BARAJAR Y DAR DE NUEVO

Única solución a la chapuza jubilatoria

La chapuza jubilatoria implantada en 1996, a punto de naufragar merced a una multiplicidad de errores técnicos y políticos, de organización y funcionamiento, se mantiene a flote solamente por la absurda imposición al Banco de Seguros del Estado (BSE) de hacerse cargo del pago de las pasividades con abultada pérdida.   

Lo más grave es que el actual Poder Ejecutivo, encerrado en su tesitura neoliberal, reitera “expertos” e ideas, no considera la realidad y, sin corregir errores, pretende construir un edificio encima de otro similar que tiene graves deficiencias de sostenibilidad.

Pero, más allá de errores de cálculo y de la no justificada participación privada en el sistema, lo más grave es el error en el fundamento básico de esta solución: el corrimiento “hacia adelante” de las fechas de retiro de los trabajadores, pasando básicamente de 60 a 65 o más años de edad:

• • porque está abiertamente a contramano de la evolución esperada del empleo causada por el imparable desarrollo de la tecnología a todo nivel, cuyo objetivo principal es el ahorro de mano de obra de todo tipo y especialización;
  • porque, en definitiva, impone una financiación de las pasividades a cargo exclusivo de los aportantes activos y pasivos;
  • porque, además, queda bien claro que las argumentaciones del gobierno  y sus “expertos” no responden a la verdad; cuando intentan desmentir el hecho fehaciente que las pasividades resultantes serán notoriamente inferiores a las actuales del sistema de reparto, en definitiva intentan vender pollos de cuatro patas a la ciudadanía.

Agrava la situación la insistencia de la Presidencia que, reconociendo de hecho que las soluciones que propone serán rechazadas por la población, pretende arrastrar a la oposición a acompañar su propuesta, de manera de repartir el costo político al implantarla entre todos los partidos.

Por su parte, la evidencia de inviabilidad del modelo revela la imprudencia de imponer al mismo equipo político-técnico de 1996 para corregirlo. Los  profundos errores políticos y también técnicos que terminaron haciendo  técnica y prácticamente inviable al vigente “sistema AFAP” de 1996, tuvieron como base la ideología que sostiene que los intereses privados son los mejores y más eficientes administradores de los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores y que la mayoría del universo de aportantes lo comparte.

Para quienes se manejan con esa ideología debería bastar el rechazo -real e incontrastable- de las propias aseguradoras privadas a hacerse cargo de la administración y pago de las Rentas Vitalicias Previsionales, objetivo final de la reforma, para no insistir con aplicar el sistema AFAP y menos aún con generalizarlo.

Los cambios reales, cuantitativos y cualitativos, ocurridos en numerosas e importantes variables incidentes en el sistema, conformaron un comportamiento sustancialmente diferente al estimado con el criterio “ceteris paribus” utilizado por los “expertos” de aquel proceso, los que además lideran el actual.

Hoy en el mundo todo cambia muy rápido y con velocidades crecientes y variables, la tecnología vuela y, por lo tanto, es muy riesgoso proyectar una o varias variables y suponer “que todas las demás seguirán evolucionando igual”, expresión que los economistas y otros proyectistas sintetizan con la expresión latina “ceteris paribus”.

En temas tan abarcativos y de largo plazo como la seguridad social, de un momento a otro nada funciona igual que antes: tecnología, trabajo, producción, salarios, demografía, economía, política, etcétera, etcétera.

Solo mencionar una variable trascendente es suficiente para apreciar el error de las proyecciones: entre 2005 y 2019 el Índice Medio de Salarios (IMS) -magnitud por la cual se ajustan las pasividades- se adelantó en aproximadamente un 50% al Índice de Precios al Consumo (IPC) y superó ampliamente cualquier índice de ajuste de títulos y valores.

Los índices históricos (el “ceteris paribus”) a lo sumo igualaban IMS con IPC. Este tipo de error podría endilgarse 50% a los políticos y 50% a los hoy denominados “expertos técnicos”.

El relato del Cr. Ariel Davrieux, figura trascendente de la época, reveló que en 1996, al implantarse el “sistema AFAP”, la intención era reformarlo, como máximo luego de no más de 15 años. En este caso, queda claro que los políticos tampoco tienen exacta conciencia y control sobre sus propios actos y obligaciones y de las consecuencias que tienen sus errores y omisiones.

Finalmente, para terminar con el arriba mencionado ejemplo de trascendencia: por parte de las empresas aseguradoras se señala que no les es posible hacerse cargo del pago de las pasividades porque el monto transferido por la AFAP es menor al necesario para el pago de las pasividades generado por el mismo sistema y que ello ocurre porque “están mal calculadas y aplicadas las esperanzas de vida del pasivo y su causahabiente”.

Las tablas que se utilizan son las usadas normalmente antes y ahora por el BSE y es por lo menos “extraño” que ahora resulten inaplicables si en 1996 funcionaban correctamente. En definitiva, aquí también estaríamos frente a otro desacierto organizativo que el tiempo transcurrido ha agravado.

En síntesis: todo indica que “hay que pensar diferente” y no se puede seguir adelante con los criterios de 1996.

Y por último, el regalo inesperado de los Multicolores a la oposición. Por si fuera poco el cúmulo de errores técnicos y políticos señalados, aflora la consecuencia final de la tozudez gubernamental en implantar el nuevo sistema: la pérdida del poder en las próximas elecciones.

Cada vez hay más agrupamientos opositores que advierten la importancia de enfrentar al proyecto con todas sus fuerzas, incluyendo recolección de firmas para forzar una instancia de democracia directa en el mismo acto eleccionario. 

En política cualquier desaguisado es posible. En este caso, es como que Antipas hubiera ordenado entregar su propia cabeza a Salomé, en lugar de la del Bautista.