LA MIRADA EN LA POBREZA

El control de los gastos en las ayudas monetarias

La medida del gobierno de controlar el destino de los gastos que se realizan mediante la Tarjeta Uruguay Social (TUS) para determinados productos, nos permite reflexionar sobre el fundamento del control estatal de las ayudas monetarias a la población de bajos recursos.

Las ayudas monetarias de la TUS integran el grupo de ayudas sociales que más se han visto extendidas en nuestro país por los altos índices de pobreza desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

En Uruguay, las ayudas sociales se han estructurado combinando la transferencia monetaria y las intervenciones focalizadas hacia las poblaciones objetivo. Lo más significativo de estos aportes económicos monetarios, ha sido el debate que se ha gestado en torno a los destinos de la ayuda, es decir, en qué productos se puede gastar el monto adjudicado. Esto se ha acentuado aun en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo.

“A quienes proteger, cómo seleccionar a los destinatarios, cómo discriminar entre los pobres merecedores de la ayuda y los falsos pobres (criterios de clasificación) cómo asistir sin desestimular para el trabajo, qué esperar del asistido (comportamiento moral, contraprestaciones, condicionalidades), qué papel deberían jugar la familia y la comunidad […] Entre estos temas, la construcción del destinatario de la asistencia es un punto central y especialmente controversial sobre el que es necesario detenerse”. (Vecinday, 2019: 3)

La construcción del sujeto destinatario de la asistencia gira en torno a una serie de cuestiones que tienen que ver con: quiénes, cuánto, con qué contraprestaciones, el contralor de los gastos… Esto contribuye a crear un perfil del sujeto beneficiario.

Las personas que reciben ayuda del Estado por su situación socioeconómica vulnerable, reposan en una “tradición moral y una tradición histórica; es decir, figuras más o menos ideales del sujeto [… que] son las grandes representaciones que del individuo posee una colectividad” (Martuccelli y De Sigly, 2012: 25). En este caso, los destinatarios de las ayudas monetarias son las personas en condición de pobreza.

¿Quiénes son estos sujetos? ¿Quiénes son los pobres? Sobre este concepto existen abundantes trabajos teóricos que tienen como finalidad definir, conceptualizar, caracterizar y delimitar lo que se entiende por pobreza o por individuos en situación de pobreza.

De los pobres sabemos todo -decía Galeano-, y es real; al menos, pretendemos saberlo todo, menos las causas por las que viven en la pobreza.

Existe desde hace tiempo un nuevo modelo gerencial de la asistencia social por el que se hace necesario auxiliarse “de la tecnología para maximizar el rendimiento de los sistemas de clasificación, control y monitoreo” (Vecinday, 2019: 3). En definitiva, para conocer todo de los pobres menos las causas de su pobreza.

El nuevo paradigma de la gestión de la asistencia social supone un abordaje en el que se hace necesaria la información, pero, además, revela una concepción de la pobreza y de los pobres por la cual el Estado “se muestra intervencionista, autoritario y costoso cuando se trata de actuar hacia los estratos más bajos de la sociedad” (Wacquant, 2010, cap. Una especificación sociológica del neoliberalismo). Esta nueva concepción sobre los beneficiarios de las ayudas permite instrumentar nuevas formas de control y vigilancia.

“La inscripción de los beneficiarios de la asistencia en un campo documental no solo es una forma de producir y registrar información para la planificación oportuna y pertinente de las políticas. También es un principio para el desarrollo de tareas de vigilancia y control que servirán a la verificación de las condicionalidades, es decir, de los comportamientos esperados, así como a otros fines”. (Vecinday, 2017: 60).

En la sociedad existe un doble discurso sobre las ayudas monetarias. La mirada no es la misma, por ejemplo, cuando se trata de las exoneraciones fiscales a los grandes capitales, zonas francas o la participación público-privada donde el Estado resigna recaudación impositiva.

En el primer caso, la contraprestación está condicionada a comprar determinados artículos clasificados como de primera necesidad, de limpieza o de alimentación. En cambio, en el segundo caso, el Estado no exige un destino determinado para las inversiones que surgen de la resignación fiscal. El control del Estado sobre las ayudas sociales parte de una concepción de las personas pobres y de la pobreza: la ventaja por la ventaja en sí de quien “prefiere” pedir que trabajar.

Sin embargo, lo significativo es que, según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -citados por Vecinday (2017)-, “el 70 % de los que tienen la tarjeta también trabajan” (p. 60) En el mismo sentido, el control de lo gastado y el direccionamiento hacia artículos de primera necesidad reposa en la misma lógica “y no pierde por ello su carácter vejatorio” (Vecinday, 2017: p. 60).

El discurso sobre los pobres y la pobreza adquiere un profundo carácter inhumano. No habilita a ponerse en el lugar de la otra persona, no parte de la empatía y tiene además consecuencias mucho más perversas en el sentido de ocultar la realidad y negar la dominación (Lahire, 2016). Al situar la voluntad o la responsabilidad individual en el centro de la cuestión sobre la situación de las personas, perdemos de vista las condiciones, el contexto y las circunstancias en las que esas personas viven. Las situaciones de pobreza, de desocupación, de fracaso escolar, en definitiva, las desigualdades sociales, quedan veladas detrás del discurso de la voluntad individual o la responsabilidad personal (Lahire, 2016, cap. 4, Velar a los dominados su realidad: negar la dominación).

De esa manera, la ayuda estatal se concibe como una caridad, que alguien da y que otra persona recibe. No es horizontal. Por eso se habilita el control de quien da: ¿cuánto? ¿en qué gastar? Y por ello, también, el control del destino de los gastos realizados con la Tarjeta Uruguay Social humilla a quienes la poseen.