiento. Para entonces las autoridades de SADUF le iniciaron un juicio a Glenby, pero poco después "transaron" dejando sin efecto la demanda. Esto se hizo el 30 de marzo último, un día después de que asumieran las nuevas autoridades del BHU "y a espaldas del Directorio", explicó Morodo.

Esto motivó que el BHU removiera a los directores de SADUF, a quienes denunció penalmente junto con Glenby. Pero más allá de los juicios al empresario Barboni, hubo otros problemas. Entre 2000 y 2004 generó una deuda con la Dirección General Impositiva (DGI) por 10,5 millones de dólares, explicaron al semanario Brecha fuentes del organismo recaudador. Precavida, la DGI embargó el chalet Pinduca -ubicado en el exclusivo barrio de Beverly Hills de Punta del Este- que Barboni compró en casi 1,3 millones de dólares al millonario brasileño Gilberto Scarpa. La DGI también trabó embargo contra un penthouse en el piso 17 de la Beverly Tower comprado por Barboni por casi un millón de dólares. El predio donde se piensa construir el nuevo puerto de Punta del Este también está embargado por la DGI. A mediados de la década del 90 Barboni compró este predio -donde estaba el Hospital Marítimo- y allí montó una planta procesadora de cemento. "Hace pocos días rematamos un local en el Centro. El anuncio es claro: antes la DGI embargaba pero nunca remataba, ahora cambió el procedimiento, así que Barboni tampoco está a salvo de que le rematen ese predio", confiaron a Brecha fuentes de la DGI.

 

EL ÚLTIMO (¿?) GRAN JUICIO[3]

La imponente cifra reclamada por Glenby S.A., más de 1.000 millones de dólares, implicó un juicio por el mayor importe que se ha llevado a cabo en la historia contra el Estado uruguayo.

Para iniciar el proyecto, la firma de Barboni había hecho una entrega de 250.000 dólares, sobre un costo total de 7 millones. La segunda cuota la debía pagar al año de entrega de los bienes, pero SADUF no cumplió con el contrato y no entregó el predio, ya que el BHU se lo había dado en comodato a AFE de manera provisoria, hasta que esta construyera una nueva terminal y se hiciera de un edificio para trasladar sus oficinas.

En 2011, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso que el Estado entregara el predio a Glenby S.A. Sin embargo, Barboni alegó luego que debido a las demoras ya no aceptaría las propiedades, y pediría una indemnización que "se liquidara el precio de la Estación General Artigas" por un monto de 420:800.209 pesos, y encima de esto 853.746.850 dólares por "daños y perjuicios". Un total de 1.080 millones de dólares demandaron a SADUF S.A. el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Barboni fue obteniendo en la Justicia relevantes decisiones parciales a su favor. Los resultados negativos para el Estado (BHU/SADUF/ANV) estando la defensa a cargo de los servicios jurídicos oficiales, fueron afectándolo con inusitada gravedad. Debido a ello se recurrió a la contratación de un estudio privado para intentar revertir la situación perdidosa que se había dado en las primeras instancias del juicio. Se contrató al Estudio Jurídico Ramírez, Xavier de Mello & Abal en las instancias definitivas del mismo.

Finalmente, el 7 de octubre de 2015, la Justicia, en última instancia, falló a favor del Estado en el juicio por el uso de la estación de AFE y dictaminó que no se deberán pagar los más de mil millones de dólares reclamados por Barboni.

De acuerdo a lo que explicó el doctor Juan Andrés Ramírez a los medios de prensa, en 2011, cuando el Estado contestó la demanda, le ofreció a Glenby S.A. la entrega de los bienes. Pero la empresa nunca recibió a los enviados estatales. "En 2011 Glenby S.A. debió recibir el bien y, en cambio, sostuvo que no era lo que correspondía sino que debían pagarle por daño emergente y lucro cesante", declaró Ramírez.

"Originalmente la Justicia había fallado a favor del empresario, pero en una instancia superior la Suprema Corte rechazó la demanda del empresario y falló definitivamente a favor del Estado, lo que significa que el litigio terminó, ahora nos retrotraeremos a 2003 cuando Glenby S.A. iba a empezar a hacer la obra y no la hizo", acotó el abogado.

 

PERO… NO SE ILUSIONE EL LECTOR: ESTE CUENTO NO HA TERMINADO

Como en las viejas novelas radiales y de la televisión en blanco y negro, la saga de la Estación Central y su entorno se hizo interminable. Comenzó luego el capítulo de la devolución del predio por parte de la empresa, entrega que la empresa rechazó efectuar.

El semanario Búsqueda[4] explicó bajo el título "El gobierno incluyó un artículo en la Rendición de Cuentas para recuperar la Estación Central antes del final del juicio": "La Estación Central General Artigas iba a ser reconvertida … Pero todo salió mal. … La Intendencia de Montevideo solicitó ayuda al Poder Ejecutivo para destrabar la situación y concretar de una vez alguna de los proyectos que se acumulan en sus escritorios y que prometen un futuro mejor al viejo edificio, construido en 1897 y declarado Monumento Histórico Nacional en 1975. Fue así que el Poder Ejecutivo redactó el artículo 268 del proyecto de Rendición de Cuentas[5] que debería ser votado por el Parlamento.

… Las fuentes consultadas por Búsqueda que conocen la génesis del artículo dijeron que si se aprueba en su redacción actual, el artículo 268 permitiría que el Estado recupere la vieja Estación Central antes de que termine el litigio con el empresario.

El artículo, sin embargo, no impide que el juicio siga su curso y que el demandante haga el reclamo correspondiente al Estado, indicó a Búsqueda una fuente de la Intendencia. La idea es ‘recuperar' el predio, no evitar el accionar de la Justicia ni lo que ella disponga, agregó".

 

¿HABRÁ REPETICIÓN?

Aunque sea obvio referirlo, junto al interés de la sociedad -representada en este caso por la Intendencia de Montevideo- de recuperar el predio de la Estación Central para un uso comunitario integral, aparecieron nuevamente los siempre interesados en exprimir al máximo cualquier posibilidad de rédito que pueda aparecer.

En este caso se utilizan en primera instancia argumentos jurídicos que dan pie a quienes -ocupando diversas posiciones- colaboran con ellos, para trabar las soluciones planteadas y buscar su eliminación y/o la incorporación de cambios que favorezcan la apropiación de los activos en cuestión.

Es así que el mismo artículo de Búsqueda referido anteriormente, bajo el subtítulo "Es terrible", señala que “si bien la propuesta para el Art. 268 de la Rendición de Cuentas podría ser una solución para la estación de trenes, su constitucionalidad es objeto de controversia".

A partir de allí incluye un diálogo con un especialista local en Derecho Administrativo de una "consultora emergente" llamada Baker Tilly señalando que aquel "cuestionó que en el proyecto de Rendición de Cuentas se incluyeran artículos que no están relacionados con cuestiones presupuestales. La Constitución prohíbe incluir en la Rendición de Cuentas y en el Presupuesto ‘disposiciones cuya vigencia exceda el mandato de gobierno', explicó, aunque reconoció que es una práctica común de todos los gobiernos".

En su edición del 3 de agosto, Búsqueda reiteró lo publicado anteriormente y agregó la opinión de un Ministro de Apelaciones Civil de 7º turno que tiene "fundadas dudas sobre la constitucionalidad" de ese artículo, dado que la orden de entrega del bien, al no admitir apelación, consagra “un ‘trato desigual y discriminatorio en desmedro de los particulares’ que ‘no es transparente ni entendible’" (las comillas son del semanario). Finalmente informa que el Poder Ejecutivo, al no conseguir el apoyo necesario en la Comisión de Hacienda de Diputados, presentó una alternativa que en ese momento se estaba discutiendo.

 

 "BAKER TILLY URUGUAY"[6]

Baker Tilly es quien defiende la Constitución de la República ante la posibilidad de ser violada por el Poder Legislativo al incluir un artículo que facilita al Estado recuperar determinados activos, en particular el edificio de la Estación Central de trenes y su predio adyacente.

Se trata de una empresa consultora con fuerte presencia a nivel de entidades inmobiliarias, para la cual la Cámara ha organizado sendos eventos en mayo y en junio pasados sobre "Oportunidades y Beneficios del Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Uruguay y Reino Unido" y "Cómo cumplir la ley de Lavado de Activos sin arriesgar negocios". Los expositores fueron los partners de la empresa, expertos en normas internacionales de información financiera.

Sobre esto último cabe preguntarse: ¿qué tipo de inteligencia legal puede aplicarse para cumplir la ley de Lavado de Activos y a la vez no arriesgar "determinados" negocios? ¿De qué negocios se habla?

Sin duda para determinada gente esta conferencia puede haber sido muy importante, especialmente para aquellas personas cuya función es controlar y reprimir el lavado de dinero.

 

¿NO HABRÁ DOS SIN TRES?

Con el anhelo de que no se repita el gusto amargo que nos dejaron las dos experiencias anteriores (relacionadas a dos shoppings) y para culminar con los sabios refranes populares, dado que la esperanza es lo último que se pierde, esperemos que no haya dos sin tres, sino que la tercera sea la vencida y que el Estado recupere estos activos, que son tan caros a nuestra gente, para el mejor uso y goce de toda su población.