ESTADOS UNIDOS, ENEMIGO POLÍTICO Y SOCIO COMERCIAL

El petróleo, protagonista de primera línea en la crisis venezolana

A pesar de las conflictivas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y del recrudecimiento de las acusaciones del gobierno bolivariano responsabilizando a la potencia norteamericana de la crisis política en la nación caribeña, no se ha detenido la compra y venta de crudo entre los dos estados.

Venezuela exportó en promedio 792.000 barriles diarios de crudo a EE.UU. en los primeros diez meses de 2016, siendo su tercer mayor proveedor, detrás de Canadá y Arabia Saudita. Según el Departamento de Energía estadounidense, del total de 61.980.000 barriles de crudo producidos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en noviembre pasado, 25.361.000 fueron exportados a los Estados Unidos, mientras que el resto fue orientado, entre otros países, hacia China, India y el convenio con Petrocaribe.

Aunque desde 2004 el intercambio con Estados Unidos disminuyó, este país sigue siendo el principal socio comercial del gobierno de Venezuela, uno de los grandes exportadores mundiales de petróleo y poseedor de las mayores reservas del hidrocarburo en el planeta. Pero como consecuencia de la crisis, ha tenido que empezar a comprar crudo, algo sin precedentes en sus cien años de actividad petrolera. Pdvsa viene comprándolo a través de su filial en Estados Unidos, Citgo Petroleum, una empresa refinadora de crudo y comercializadora de gasolinas, lubricantes y petroquímicos. La empresa se ubicó en los titulares de la prensa internacional cuando documentos oficiales estadounidenses dieron cuenta que estuvo entre los veinte mayores donantes al acto de toma de posesión de Donald Trump: Citgo aportó medio millón de dólares, la misma cantidad que Microsoft, la banca J.P. Morgan y las petroleras Exxon y Chevron. Seguramente el monto es insignificante para el acaudalado mandatario y la potencia que preside, pero, aunque simbólica, la contribución venezolana encierra una significación política que, en diversos países, ni los partidarios ni los adversarios del régimen venezolano logran explicarse fácilmente.

La merma en la producción petrolera de Venezuela es atribuida a los problemas de gestión y a la falta de inversiones de Pdvsa, que ha sido acusada de malos manejos financieros y corrupción, y a la incidencia de la crisis económica del país, que no se explicaría sin tener en cuenta el factor petróleo: aproximadamente el 90% del total de los ingresos por exportaciones de Venezuela proviene de esa sustancia.^[1]

Más allá de las fluctuaciones de su precio internacional, el petróleo ha tenido una incidencia fundamental en la actual situación económica, social y política de la nación bolivariana. Los planes sociales del chavismo se sustentaron en gran medida en los ingresos generados por el petróleo sin que haya habido esfuerzos sistemáticos en el tiempo ─tampoco los hubo antes de Chávez─ por diversificar la producción y el comercio.

La progresiva pérdida de respaldo social sufrida por el gobierno venezolano ha llevado a éste a buscar el apoyo de las fuerzas armadas. Se crearon importantes empresas militares y actualmente la tercera parte de los ministros y la mitad de los gobernadores son militares. Miembros de la institución castrense ocupan cargos en los lugares donde ha habido mayores niveles de corrupción, en un alto porcentaje relacionados con la actividad petrolera. Capitales venezolanos de civiles y militares vinculados al gobierno (y al petróleo) se han invertido en diversos emprendimientos en el exterior, sobre todo inmobiliarios, especialmente en Miami y Panamá. Esto sucede mientras en el país se reducen cada vez más las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

Edgardo Lander, académico e investigador, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, vinculado desde hace años a los movimientos sociales y a la izquierda en su país, opina que “los problemas que pueden caracterizarse como asociados al agotamiento del modelo petrolero rentista se han acentuado. El hecho de que Venezuela ha tenido 100 años de industria petrolera y de estadocentrismo girando en torno a cómo se reparte la renta (del petróleo) ha conformado no sólo un modelo de Estado y de partido, sino también una cultura política e imaginarios colectivos de Venezuela como un país rico, de abundancia, y la noción de que la acción política consiste en organizarse para pedirle al Estado”. Lander opina que “después de una experiencia extraordinariamente rica de organización social, de organización de base, de movimientos en relación a la salud, a las telecomunicaciones, a la tenencia de la tierra urbana, a la alfabetización, que involucró a millones de personas” en los comienzos del chavismo, no se cambió esa dependencia del petróleo y, por el contrario, “se acentuó esta modalidad colonial de inserción en la organización internacional del trabajo”. El académico sostiene que este “modelo productivo extractivista” aparejó “una destrucción del tejido productivo de la sociedad y va a tomar muchísimo tiempo recuperarlo". Lander ha sido especialmente crítico de la militarización del proceso chavista.^[2]

Una opinión contraria sobre el tema expresa Judith Valencia, economista, identificada con el gobierno: “Había que blindar el proceso, internacional y regionalmente” y Chávez “logra (…) el cambio total de la doctrina militar. A partir de 2009, hay una concepción del Ejército distinta (…) una forma de ser patriota que implica necesariamente ser antiimperialista”. Considera que “la conjunción cívico-militar es muy importante” aunque sea “muy difícil de entender” en parte de la izquierda. “No podemos decir que la corrupción no estaba en el cuerpo militar, pero también estaba en el cuerpo civil”, sostiene Valencia. En su opinión, “las empresas militares son empresas de apoyo a Pdvsa” y critica a “la intelectualidad” cuando sostiene “que el ejército está tomando a Pdvsa o que está tomando el arco minero”.^[3]

La crisis venezolana ha tenido importantes repercusiones en América Latina. Entre otras cosas, los envíos de crudo subvencionado a países aliados como Cuba están disminuyendo lentamente. Los usos que el gobierno venezolano le ha dado a la renta del petróleo para captar aliados en la región constituyen un tema polémico dentro de las izquierdas del continente. En Uruguay, donde hay visiones divergentes en el Frente Amplio sobre el chavismo, la vinculación de la petrolera estatal Ancap con Pdvesa durante el anterior gobierno ─que al igual que el actual correspondió al FA─ ha llegado a la Justicia, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre denuncias radicadas por la oposición en ese poder del Estado.

Parecería que la normalización de la situación en Venezuela, que seguramente no será sencilla, tendrá al petróleo como convidado de piedra en los debates y negociaciones. Allí estarán sentados a la mesa, de cuerpo presente o por interpósitas personas, los intereses oficialistas, opositores, de empresarios locales, de compañías petroleras de EE.UU. y del gobierno de este país. ¿Tendrá lugar en esa mesa la defensa de los intereses del pueblo venezolano?

En lo inmediato, la prioridad debería ser parar la escalada hacia un nivel de confrontación que resultaría irrefrenable. Lamentablemente los bandos enfrentados reinciden con sus declaraciones y sus actitudes, como si su objetivo fuera arrojar sobre las llamas la codiciada sustancia inflamable que tanto abunda en el subsuelo de Venezuela.