LA DESIGUALDAD GLOBAL Y SU MANIFESTACIÓN EN URUGUAY

Pobreza, riqueza y una derrota cultural de la izquierda

Según el reporte de 2022 del Laboratorio de las Desigualdades Mundiales, el 10% de la población del planeta tiene el 76% de la riqueza.[1] En 2021 los multimillonarios poseyeron el 3,5% de la riqueza mundial de los hogares, frente a un poco más del 2% que tenían al comienzo de la pandemia, a principios de 2020. El 10% de la población más rica tiene tres cuartas partes de la riqueza mundial, mientras que la clase media posee poco más del 23% y los más pobres difícilmente rocen el 2%, sostiene el estudio.[2]

Claro, varios de estos números han perdido vigencia a poco de darse a conocer. En un día, un súper rico puede ganar o perder millones sin que ni él mismo se entere. Así es ese mundo, cada vez más lejos de lo concebible por el común de los mortales, cuya vida, sin embargo, está fuertemente condicionada por aquel. Sus magnitudes y volatilidad le otorgan impunidad, dificultando las denuncias y las acciones contra el poder económico a escala universal, las que, de todos modos, son cada vez más imprescindibles.

Pobreza, riqueza e inequidad en Uruguay

Dentro de este mundo obscenamente desigual, el pequeño Uruguay aporta su cuota de inequidad: el 1% de la población más rica concentra el 50% del ingreso de los sectores más pobres.[3] Tras el estallido del coronavirus, los ingresos se redistribuyeron de manera regresiva. Pero no solo porque se incrementó la cantidad de pobres, sino porque se ensanchó la brecha entre pobreza y riqueza, en lo cual el gobierno tiene una responsabilidad política evidente: Uruguay -que construyó fortalezas financieras que lo destacan en el continente- fue uno de los países que menos recursos ha destinado para atender las consecuencias sociales de la pandemia.

Uruguay es el país con mayor equidad de América Latina y el que desde hace algunos años exhibe en la región los mejores guarismos del Índice Gini (de medición de la desigualdad de acuerdo a los ingresos de las personas). El gobierno del Frente Amplio (FA) redujo la pobreza de 40%, en 2005, a 9%, al finalizar su mandato en 2019, y mejoró sustancialmente la distribución. Sin embargo, la inequidad sigue siendo un desafío que interpela también a la izquierda.

“Se mira poco la desigualdad, y cuando la miramos lo hacemos desde el problema de la pobreza, y nos perdemos que la contracara de eso es la extrema riqueza”, remarcó el magíster en Historia Juan Geymonat en diálogo con la diaria (08.05.2021). En el libro Los de arriba. Estudios sobre la riqueza en Uruguay, editado por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), el economista Mauricio de Rosa señala que en Uruguay el uno por ciento más rico de la sociedad percibe un ingreso equivalente al de la mitad de la población más pobre, reunida.

La economista Evelin Lasarga sostiene, en la referida obra, que la herencia se distribuye peor que el ingreso y peor que la riqueza. Muestra que un tercio de la riqueza es heredada y que hay una gran acumulación en la parte alta de la distribución: el 10% más rico se apropia del 63% de la riqueza, y el uno por ciento más rico se queda con el 28%. Estos porcentajes son aun más elevados en el caso de la riqueza heredada.

Identidad de clase y falsos relatos

La condición de heredero es el factor de mayor incidencia en la posesión de riqueza de los hogares, sostiene Lasarga. En cambio, contra una extendida creencia, la educación tiene una incidencia baja en la posesión de riqueza, lo cual, obviamente, no significa desconocer el impacto social negativo que tienen los retrasos en la enseñanza. “La actual distribución de la riqueza depende en gran parte de condiciones presumiblemente arbitrarias, no controladas por las personas [...] proviene de su origen familiar y no del mérito personal”, remarca la economista.

Por su parte, Geymonat analiza cómo en torno a los grupos propietarios se estructura y se organiza un conjunto de grupos sociales, que si bien no todos son propietarios de los medios de producción directamente, “sí son funcionales a ese grupo propietario: profesionales de determinado tipo, CEO de las compañías, agentes privados de consultoras”. Se va formando “una especie de identidad de clase, de formas de ver, de formas de entender la realidad”, explica Geymonat.[4]

“Se forman relatos comunes, como por ejemplo [el] de la cuestión meritocrática”. Sostener “que no somos todos iguales es una idea de clase, y por lo tanto no tenemos que ser todos remunerados de la misma manera”. En el actual gobierno de coalición, si bien el empresariado no tiene “directamente las riendas del poder”, hay personas que “representan esta visión”, asegura Geymonat.

Esta concepción termina permeando en amplios sectores de la población. “Ahí está la capacidad de las clases dominantes, de quienes tienen el poder, de hacer de la visión propia la visión del conjunto”, opina el investigador. Menciona al respecto que cada vez hay menos gente que cree que la pobreza se debe a causas estructurales y más gente que considera que se debe a causas individuales. “Ese es todo un triunfo de una forma de ver la realidad que es propia de un sector, de una clase social”, pero que se instala como “la forma de ver de toda la sociedad, y eso es lo que sirve a la reproducción de la desigualdad y del poder”, complementa Geymonat. 

Una derrota cultural de la izquierda

Este fenómeno es reconocido por el Frente Amplio. En su último congreso, de octubre de 2021, al examinar las causas de la derrota electoral de 2019, afirma que pese al “importante ciclo de crecimiento económico con distribución” logrado en los quince años de gobiernos frenteamplistas, no se pudieron frenar “procesos de vaciamiento ideológico y despolitización”. Hubo una “derrota cultural”.[5] A la izquierda le ha costado abordar este tema.

Aun cuando el mundo esté tan injustamente repartido, es posible lograr efectos positivos relevantes en cada país acentuando las políticas públicas que distribuyan mejor la riqueza. Eso sucedió en Uruguay, como se señaló respecto a la gestión del FA, pero su agenda de cambios se enlenteció, lo que fue particularmente evidente en el último periodo de gobierno. 

El reto del Frente Amplio

Será decisivo para el FA trazar lineamientos que permitan generar una agenda actualizada con nuevos énfasis sobre esta temática, para lo cual hay un cimiento sólido como lo es el conjunto de reformas estructurales iniciadas y/o impulsadas en las administraciones anteriores, que es necesario preservar de los pujos neoliberales de este periodo. Asimismo, el FA está desafiado a acompañar su agenda propositiva con una sistemática batalla de ideas que contribuya al involucramiento de los ciudadanos y a revertir las concepciones de derecha sobre la desigualdad.

Una actualización programática de la fuerza política implicará reexaminar la pobreza -que asume proporciones dramáticas en la niñez- y su otra faz: la riqueza. Habrá que dar nuevas respuestas a la inequidad en sus múltiples dimensiones, a las fracturas sociales, a la fragmentación cultural y su expresión territorial, a las desigualdades en la educación y en el acceso a muchos derechos (aunque en los últimos años haya avanzado significativamente una nueva agenda que reconoce situaciones de postergación y discriminación). La mejora en la distribución requerirá un amplio abanico de cambios en diversas áreas aplicando, además, criterios de transversalidad[6] y asegurando, como condición de los resultados, la sustentabilidad ambiental como requisito ineludible.

Asimismo, asumir plenamente la relación entre pobreza y riqueza supone tener presente a los sectores medios, que constituyen la inmensa mayoría de la sociedad uruguaya y hacia los cuales el FA, siendo oposición, no está enviando suficientes señales (aseveración polémica tal vez, que ameritaría un tratamiento específico). El tema de la equidad, del crecimiento sustentable y de la profundización de la democracia, tiene que ver también con las capas medias. Tiene que ver con la sociedad en su conjunto. No debe ser una política “para pobres” ni responder a una concepción asistencialista, lo que de ninguna manera significa desconocer la importancia de la asistencia monetaria a los más necesitados en ciertas condiciones, como pudo constatarse en Uruguay tras la megacrisis de comienzos de siglo.

Para el Frente Amplio es un reto ir construyendo desde ya una plataforma programática renovada en la que la justicia social, o sea, el desarrollo sustentable con equidad, ocupe un lugar central más allá de lo declarativo. La lucha contra la pobreza y la desigualdad es una seña de identidad de la izquierda. Cada vez es más necesario dar esa lucha teniendo en cuenta su contracara: la riqueza sin frenos que genera injusticias y está causando conmociones sociales y políticas en América Latina.