EDUCACIÓN

Comienzo de cursos: la obligatoriedad eliminada

El año lectivo 2021 comenzó con un paro docente, general en todo el país a nivel de Secundaria, y en Montevideo a nivel de Primaria. En Educación Técnica, los funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay (UTU) tenían decretado un paro por 24 horas, pero fue levantado el viernes previo al 1 de marzo por el Consejo Nacional de su Asociación de Funcionarios (AFUTU).

No es la intención de este artículo poner en cuestión la justicia o la oportunidad de las diversas circunstancias que provocaron esta movilización de los trabajadores de la educación. 

Tampoco es intención destacar que, desde la vuelta a la democracia, desde 1985 en adelante, los comienzos de los cursos en la enseñanza pública se han caracterizado, a través de los diversos gobiernos y colores políticos, por un más o menos alto nivel de desorganización, caos, carencia de recursos y equipamiento, que siempre terminan perjudicando a estudiantes, docentes, maestras y profesores.

El ataque hacia la educación y sus docentes: develando una política de humillación

Lo que nos proponemos poner en evidencia es el siguiente hecho, bien significativo: el permanente ataque de las diferentes autoridades educativas y políticas de todos los partidos, amplificados por los diversos medios de comunicación masivos, al cuerpo docente: maestras, profesoras y profesores, y en especial a los docentes y trabajadores de la educación sindicalizados.

Empecemos por varios episodios de este mismo año.

Hace algunas semanas, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Dr. Robert Silva, publicaba en Twitter: “¡Los mismos de siempre pronostican caos en el comienzo de clases! El Uruguay afronta una crisis sanitaria sin precedentes y a pesar de ello comenzamos este lunes. Es lamentable que un paro afecte a miles de estudiantes, sin perjuicio informamos que los liceos estarán abiertos”.[1]

La expresión “los mismos de siempre” instala en el imaginario colectivo, o de alguien muy distraído, la idea de que los problemas de la educación provienen solamente de los docentes, maestras y profesores sindicalizados.

Veamos otro. El año pasado, cuando se conocieron algunos de los contenidos referidos a educación en la Ley de Urgente Consideración, el sindicato de profesores, FeNaPES (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria), aprobó una serie de movilizaciones que incluían también paros. Eso fue por el mes de abril de 2020. En ese momento, el Ministro de Educación y Cultura, Dr. Pablo Da Silveira, expresaba en el informativo de Canal 10 que “el sindicato de docentes tiene algunos miles de afiliados que son una parte relativamente chica de los más de 60.000 docentes que hay en Uruguay”.[2]

De esta manera, la autoridad educativa de nuestro país cuestiona la representatividad de los trabajadores de la educación a partir de una medida decidida en forma soberana en asamblea o por los integrantes del comité ejecutivo que los representa. En la misma línea, podríamos cuestionar la representatividad del ministro porque fue elegido por un presidente que tiene ¡solo el 28% del electorado!

Pero de Da Silveira no es el único agravio que han recibido docentes, maestras y profesoras. Son muy recordadas las declaraciones del ministro cuando estableció que “FeNaPES no es un actor relevante en la vida educativa”.[3] Allí, de manera explícita, resta importancia a los trabajadores sindicalizados de la educación.

Desde otras tiendas, la clase política en general se ha despachado en varias ocasiones contra los docentes, maestras y profesores.

El expresidente Julio María Sanguinetti, hace algunos años, escribía en una columna del Correo de los Viernes: “el paro es una gimnasia ya asumida y se aplica sin pudor. En el caso, la enseñanza se detiene todo el día, colgada a un paro parcial del PIT-CNT, con lo que su propia plataforma queda desdibujada en un mar de escarceos preparatorios del presupuesto nacional”.[4]

En este editorial, el Dr. Sanguinetti cuestiona la legitimidad de los reclamos docentes, que no son de actualidad, pero que también han atravesado gobiernos de diferente signo político.

Incluso desde la Izquierda, el expresidente José Mujica manifestaba en un libro reportaje, hablando de los gremios de la educación, que en la educación “hay un problema gremial y hay que hacer pelota eso. Hay que juntarse y hacer mierda [sic] a esos gremios, no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino”.[5]

El recordado expresidente Tabaré Vázquez también tuvo expresiones sino agraviantes, por lo menos polémicas para con los docentes agremiados cuando, al asumir su segunda presidencia, en el año 2015, designó a la Dra. María Julia Muñoz como ministra de educación “por su experiencia en lidiar con gremios complicados”.[6]

Hacia la educación pública y sus docentes

Desde prácticamente todo el sistema político, diversas organizaciones no gubernamentales y varios actores del sector privado, se ha sostenido un ataque permanente a la educación pública sobre su cara más visible que son los docentes, maestras y profesoras sindicalizados. Este ataque se visualiza en una permanente política de humillación (Giroux, 2012), que se traduce en visiones sobre los trabajadores de la educación que los presentan como carentes de ideas o con ideas anacrónicas, desfasadas o poco solidarias (p. 54).

Del mismo modo, se presenta a los gremios y sindicatos docentes como los responsables de los bajos niveles educativos en nuestro país, preocupados solo por su salario y opuestos a cualquier tipo de reforma que pretenda “mejorar” la educación pública.

La política de la humillación también funciona a través de una serie de sistemas simbólicos, diversos modos de discurso y una variedad de mecanismos que sirven de marco, donde los sujetos a los cuales se dirige son representados en términos que los demonizan, los despojan de su humanidad y posicionan de maneras que invitan al ridículo y ocasionalmente a la violencia. (Giroux: 2012, p. 54)

Desde el periodismo, en general, también vemos un ataque permanente sobre el conjunto de los docentes de nuestro país. Situaciones similares a las que vamos a relatar son moneda corriente en los grandes medios de comunicación, en los que los periodistas destilan su opinión en el mismo sentido que los sectores sociales, políticos y económicos dominantes.

El recientemente nombrado conductor de InfoTNU, el servicio informativo del canal oficial, Televisión Nacional Uruguay (TNU), Leonardo Luzzi, pocos días atrás decía en sus redes sociales: “Los gremios están en contra de la presencialidad cuando 4 de cada 10 maestros y profesores no se vacunaron”.[7]

Los docentes no estamos en contra de la presencialidad en la educación. Los docentes estamos en contra de esta presencialidad, así como está dada: descuidada, sin recursos, sin personal y poniendo en riesgo a la población en un momento de alta circulación social de la enfermedad Covid-19.

En el mismo sentido, el diario El País, titulaba en primera plana el día 20 de marzo que los “Docentes se resisten a ser hisopados por no querer vacunarse”. ¡Qué mala intención! Su objetivo, cualquiera lo puede visualizar, es buscar enfrentar a la opinión pública con sus maestros, docentes y profesoras.

¿Cómo creer que ese 40% no se vacunó solamente por ser contrario a la presencialidad? ¿No conocen los periodistas las diferentes causas por las que una persona puede no vacunarse? Posibles factores podrían estar influyendo en la decisión: la edad, no estar incluidos en las nóminas de habilitados, temores, desinformación… ¿Puede creerse razonablemente que quien no se vacunó no puede tener otra razón que la sola oposición a la presencialidad y que por ello deseamos que los números de contagios sigan en los niveles actuales?

¿El 50 % de los policías y el 30% de los militares que tampoco se vacunaron tendrían también las mismas razones?

De esto no se dice nada, y se descargan infortunadas opiniones sobre los docentes y sobre la educación pública, tal como hacen políticos, gobernantes y otros sectores sociales buscando desprestigiar a docentes, maestras y profesores de nuestro país.

Comienzo de cursos: la obligatoriedad eliminada

El necesario recuento de diversos episodios en los que los docentes, maestras y profesoras de nuestro país son atacados, no pretende ser -aunque se podría escribir mucho sobre ello- el centro de lo que nos interesa desarrollar.

Esta política de agresión pretende justificar, desde hace mucho tiempo, las sucesivas reformas educativas en el contexto de un embate neoliberal contra la educación pública.

En palabras de Giroux, referidas a la realidad estadounidense, pero que bien se pueden aplicar a nuestro país, el discurso neoliberal oculta:

Los problemas reales que afectan a los centros de enseñanza tales como el incremento de la pobreza, los sintecho, la desaparición de servicios públicos para los más desfavorecidos, el desempleo rampante, la desagregación de la educación pública, la enorme desigualdad entre riqueza e ingresos, las aulas superpobladas y el sistema de financiación de la enseñanza injusto y en bancarrota desaparecen del discurso sobre la educación. (Ibid., p. 59) 

En el mismo sentido, el ataque a los docentes por parte de las autoridades, políticos, periodistas y otros referentes conservadores, busca ocultar y justificar el ataque a uno de los pilares básicos de la educación uruguaya: la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y media en nuestro país, al dejar a criterio de madres, padres o tutores la decisión de enviar los niños, niñas y adolescentes a las escuelas o liceos.

Este año lectivo comenzó con la pandemia de Covid-19 ya instalada y una ola de contagios que llevó los números de la enfermedad a más de 1.500 casos de personas infectadas diariamente.

La presencialidad educativa estuvo en cuestión durante los primeros días entre los integrantes del gobierno, barajándose la idea de la suspensión de las clases presenciales, medida que se concretó el pasado 23 de marzo en todos los niveles de la enseñanza.

En palabras del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se estableció que: “se deja en suspenso la obligatoriedad en todo el sistema educativo y en todo el país”.[8]

Previamente, se habían suspendido las clases presenciales solamente en los departamentos de Rivera, Artigas y Río Negro. Para los demás, se había establecido: “no será obligatoria la asistencia presencial de los estudiantes matriculados en educación inicial, primaria y media”, exhortando a las familias a que “verificadas la existencia y resguardo de las condiciones sanitarias de los centros educativos, continúen mandando a sus hijos a los establecimientos” en las condiciones de convocatoria particulares.[9]

Esta decisión es una aberración jurídica y constitucional que lesiona uno de los pilares básicos de la educación pública: la obligatoriedad.

La Constitución vigente, en su artículo 70 declara obligatorias la enseñanza primaria, media, agraria e industrial. 

En el mismo sentido, la Ley 18.437 también consagra la obligatoriedad de la enseñanza, aunque la Ley 19.889 de Urgente Consideración derogó la disposición que establecía que “los padres, madres o responsables legales de los niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje” (Ley 18.437 de Educación, art. 7, inc. 2).

No se puede, por tanto, aun en palabras del Presidente, o mediante un decreto de Presidencia, o por una resolución de la ANEP, borrar de un plumazo la Constitución; aunque en este contexto sanitario a nadie le importe demasiado. 

El conocido constitucionalista uruguayo José Korzeniak, sostiene que en este contexto sanitario “a veces se hace la vista gorda con la Constitución” ya que el gobierno no puede suprimir por sí mismo la obligatoriedad de la educación.[10]

En el mismo sentido, María Collazo sostiene que la decisión de suspender la obligatoriedad en la enseñanza es inconstitucional, ya que resignarla implica que el Estado resigna un cometido esencial que no puede -en ninguna circunstancia- dejar de cumplir.[11]

En este contexto sanitario el Estado está omiso en uno de sus cometidos esenciales, garantizar la obligatoriedad de la enseñanza pública en todo el territorio nacional.

No solo está omiso en este deber fundamental, sino que, además, el Estado estuvo omiso, estuvo ausente, en aspectos tan fundamentales como la dotación de recursos materiales y personal docente.

Recuérdese las formas en las que se organizaron las elecciones de cargos y horas docentes. Recuérdese las aglomeraciones y largas esperas en las elecciones tanto de Primaria, Secundaria y UTU, así como la suspensión en forma desordenada de las mismas ante la multiplicidad de errores en las designaciones o en los propios llamados. Recuérdese los recortes de grupos y cargos, la división de los grupos por no poder respetar el distanciamiento mínimo en las clases, la falta de locales adecuados, la falta de los elementos sanitarios básicos, la falta de personal de servicio.

La demonización de los docentes que reclaman condiciones dignas para estudiar busca cubrir la responsabilidad del Estado -representado a través de sus autoridades- y su omisión al no asegurar las condiciones indispensables para que las instituciones educativas funcionen de la manera adecuada y al lesionar la obligatoriedad de la enseñanza.