¿HAY ALTERNATIVAS?

La responsabilidad del Estado en la pandemia

Abriendo la billetera

La política fiscal, cuánto y cómo se recauda y cómo se distribuye el gasto público, es un campo de permanente enfrentamiento entre los sectores progresistas y los que postulan menos Estado y más mercado, diferencias que se mantienen en tiempos de pandemia.

La pandemia trae consecuencias sobre las cuentas públicas: menores ingresos fiscales, aumento del financiamiento público para fortalecer los sistemas de salud, el bienestar de la población y el empleo; todas condiciones que catapultan el déficit y la deuda pública[1]. Unos más, otros menos, los gobiernos abrieron la billetera para brindar apoyos a las empresas, el sistema de salud y la emergencia social. 

El considerable aumento del gasto público durante la crisis implica no darle tanta importancia al déficit fiscal y al endeudamiento, lo cual está conduciendo a una revalorización del papel del Estado, un cambio radical en las posturas neoliberales de muchos economistas, políticos y parte de la opinión pública. 

La política de abrir el bolsillo cuando hay crisis se asocia con las ideas del economista inglés John. M. Keynes (1883-1946). Bastante olvidado mientras campeó el reino del mercado, su nombre ha vuelto a resonar con potencia tal que el propio presidente Luis Lacalle, luego de escuchar hablar de él, lo considerara una referencia a tener en cuenta.

En el ámbito internacional, la crisis ha puesto en evidencia que el Estado tiene un papel fundamental en la economía y en la atención de las necesidades sociales, dejando por ahora abierta la interrogante de si esta experiencia se proyectará en tiempos de “nueva normalidad” o se volverá al reinado del mercado, durante el cual se ampliaron las diferencias sociales. 

El debate se ha puesto muy interesante. Así, en Estados Unidos, la alternativa progresista ha recibido el nombre de New Green Deal, haciendo referencia a la política económica y social muy activa y exitosa adoptada durante las presidencias de F. D. Roosevelt, actualizada ahora para incluir, entre otras cosas, el combate al cambio climático. En términos uruguayos, la etiqueta de esa política podría ser “nuevobatllismo”. En ambos casos, las propias etiquetas reconocen que en esta materia “nunca se bebe en la misma agua”.

Uruguay, ideología y pragmatismo

Recién asumido el gobierno debió enfrentar la amenaza de una catástrofe social y la caída de la economía. En 2020 el PBI caería 5% (las previsiones anteriores eran de un crecimiento de 2%), en todo caso menor al 9,1% de América Latina y el Caribe. Paralelamente, el índice de Gini, un indicador de la distribución de ingresos, también mostraría un deterioro de entre 4 y 4,9% (CEPAL, julio de 2020).[2]

Entre febrero y mayo ingresaron al seguro de paro uno de cada ocho trabajadores formales. Pero las premisas del gobierno en materia fiscal siguen aferradas a no aumentar los tributos, bajar las tarifas públicas y ajustar el gasto para reducir el déficit fiscal. Asimismo, consistente con la demanda de los empresarios y rentistas, no ha considerado aumentar la recaudación durante el período de la crisis.

Aun así, en los primeros meses el gobierno aumentó algunas tarifas públicas o postergó la promesa de reducir otras, y disminuyó la devolución de los impuestos a las compras con tarjeta, medida que afecta desproporcionadamente a las personas de menores ingresos. Ante la crisis también postergó los vencimientos para el pago de algunos impuestos, medida que reduce la recaudación. 

En lo atinente a los gastos, el gobierno optó por reducir en un 15% una parte de ellos y no reponer vacantes en empleos públicos, al mismo tiempo que aumentó los desembolsos destinados a atender el seguro de desempleo, los subsidios focalizados, la asistencia directa a la población y los mayores costos en la salud.

La política de contención del gasto público se traduce en un limitado aumento del gasto social debido a la pandemia, estimado en un 0,7% del PBI, o sea la menor tasa de los 17 países de América Latina -de acuerdo a la información disponible-, que en promedio alcanza a 3,9% (CEPAL, junio de 2020).

¿Hay alternativas?

El país entró en crisis. Lo que está en juego es cuán profunda será y cómo se distribuirá su impacto en la población, particularmente cuánto afectará a los sectores sociales más vulnerables por la caída de sus ingresos o la asistencia y los servicios sociales que recibían.

Entre las múltiples medidas alternativas a las que adopta el gobierno, se mencionan a continuación dos: una que aumenta el ingreso de las personas y el gasto público y otra que aumenta los recursos fiscales.

Un ingreso básico temporal

La CEPAL ha propuesto la creación de un ingreso temporal básico de emergencia destinado a sectores sumergidos. Obviamente, esta medida no se compatibiliza con la resistencia a aumentar el gasto público. Lo mismo ocurre con la posibilidad de prorrogar sustancialmente el período de los seguros de paro.

Según la estimación de la CEPAL, este tipo de medidas tendría un considerable costo fiscal, particularmente si se prolonga la pandemia. Un  ingreso básico de emergencia equivalente al que configura la línea de pobreza, durante seis meses, aumentaría el gasto fiscal por encima de la emergencia en el equivalente a 2% del PBI, proporción que aumentaría a 3,6% si se prolongara hasta nueve meses.

Uruguay estaría entre los países con menor impacto, debido al punto de partida mejor y al menor daño de la pandemia en relación al promedio regional.

Impuesto a la riqueza 

Las principales alternativas de política tributaria que ocupan el debate internacional se orientan a reducir la desigualdad social y aumentar la recaudación mediante impuestos a la propiedad y a las grandes herencias.

Diversas organizaciones y académicos proponen implementar esa reforma en tiempos de pandemia, con el propósito de aumentar los ingresos de los más afectados mediante financiamiento a cargo de quienes más tienen. 

Entre esas propuestas, la de la ONG europea OXFAM sugiere un impuesto de aplicación inmediata que grave el patrimonio neto (lo que se tiene menos lo que se debe), a partir de 1 millón de dólares, quedando exenta la primera vivienda por un valor de hasta 300.000 dólares. Las tasas del impuesto sobre los patrimonios netos que excedan un millón de dólares serían: 2% entre 1 y 50 millones, 3% entre 50 y 100 millones, y 3,5% para los patrimonios netos que superen los 100 millones.[3]

El aumento de la alícuota del impuesto a las mayores fortunas o rentas no entra en las alternativas que maneja el gobierno uruguayo y permanecerá relegada a los intercambios académicos y de las elites de la oposición.

Aumento del déficit y de la deuda externa

El aumento del déficit fiscal es inevitable ante la caída del ingreso y el aumento del gasto derivado de la crisis sanitaria. La CEPAL lo estima en 7% para Uruguay al cierre de 2020.

El gobierno tiene la posibilidad de recurrir al financiamiento externo del déficit fiscal, pagando intereses bajos (menores a los de Brasil o de la empresa de automóviles Ford, por ejemplo), tal como se puso en evidencia en las recientes emisiones de valores públicos.

Cuánto recurrir al endeudamiento externo para financiar el déficit depende, dentro de límites razonables, de la valoración que se haga de la importancia de disminuir el dolor social actual y de salida de la crisis económica. La opción del gobierno parece estar signada por contener el déficit fiscal mediante la disminución del gasto público, con lo cual el endeudamiento externo crecería moderadamente.

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El debate acerca de la formulación del Presupuesto 2021-2026 expresará la síntesis entre la ideología dominante en el gobierno, las negociaciones con empresarios, oposición y sindicatos, y las condicionantes internas y externas, en este caso particularmente críticas. 

Los propósitos declarados y las medidas adoptadas durante el corto período de su actuación indican que el gobierno intentará mantener una política de astringencia fiscal y evitar un aumento de los gravámenes.

Mejores alternativas fuera del radar ideológico del gobierno parecen ser, entre otras, los impuestos a la riqueza y a la herencia, y la dotación de una renta básica temporal a los sectores más afectados por la crisis.

Se puede dar por descontado que las cámaras empresariales apoyarán esa política, aunque solicitarán apoyos en su favor; también es segura la oposición de los sindicatos y otras organizaciones sociales.

La crisis económica y social en curso enfrentará distintas explicaciones con pretensiones de constituir el sentido común de los ciudadanos. Para el gobierno se trata de la “herencia maldita” que recibió del Frente Amplio, profundizada por la pandemia. A cuatro meses de estrenar su condición de presidente, Luis Lacalle daba pie a un titular de un medio afín: “se gastó mucho, se gastó mal y se endeudó al país” (El País, 26.07.2020). 

Por ahora la oposición mantiene una actitud defensiva frente a ese relato, aunque la lógica política permite predecir que en algún momento pase a una fase confrontativa que responsabilice al gobierno.

Pero lo más significativo continúa siendo la respuesta a la pregunta ¿qué se hace para disminuir el dolor social de los más vulnerables?