LA CRISIS DEL SISTEMA EUROPEO

¿Adónde va la Unión Europea?

Antecedentes

El 15 de julio último la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), anunció, por boca de su presidente Ursula von der Leyen, la apertura de una causa judicial contra Hungría y Polonia, debido a hechos que, en su opinión, son “contrarios al derecho europeo” (?), concretamente la adopción de medidas que limitarían seriamente los derechos de las minorías sexuales conocidas como LGBT+.[1] En el fondo, sin embargo, el diferendo es un reflejo de desavenencias más profundas, que tienen que ver con el propio funcionamiento del conglomerado regional creado en 1993 como sucesor de la Comunidad Económica Europea (CEE).

En efecto, la transformación de la CEE en Unión trajo consigo una extensión de las competencias, acompañando los temas específicamente económicos (mercado común, moneda común, libertad de circulación) con los de índole política, en particular la representación en el exterior de los países miembros, los que hoy suman 27, un número ya bastante considerable para lograr un consenso. Superando los obstáculos, este fue no obstante el deseo de los dueños de los medios de producción e intercambio europeos, que soñaban con unos “Estados Unidos de Europa”, a fin de desplazar de los mercados a los “grandes”, Estados Unidos (de América) y China. Es justamente esta combinación de consideraciones económicas y políticas lo que produce las actuales contradicciones.

Hoy las condiciones no son las que regían en las colonias inglesas de América del Norte en 1776: los países europeos integrados en la UE son Estados nacionales de vieja historia. Comportan repúblicas y monarquías, sus pueblos hablan 24 idiomas distintos, profesan diversas religiones o ninguna, en un pasado no muy lejano combatieron entre sí en dos terribles guerras mundiales, y variados suelen ser también los objetivos que se trazan. Utilizando un título cinematográfico conocido, la tal “política común europea” viene a ser una “misión imposible”.

La primera crisis

El pronunciamiento del electorado británico que, en el referéndum de 2016, determinó el retiro del Reino Unido de la UE, consumado a principios de este año después de complicadas negociaciones, significó un serio golpe a la concepción original. El término “brexit” (por British exit, es decir “retiro británico”) pasó a ser, desde el punto de vista del aparato directivo establecido en Bruselas, sinónimo de traición a los objetivos de unidad regional. 

La severidad con que los órganos de la UE abordaron el diálogo con Londres sobre las modalidades de la separación y las condiciones de las relaciones ulteriores sirvió también de advertencia a todo otro gobierno que osara discrepar con la política unionista oficial: las consecuencias serían igualmente duras. El epíteto periodístico se extendió, con las variaciones correspondientes, a los nuevos ejemplos hipotéticos de deserción, como ser: “fraxit” si es Francia, “itaxit” en el caso de Italia, “chexit” para la República Checa, y demás. 

Una unión económica que funciona como Estado centralizado

La estrategia elegida produjo la “estatización” de la UE. Para empezar, la organización cuenta con un Parlamento con más de 700 diputados. Todo un monstruo sin sentido que, para colmo, debe reunirse en Estrasburgo, Francia, cuando el aparato funciona normalmente en Bruselas, Bélgica, donde la Unión tiene su sede. Los motivos tienen que ver sobre todo con el orgullo nacional francés (“Estrasburgo, capital de Europa”) y con la contribución nada despreciable que tiene para la economía local el funcionamiento del conjunto edilicio construido por el gobierno de París con tal fin.[2] 

Lo que sería el “poder ejecutivo” consta incluso de dos niveles: un Consejo, integrado por los jefes de gobierno de los países miembros más un presidente elegido por el Parlamento, y la Comisión Europea de 27 miembros, uno por cada Estado miembro más un presidente, colectivamente encargados de la actividad diaria. Tampoco falta el “poder judicial”, que cuenta con un Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

Si alguien piensa que la existencia de un parlamento (por añadidura, electo directamente por los ciudadanos en cada país) es garantía de democracia, sepa que no necesariamente, porque sus decisiones solo tienen fuerza de recomendaciones y, en definitiva, todo se decide en la Comisión Europea.

Con el tiempo, naturalmente, las diferencias existentes entre los distintos países dieron lugar a discrepancias, algunas de fondo. Casualmente, los casos más notorios se refieren a ex países socialistas, adheridos tras la gran voltereta de 1989 y que, en el pasado, formaban parte del bloque de influencia soviética. El ingreso de estos países, de diferente experiencia anterior, no produjo los resultados milagrosos que esperaban sus pueblos respectivos, más bien tratados con soberbia y desdén o con el único interés de colocar productos, generalmente de inferior calidad que los de la misma marca vendidos en el país de origen.

El paso siguiente consistió en que la Comisión Europea se erigió en juez de la conducta de los estados miembros en materia de lo que ella designa como “Estado de Derecho”. El pasado 20 de julio publicó el segundo Informe Anual al respecto, en el que, con criterio pedagógico, controla y clasifica a los 27 miembros según sus progresos, compromisos de mejora y retrasos (léase el Comunicado de Prensa correspondiente). Si bien el objetivo, que presentó la vicepresidente Věra Jourová, parece perfectamente juicioso al afirmar que “el Informe sobre el Estado de Derecho es un instrumento preventivo útil que ha estimulado el necesario debate entre los Estados miembros y otros agentes”, no obstante cuando sus conclusiones se acompañan de sanciones puede convertirse en un instrumento más bien de chantaje político. 

Los litigios actuales con Hungría y Polonia 

Las bases jurídicas que la Sra. Von der Leyen entiende por “derecho europeo” no son otra cosa que un sesudo informe de la Comisión Europea publicado en inglés en 2020 bajo el título “Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025”, o sea se trata de un plan general hacia la igualdad entre todas las formas existentes de comportamiento sexual (por supuesto, consentido) para el quinquenio en curso.[3] Uno podría pensar que el acervo legal destinado a sostener la causa judicial se basaría en la legislación y la jurisprudencia de los estados miembros, pero no, al parecer basta lo que piense la Comisión o su presidente.

En Hungría gobierna por segunda vez, desde 2010, el partido Unión Cívica Húngara -FIDESZ-[4] del primer ministro Viktor Orbán, típico representante del populismo de derecha, conservador y ultranacionalista, que se expande actualmente por Europa como consecuencia del abandono, por la izquierda tradicional, de la defensa de los intereses nacionales. Al mismo tiempo, el señor Orbán es un crítico tenaz del funcionamiento actual de la UE. Esto puede haber influido en la opción de recurrir a la presión judicial, en lugar de negociar una solución a través del diálogo.

Ahora bien, ¿qué dice la ley que limita las actividades de las personas LGTB+? Hay que aclarar que su texto completo no se ha divulgado y solo se han citado algunos párrafos, los que mejor convienen a la postura acusadora de la Comisión. En qué se basan los comentaristas que la critican, no se sabe. Este autor se ha detenido en el fragmento que define la restricción en sí: “La pornografía y los contenidos que representen la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad no deben ser accesibles a menores de 18 años” (citado por La Razón, España, 24.06.2021). Hemos visto que se refiere específicamente a la enseñanza y la difusión pública (por ejemplo, la explicación en las clases del fenómeno, a cargo de sus propios adictos, o en la televisión), pero no interfiere en las actividades de las organizaciones representativas de los grupos minoritarios en cuestión ni en su forma de vida individual.

En el caso de Polonia, país eminentemente conservador y católico, se ha combinado el tema con el de la reforma del sistema judicial, que introduce un procedimiento disciplinario considerado lesivo para la independencia del poder judicial. En lo que se refiere al tema específico que aquí se trata, la Comisión denuncia que varias autoridades municipales han proclamado diversas “zonas libres de ideología LGBT” (según la formulación empleada en el artículo mencionado de LaRed21), con lo cual se limitan seriamente sus actividades públicas.

Se trata, desde luego, de un tema bastante controvertido. Naturalmente, las personas que caben en las categorías referidas y casos similares no deberían ser objeto de discriminación por el solo hecho de ser diferentes, pero es ya discutible cuando esta protección se utiliza para promover la forma de vida de los concernidos o para hacer proselitismo entre los menores de edad.[5]

En las escuelas, el maestro debe saber discernir entre lo que es explicación objetiva de un hecho real y lo que sería entendible como invitación a “seguir el ejemplo”. Es evidente que corresponde a cada país regular el ejercicio de los derechos civiles, en particular los de las minorías del caso, en función de la idiosincrasia nacional y las tradiciones aún compatibles con la vida moderna, en el caso de menores con la anuencia de los padres. Toda aspiración a un cambio en la actitud del público no debería ser motivo para imponer nuevas reglas absolutas ni prohibiciones. Por lo mismo, es igualmente condenable que, según se ha informado, las autoridades húngaras hayan intervenido para obligar a las casas editoras a publicar notas aclaratorias en los libros con contenidos relacionados con el tema, a fin de señalar que allí se recogen “comportamientos que se desvían de los roles de género tradicionales” (citado por el diario El País, España, 15.07.2021).

Por último, parece totalmente inapropiado recurrir a la amenaza de cortar la ayuda económica como forma de presión hacia los gobiernos considerados en falta, como en los casos de Hungría y Polonia. El primer ministro de Países Bajos Mark Rutte fue más lejos aún y dijo que, si Hungría no derogaba a la brevedad la ley en cuestión, “ya no tendría espacio en la UE y debería retirarse”.

Toda esta atmósfera tensa se refleja también en sucesos de la vida común: durante el reciente Campeonato Europeo de Fútbol, en ocasión de un partido jugado entre Alemania y Hungría en Múnich, el estadio esperaba a los hinchas iluminado con los colores del arcoíris, que ha adoptado el movimiento de apoyo a la comunidad LGBT+, a los efectos de protestar contra “la ley discriminatoria” húngara. Finalmente, una intervención de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) obligó a los organizadores a apagar esta decoración lumínica desusada. No obstante, en las tribunas siguieron flameando las banderas irisadas traídas por hinchas locales, muchos de ellos simples adversarios políticos del señor Orbán y no por ello simpatizantes del movimiento pro LGTB+.

¿Por qué este ensañamiento por una cuestión que quizás hubiera podido resolverse a través de un debate constructivo? Hoy el mundo enfrenta muchos problemas sin duda más graves (pandemia, crisis climática, hambre y pobreza, guerras y otras calamidades del estilo). La única explicación del fervor con que se tratan las discrepancias en torno a la comunidad LGTB+ es tal vez el deseo de prevenir las disidencias y cortar de llano toda manifestación de oposición en el seno de la organización con respecto a las políticas que hubiera definido Bruselas.

Completando este cuadro digamos que, por otros motivos, también la República Checa es objeto actualmente de presiones económicas a raíz de la acusación de conflicto de intereses que enfrenta en el Tribunal Europeo el primer ministro Andrej Babiš, a la vez propietario de varias empresas del sector agro-alimenticio beneficiadas de aportes provenientes de fondos europeos. El caso se encuentra actualmente en la fase sumarial preliminar, pero ya la Comisión Europea, al aprobar el programa checo del plan europeo de recuperación para remediar los daños causados por la pandemia en curso, con apoyo financiero europeo, estableció como condición que dicho conflicto debe encuentrar solución (abandonando el primer ministro y empresario una de las dos posiciones), y que el Estado debe adoptar medidas legislativas eficaces para evitar otras situaciones similares en el futuro. De no hacerlo, la Comisión se reserva el derecho a cortar la financiación de los proyectos. El castigado no será el primer ministro, sino la economía nacional.

Y después, ¿qué?

El caso descrito demuestra que la crisis del sistema golpea fuerte. Sus manifestaciones alcanzan los rasgos más inesperados y confirman que, de un modo general, vivimos una época caracterizada por la exasperación (lástima que ya no viva Eric Hobsbawm para escribir la continuación de su serie historiográfica dividida en “eras”). 

En resumen, son motivo de preocupación no solo las posiciones extremistas de los gobiernos populistas de la región, sino también el camino elegido por los que gobiernan actualmente los destinos de Europa Occidental. A la larga puede suceder, en efecto, que la construcción de una nueva potencia mundial con uso de métodos voluntaristas y despóticos traiga resultados nefastos para el mundo entero.

La experiencia europea nos ha de servir también a la hora de revisar el funcionamiento de los organismos de cooperación regionales de los cuales nuestro país forma parte, a fin de no cometer los mismos errores. Fiel a sus tradiciones, Uruguay debería defender los principios de libertad y derechos humanos en el respeto de la diversidad, no solo en materia de opción sexual, también en lo que tiene que ver con el régimen político y jurídico.